LEY 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana

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Sumario

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constituci髇 y el Estatuto de Autonom韆, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:

PRE罬BULO

I.

El patrimonio de la Generalitat es uno de los recursos esenciales para la prestaci髇 de los servicios p鷅licos y para el ejercicio de las competencias que le son propias.

El Estatuto de Autonom韆 de la Comunidad Valenciana se refiere expresamente al patrimonio de la Generalitat en su art韈ulo 50 imponiendo una reserva de ley, consecuente con la establecida en el art韈ulo 132 de la Constituci髇, para la determinaci髇 de su r間imen jur韉ico.

La Ley 3/1986, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generalitat, dio cumplimiento a la previsi髇 contenida en el Estatuto de Autonom韆, estableciendo el r間imen jur韉ico de los bienes y derechos de la Generalitat.

Transcurridos 16 a駉s desde la publicaci髇 de la ley, se ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de un nuevo marco normativo en el que se incorporen las novedades legales m醩 significativas, se regulen nuevas figuras que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos, se profundice en la consideraci髇 del patrimonio como soporte b醩ico para la prestaci髇 de servicios p鷅licos, facilitando, para ello, la colaboraci髇 interadministrativa en materia patrimonial y, en general, se perfeccione la regulaci髇 contenida en la ley hasta ahora vigente, realizando especial hincapi� en la defensa y conservaci髇 del patrimonio y en la regulaci髇 del inventario como instrumento clave para ello.

Se ha tenido presente en la elaboraci髇 de la ley, adem醩 de lo dispuesto en nuestra Constituci髇 y Estatuto de Autonom韆, la regulaci髇 contenida en el C骴igo Civil, la normativa de las propiedades administrativas especiales, la legislaci髇 sobre contrataci髇 administrativa, concesiones, etc., a fin de conseguir el total cumplimiento de lo preceptuado en el art韈ulo 149 del texto constitucional.

De otro lado, se ha intentado favorecer la transmisi髇 entre administraciones de los bienes de dominio p鷅lico, lo que en modo alguno resulta incompatible con los bienes de tal naturaleza, por mantener, en todo caso, su afectaci髇 al fin p鷅lico. La ley intenta ser completa, actualizada e incluso innovadora en materia de patrimonio.

II.

La ley da un car醕ter unitario al patrimonio de la Generalitat, que est� integrado por el conjunto de los bienes y derechos que le pertenezcan por cualquier t韙ulo, as� como la de los organismos p鷅licos vinculados o dependientes de la misma.

Por otra parte, la ley limita su aplicaci髇 a los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Generalitat, excluyendo a los bienes y derechos de las sociedades mercantiles y las fundaciones p鷅licas de la Generalitat.

Se hace especial hincapi� en la protecci髇 y defensa del patrimonio, dedicando a la materia el t韙ulo II, en el que se regula el Inventario General de Bienes y Derechos, instrumento clave para realizar una correcta gesti髇 patrimonial, la inscripci髇 registral y las potestades de la Generalitat respecto a sus bienes: la potestad de investigaci髇, de deslinde, de recuperaci髇 de oficio y de desahucio administrativo. Dichas potestades se adicionan a los principios enunciados en el art韈ulo 132 de la Constituci髇, referidos a los bienes de dominio p鷅lico (inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad), constituyendo los medios que han de contribuir decisivamente en la protecci髇 del patrimonio de la Generalitat.

III.

La ley dedica su t韙ulo III a la regulaci髇 de la afectaci髇, adscripci髇 y mutaci髇 demanial. Constituye la afectaci髇 la clave para diferenciar los bienes de dominio p鷅lico de los patrimoniales, quedando definida por su vinculaci髇 al uso general o a la prestaci髇 de un servicio p鷅lico. Una importante novedad de la ley es la regulaci髇, junto a la afectaci髇 expresa, de la afectaci髇 t醕ita y presunta, lo que permite aplicar el r間imen jur韉ico de los bienes demaniales a todos los que efectivamente est閚 destinados a un uso o servicio p鷅lico, aun cuando no exista acto expreso de afectaci髇. Se garantiza, pues, la protecci髇 de los bienes por razones de los usos o servicios p鷅licos a los que est閚 afectos.

Asimismo, y por primera vez, se define la adscripci髇 como un t閞mino diferenciado de la afectaci髇. Adscribir supone asignar un determinado bien, mueble o inmueble, a un 髍gano administrativo, al que se confiere las facultades de administraci髇, gesti髇 y conservaci髇. De este modo, la ley permite adscribir bienes demaniales a departamentos de la Generalitat, organismos p鷅licos vinculados y dependientes de la misma e incluso a otras administraciones p鷅licas, cuando dichos bienes sean el soporte f韘ico necesario para la prestaci髇 por ellos del servicio p鷅lico de su competencia al que est閚 afectos los bienes y que justifica su demanialidad. Pero tambi閚 resulta posible adscribir bienes patrimoniales a departamentos de la Generalitat y otros organismos p鷅licos, cuando se estime conveniente para la mejor defensa del patrimonio y el cumplimiento de sus fines.

La distinci髇 entre afectaci髇 y adscripci髇 permite agilizar las adscripciones de bienes en los casos de creaci髇, suspensi髇 o reforma de departamentos u organismos p鷅licos de la Generalitat, sin acudir a la figura de la mutaci髇 demanial, cuando la afectaci髇 no se ve alterada.

Una de las principales novedades de la ley la constituye la regulaci髇 de las mutaciones demaniales y, en concreto, de las mutaciones demaniales externas, que permiten la transmisi髇 de la titularidad de bienes de dominio p鷅lico a otras administraciones, sin perdida de la demanialidad. La mutaci髇 demanial externa no contradice el principio de inalienabilidad de los bienes de dominio p鷅lico, ya que dicho principio constitucional impide el tr醘ico jur韉ico privado de dichos bienes, pero no el tr醘ico jur韉ico p鷅lico, en el que, en ning鷑 momento, se pierde la afectaci髇 al uso o servicio p鷅lico de que se trate. La ley, pues, permite con car醕ter general la afectaci髇 de un bien o derecho demanial a un uso o servicio p鷅lico competencia de otra administraci髇 y transmitir la titularidad de los mismos, figura que se encuentra regulada en alguna ley estatal (cabe citar, por ejemplo, la legislaci髇 de carreteras, y la Ley Org醤ica de Universidades) y que ha sido recogida en diversas sentencias del Tribunal Supremo. La mutaci髇 demanial externa permite agilizar y justificar las cesiones de bienes entre administraciones p鷅licas.

IV.

Por su parte, el t韙ulo IV de la ley especifica las formas de adquisici髇 de bienes y derechos por parte de la Generalitat. A trav閟 de algunos de ellos, los bienes adquiridos tendr醤 una afectaci髇 t醕ita a un uso o servicio p鷅lico y, por consiguiente, ser醤 calificados de bienes de dominio p鷅lico.

En los procedimientos de adquisici髇 onerosa y arrendamiento de bienes inmuebles se incluyen los principios de publicidad y concurrencia, al establecer, como regla general, el concurso. Ello no obstante, se enumeran los supuestos en los que puede autorizarse, excepcionalmente, la adquisici髇 directa, consultando, siempre que ello sea posible, un m韓imo de tres ofertas.

Asimismo, la 鷏tima frase del art韈ulo 40.b) crea una excepci髇 al r間imen de los gastos plurianuales dispuesto con car醕ter general en el art韈ulo 29 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda P鷅lica de la Generalitat, innovaci髇 que permitir�, con las suficientes garant韆s, facilitar y agilizar la adquisici髇 de inmuebles necesarios para la prestaci髇 de los servicios p鷅licos.

Las adquisiciones gratuitas precisan de aceptaci髇, previa valoraci髇 de cargas y grav醡enes. La aceptaci髇 de las herencias se entender� siempre hecha a beneficio de inventario.

Debe destacarse la regulaci髇 que efect鷄 la ley de las cesiones administrativas como cesiones finalistas, que tienen como condici髇 esencial la afectaci髇 al uso o servicio p鷅lico de que se trate. La cesi髇 administrativa puede ir unida a una mutaci髇 demanial externa, cuando el bien que se cede es un bien de dominio p鷅lico.

Este mismo t韙ulo regula la constituci髇 de sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participaci髇 directa o indirecta de la Generalitat, los organismos p鷅licos vinculados o dependientes de la Generalitat y dem醩 entes p鷅licos, as� como la adquisici髇 a t韙ulo oneroso de acciones, participaciones y valores. Permite la ley la aportaci髇 de bienes o derechos reales patrimoniales para la constituci髇 de estas sociedades o la ampliaci髇 de su capital social. Asimismo, y en cuanto a los bienes demaniales, cabe la adscripci髇 de los afectos a un servicio p鷅lico a las empresas que tengan por objeto la prestaci髇 de dicho servicio.

V.

El t韙ulo V regula la utilizaci髇 y aprovechamiento de los bienes y derechos, dedicando el cap韙ulo I a los bienes de dominio p鷅lico y el cap韙ulo II a los patrimoniales o de dominio privado.

La enumeraci髇 de los usos de que son susceptibles los bienes demaniales sigue los criterios ya incorporados en nuestro ordenamiento jur韉ico positivo y estudiados por la doctrina. La ley distingue diversas formas de utilizaci髇, haciendo referencia al uso com鷑 general, uso com鷑 especial y uso privativo, supuesto este 鷏timo en el que se exige la concesi髇. La ley establece los principios b醩icos sobre concesiones administrativas, y considera impl韈ita la concesi髇 o autorizaci髇 en los supuestos de prestaci髇 en r間imen de gesti髇 indirecta de un servicio p鷅lico, cuando resulte necesario la utilizaci髇 del bien como soporte f韘ico necesario para prestar dicho servicio.

En la utilizaci髇 de los bienes y derechos patrimoniales se establece el principio de la m醲ima rentabilidad as� como el de publicidad y concurrencia, enumerando las causas que pueden excepcionar la licitaci髇.

VI.

El t韙ulo VI de la ley regula la enajenaci髇 de los bienes patrimoniales. Como forma general de enajenaci髇, opta por la subasta tanto para los bienes inmuebles como muebles, estableciendo los supuestos excepcionales en los que puede excepcionarse la licitaci髇.

La permuta de bienes inmuebles incluye, como novedad, la regulaci髇 de la permuta por cosa futura, que tiene por finalidad adquirir un bien futuro, principalmente oficinas, que se ha de construir como contraprestaci髇 a la entrega de un bien actual, el solar. Por supuesto, la ley incorpora garant韆s para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, exigiendo la constituci髇 de un aval.

VII.

El t韙ulo VII regula la cesi髇 gratuita de los bienes patrimoniales, que deber醤 ser destinados, en todo caso, a fines de utilidad p鷅lica o inter閟 social.

VIII.

Como se ha indicado la ley da un car醕ter unitario del patrimonio de la Generalitat, incluyendo el de los organismos p鷅licos vinculados o dependientes de la misma. Por ello, el t韙ulo VIII de la ley establece el r間imen jur韉ico especial del patrimonio de los organismos p鷅licos vinculados o dependientes de la Generalitat, estableciendo una regulaci髇 que se aplicar� en el caso de que la legislaci髇 reguladora de los citados organismos no establezca otra cosa.

IX.

Por 鷏timo el t韙ulo IX, regula las responsabilidades y sanciones, supone una aut閚tica novedad, que permitir� una mejor defensa del patrimonio de la Generalitat. Con car醕ter general, se establece el deber de cooperar en la investigaci髇 y defensa del patrimonio y el utilizar y custodiar adecuadamente los bienes. La ley tipifica las infracciones y las sanciones, y recoge los principios b醩icos de los procedimientos sancionadores, y, especialmente, el principio de non bis in idem al excluir el ejercicio de la potestad sancionadora de la administraci髇 cuando exista un il韈ito penal, quedando a salvo la exigencia de las responsabilidades patrimoniales que correspondan para el resarcimiento de los da駉s y perjuicios causados.

X.

La atribuci髇 de competencias sobre el patrimonio de la Generalitat, a la que se hace referencia a trav閟 del texto legal, se centra en la conseller韆 competente en materia de patrimonio, hoy la Conseller韆 de Econom韆, Hacienda y Empleo, sin perjuicio de que, en determinados supuestos, por la naturaleza y cuant韆 de la operaci髇, se atribuya la competencia al Gobierno Valenciano. Los departamentos y organismos p鷅licos de la Generalitat ostentan, con car醕ter general, y en los t閞minos establecidos en la ley, competencias sobre la gesti髇 de los bienes a ellos adscritos para el cumplimiento de sus fines. De otro lado, las disposiciones adicionales de la ley atribuyen competencias a las conseller韆s competentes en materia de vivienda, patrimonio cultural y administraci髇 y gesti髇 de montes, terrenos forestales, v韆s pecuarias y carreteras en relaci髇 a determinados aspectos de dichos bienes, sujetos a legislaci髇 especial.

Por 鷏timo, a las Cortes Valencianas se les atribuye autonom韆 patrimonial, sin detrimento del car醕ter unitario del patrimonio de la Generalitat.