Sumario

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de junio 2011, ha admitido a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐ero 2856-2011, contra el presente Real Decreto-Ley (獴.O.E.� 16 junio). R.D.-Ley 2/2011, 18 febrero rectificado por Correcci髇 de errores (獴.O.E.� 26 febrero). V閍se Res. 10 marzo 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero (獴.O.E.� 16 marzo).

I

Las tensiones a las que se ha enfrentado el sistema financiero internacional desde el comienzo de la crisis han dificultado el cumplimiento de su funci髇 esencial como canalizador del cr閐ito a la econom韆. El incremento del coste y la disponibilidad de financiaci髇 ha afectado seriamente al desarrollo del conjunto de la econom韆 real, limitando las posibilidades de crecimiento econ髆ico. Las dificultades del sistema financiero para cumplir esa funci髇 principal de canalizaci髇 del ahorro a las necesidades de gasto de los agentes econ髆icos han alcanzado tanto a los presupuestos familiares, como, muy especialmente, a la financiaci髇 de las peque馻s y medianas empresas, aut閚tico elemento nuclear de nuestro tejido empresarial.

En este contexto, el conjunto de las entidades de cr閐ito se ha enfrentado, adem醩 de a severas restricciones al acceso a la financiaci髇, a un deterioro relativo de sus activos, especialmente de aquellos relacionados con el sector inmobiliario, a un aumento notable de los pr閟tamos calificados como dudosos y, finalmente, a la disminuci髇 de su negocio, como consecuencia tanto de la duraci髇, intensidad y extensi髇 de la crisis, como de la fuerte ca韉a de la actividad econ髆ica provocada por la misma.

La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar por parte de los poderes p鷅licos las bases para la existencia de un sistema financiero competitivo y s髄ido que facilite la intermediaci髇 entre los poseedores de recursos financieros y quienes tienen necesidades de inversi髇. Un sistema financiero bien estructurado constituye la principal garant韆 de que la econom韆 productiva de un pa韘 puede disponer de la financiaci髇 que requiere para desarrollarse al m醲imo de su capacidad, generando riqueza y creaci髇 de empleo. Puede concluirse que todo este proceso se encuentra basado en la confianza, en la integridad de las instituciones y el buen funcionamiento de los mercados.

Esta importancia del sistema financiero justifica el car醕ter prioritario e ineludible de la intervenci髇 del Estado para asegurar su correcto funcionamiento.

En ese sentido, desde el comienzo de la crisis dos tipos de intervenciones se han venido produciendo en el contexto internacional. De un lado destacan aquellas medidas destinadas, si no a evitar, al menos s� a limitar las consecuencias de crisis futuras del sistema financiero en el conjunto de la econom韆: el refuerzo de la arquitectura financiera internacional; el fortalecimiento de la supervisi髇; y la adopci髇 de nuevas y mucho m醩 exigentes normas de capital para las entidades financieras son ejemplos de ello. De otro lado, destacan las medidas de apoyo al sector financiero, que los Estados individual o conjuntamente han adoptado para recuperar la confianza y mitigar las presiones de liquidez. En primer lugar, se ampliaron las coberturas de los sistemas de garant韆 correspondientes. Por otra parte, ante la contracci髇 y casi desaparici髇 de los mercados de financiaci髇 mayorista, algunos Estados, en paralelo al BCE, articularon mecanismos de fomento de liquidez. En tercer lugar, para hacer frente al deterioro de los recursos propios de los bancos se llevaron a cabo inyecciones de capital p鷅lico en entidades, con distintos grados de dificultades. Finalmente, con el fin de aclarar el valor de los activos da馻dos de los bancos y facilitar la reestructuraci髇 de las entidades, algunos Estados aprobaron ayudas para sanear sus balances y se realizaron pruebas de resistencia a un conjunto amplio de entidades financieras

El Gobierno de Espa馻, por su parte, ha venido impulsando desde el principio de la crisis una serie de medidas, que ahora se completan con el contenido del presente real decreto-ley, dirigidas a facilitar el acceso a la financiaci髇 de las entidades de cr閐ito, salvaguardar la estabilidad del sistema, fomentar su restructuraci髇 y eficiencia, y velar, en 鷏timo extremo, por la adecuada canalizaci髇 del cr閐ito hacia la econom韆 real.

Esas medidas comenzaron con el reforzamiento de la garant韆 de los dep髎itos bancarios en sinton韆 con el conjunto de Estados miembros de la UE, seguido del apoyo a la liquidez de las entidades de cr閐ito que se produjo mediante la compra de activos financieros de alta calidad a trav閟 del Fondo de Adquisici髇 de Activos Financieros (FAAF) y la prestaci髇 de garant韆s p鷅licas a sus emisiones de deuda. Posteriormente se produjo el fortalecimiento de los procedimientos de intervenci髇, disciplina y soluci髇 de entidades inviables a trav閟 del Real Decreto-ley 9/2009 por el que se creaba el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria (FROB), como complemento a aquellas actuaciones que puedan llevar a cabo los Fondos de Garant韆 de Dep髎itos. Adicionalmente, como forma de incentivar el necesario reajuste de capacidad de nuestro sistema financiero hacia el tama駉 requerido en el medio y largo plazo, fue necesario articular un apoyo temporal a la recapitalizaci髇 de entidades solventes, a trav閟 de la adquisici髇 de participaciones preferentes por parte del FROB, condicionada a la reestructuraci髇 de las entidades de cr閐ito solicitantes. Por 鷏timo, se ha producido el endurecimiento de las normas contables de estimaci髇 y reconocimiento del deterioro de los cr閐itos dudosos, y especialmente de las garant韆s hipotecarias e inmuebles adjudicados en daci髇 de pagos y, de manera reciente, se ha fortalecido la transparencia a trav閟 del establecimiento de un r間imen de informaci髇 sobre la situaci髇 de balance de las entidades, detallando sus exposiciones y provisiones por tipolog韆 de pr閟tamos, as� como de su plan de negocio y su situaci髇 de solvencia.

Menci髇 aparte merece la reforma del r間imen jur韉ico de las cajas de ahorros aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 11/2010 y convalidada con amplio consenso por el Congreso de los Diputados durante el mes de julio de 2010. La profundidad de la reforma supuso un hito hist髍ico en el r間imen de las Cajas de Ahorros con el objetivo de alcanzar una mayor profesionalizaci髇 de su administraci髇 y direcci髇, y, sobre todo, de dotarlas de capacidad para poder tomar formas organizativas que posibilitasen el acceso a los mercados de capital b醩ico. El marco jur韉ico creado en julio resulta indispensable para afrontar los retos actuales y futuros de nuestro sistema financiero y, m醩 concretamente, para poner en pr醕tica inmediatamente las medidas que se contienen en el presente real decreto-ley.

Este conjunto de medidas ha contribuido a minimizar el impacto de la crisis global sobre el sistema financiero espa駉l y, muy especialmente sobre el erario p鷅lico. Al mismo tiempo han propiciado el proceso de reestructuraci髇 del sector financiero m醩 importante y r醦ido de nuestra historia. Ese proceso de reestructuraci髇 ha sido especialmente intenso en el sector de las cajas de ahorro, que en menos de un a駉 ha pasado de contar con 45 entidades individuales, con un tama駉 medio de 28.504 millones de euros, a estar integrado por 17 entidades o grupos de entidades, con un volumen medio de activos de 75.452 millones. Esta reducci髇 en el n鷐ero de entidades ha significado as� mismo el inicio de un proceso de reducci髇 en el n鷐ero de sucursales y costes de estructura, promoviendo un sistema financiero m醩 eficiente y competitivo.

De manera adicional a la implantaci髇 de las medidas impulsadas por el Gobierno de la Naci髇, las entidades espa駉las se sometieron, en julio de 2010, a una pruebas de resistencias extensas, ya que abarcaban a la totalidad de nuestras entidades, e intensas, esto es, con supuestos muy severos, especialmente en lo que se refiere a la evoluci髇 del cr閐ito al sector inmobiliario y la construcci髇. La publicaci髇 de estos ejercicios, con detalle exhaustivo por tipolog韆 de activos, evidenci� la situaci髇 de solidez y resistencia de nuestro sistema financiero, mostrando que las entidades de cr閐ito espa駉las, con muy pocas excepciones (y poco significativas para el conjunto del sistema) se encontraban en una buena posici髇 para afrontar situaciones muy adversas y poco probables.

Por otra parte, las entidades han venido tambi閚 reaccionado a las dificultades que presenta el entorno actual adoptando medidas tales como el incremento de su base de dep髎itos minoristas, la racionalizaci髇 de sus costes de estructura, el reforzamiento de su capital y el saneamiento de sus activos. As�, el conjunto del sistema bancario espa駉l desde enero de 2008 hasta el cierre de 2010 reconoci� y asumi� perdidas en el valor de los activos por un importe equivalente al 9% del PIB mediante la dotaci髇 de provisiones espec韋icas netas, que l骻icamente han aminorado sus resultados, la utilizaci髇 del fondo de provisi髇 gen閞ica y por reconocimiento de 玽alor razonable� contra reservas en los procesos de integraci髇 de cajas de ahorros. Adem醩 han llevado a cabo una recapitalizaci髇 por un importe aproximado del 3% del PIB, siendo a d韆 de hoy el nivel de solvencia del conjunto de nuestro sistema muy notable, con un nivel de TIER 1 del 9,6% de los activos ponderados por riesgo, seg鷑 los 鷏timos datos disponibles.

Siendo esta la situaci髇 actual de nuestro sistema financiero, la evoluci髇 de los 鷏timos meses de las tensiones financieras en el entorno de la zona euro ha generado dudas sobre la capacidad del sistema financiero espa駉l. Constituyendo la confianza el pilar 鷏timo de un sistema financiero, esta percepci髇 corre el riesgo de crear una din醡ica indeseable en tanto en cuanto estos elementos de incertidumbre pueden dificultar a鷑 m醩 el acceso a la financiaci髇 por parte de las entidades, lo que a su vez incrementar韆 la percepci髇 de riesgo dificultando el flujo de cr閐ito hacia la econom韆, erosionando la capacidad de crecimiento, en un proceso de negativa retroalimentaci髇.

Resulta, por tanto, indispensable impedir el desarrollo de dicha din醡ica y eliminar inmediatamente toda incertidumbre en relaci髇 con nuestro sistema financiero y, por extensi髇, con el conjunto de nuestra econom韆. Para ello, es necesario garantizar que cada una de las entidades que componen el sistema bancario espa駉l presentan unos niveles de capital de m醲ima calidad suficientes para disipar cualquier duda no solo sobre su solvencia actual, sino tambi閚 sobre su solidez frente a todo tipo de escenarios, incluidos aquellos poco favorables a鷑 cuando tengan una probabilidad de materializaci髇 remota. De esta forma se afianzar� la confianza en el sistema bancario espa駉l, lo que facilitar� el acceso a la financiaci髇 a todas las entidades contribuyendo con ello al logro del objetivo fundamental de cualquier sistema bancario, esto es, la fluida canalizaci髇 del ahorro hacia la inversi髇.

En este contexto, el presente real decreto-ley responde a un doble objetivo: de un lado, reforzar el nivel de solvencia de todas las entidades de cr閐ito, mediante el establecimiento de un nivel elevado de exigencia con relaci髇 al capital de m醲ima calidad, con objeto de disipar cualquier duda sobre su solvencia; y acelerar la fase final de los procesos de reestructuraci髇 de las entidades, a trav閟 del marco indispensable creado por el Real Decreto-ley 11/2010. Estos objetivos garantizar醤 la funci髇 del sector financiero de canalizar el cr閐ito a la econom韆 y que en el caso de las cajas de ahorros se compagina con el objetivo indispensable del mantenimiento de su obra social.

Las medidas contempladas en el presente real decreto Ley se articulan en dos grandes bloques el reforzamiento del capital de las entidades y la adaptaci髇 del FROB como instrumento p鷅lico para facilitar la nueva capitalizaci髇 exigida.

En cuanto al reforzamiento de la solvencia, se establece una aplicaci髇 adelantada y exigente de los nuevos est醤dares internacionales de capital, Basilea III. As�, se procede al establecimiento inmediato de un m韓imo de capital principal, con relaci髇 a los activos ponderados por riesgo, siguiendo b醩icamente la definici髇 que Basilea III establece cumplir en 2013. Este nivel m韓imo de la ratio de capital principal se sit鷄 en el 8%, siendo del 10% para aquellas entidades que no hayan colocado t韙ulos representativos de su capital a terceros por al menos un 20%, y, que adem醩, presenten una ratio de financiaci髇 mayorista superior al 20%. Se trata as�, de que las entidades se doten un capital, de la m醲ima calidad, suficiente para garantizar una elevada solidez, siendo la exigencia m醩 alta para aquellas entidades que tienen menor agilidad para captar capital b醩ico en caso necesario.

Adicionalmente, el Banco de Espa馻 podr� requerir a una entidad individual un nivel superior de capital principal en funci髇 de los resultados de ejercicios de resistencia que puedan hacerse para el conjunto del sistema.

Los elementos que integran el capital principal son, en l韓ea con lo establecido en Basilea III para 2013: el capital, las reservas, las primas de emisi髇, los ajustes positivos por valoraci髇, los intereses minoritarios; y, adicionalmente, los instrumentos suscritos por el FROB y, transitoriamente, los instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones antes de 2014 y que cumplan ciertos requisitos que garanticen una alta capacidad de absorci髇 de p閞didas. Estos elementos ser醤 minorados por los resultados negativos y p閞didas, los ajustes negativos por valoraci髇 y los activos inmateriales.

Estos nuevos requerimientos entrar醤 en vigor el 10 de marzo de 2011. Adem醩, ante la evidencia de que habr� algunas entidades con dificultad para alcanzar este nuevo requisito de manera inminente, la norma ha dise馻do una estrategia progresiva de cumplimiento.

Aquellas entidades que a 10 de marzo no alcancen el nivel requerido de capital principal tendr醤 15 d韆s h醔iles para comunicar al Banco de Espa馻 la estrategia y calendario con que garantizan el cumplimiento de los nuevos requisitos del 8% o 10%, de capital principal, seg鷑 corresponda, antes del 30 de septiembre de 2011. Esta estrategia, que podr� contemplar la captaci髇 de recursos de terceros y la salida a bolsa de las entidades, deber� ser aprobada por el Banco de Espa馻 quien podr�, asimismo, exigir modificaciones o medidas adicionales.

No obstante, dado que podr韆n suscitarse algunas cuestiones que podr韆n retrasar el cumplimiento, relacionadas con las operaciones o tr醡ites que pudieran que tener que llevar a cabo las entidades, y que en algunos casos pudieran ser numerosos, el Banco de Espa馻 podr� autorizar un aplazamiento de hasta un m醲imo de 3 meses sobre la fecha anterior y, con car醕ter excepcional, en casos de salidas a bolsa, y siempre y cuando se hayan cumplido un conjunto de hitos que generen certeza sobre la decisi髇 y la cuant韆 de la emisi髇, podr� prorrogar la ejecuci髇 hasta el primer trimestre de 2012.

Una vez completado el per韔do transitorio y cuando las entidades hayan alcanzado las nuevas exigencias de capital principal, y siguiendo la estructura conceptual de Basilea III, que establece un colch髇 de capital de conservaci髇, el incumplimiento coyuntural de hasta un 20% de la ratio de capital principal exigido, determinar� la imposici髇 por parte del Banco de Espa馻 de restricciones que podr醤 afectar al reparto de dividendos, la dotaci髇 a la obra ben閒ico social, la retribuci髇 de las participaciones preferentes, las retribuciones variables de administradores y directivos y la recompra de acciones.

Previendo la posibilidad de que no todas las entidades puedan captar capital en los mercados de capital b醩ico el segundo bloque del presente real decreto Ley modifica el r間imen jur韉ico del FROB con objeto de que la proporci髇 de apoyos se realice mediante la adquisici髇 temporal de acciones ordinarias, en condiciones de mercado, de aquellas entidades que no cumplan con los niveles de recursos propios exigidos y que as� lo soliciten, ya sea de forma inmediata o una vez que acudiendo al mercado no hayan captado todos los recursos necesarios.

Esta medida, que l骻icamente puede implicar la entrada del sector p鷅lico en el capital social de entidades de cr閐ito, se ha dise馻do dentro de un marco de estricto cumplimiento de la normativa aplicable de la Uni髇 Europea y de m醲ima protecci髇 de los recursos p鷅licos.

As�, en primer lugar, El precio de adquisici髇 de las acciones o aportaciones al capital social se fijar� conforme al valor econ髆ico de la entidad, que ser� determinado por uno o varios expertos independientes a designar por el FROB, a trav閟 de un procedimiento que desarrollar� el FROB, basado en las metodolog韆s com鷑mente aceptadas y atendiendo al valor de mercado.

En cuanto a la desinversi髇, conviene subrayar que la presencia del FROB en el capital de las entidades es temporal, siendo el plazo m醲imo de tenencia de cinco a駉s. La enajenaci髇 se llevar� a cabo por procedimientos que aseguren la competencia. No obstante, el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria podr�, en el momento de adquisici髇 de los t韙ulos, establecer los t閞minos en que, en el plazo m醲imo de un a駉 desde la fecha de suscripci髇 o adquisici髇, revender韆 dichos t韙ulos a las entidades emisoras de los mismos o a terceros inversores propuestos por la entidad beneficiaria de su actuaci髇. Este plazo m醲imo podr� ser de dos a駉s, en cuyo caso se podr� exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales a los previstos dentro de su plan de recapitalizaci髇. Las condiciones de dicha reventa deber醤 asegurar un uso eficiente de los recursos p鷅licos y llevarse a cabo en condiciones de mercado, cumpliendo en todo caso con la normativa espa駉la y de la Uni髇 Europea en materia de competencia y ayudas de Estado.

La vocaci髇 temporal del apoyo del FROB en la aportaci髇 de capital b醩ico determina que la inversi髇 se realice mediante la adquisici髇 de acciones ordinarias, con objeto en que llegado el momento el FROB pueda deshacerse f醕ilmente y en condiciones de mercado de las mismas. Este requerimiento determina a su vez que la entidad beneficiaria del apoyo sea un banco. Es por ello por lo que se establece que si la entidad de cr閐ito que solicita el apoyo financiero es una caja de ahorros, 閟ta tendr� un plazo de tres meses para el traspaso de la totalidad de su actividad financiera bien a un banco a trav閟 del cual pasen a ejercer indirectamente su actividad financiera manteniendo su figura jur韉ica de caja o transform醤dose en fundaci髇, bien al banco que act鷈 como entidad central del sistema institucional de protecci髇 del que en su caso formen parte.

Adem醩, la adquisici髇 de t韙ulos por parte del FROB est� condicionada a la elaboraci髇 por la entidad de un Plan de Recapitalizaci髇 en el que, adem醩 de presentar un plan de negocio, deber� asumir ciertos compromisos relacionados, por ejemplo, con la reducci髇 de sus costes estructurales, la mejora de su gobierno corporativo o la evoluci髇 de su actividad de cr閐ito.

La adquisici髇 de t韙ulos por parte del FROB determinar�, a su vez, su incorporaci髇 al Consejo de Administraci髇 de la entidad emisora de los t韙ulos en proporci髇 estricta al porcentaje de participaci髇 de la entidad.

La norma tambi閚 contempla la posibilidad de adquisiciones por el FROB de participaciones preferentes convertibles en aportaciones al capital social de las cooperativas de cr閐ito, en un r間imen que reproduce el previsto hasta la entrada en vigor del presente real decreto-ley.

Por 鷏timo, cabe destacar que el real decreto-ley tambi閚 contempla una serie de medidas de car醕ter fiscal dirigidas a asegurar la neutralidad en los procesos de reestructuraci髇 del sistema financiero.

Las principales cuestiones fiscales que se abordan son la inclusi髇 de las entidades de cr閐ito integradas en un SIP en el grupo de consolidaci髇 fiscal de la entidad central, la aplicaci髇 de cr閐itos fiscales anteriores a la constituci髇 del grupo fiscal, la segregaci髇 de todo el negocio financiero realizado por las cajas a favor de un banco y, finalmente, las operaciones intragrupo cuando la entidad bancaria deja de pertenecer al grupo fiscal.

En definitiva, estas modificaciones puntuales tienen por objeto garantizar que el proceso de reestructuraci髇 del sector financiero se realice sin costes fiscales asociados al propio proceso, derivados de la imposibilidad de aplicar los cr閐itos fiscales generados o por generar por las entidades de cr閐ito integrantes del proceso y que ser韆n plenamente aplicables en un proceso de fusi髇 tradicional o derivados de la incorporaci髇 a la base imponible de los resultados intragrupo pendientes de tributaci髇 cuando se produce la salida del grupo fiscal de las entidades bancarias.

Cabe se馻lar, finalmente, que el presente real decreto-ley mantiene el status jur韉ico de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulaci髇 de las normas b醩icas sobre 觬ganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA). No se cambia la esencia de la Ley y se mantienen las distintas alternativas institucionales previstas en la misma.

En definitiva, las medidas contempladas en el presente real decreto-ley, se dirigen como objetivo 鷏timo, a garantizar la eficiencia de nuestro sistema financiero asegurando la canalizaci髇 del cr閐ito a la econom韆 real y, con ello, posibilitando al m醲imo las posibilidades de crecimiento y creaci髇 de empleo.

Si con los reales decretos-ley de creaci髇 del FROB y de reforma del r間imen jur韉ico de las cajas de ahorros se crearon la estructura y los instrumentos necesarios para la reestructuraci髇 de nuestro sistema financiero, en plena coherencia con ambos, con este tercer real decreto-ley se impulsa la utilizaci髇 inmediata de tales estructuras e instrumentos para concluir la fase final de dicho proceso de reestructuraci髇. Se trata de alcanzar un sistema financiero m醩 solvente, m醩 transparente y con mayores facilidades de capitalizaci髇, culminando as� la etapa de mayor modernizaci髇 de nuestra reciente historia financiera.

II

El T韙ulo I del real decreto-ley se dedica a las previsiones de reforzamiento de la solvencia de las entidades de cr閐ito.

El art韈ulo 1 establece las nuevas exigencias de capital principal de las entidades de cr閐ito. Se establece que dichas entidades deber醤 contar con un capital principal de, al menos, el 8% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo, calculadas de conformidad con lo previsto en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversi髇, recursos propios y obligaciones de informaci髇 de los intermediarios financieros y en su normativa de desarrollo.

En segundo lugar, se establece un requerimiento superior, del 10%, para aquellas entidades que superen el 20% de financiaci髇 mayorista y no hayan colocado t韙ulos representativos de su capital social o derechos de voto por, al menos, un porcentaje igual o superior al 20% del mismo a terceros. Dicho superior requerimiento se justifica en la mayor dificultad que las entidades que re鷑an ambos requisitos disponen para captar capital privado.

En tercer lugar, se especifica que el incumplimiento coyuntural de hasta un 20% de la ratio de capital principal exigido, determinar� que el Banco de Espa馻 imponga restricciones en la distribuci髇 de beneficios en forma de reparto de dividendos, de retribuciones variables para los empleados o de recompra de acciones.

En cuarto lugar, se prev� que el Banco de Espa馻 pueda exigir el cumplimiento de un nivel de capital principal superior si la entidad no alcanza en el escenario m醩 adverso de una prueba de resistencia del conjunto del sistema el nivel de recursos propios m韓imos exigido en dicha prueba.

En todo caso la fijaci髇 de estas nuevas exigencias de capital no afecta a la plena vigencia de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y su normativa de desarrollo, lo que resulta especialmente relevante en materia de posibles incumplimientos de las nuevas exigencias, en cuyo caso ser� de aplicaci髇 lo dispuesto en el art韈ulo 11 de dicha ley en materia de insuficiencia de recursos propios.

El art韈ulo 2 del real decreto-ley establece la definici髇 de capital principal en l韓ea con el contenido del llamado 玞ommon equity tier 1� previsto en el Acuerdo de Basilea III. Los elementos que componen el capital principal son, esencialmente, los previstos en Basilea III (2013): capital, reservas, primas de emisi髇, ajustes positivos por valoraci髇, intereses minoritarios; m醩 los instrumentos suscritos por el FROB y transitoriamente instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones antes de 2014. Minorados por resultados negativos y p閞didas, ajustes negativos por valoraci髇 y activos inmateriales.

Por 鷏timo, el art韈ulo 3 de este primer t韙ulo de la norma incluye el r間imen sancionador del incumplimiento de las nuevas exigencias de capital, estableciendo por referencia el r間imen previsto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervenci髇 de las Entidades de Cr閐ito, para los incumplimientos de la normativa de recursos propios. Dicho r間imen considera infracci髇 muy grave una insuficiencia de capital durante m醩 de seis meses por debajo del 80% de lo exigido y grave si tal insuficiencia se produce entre el 80% y el 100%.

III

El T韙ulo II de la norma incluye un solo art韈ulo dedicado a la modificaci髇 de varios preceptos del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuraci髇 bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de cr閐ito.

El apartado uno modifica el art韈ulo 3 del mencionado real decreto-ley referido al Gobierno del Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria. La principal modificaci髇 es la relativa a la composici髇 de la Comisi髇 Rectora que estar� integrada a partir de ahora por nueve miembros nombrados por la Ministra de Econom韆 y Hacienda, de los cuales dos lo ser醤 en representaci髇 del Ministerio de Econom韆 y Hacienda, uno de ellos de la Secretar韆 de Estado de Hacienda y Presupuestos y otro de la Secretar韆 de Estado de Econom韆, cuatro lo ser醤 a propuesta del Banco de Espa馻 y tres en representaci髇 de los Fondos de Garant韆 de Dep髎itos. Se adaptan el resto de apartados, en materia de nombramientos, ceses y suplencias, a la entrada en la Comisi髇 Rectora de dos representantes del Ministerio de Econom韆 y Hacienda.

El apartado dos modifica el T韙ulo II al Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, integrado por cinco art韈ulos que constituyen una de las principales novedades introducidas por la norma.

En el nuevo art韈ulo 9 se establecen los instrumentos de que dispondr� el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades de cr閐ito. El Fondo podr� adoptar medidas de apoyo financiero, tales como la adquisici髇 de acciones ordinarias representativas del capital social o aportaciones al capital social de las entidades que emitan bancos y cooperativas de cr閐ito que necesiten reforzar sus recursos propios y as� lo soliciten. Para ello no ser� necesario que se hallen en situaci髇 de dificultad econ髆ico-financiera que pueda afectar a su viabilidad prevista en el art韈ulo 6 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio.

En todo caso, la norma dispone que la suscripci髇 de los t韙ulos se hallar� condicionada a la elaboraci髇 por la entidad solicitante de un plan de recapitalizaci髇 que deber� ser aprobado por el Banco de Espa馻. Pervive la exigencia prevista hasta ahora para los apoyos del Fondo, conforme a la cual con car醕ter previo a la decisi髇 sobre la suscripci髇 de t韙ulos, deber� elevarse al titular del Ministerio de Econom韆 y Hacienda una memoria econ髆ica en la que se detalle el impacto financiero de esa adquisici髇 sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pudiendo este oponerse, motivadamente, en el plazo de 5 d韆s h醔iles desde que le sea elevada dicha memoria.

Contin鷄 la norma estableciendo que las aportaciones comprometidas por el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria podr醤 realizarse en efectivo o mediante la entrega de valores representativos de deuda p鷅lica o valores emitidos por el propio Fondo. Igualmente se establece que el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria podr� satisfacer las aportaciones comprometidas mediante compensaci髇 de cr閐itos que ostente frente a las entidades beneficiarias.

En el apartado quinto del nuevo art韈ulo 9 se establecen las normas de valoraci髇 que regir醤 la adquisici髇 o suscripci髇 de t韙ulos por parte del Fondo. Se establece que el precio se fijar� de acuerdo con el valor econ髆ico de la entidad de cr閐ito, que ser� determinado por uno o varios expertos independientes a designar por el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria, a trav閟 de un procedimiento que desarrollar� el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria siguiendo las metodolog韆s com鷑mente aceptadas y atendiendo al valor de mercado.

Por otra parte, se establece que la suscripci髇 de acciones por el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria determinar� inmediatamente su incorporaci髇 al 髍gano de administraci髇 de la entidad emisora en la proporci髇 que resulte de su participaci髇 en la entidad al objeto de garantizar el cumplimiento adecuado del plan de recapitalizaci髇.

En cuanto a la desinversi髇 por parte del Fondo se establece que esta se realizar� mediante su enajenaci髇 a trav閟 de procedimientos que aseguren la competencia y dentro de un plazo no superior a los cinco a駉s a contar desde la fecha de su suscripci髇. En todo caso, el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria podr� concurrir junto con alguno o algunos de los dem醩 socios o accionistas de la entidad de cr閐ito en cuesti髇 a los eventuales procesos de venta de t韙ulos en los mismos t閞minos que estos puedan concertar. Por 鷏timo se establece que en el plazo m醲imo de un a駉 desde la fecha de suscripci髇 o adquisici髇, el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria podr� revender los t韙ulos suscritos o adquiridos a las entidades que los hubieren emitido o a terceros propuestos por estas, seg鷑 condiciones de mercado y siempre que el precio de venta proporcione una rentabilidad de mercado apropiada a la inversi髇 realizada. Este plazo m醲imo podr� ser de dos a駉s, en cuyo caso se podr� exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales a los previstos dentro de su plan de recapitalizaci髇.

Tanto para la fijaci髇 del precio de suscripci髇 como para la enajenaci髇 se exigir� previo informe de la Intervenci髇 General de la Administraci髇 del Estado.

El nuevo art韈ulo 10 contempla el r間imen de adquisici髇 por el Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria de participaciones preferentes convertibles en aportaciones al capital social de las cooperativas de cr閐ito, r間imen que reproduce el previsto hasta la entrada en vigor del real decreto-ley.

El art韈ulo 11, por su parte, establece un plazo de tres meses para el traspaso de la totalidad de la actividad financiera de aquellas cajas que soliciten los apoyos del art韈ulo 9, bien al banco a trav閟 del cual ejerzan indirectamente su actividad, bien al banco pertinente en su proceso de transformaci髇 en fundaci髇, bien al banco que act鷈 como entidad central del sistema institucional de protecci髇 del que en su caso formen parte.

El nuevo art韈ulo 12 establece el contenido del necesario plan de recapitalizaci髇 que la entidad deber� elaborar para que el Fondo suscriba los correspondientes t韙ulos de su capital social.

Se establece que dicho plan deber� incluir un plan de negocio en el que se fijen objetivos relativos a la eficiencia, rentabilidad, niveles de apalancamiento y liquidez. Asimismo, la norma dispone que las entidades solicitantes deber醤 asumir compromisos de reducci髇 de costes de estructura, medidas tendentes a la mejora de su gobierno corporativo y compromisos de incrementar la financiaci髇 a peque馻s y medianas empresas, en t閞minos que sean compatibles con los objetivos establecidos en su plan de negocio.

El Fondo de Reestructuraci髇 Ordenada Bancaria podr� exigir a las entidades solicitantes compromisos adicionales para preservar una utilizaci髇 eficiente de los recursos p鷅licos, as� como el suministro de informaci髇 peri骴ica a fin de cumplir con sus obligaciones de informaci髇 a las autoridades europeas.

Finalmente, el nuevo art韈ulo 13 establece para las entidades solicitantes la obligaci髇 de cumplimiento de normas de buen gobierno de las sociedades cotizadas.

IV

La parte final de decreto-ley incluye cinco disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposici髇 derogatoria y cinco disposiciones finales.

Entre estas disposiciones, destaca la disposici髇 transitoria primera que establece la estrategia de cumplimiento de las nuevas exigencias de capital.

A la cl醬sula derogatoria general le siguen cinco disposiciones finales que incluyen la modificaci髇 de varios preceptos del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, una habilitaci髇 para el desarrollo inmediato por parte del Banco de Espa馻 de la definici髇 de financiaci髇 mayorista prevista en el art韈ulo 1 del real decreto-ley la referencia a los t韙ulos competenciales y la cl醬sula de entrada en vigor al d韆 siguiente de su publicaci髇.

La adopci髇 de las medidas contempladas en este real decreto-ley resulta imprescindible para reforzar la confianza en nuestro sistema financiero, impidiendo din醡icas generadoras de incertidumbre que puedan dificultar el acceso a la financiaci髇 por parte de las entidades financieras y, en 鷏timo extremo, impedir el normal flujo de cr閐ito hacia la econom韆. Es por ello que la adopci髇 de tales medidas exige acudir al procedimiento del real decreto-ley, cumpli閚dose los requisitos del art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la en cuanto a su extraordinaria y urgente necesidad.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 espa駉la, a propuesta de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Econom韆 y Hacienda y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 18 de febrero de 2011,

DISPONGO: