Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular su art韈ulo 43, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

Visto el dictamen del Comit� de las Regiones (2) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) En el marco de la cadena de suministro agr韈ola y alimentario, se producen con frecuencia desequilibrios importantes en cuanto a poder de negociaci髇 entre proveedores y compradores de productos agr韈olas y alimentarios. Estos desequilibrios en el poder de negociaci髇 es probable que conduzcan a pr醕ticas comerciales desleales, si los socios comerciales de mayor tama駉 y poder tratan de imponer determinadas pr醕ticas o disposiciones contractuales que les benefician en relaci髇 con una transacci髇 de venta. Estas pr醕ticas pueden, por ejemplo, apartarse en gran medida de las buenas conductas comerciales, ser contrarias a la buena fe y a un trato justo e imponerse de manera unilateral por una de las partes a la otra; o imponer una transferencia desproporcionada e injustificada de riesgo econ髆ico de una de las partes a la otra; o imponer un desequilibrio importante de derechos y obligaciones a una de las partes. Determinadas pr醕ticas podr韆n ser manifiestamente desleales, aun cuando ambas partes las aceptaran. Conviene introducir un nivel m韓imo de protecci髇 en la Uni髇 contra las pr醕ticas comerciales desleales a fin de reducir la incidencia de tales pr醕ticas que pueden tener repercusiones negativas en los niveles de vida de la comunidad agraria. El planteamiento de armonizaci髇 m韓ima incluido en la presente Directiva permite a los Estados miembros adoptar o mantener una normativa nacional que vaya m醩 all� de las pr醕ticas comerciales desleales enumeradas en la presente Directiva.
• (2) Tres publicaciones de la Comisi髇 desde 2009 (la Comunicaci髇 de la Comisi髇 de 28 de octubre de 2009 sobre la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa, la Comunicaci髇 de la Comisi髇 de 15 de julio de 2014 sobre c髆o hacer frente a las pr醕ticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas, y el Informe de la Comisi髇 de 29 de enero de 2016 sobre las pr醕ticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas), se han centrado en el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario, en particular en la incidencia de pr醕ticas comerciales desleales. La Comisi髇 ha propuesto una serie de elementos que convendr韆 que incluyesen los marcos nacionales de gobernanza voluntaria para tratar las pr醕ticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario. No todos esos elementos han pasado a formar parte del marco jur韉ico o de los reg韒enes de gobernanza voluntarios de los Estados miembros y, por consiguiente, la incidencia de tales pr醕ticas sigue ocupando el centro del debate pol韙ico en la Uni髇.
• (3) En 2011, el Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, dirigido por la Comisi髇, aprob� una serie de principios de buenas pr醕ticas en las relaciones verticales de la cadena de suministro alimentario que fueron acordados por organizaciones que representaban a la mayor韆 de los agentes de la cadena de suministro alimentario. Estos principios pasaron a ser la base de la Iniciativa de la Cadena de Suministro, que se puso en marcha en 2013.
• (4) El Parlamento Europeo, en su resoluci髇 de 7 de junio de 2016 sobre pr醕ticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario (4) , invit� a la Comisi髇 a que presentara una propuesta de marco jur韉ico de la Uni髇 sobre pr醕ticas comerciales desleales. El Consejo, en sus conclusiones de 12 de diciembre de 2016 sobre el refuerzo de la posici髇 de los agricultores en la cadena de suministro alimentario y la lucha contra las pr醕ticas comerciales desleales, invit� a la Comisi髇 a que llevara a cabo, de manera oportuna, una evaluaci髇 de impacto con miras a proponer un marco legislativo o medidas no legislativas de la Uni髇 para hacer frente a las pr醕ticas comerciales desleales. La Comisi髇 prepar� una evaluaci髇 de impacto, precedida de una consulta p鷅lica abierta, as� como de una serie de consultas espec韋icas. Adem醩, durante el proceso legislativo, la Comisi髇 aport� una informaci髇 que demuestra que los grandes agentes representan una parte muy considerable del valor total de la producci髇.
• (5) En la cadena de suministro agr韈ola y alimentario intervienen distintos agentes en las distintas fases de producci髇, transformaci髇, comercializaci髇, distribuci髇 y venta al por menor de dichos productos agr韈olas y alimentarios. Dicha cadena es, con diferencia, el canal m醩 importante para hacer llegar los productos agr韈olas y alimentarios 玠e la granja a la mesa�. Esos agentes comercializan productos agr韈olas y alimentarios, es decir, los productos agr韈olas primarios, incluidos los de la pesca y la acuicultura, enumerados en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE), y productos que no figuran en dicho anexo, pero que han sido transformados para su uso como alimentos utilizando productos enumerados en el mencionado anexo.
• (6) Aunque el riesgo comercial es inherente a toda actividad econ髆ica, la producci髇 agraria sufre una inseguridad particular debido a su dependencia de los procesos biol骻icos y a su exposici髇 a las condiciones meteorol骻icas. Dicha inseguridad es diversa, ya que los productos agr韈olas y alimentarios son, en mayor o menor medida, perecederos y estacionales. En un contexto en el que la pol韙ica agr韈ola est� claramente m醩 orientada al mercado que en el pasado, la protecci髇 contra las pr醕ticas comerciales desleales resulta cada vez m醩 importante para los agentes que intervienen en la cadena de suministro agr韈ola y alimentario.
• (7) En particular, dichas pr醕ticas comerciales desleales pueden tener un impacto negativo en el nivel de vida de la comunidad agraria. Se entiende que este impacto puede ser directo, en lo que se refiere a los productores agr韈olas y a sus organizaciones en calidad de proveedores, o indirecto, a trav閟 de las consecuencias en cascada que provocan las pr醕ticas comerciales desleales en la cadena de suministro agr韈ola y alimentario y que afectan negativamente a los productores primarios.
• (8) La mayor韆 de los Estados miembros, aunque no todos, disponen de normas nacionales espec韋icas que protegen a los proveedores contra las pr醕ticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agr韈ola y alimentario. Aun cuando es posible recurrir al Derecho contractual o a iniciativas de autorregulaci髇, el temor a represalias comerciales contra el denunciante, as� como los riesgos financieros que supone el desafiar tales pr醕ticas, limitan el valor pr醕tico de esas v韆s de recurso. Algunos Estados miembros que disponen de normas espec韋icas sobre pr醕ticas comerciales desleales conf韆n por ello a las autoridades administrativas la responsabilidad de controlar su cumplimiento. No obstante, las normas sobre pr醕ticas comerciales desleales de los Estados miembros (cuando existen) se caracterizan por las grandes divergencias que hay entre ellas.
• (9) El n鷐ero y el tama駉 de los agentes var韆n en las distintas etapas de la cadena de suministro agr韈ola y alimentario. Las diferencias en el poder de negociaci髇, que se corresponden con la dependencia econ髆ica del proveedor respecto del comprador, y es probable que conduzcan a que los agentes m醩 grandes impongan pr醕ticas comerciales desleales a los agentes m醩 peque駉s. Un planteamiento din醡ico, basado en el tama駉 relativo del proveedor y del comprador en t閞minos de volumen de negocios anual, debe facilitar una mejor protecci髇 contra las pr醕ticas comerciales desleales a aquellos agentes que m醩 la necesitan. Las pr醕ticas comerciales desleales son perjudiciales, en particular para las peque馻s y medianas empresas (pymes), de la cadena de suministro agr韈ola y alimentario. Las empresas m醩 grandes que las pymes pero con una volumen de negocios anual inferior a 350 000 000 EUR, tambi閚 deben ser protegidas contra las pr醕ticas comerciales desleales, para evitar que el coste de dichas pr醕ticas se traslade a los productores agr韈olas. Las consecuencias en cascada sobre los productores agr韈olas parecen ser particularmente significativas para las empresas con un volumen de negocios anual de hasta 350 000 000 EUR. La protecci髇 de los proveedores intermedios de productos agr韈olas y alimentarios, incluidos los productos transformados, pueden tambi閚 servir para evitar la desviaci髇 del comercio desde los productores agropecuarios y sus asociaciones, que producen productos transformados, hacia proveedores no protegidos.
• (10) La protecci髇 que aporta la presente Directiva deber韆 beneficiar a los productores agr韈olas y a las personas f韘icas o jur韉icas que son proveedores de productos agr韈olas y alimentarios, incluidas las organizaciones de productores, reconocidas o no, y las asociaciones de organizaciones de productores, reconocidas o no, en funci髇 de su poder de negociaci髇 relativo. Esas organizaciones de productores y asociaciones de organizaciones de productores incluyen a las cooperativas. Esos productores y personas son especialmente vulnerables a las pr醕ticas comerciales desleales, y menos capaces de hacerles frente sin repercusiones negativas para su viabilidad econ髆ica. En lo que se refiere a las categor韆s de proveedores que deben ser protegidos en virtud de la presente Directiva, cabe destacar que una proporci髇 significativa de las cooperativas formadas por agricultores son empresas m醩 grandes que las pymes pero con un volumen de negocios anual inferior a 350 000 000 EUR.
• (11) La presente Directiva debe aplicarse a las transacciones comerciales, independientemente de si se realizan entre empresas o entre empresas y autoridades p鷅licas dado que, cuando las autoridades p鷅licas compran productos agr韈olas y alimentarios, deben someterse a las mismas normas. La presente Directiva debe aplicarse a todas las autoridades p鷅licas que act鷈n como compradoras.
• (12) Los proveedores de la Uni髇 deben estar protegidos no solo contra las pr醕ticas comerciales desleales de los compradores establecidos en el mismo Estado miembro que el proveedor o en otro, sino tambi閚 contra las pr醕ticas comerciales desleales de los compradores establecidos fuera de la Uni髇. Esa protecci髇 evitar韆 posibles consecuencias no deseadas como la elecci髇 del lugar de establecimiento en funci髇 de las normas aplicables. Los proveedores establecidos fuera de la Uni髇 deben tambi閚 disfrutar de protecci髇 contra las pr醕ticas comerciales desleales cuando venden productos agr韈olas y alimentarios en la Uni髇. Esos proveedores no solo pueden ser igualmente vulnerables frente a las pr醕ticas desleales, sino que el hecho de estar cubiertos por un 醡bito de aplicaci髇 m醩 amplio evitar� tambi閚 el desv韔 no deseado del comercio hacia proveedores no protegidos, lo que ir韆 en detrimento de la protecci髇 de los proveedores de la Uni髇.
• (13) Algunos servicios que son complementarios a la venta de productos agr韈olas y alimentarios deben estar incluidos en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva.
• (14) La presente Directiva debe aplicarse a las conductas comerciales que practican los agentes de mayor tama駉 frente a los agentes que tienen menor poder de negociaci髇. Una aproximaci髇 adecuada al poder de negociaci髇 relativo es el volumen de negocios anual de los distintos agentes. Aun trat醤dose de una aproximaci髇, este criterio proporciona a los agentes una previsibilidad con respecto a sus derechos y obligaciones en virtud de la presente Directiva. Un l韒ite superior debe impedir que se conceda protecci髇 a agentes que no sean vulnerables, o que lo sean significativamente menos que sus hom髄ogos o competidores m醩 peque駉s. Por ello, la presente Directiva establece categor韆s de operadores basadas en el volumen de negocios, conforme a las cuales se concede protecci髇.
• (15) Habida cuenta de que las pr醕ticas comerciales desleales pueden producirse en cualquier fase de la comercializaci髇 de un producto agr韈ola o alimentario, antes, durante o despu閟 de una transacci髇 de venta, los Estados miembros deben asegurarse de que la presente Directiva se aplique a tales pr醕ticas, sea cual sea la fase en que se produzcan.
• (16) A la hora de decidir si una pr醕tica comercial dada es desleal, es importante reducir el riesgo de limitar el uso de los acuerdos equitativos y generadores de eficiencia entre las partes. En consecuencia, conviene establecer una diferencia entre las pr醕ticas previstas en t閞minos claros e inequ韛ocos en los contratos de suministro, o en acuerdos posteriores entre las partes, y las pr醕ticas que tienen lugar despu閟 de que se haya iniciado la transacci髇 y que no han sido acordadas de antemano, de manera que solo est閚 prohibidos los cambios unilaterales y con car醕ter retroactivo de esos t閞minos claros e inequ韛ocos del contrato de suministro. No obstante, algunas pr醕ticas comerciales se consideran desleales de por s� y no deben estar sujetas a la libertad contractual de las partes.
• (17) La morosidad en el pago de productos agr韈olas y alimentarios, incluida la de productos perecederos, as� como la cancelaci髇 con escasa antelaci髇 de los pedidos de productos perecederos, repercuten negativamente en la viabilidad econ髆ica del proveedor, sin aportarle compensaci髇 a cambio. Por ello deben prohibirse tales pr醕ticas. En este contexto, a los efectos de la presente Directiva, es conveniente poner a punto una definici髇 de productos agr韈olas y alimentarios perecederos. Las definiciones utilizadas en los actos conexos de la legislaci髇 de la UE en materia de alimentos tienen objetivos diferentes, como la salud y la seguridad alimentaria, y, por lo tanto, no son apropiadas a los efectos de la presente Directiva. Debe considerarse un producto como perecedero cuando quepa esperar que no se considerar� apto para la venta en el plazo de 30 d韆s a partir del 鷏timo acto de recolecci髇, producci髇 o transformaci髇 por el proveedor, con independencia de que el producto sea sometido a una nueva transformaci髇 o de que sea manipulado tras su venta de acuerdo con otras normas aplicables, en particular las relativas a seguridad alimentaria. Los productos perecederos suelen consumirse o venderse con rapidez. No es compatible con el comercio leal efectuar el pago de productos perecederos m醩 de 30 d韆s despu閟 de la entrega, 30 d韆s desde la expiraci髇 de un plazo de entrega acordado cuando los productos se entreguen de forma peri骴ica o 30 d韆s desde la fecha en que se fije el importe por pagar. Para facilitar mayor protecci髇 a los agricultores y a su liquidez, los proveedores de otros productos agr韈olas y alimentarios no deben tener que esperar el pago durante m醩 de 60 d韆s despu閟 de la entrega, o de la expiraci髇 de un plazo de entrega acordado cuando los productos se entreguen de forma peri骴ica, o de la fecha de establecimiento del importe por pagar.

  Estas limitaciones deben aplicarse 鷑icamente a los pagos relacionados con la venta de productos agr韈olas y alimentarios, y no a otros pagos como los pagos adicionales de una cooperativa a sus miembros. De conformidad con la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) , debe tambi閚 ser posible considerar la fecha en que se fije el importe por pagar durante un plazo de entrega acordado sea, a efectos de la presente Directiva, la fecha de emisi髇 de la factura, o la fecha de su recepci髇 por el comprador.

• (18) Las disposiciones sobre mora que se establecen en la presente Directiva constituyen normas espec韋icas para el sector agr韈ola y alimentario en relaci髇 con las disposiciones sobre los plazos de pago establecidas en la Directiva 2011/7/UE. Las disposiciones sobre mora que se establecen en la presente Directiva no deben afectar a los acuerdos relativos a cl醬sulas de reparto del valor a tenor del art韈ulo 172 bis del Reglamento (UE) n.� 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) . A fin de preservar el correcto funcionamiento del programa escolar de conformidad con el art韈ulo 23 del Reglamento (UE) n.� 1308/2013, las disposiciones sobre mora establecidas en la presente Directiva no deben aplicarse a los pagos efectuados por un comprador (esto es, un solicitante de ayuda) a un proveedor en el marco del programa escolar. Teniendo en cuenta el reto que supone para las entidades p鷅licas que prestan servicios de asistencia sanitaria el priorizar la asistencia sanitaria de tal forma que se equilibren las necesidades de los distintos pacientes con los recursos financieros, dichas disposiciones tampoco deben aplicarse a las entidades p鷅licas que presten servicios de asistencia sanitaria en el sentido del art韈ulo 4, apartado 4, letra b), de la Directiva 2011/7/UE.
• (19) Las uvas y el mosto para la producci髇 vin韈ola tienen caracter韘ticas especiales por cuanto, aunque las uvas se vendimian 鷑icamente durante un per韔do muy limitado en el a駉, se usan para la producci髇 de vino, cuya venta puede no efectuarse hasta muchos a駉s despu閟. Con el fin de tener en cuenta esta situaci髇 especial, las organizaciones de productores e interprofesionales han venido elaborando contratos tipo para el suministro de dichos productos, en los cuales se prev閚 pagos fraccionados con plazos espec韋icos. El uso de dichos contratos tipo por parte de proveedores y compradores en acuerdos plurianuales no solo proporciona a los productores agr韈olas la seguridad de unas relaciones comerciales de larga duraci髇, sino que contribuye tambi閚 a la estabilidad de la cadena de suministro. Cuando dichos contratos tipo hayan sido elaborados por organizaciones de productores, organizaciones interprofesionales o asociaciones de organizaciones de productores reconocidas, y los Estados miembros hayan dispuesto que sean obligatorios con arreglo al art韈ulo 164 del Reglamento (UE) n.� 1308/2013 (玴r髍roga�) antes del 1 de enero de 2019, o cuando los Estados miembros hayan prorrogado los contratos tipo sin haber efectuado modificaciones significativas de las condiciones de pago en detrimento de los proveedores de uvas y mosto, las disposiciones en materia de mora establecidas en la presente Directiva no deben aplicarse a los contratos entre proveedores de uvas y mosto para la producci髇 vin韈ola y sus compradores directos. En virtud del art韈ulo 164, apartado 6, del Reglamento (UE) n.� 1308/2013, los Estados miembros est醤 obligados a notificar a la Comisi髇 los respectivos acuerdos de organizaciones de productores, organizaciones interprofesionales y asociaciones de organizaciones de productores reconocidas.
• (20) Se deben considerar desleales los anuncios de cancelaci髇 de productos perecederos con un plazo menor de 30 d韆s, ya que el proveedor no estar韆 en disposici髇 de encontrar una salida alternativa para dichos productos. No obstante, en el caso de los productos de determinados sectores, unos plazos de cancelaci髇 a鷑 m醩 cortos podr韆n dejar todav韆 tiempo suficiente para que los proveedores vendan los productos en otro punto o les den ellos mismos uso. Por tanto, los Estados miembros deber韆n tener la potestad de disponer para esos sectores unos plazos de cancelaci髇 m醩 cortos en casos debidamente justificados.
• (21) Los compradores que gozan de una posici髇 m醩 fuerte no deben modificar de forma unilateral las cl醬sulas contractuales acordadas: por ejemplo, suprimir productos objeto de un contrato de suministro. No obstante, ello no debe aplicarse a las situaciones en las que exista un contrato entre un proveedor y un comprador en el que se estipule expresamente que este 鷏timo podr� especificar m醩 adelante un elemento concreto de la transacci髇 con respecto a pedidos futuros: por ejemplo, en relaci髇 con las cantidades encargadas. Los acuerdos no necesariamente se celebran en un momento dado para todos los aspectos de la transacci髇 entre el proveedor y el comprador.
• (22) Los proveedores y los compradores de productos agr韈olas y alimentarios deben poder negociar libremente las transacciones comerciales, incluido el precio. Dichas negociaciones tambi閚 incluyen los pagos por servicios prestados por el comprador al proveedor, como la inclusi髇 en una lista de precios, la comercializaci髇 y la promoci髇. No obstante, deben considerarse desleales y prohibirse con arreglo a la presente Directiva las pr醕ticas por las cuales un comprador imponga a un proveedor pagos que no est閚 relacionados con una transacci髇 de venta concreta.
• (23) Aunque no debe haber obligaci髇 de que los contratos sean por escrito, el uso de contratos escritos en la cadena de suministro agr韈ola y alimentaria podr韆 contribuir a evitar determinadas pr醕ticas comerciales desleales. Por tanto, al objeto de proteger a los proveedores de dichas pr醕ticas desleales, los proveedores o sus asociaciones deben tener el derecho de solicitar una confirmaci髇 por escrito de las condiciones de un contrato de suministro cuando ya se hayan convenido. En tales casos, debe considerarse una pr醕tica comercial desleal y prohibirse la denegaci髇, por parte de un comprador, de la confirmaci髇 por escrito de las cl醬sulas del contrato de suministro. Adem醩, los Estados miembros podr醤 determinar, compartir y promover las mejores pr醕ticas sobre la celebraci髇 de contratos a largo plazo, con objeto de reforzar la capacidad de negociaci髇 de los productores en la cadena de suministro agr韈ola y alimentario.
• (24) La presente Directiva no armoniza las normas relativas a la carga de la prueba que deben aplicarse en el procedimiento ante las autoridades nacionales de ejecuci髇, ni la definici髇 de contratos de suministro. Por tanto, las normas relativas a la carga de la prueba y a la definici髇 de contratos de suministro son las establecidas por la legislaci髇 nacional de los Estados miembros.
• (25) Los proveedores deben poder interponer denuncias contra determinadas pr醕ticas comerciales desleales. Deben prohibirse y considerarse pr醕ticas comerciales desleales las represalias del comprador contra un proveedor que ejerce sus derechos, o la amenaza de tomar tales represalias: por ejemplo, la supresi髇 de productos de las listas de precios, la reducci髇 de las cantidades de productos encargados o la interrupci髇 de determinados servicios que preste un comprador al proveedor, como la comercializaci髇 o la promoci髇 de productos del proveedor, contrarias a que el proveedor ejerza sus derechos.
• (26) Suele ser el comprador el que asume los costes de, el almacenamiento, la exposici髇 o la inclusi髇 en una lista de precios de los productos agr韈olas y alimentarios o la puesta en el mercado de dichos productos. En consecuencia, debe prohibirse con arreglo a la presente Directiva que se imponga al proveedor el pago, destinado al comprador o a un tercero, de dichos servicios, a menos que tal pago se haya acordado en t閞minos claros y sin ambig黣dad durante la celebraci髇 del contrato de suministro o en cualquier otro contrato posterior entre el comprador y el proveedor. Cuando se acuerde tal pago, debe basarse en estimaciones objetivas y razonables.
• (27) Para que se consideren leales las contribuciones de un proveedor a los costes de la promoci髇, comercializaci髇 o publicidad de productos agr韈olas o alimentarios, incluidas la exposici髇 promocional en tiendas y las campa馻s de venta, deben acordarse en t閞minos claros y sin ambig黣dad durante la celebraci髇 del contrato de suministro o en cualquier otro contrato posterior entre el comprador y el proveedor. En cualquier otro caso deben quedar prohibidas con arreglo a la presente Directiva. Cuando se acuerde dicha contribuci髇, debe basarse en estimaciones objetivas y razonables.
• (28) Los Estados miembros deben designar autoridades de ejecuci髇 a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las prohibiciones establecidas en la presente Directiva. Dichas autoridades deben poder actuar por propia iniciativa o en virtud de denuncias formuladas por las partes afectadas por las pr醕ticas comerciales desleales en la cadena de suministro agr韈ola y alimentario, por denunciantes internos o por denunciantes an髇imos. Las autoridades de ejecuci髇 podr韆n estimar que no existen motivos suficientes para instruir una denuncia. Dicha estimaci髇 puede deberse tambi閚 a prioridades administrativas. Si la autoridad estima que no puede dar prioridad a la tramitaci髇 de una denuncia, debe informar al denunciante y justificarlo. Si un denunciante solicita que su identidad sea tratada confidencialmente por temor a represalias, las autoridades de ejecuci髇 de los Estados miembros deben tomar las medidas oportunas.
• (29) En caso de que un Estado miembro tenga m醩 de una autoridad de ejecuci髇, deber� designar un 鷑ico punto de contacto, con el fin de facilitar una cooperaci髇 eficaz entre autoridades competentes y con la Comisi髇.
• (30) Es posible que a los proveedores les resulte m醩 f醕il presentar una denuncia ante la autoridad de ejecuci髇 de su propio Estado miembro, por ejemplo, por razones lingsticas. Sin embargo, puede ser m醩 efectivo, en t閞minos de ejecuci髇, presentar una denuncia ante la autoridad de control del Estado miembro en el que se ubique el comprador. El proveedor debe poder elegir a qu� autoridad desea dirigir su denuncia.
• (31) Las denuncias de organizaciones de productores, de otras organizaciones de proveedores y de asociaciones de tales organizaciones, incluidas las organizaciones representativas, pueden servir para proteger la identidad de miembros concretos de la organizaci髇 que se consideren v韈timas de pr醕ticas comerciales desleales. Otras organizaciones que tengan un inter閟 leg韙imo en la representaci髇 de proveedores deben tener la posibilidad de cursar una denuncia a instancias y en inter閟 de un proveedor, siempre que dichas organizaciones sean personas jur韉icas independientes sin 醤imo de lucro. Las autoridades de ejecuci髇 de los Estados miembros deben, por tanto, tener la posibilidad de aceptar las denuncias presentadas por tales entidades y darles curso, protegiendo al mismo tiempo los derechos procesales del comprador.
• (32) A fin de garantizar la aplicaci髇 efectiva de la prohibici髇 de las pr醕ticas comerciales desleales, las autoridades de ejecuci髇 designadas deber醤 disponer de los recursos necesarios y los conocimientos especializados necesarios.
• (33) Los organismos de ejecuci髇 de los Estados miembros deben tener las atribuciones y los conocimientos t閏nicos necesarios para efectuar investigaciones. La atribuci髇 de competencias a dichas autoridades no significa que estas est閚 obligadas a utilizarlas en cada investigaci髇 que realicen. Las autoridades de ejecuci髇 deben tener atribuciones que les permitan recopilar eficazmente cualquier informaci髇 y tener la facultad de poner t閞mino a una pr醕tica prohibida, si procede.
• (34) La existencia de un elemento disuasorio, como la facultad de imponer o de dar inicio a procedimientos de imposici髇 de multas, por ejemplo por parte de los 髍ganos jurisdiccionales, y otras sanciones igualmente eficaces, as� como la publicaci髇 de los resultados de la investigaci髇, incluida la publicaci髇 de informaci髇 sobre compradores que hayan cometido infracciones, puede favorecer un cambio de comportamiento y soluciones precontenciosas entre las partes y, por consiguiente, debe formar parte de las facultades que se otorguen a las autoridades de ejecuci髇. Las multas pueden ser particularmente eficaces y disuasorias. Sin embargo, la autoridad de ejecuci髇 debe poder decidir en cada investigaci髇 cu醠 de sus competencias ejercer� y si impondr� multas o decidir� otra forma de sanci髇 apropiada igualmente eficaz.
• (35) El ejercicio de las competencias conferidas a las autoridades de ejecuci髇 en virtud de la presente Directiva debe estar sujeto a unas salvaguardias adecuadas que cumplan las normas de los principios generales del Derecho de la Uni髇 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea, incluido el respeto al derecho de defensa del comprador.
• (36) La Comisi髇 y las autoridades de ejecuci髇 de los Estados miembros deben cooperar estrechamente para garantizar que se utilice un planteamiento com鷑 para aplicar las normas establecidas en la presente Directiva. En concreto, las autoridades de ejecuci髇 deben prestarse asistencia mutua, por ejemplo, intercambiando informaci髇 y prestando ayuda en las investigaciones que tengan una dimensi髇 transfronteriza.
• (37) Para facilitar el cumplimiento efectivo, la Comisi髇 debe contribuir a la organizaci髇 de reuniones peri骴icas entre los organismos de ejecuci髇 de los Estados miembros en las que puedan intercambiarse informaci髇 pertinente, mejores pr醕ticas, novedades, pr醕ticas de ejecuci髇 y recomendaciones en relaci髇 con la aplicaci髇 de las disposiciones establecidas en la presente Directiva.
• (38) A fin de facilitar dichos intercambios, la Comisi髇 debe crear un sitio web p鷅lico que contenga referencias a las autoridades nacionales de ejecuci髇 y que incluya informaci髇 sobre las disposiciones nacionales de transposici髇 de la presente Directiva.
• (39) Como la mayor韆 de los Estados miembros ya disponen de normas nacionales sobre pr醕ticas comerciales desleales, aunque divergentes, una directiva constituye el instrumento adecuado para introducir un nivel m韓imo de protecci髇 en el marco del Derecho de la Uni髇. Esto deber韆 permitir a los Estados miembros integrar las normas pertinentes en su ordenamiento jur韉ico nacional de una manera tal que se permita instaurar reg韒enes cohesivos. No debe impedirse que los Estados miembros mantengan e introduzcan en su territorio una normativa nacional m醩 estricta que establezca un nivel de protecci髇 m醩 elevado contra las pr醕ticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agr韈ola y alimentario, dentro de los l韒ites del Derecho de la Uni髇 aplicable al funcionamiento del mercado interior y siempre que dicha normativa sea proporcionada.
• (40) Los Estados miembros deben tener la posibilidad de mantener o introducir normas nacionales concebidas para combatir las pr醕ticas comerciales desleales que no se ajusten al 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva, dentro de los l韒ites del Derecho de la Uni髇 aplicable al funcionamiento del mercado interior y si dichas normas son proporcionadas. Dichas normas nacionales podr韆n ir m醩 all� de lo que dispone la presente Directiva, por ejemplo, en lo relativo al tama駉 de compradores y proveedores, la protecci髇 de los compradores y el alcance de los productos y los servicios. Dichas normas nacionales podr韆n ir m醩 all� tambi閚 del tipo y n鷐ero de las pr醕ticas comerciales prohibidas enumeradas en la presente Directiva.
• (41) Dichas normas nacionales se aplicar韆n junto con medidas de gobernanza voluntarias, como c骴igos de conducta nacionales o la Iniciativa de la Cadena de Suministro. Se anima expl韈itamente a recurrir a s la resoluci髇 alternativa de conflictos voluntaria entre proveedores y compradores, sin perjuicio del derecho del proveedor a presentar una denuncia o a buscar el amparo de los tribunales civiles.
• (42) La Comisi髇 debe tener una visi髇 de conjunto de la aplicaci髇 de la presente Directiva en los Estados miembros. Por otra parte, debe poder evaluar la eficacia de la presente Directiva. A tal fin, es conveniente que las autoridades de ejecuci髇 de los Estados miembros presenten informes anuales a la Comisi髇. Dichos informes deben, cuando corresponda, proporcionar informaci髇 cuantitativa y cualitativa sobre las denuncias, las investigaciones y las decisiones adoptadas. Con objeto de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicaci髇 de la obligaci髇 de informaci髇, procede conferir a la Comisi髇 competencias de ejecuci髇. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.� 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) .
• (43) Para lograr una aplicaci髇 efectiva de los principios de actuaci髇 con respecto a las pr醕ticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agr韈ola y alimentario, la Comisi髇 debe revisar la aplicaci髇 de la presente Directiva y presentar un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comit� Econ髆ico y Social Europeo y al Comit� de las Regiones. Dicha revisi髇 debe evaluar, en particular, la eficacia de las medidas nacionales destinadas a luchar contra las pr醕ticas comerciales desleales en la cadena de suministro agr韈ola y alimentario y la eficacia de la cooperaci髇 entre las autoridades de ejecuci髇. Es importante que en la revisi髇 se preste atenci髇 a si, en el futuro, estar韆 justificada la protecci髇 de los compradores de productos agr韈olas y alimentarios en la cadena de suministro, adem醩 de a los proveedores. El informe debe ir acompa馻do, si procede, de propuestas legislativas.
• (44) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, el establecimiento en toda la Uni髇 de unas normas m韓imas de protecci髇 mediante la armonizaci髇 de las medidas divergentes de los Estados miembros en materia de pr醕ticas comerciales desleales, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, debido a su dimensi髇 y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de contrato con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del Tratado de la Uni髇 Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: