Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE, y se deroga la Directiva 1999/44/CE

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Sumario

Directiva燯E 2019/771, 20 mayo rectificada por correcci髇 de errores (獶.O.U.E.L.� 26 noviembre).LE0000654500_20190611

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular su art韈ulo 114,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) Para seguir manteniendo la competitividad en los mercados internacionales, la Uni髇 debe mejorar el funcionamiento del mercado interior y dar una respuesta satisfactoria a los m鷏tiples desaf韔s planteados en la actualidad por una econom韆 cada vez m醩 basada en la tecnolog韆. La Estrategia para un Mercado 趎ico Digital establece un amplio marco que facilita la integraci髇 de la dimensi髇 digital en el mercado interior. El primer pilar de la Estrategia del Mercado 趎ico Digital trata la fragmentaci髇 del comercio en el interior de la Uni髇 abordando los principales obst醕ulos para el desarrollo del comercio electr髇ico transfronterizo, que constituye la parte m醩 importante de las ventas transfronterizas de bienes de las empresas a los consumidores.
• (2) El art韈ulo 26, apartados 1 y 2, del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE) establece que la Uni髇 adoptar� las medidas destinadas a establecer el mercado interior o a garantizar su funcionamiento y que este implicar� un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulaci髇 de mercanc韆s y servicios est� garantizada. En el art韈ulo 169, apartado 1, y apartado 2, letra a), del TFUE se establece que la Uni髇 contribuir� a alcanzar un alto nivel de protecci髇 de los consumidores, mediante las medidas que adopte en virtud del art韈ulo 114 del TFUE en el marco de la realizaci髇 del mercado interior. El objetivo de la presente Directiva es lograr un equilibrio adecuado entre alcanzar un alto nivel de protecci髇 de los consumidores y promover la competitividad de las empresas, al mismo tiempo que se garantiza el respeto del principio de subsidiariedad.
• (3) Deben armonizarse determinados aspectos relativos a los contratos de compraventa de bienes, partiendo de la base de un alto nivel de protecci髇 de los consumidores, a fin de lograr un aut閚tico mercado 鷑ico digital, reforzar la seguridad jur韉ica y reducir los costes de las transacciones, en particular para las peque馻s y medianas empresas (pymes).
• (4) El comercio electr髇ico es un motor fundamental de crecimiento en el marco del mercado interior. Sin embargo, su potencial de crecimiento est� lejos de ser aprovechado en su totalidad. Con el fin de fortalecer la competitividad de la Uni髇 e impulsar el crecimiento, la Uni髇 necesita actuar con rapidez y estimular a los agentes econ髆icos para desarrollar todo el potencial ofrecido por el mercado interior. El potencial del mercado interior solo puede aprovecharse plenamente si todos los participantes del mercado disfrutan de acceso f醕il a la compraventa transfronteriza de bienes, incluido el comercio electr髇ico. Las normas de Derecho contractual sobre cuya base los participantes del mercado realizan transacciones son uno de los factores clave que conforman las decisiones empresariales sobre si ofrecer bienes en otros pa韘es. Estas normas tambi閚 inf luyen en la disposici髇 de los consumidores a aceptar y confiar en este tipo de compras.
• (5) La evoluci髇 tecnol骻ica ha dado lugar a un incremento del mercado de bienes que incorporan contenidos o servicios digitales o est醤 interconectados con ellos. Debido al n鷐ero cada vez mayor de tales dispositivos y al r醦ido aumento de su utilizaci髇 por los consumidores, se precisa una actuaci髇 a escala de la Uni髇 para garantizar un alto nivel de protecci髇 de los consumidores y para aumentar la seguridad jur韉ica en lo que se refiere a las normas aplicables a los contratos de compraventa de dichos productos. Un aumento de la seguridad jur韉ica contribuir韆 a reforzar la confianza de los consumidores y vendedores.
• (6) La normativa de la Uni髇 aplicable a la compraventa de bienes a鷑 est� fragmentada, aunque las normas sobre las condiciones de entrega y, por lo que se refiere a los contratos a distancia o celebrados fuera del establecimiento, los requisitos de informaci髇 precontractual y el derecho de desistimiento ya han sido plenamente armonizados por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) . Otros elementos contractuales fundamentales, como los criterios de conformidad o las medidas correctoras por falta de conformidad con el contrato y las principales modalidades para exigirlas, est醤 actualmente sujetos a una armonizaci髇 m韓ima en virtud de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) . Los Estados miembros han sido facultados para ir m醩 all� de las normas de la Uni髇 e introducir o mantener disposiciones que garanticen que se logre un nivel incluso m醩 alto de protecci髇 de los consumidores. Al hacerlo, han actuado sobre diferentes elementos y en distintos grados. Por ello, las disposiciones nacionales que transponen la Directiva 1999/44/CE difieren significativamente en la actualidad en cuanto a los elementos esenciales, como la ausencia o la existencia de una jerarqu韆 entre las medidas correctoras.
• (7) Las disparidades existentes pueden afectar negativamente a las empresas y a los consumidores. De acuerdo con el Reglamento (CE) n.� 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) , las empresas que dirijan sus actividades a los consumidores de otros Estados miembros deben tener en cuenta las normas imperativas en materia de contratos con los consumidores del Derecho del pa韘 de residencia habitual del consumidor. Dado que dichas normas difieren entre Estados miembros, las empresas podr韆n tener que asumir costes adicionales. En consecuencia, muchas empresas podr韆n preferir seguir operando a nivel nacional o exportar solo a uno o dos Estados miembros. Esa elecci髇 de minimizar la exposici髇 a los costes y riesgos asociados al comercio transfronterizo se traduce en la p閞dida de oportunidades para la expansi髇 comercial y las econom韆s de escala. Las pymes resultan especialmente afectadas.
• (8) Aunque los consumidores disfrutan de un alto nivel de protecci髇 cuando compran en el extranjero como resultado de la aplicaci髇 del Reglamento (CE) n.� 593/2008, la fragmentaci髇 jur韉ica tambi閚 afecta negativamente a los niveles de confianza de los consumidores en el comercio transfronterizo. Si bien son varios los factores que contribuyen a este recelo, la incertidumbre sobre los derechos contractuales esenciales figura entre las preocupaciones principales de los consumidores. Esta incertidumbre existe con independencia de si los consumidores est醤 protegidos o no por normas imperativas en materia de contratos con los consumidores en el Derecho de su propio Estado miembro en el caso de que sean ellos los destinatarios de las actividades transfronterizas de los vendedores, o de si los consumidores celebran o no contratos transfronterizos con vendedores sin que el vendedor correspondiente desarrolle actividades comerciales en el Estado miembro del consumidor.
• (9) Si bien la compraventa de bienes en l韓ea constituye la gran mayor韆 de las compraventas transfronterizas en la Uni髇, las diferencias existentes en Derecho nacional en materia de contratos tambi閚 afectan a los minoristas que utilizan canales de venta a distancia y a los minoristas que realizan ventas presenciales, impidiendo su expansi髇 transfronteriza. La presente Directiva debe aplicarse a todos los canales de venta, a fin de crear unas condiciones de competencia equitativas para todas las empresas que venden productos a los consumidores. Al establecer normas uniformes en todos los canales de venta, la presente Directiva debe evitar cualquier divergencia que pudiera suponer cargas desproporcionadas para el creciente n鷐ero de minoristas omnicanal en la Uni髇. La necesidad de mantener normas coherentes sobre compraventa y garant韆s para todos los canales de venta se confirm� en el control de adecuaci髇 de la legislaci髇 en materia de protecci髇 de los consumidores y comercializaci髇 publicado por la Comisi髇 el 29 de mayo de 2017, que tambi閚 inclu韆 a la Directiva 1999/44/CE.
• (10) La presente Directiva debe comprender normas aplicables a la compraventa de bienes, entre ellos los bienes con elementos digitales, tan solo en relaci髇 con los elementos contractuales fundamentales para superar los obst醕ulos relacionados con el Derecho contractual en el mercado interior. Con este fin, las normas sobre requisitos de conformidad, las medidas correctoras disponibles para los consumidores por falta de conformidad de los bienes con el contrato y las principales modalidades para recurrir a ellas deben estar plenamente armonizadas, y el nivel de protecci髇 de los consumidores debe incrementarse con respecto a la Directiva 1999/44/CE. Unas normas totalmente armonizadas respecto de algunos elementos esenciales del Derecho de los contratos con los consumidores facilitar韆n a las empresas, especialmente a las pymes, ofrecer sus productos en otros Estados miembros. Los consumidores gozar韆n de un alto nivel de protecci髇 y de un mayor bienestar gracias a la plena armonizaci髇 de las principales normas.
• (11) La presente Directiva complementa la Directiva 2011/83/UE. Mientras que la Directiva 2011/83/UE establece principalmente disposiciones relativas a los requisitos de informaci髇 precontractual, el derecho de desistimiento de los contratos a distancia y los contratos fuera del establecimiento y las disposiciones sobre la entrega y la transmisi髇 del riesgo, la presente Directiva introduce normas sobre la conformidad de los bienes, las medidas correctoras en caso de falta de conformidad y las modalidades para exigirlas.
• (12) La presente Directa solo debe aplicarse a objetos muebles tangibles que constituyan bienes tal como se definen en la presente Directiva. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener la facultad para regular los contratos de compraventa de bienes inmuebles, como los edificios de viviendas, y los componentes principales de estos destinados a constituir una parte importante de tales bienes inmuebles.
• (13) La presente Directiva y la Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) deben complementarse mutuamente. Mientras la Directiva (UE) 2019/770 establece normas sobre determinados requisitos relativos a los contratos de suministro de contenidos o servicios digitales, la presente Directiva establece normas sobre determinados requisitos relativos a los contratos de compraventa de bienes. Por consiguiente, para satisfacer las expectativas de los consumidores y garantizar un marco legal claro y sencillo para los empresarios de contenidos o servicios digitales, la Directiva (UE) 2019/770 se aplica al suministro de contenidos o servicios digitales, incluidos los contenidos digitales suministrados en un soporte material, como DVD, CD, memorias USB y tarjetas de memoria, as� como al soporte material propiamente dicho, siempre que el soporte material sirva exclusivamente como portador de los contenidos digitales. Por el contrario, la presente Directiva debe aplicarse a los contratos de compraventa de bienes, entre ellos, los bienes con elementos digitales que requieren un contenido o servicio digital para cumplir sus funciones.
• (14) El t閞mino 玝ienes� tal como se emplea en la presente Directiva debe entenderse que incluye los 玝ienes con elementos digitales� y, por lo tanto, que se refiere tambi閚 a cualquier contenido o servicio digital que se incorpore a dichos bienes o se interconecte con ellos de tal modo que la ausencia de dicho contenido o servicio digital impedir韆 que los bienes cumpliesen sus funciones. Los contenidos digitales que se incorporan a un bien o se interconectan con 閘 pueden consistir en cualesquiera datos que se produzcan y suministren en formato digital, como por ejemplo los sistemas operativos, las aplicaciones y cualquier otro programa inform醫ico. Los contenidos digitales pueden estar preinstalados en el momento de la celebraci髇 del contrato de compraventa o, cuando as� lo estipule el contrato, instalarse posteriormente. Los servicios digitales interconectados con un bien pueden ser servicios que permiten la creaci髇, el tratamiento, la consulta o el almacenamiento de datos en formato digital, o el acceso a ellos, como por ejemplo los programas inform醫icos como servicio que se ofrece en el entorno de computaci髇 en la nube, el suministro continuo de datos de tr醘ico en un sistema de navegaci髇, o el suministro continuo de planes de entrenamiento adaptados individualmente como en el caso de un reloj de pulsera inteligente.
• (15) La presente Directiva debe aplicarse a los contratos de compraventa de bienes, incluidos los bienes con elementos digitales en los que la ausencia del contenido o servicio digital incorporado o interconectado impedir韆 que los bienes cumpliesen sus funciones y en los que el contenido o servicio digital se facilita con los bienes en virtud de un contrato de compraventa relativo a esos bienes. Si el suministro del contenido o servicio digital incorporado o interconectado forma o no parte del contrato de compraventa con el vendedor es algo que depende del contenido de dicho contrato. Lo anterior se aplica tambi閚 a los contenidos o servicios digitales incorporados o interconectados cuyo suministro se requiere expresamente en el contrato. Debe comprender asimismo aquellos contratos de compraventa que puedan interpretarse de modo que comprendan el suministro de contenidos o servicios digitales espec韋icos porque estos normalmente est醤 incluidos en bienes del mismo tipo y el consumidor puede esperar razonablemente que lo est閚 dada la naturaleza de los bienes y teniendo en cuenta toda declaraci髇 p鷅lica realizada por el vendedor o por su cuenta, o por otras personas en fases previas de la cadena de transacciones, incluido el productor. Si, por ejemplo, la publicidad de un televisor inteligente indicase que incluye una aplicaci髇 de v韉eo concreta, dicha aplicaci髇 formar韆 parte del contrato de compraventa. Lo anterior debe aplicarse con independencia de que el contenido o servicio digital est� preinstalado en el propio bien o tenga que descargarse posteriormente en otro dispositivo y tan solo est� interconectado con el bien. Por ejemplo, un tel閒ono inteligente podr韆 presentarse con una aplicaci髇 normalizada preinstalada que se suministrase en virtud del contrato de compraventa, como una aplicaci髇 de alarma o una aplicaci髇 de c醡ara. Otro ejemplo podr韆 ser un reloj de pulsera inteligente. En este caso, el propio reloj ser韆 el bien con elementos digitales, que 鷑icamente puede cumplir sus funciones con una aplicaci髇 que se suministra en virtud del contrato de compraventa, pero que el consumidor tiene que descargar en un tel閒ono inteligente: la aplicaci髇 ser韆 entonces el elemento digital interconectado. Lo anterior debe aplicarse tambi閚 si el contenido o servicio digital incorporado o interconectado no es suministrado por el propio vendedor, sino por un tercero en virtud del contrato de compraventa. A fin de evitar la incertidumbre de vendedores y consumidores, en caso de que se dude de si el suministro de los contenidos o servicios digitales forma parte o no del contrato de compraventa, se deben aplicar las normas de la presente Directiva. Adem醩, la determinaci髇 de una relaci髇 contractual bilateral entre el vendedor y el consumidor de la que forme parte el suministro del contenido o servicio digital incorporado o interconectado no debe verse afectada por el mero hecho de que el consumidor deba dar su aprobaci髇 a un acuerdo de licencia con un tercero para poder acceder al contenido o servicio digital.
• (16) Por el contrario, si la ausencia de contenidos o servicios digitales incorporados o interconectados no impidiera que los bienes realizaran sus funciones o si el consumidor celebra un contrato para el suministro de contenidos o servicios digitales que no forma parte de un contrato de compraventa de bienes con elementos digitales, ese contrato debe considerarse independiente del contrato de compraventa de los bienes, aunque el vendedor act鷈 como intermediario de ese segundo contrato con el suministrador tercero, y podr韆 entrar en el 醡bito de aplicaci髇 de la Directiva (UE) 2019/770 si se cumplen las condiciones que esta establece. Por ejemplo, si el consumidor descarga en un tel閒ono inteligente una aplicaci髇 de juego desde la tienda de aplicaciones, el contrato de suministro de la aplicaci髇 de juego es independiente del contrato de compraventa del propio tel閒ono inteligente. Por lo tanto, la presente Directiva solo debe aplicarse al contrato de compraventa del propio tel閒ono inteligente, mientras que el suministro de la aplicaci髇 de juego debe entrar en el 醡bito de aplicaci髇 de la Directiva (UE) 2019/770 si se cumplen las condiciones que esta establece. Otro ejemplo ser韆 un caso en que se haya convenido expresamente que el consumidor compra un tel閒ono inteligente sin un sistema operativo espec韋ico, y posteriormente el consumidor celebra un contrato de suministro de un sistema operativo de un tercero. En tal caso, el suministro del sistema operativo comprado por separado no formar韆 parte del contrato de compraventa y, por lo tanto, no entrar韆 en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva, pero podr韆 entrar en el 醡bito de aplicaci髇 de la Directiva (UE) 2019/770 si se cumplen las condiciones que esta establece.
• (17) Por razones de claridad jur韉ica, la presente Directiva debe incluir una definici髇 de contrato de compraventa, as� como definir claramente su alcance. El 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva debe tambi閚 extenderse a contratos relativos a bienes que todav韆 hayan de ser producidos o fabricados, incluso de acuerdo con las especificaciones del consumidor. Por otra parte, una instalaci髇 de los bienes podr韆 entrar en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva si la instalaci髇 forma parte del contrato de compraventa y tiene que ser realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad. Cuando un contrato incluya elementos tanto de venta de bienes como de suministro de servicios, debe dejarse a la determinaci髇 del Derecho nacional si la totalidad del contrato puede clasificarse como contrato de compraventa seg鷑 la definici髇 de la presente Directiva.
• (18) La presente Directiva no debe afectar al Derecho nacional en la medida en que las materias de que se trate no est閚 reguladas por ella, en particular en lo que ata馿 a la legalidad de los bienes, los da駉s y perjuicios y los aspectos generales de Derecho contractual como la celebraci髇, validez, nulidad o efectos de los contratos. Lo mismo debe aplicarse a las consecuencias de la terminaci髇 del contrato y a determinados aspectos relativos a la reparaci髇 y sustituci髇 que no est閚 regulados por la presente Directiva. Al regular los derechos de las partes a suspender el cumplimiento de sus obligaciones o parte de ellas hasta que la otra parte cumpla sus obligaciones, los Estados miembros deben conservar la libertad de regular las condiciones y modalidades para que el consumidor suspenda el pago del precio. Los Estados miembros tambi閚 deben mantener la libertad de regular el derecho del consumidor a una indemnizaci髇 por da駉s y perjuicios sufridos como consecuencia de que el vendedor haya infringido lo dispuesto en la presente Directiva. La presente Directiva tampoco debe afectar a las normas nacionales que no se refieran espec韋icamente a los contratos con consumidores y establezcan acciones concretas a causa de determinados tipos de vicios que no fueran manifiestos en el momento en que se celebr� el contrato de compraventa, a saber, disposiciones nacionales que puedan establecer normas espec韋icas relativas a la responsabilidad del vendedor por vicios ocultos. La presente Directiva tampoco debe afectar a las normas nacionales que establezcan medidas correctoras de naturaleza extracontractual de que dispone el consumidor en caso de falta de conformidad de los bienes, frente a las personas que intervengan en fases previas de la cadena de transacciones, por ejemplo los fabricantes, u otras personas que cumplan las obligaciones de dichas personas.
• (19) La presente Directiva no debe afectar a la facultad de los Estados miembros de permitir a los consumidores elegir una medida correctora concreta si la falta de conformidad de los bienes se manifiesta poco despu閟 de la entrega, como ser韆n las disposiciones nacionales que establezcan el derecho del consumidor a rechazar los bienes que presenten un vicio y a considerar denunciado el contrato, o a pedir la sustituci髇 inmediata del bien, dentro de un breve plazo no superior a 30 d韆s despu閟 de la entrega.
• (20) Los Estados miembros deben seguir teniendo la facultad de regular las obligaciones de informaci髇 que tiene el vendedor en relaci髇 con la celebraci髇 del contrato o el deber del vendedor de advertir al consumidor, por ejemplo, de determinadas caracter韘ticas de los bienes, de la idoneidad de los materiales facilitados por el consumidor o de posibles inconvenientes derivados de solicitudes espec韋icas del consumidor, por ejemplo la petici髇 de utilizar un tejido determinado para la confecci髇 de un traje de fiesta.
• (21) Los Estados miembros tambi閚 deben seguir teniendo la libertad de ampliar la aplicaci髇 de las normas de la presente Directiva a los contratos que han sido excluidos de su 醡bito de aplicaci髇, o de regular de otro modo tales contratos. Por ejemplo, los Estados miembros deben seguir teniendo la libertad de hacer extensiva la protecci髇 que la presente Directiva proporciona a los consumidores tambi閚 a las personas f韘icas o jur韉icas que no sean consumidores en el sentido de la presente Directiva, como organizaciones no gubernamentales, empresas emergentes y pymes.
• (22) La definici髇 de consumidor debe incluir a las personas f韘icas que act鷄n al margen de su actividad comercial, empresa, oficio o profesi髇. No obstante, los Estados miembros tambi閚 deben seguir teniendo la libertad de determinar, en el caso de los contratos con doble objeto, en los que el contrato se celebra con un objeto en parte relacionado y en parte no relacionado con la actividad comercial de la persona, y en los que el objeto comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general del contrato, si dicha persona debe ser considerada un consumidor y en qu� condiciones.
• (23) La presente Directiva debe aplicarse a cualquier contrato en virtud del cual el vendedor transmite o se compromete a transmitir la propiedad de los bienes al consumidor. Los prestadores de plataformas pueden ser considerados vendedores a los efectos de la presente Directiva si act鷄n con fines relacionados con sus propias actividades y en calidad de socio contractual directo del consumidor en la compraventa de bienes. Los Estados miembros deben seguir teniendo la libertad de ampliar la aplicaci髇 de la presente Directiva a los prestadores de plataformas que no cumplan los requisitos para ser considerados vendedores a los efectos de la presente Directiva.
• (24) Con el fin de equilibrar el requisito de seguridad jur韉ica con una f lexibilidad adecuada de las normas legales, cualquier referencia en la presente Directiva a lo que se puede esperar de una persona o a lo que una persona puede esperar debe entenderse como una referencia a lo que se pueda razonablemente esperar. El criterio de razonabilidad debe ser objetivamente determinable teniendo en cuenta la naturaleza y la finalidad del contrato, las circunstancias del caso y los usos y pr醕ticas de las partes implicadas.
• (25) Con el fin de aportar claridad sobre lo que un consumidor puede esperar de los bienes y cu醠 ser韆 la responsabilidad del vendedor en el supuesto de no entregar lo que se espera, resulta esencial armonizar plenamente las normas para determinar si los bienes son conformes. Toda referencia a la conformidad en la presente Directiva debe referirse a la conformidad de los bienes con el contrato de compraventa. A fin de salvaguardar los intereses leg韙imos de las dos partes de un contrato de compraventa, la conformidad debe evaluarse sobre la base de requisitos de conformidad tanto subjetivos como objetivos.
• (26) Por consiguiente, los bienes deben cumplir los requisitos pactados entre el vendedor y el consumidor en el contrato de compraventa. Estos requisitos podr韆n incluir, entre otros aspectos, la cantidad, la calidad, el tipo y la descripci髇 de los bienes, su aptitud para un prop髎ito espec韋ico, as� como la entrega de los bienes con los accesorios pactados e instrucciones. Los requisitos del contrato de compraventa deben incluir los que resulten de la informaci髇 precontractual que, de acuerdo con la Directiva 2011/83/UE, forma parte integrante del contrato de compraventa.
• (27) El concepto de funcionalidad debe entenderse que se refiere a las formas en que los bienes realizan sus funciones teniendo en cuenta su finalidad. El concepto de interoperabilidad se refiere a si, y en qu� medida, los bienes pueden funcionar con aparatos (hardware) o programas (software) distintos de aquellos con los cuales se utilizan normalmente los bienes del mismo tipo. El buen funcionamiento podr韆 incluir, por ejemplo, la capacidad de los bienes para intercambiar informaci髇 con esos otros programas (software) o aparatos (hardware) y utilizar la informaci髇 intercambiada.
• (28) Dado que los contenidos y servicios digitales incorporados a bienes o interconectados con estos se encuentran en constante desarrollo, los vendedores pueden convenir con los consumidores el suministro de actualizaciones para dichos bienes. Las actualizaciones, tal como se estipulen en el contrato de compraventa, pueden mejorar y reforzar el elemento del bien constituido por contenidos o servicios digitales, ampliar sus funcionalidades, adaptarlo a los avances t閏nicos, protegerlo frente a las nuevas amenazas para la seguridad o servir a otros fines. Por lo tanto, la conformidad de los bienes con los contenidos o servicios digitales incorporados o interconectados con ellos tambi閚 debe evaluarse en funci髇 de si el elemento del bien constituido por contenidos o servicios digitales est� actualizado de la forma en que se haya estipulado en el contrato de compraventa. La falta de suministro de actualizaciones que se hayan acordado en el contrato de compraventa debe considerarse una falta de conformidad de los bienes. Adem醩, las actualizaciones defectuosas o incompletas tambi閚 deben considerarse una falta de conformidad de los bienes, por cuanto ello supondr韆 que dichas actualizaciones no se realizan de la forma estipulada en el contrato de compraventa.
• (29) Para ser conformes, los bienes deben cumplir no solo los requisitos subjetivos de conformidad, sino que adem醩 deben cumplir los requisitos objetivos de conformidad establecidos en la presente Directiva. La conformidad debe evaluarse considerando, entre otros factores, el fin para el que se utilizar韆n normalmente los bienes del mismo tipo, si se suministran con los accesorios e instrucciones que el consumidor puede esperar razonablemente recibir o si corresponden a la muestra o modelo que el vendedor facilit� al consumidor. Los bienes tambi閚 deben poseer las cualidades y caracter韘ticas que normalmente presentan los bienes del mismo tipo y que el consumidor pueda esperar razonablemente, dada la naturaleza de los bienes y teniendo en cuenta cualquier declaraci髇 p鷅lica realizada por el vendedor, o en su nombre, o por otra persona en fases previas de la cadena de transacciones.
• (30) Adem醩 de las actualizaciones acordadas en el contrato, el vendedor tambi閚 debe facilitar actualizaciones, en particular actualizaciones de seguridad, con el fin de garantizar que los bienes con elementos digitales sigan siendo conformes. La obligaci髇 del vendedor debe limitarse a las actualizaciones que sean necesarias para que esos bienes mantengan su conformidad con los requisitos de conformidad objetivos y subjetivos establecidos en la presente Directiva. Salvo que las partes lo hayan acordado de otro modo en el contrato, el vendedor no debe estar obligado a proporcionar versiones mejoradas de los contenidos o servicios digitales de los bienes ni a mejorar o ampliar sus funcionalidades m醩 all� de los requisitos de conformidad. Cuando una actualizaci髇 facilitada por el vendedor o por un tercero que suministre el contenido o servicio digital de acuerdo con el contrato de compraventa genere una falta de conformidad de los bienes con elementos digitales, la responsabilidad de restablecer la conformidad debe corresponder al vendedor. El consumidor debe seguir siendo libre de elegir si instalar las actualizaciones facilitadas. Si el consumidor decide no instalar las actualizaciones necesarias para los bienes con elementos digitales para mantener su conformidad, el consumidor no debe esperar que tales productos sigan siendo conformes. El vendedor debe informar al consumidor de que la decisi髇 de este 鷏timo de no instalar las actualizaciones necesarias para mantener la conformidad de los bienes con elementos digitales, incluidas las actualizaciones de seguridad, repercutir� en la responsabilidad del vendedor por la conformidad de aquellas caracter韘ticas de los bienes con elementos digitales cuya conformidad deben mantener las correspondientes actualizaciones. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones establecidas en otras normas de Derecho de la Uni髇 o en el Derecho nacional de facilitar actualizaciones de seguridad.
• (31) En principio, en el caso de los bienes con elementos digitales, cuando los contenidos o servicios digitales incorporados a los bienes o interconectados con estos se suministren en un 鷑ico acto de suministro, el vendedor solo debe ser responsable de la falta de conformidad que exista en el momento de la entrega. No obstante, la obligaci髇 de suministrar actualizaciones debe ref lejar el hecho de que el entorno digital de este tipo de bienes experimenta constantemente cambios. Por lo tanto, las actualizaciones son un instrumento necesario para garantizar que los bienes est閚 en condiciones de funcionar de la misma manera que en el momento de la entrega. Adem醩, los bienes con elementos digitales, contrariamente a los tradicionales, no son totalmente independientes del entorno del vendedor porque este, o un tercero que suministre los contenidos o servicios digitales con arreglo al contrato de compraventa, puede actualizarlos a distancia, normalmente a trav閟 de internet. Por lo tanto, si los contenidos o servicios digitales se facilitan en un 鷑ico acto de suministro, el vendedor debe estar obligado a suministrar las actualizaciones necesarias para mantener conformes los bienes con elementos digitales durante un per韔do de tiempo que el consumidor pueda razonablemente esperar, incluso aunque los bienes fueran conformes en el momento de la entrega. El per韔do de tiempo durante el que el consumidor pueda razonablemente esperar recibir actualizaciones debe evaluarse sobre la base del tipo y la finalidad de los bienes y los elementos digitales y teniendo en cuenta las circunstancias y la naturaleza del contrato de compraventa. Un consumidor esperar韆 normalmente recibir actualizaciones al menos durante el per韔do durante el cual el vendedor sea responsable de una falta de conformidad, mientras que en algunos casos las expectativas razonables del consumidor podr韆n extenderse m醩 all� de dicho per韔do, como podr韆 ser el caso, en particular, en lo que respecta a las actualizaciones de seguridad. En otros casos, por ejemplo en relaci髇 con bienes con elementos digitales con una finalidad limitada en el tiempo, la obligaci髇 del vendedor de facilitar actualizaciones normalmente estar韆 limitada a ese per韔do de tiempo.
• (32) Garantizar una mayor durabilidad de los bienes es importante para lograr patrones de consumo m醩 sostenibles y una econom韆 circular. De forma similar, resulta esencial mantener los productos no conformes fuera del mercado de la Uni髇 reforzando la vigilancia del mercado y ofreciendo incentivos adecuados a los operadores econ髆icos para aumentar la confianza en el funcionamiento del mercado interior. Con tales fines, una legislaci髇 de la Uni髇 espec韋ica sobre productos es el medio m醩 apropiado para introducir requisitos de durabilidad y otros requisitos relativos a los productos en relaci髇 con tipos o grupos espec韋icos de productos, utilizando criterios adaptados a esa finalidad. La presente Directiva, por tanto, debe ser complementaria a los objetivos perseguidos en dicha legislaci髇 de la Uni髇 espec韋ica sobre productos y debe incluir la durabilidad como criterio objetivo para la evaluaci髇 de la conformidad de los bienes. En la presente Directiva, la durabilidad debe referirse a la capacidad de los bienes de mantener sus funciones y rendimiento obligatorios en condiciones normales de utilizaci髇. Para que los bienes sean conformes deben poseer la durabilidad que sea habitual en bienes del mismo tipo y que el consumidor pueda razonablemente esperar habida cuenta de la naturaleza de los bienes espec韋icos, incluida la posible necesidad de un mantenimiento razonable de los bienes, como la revisi髇 peri骴ica o el cambio de los filtros de un veh韈ulo, y de cualquier declaraci髇 realizada por cualquier persona que constituya una fase en la cadena de transacciones, o por cuenta de ella. La evaluaci髇 debe tener en cuenta asimismo todas las dem醩 circunstancias pertinentes, como el precio de los bienes y la intensidad o frecuencia del uso que el consumidor haga de estos. Adem醩, en la medida en que la informaci髇 espec韋ica sobre la durabilidad se indique en cualquier declaraci髇 precontractual que forme parte de los contratos de compraventa, el consumidor debe poder confiar en ella como parte de los criterios subjetivos de conformidad.
• (33) Con arreglo a la presente Directiva, el vendedor debe estar obligado a entregar al consumidor bienes que sean conformes en el momento de la entrega. Es posible que los vendedores recurran a piezas de repuesto a fin de cumplir con su obligaci髇 de reparaci髇 en caso de que en el momento de la entrega exista falta de conformidad. Si bien la presente Directiva no debe imponer una obligaci髇 a los vendedores de garantizar la disponibilidad de piezas de recambio durante un per韔do de tiempo como un requisito objetivo de conformidad, ello no debe afectar a otras disposiciones de Derecho nacional que obliguen al vendedor, al productor o a otra persona que constituya una fase en la cadena de transacciones a garantizar la disponibilidad de piezas de recambio o a informar al consumidor sobre dicha disponibilidad.
• (34) Un amplio n鷐ero de bienes de consumo deben ser instalados antes de que el consumidor pueda utilizarlos efectivamente. Adem醩, en el caso de los bienes con elementos digitales, normalmente es necesario instalar los contenidos o servicios digitales para que el consumidor pueda utilizar los bienes con arreglo a su finalidad prevista. Por lo tanto, toda falta de conformidad resultante de una instalaci髇 incorrecta de los bienes, en particular de una instalaci髇 incorrecta del contenido o servicio digital incorporado a los bienes o interconectado con estos, debe considerarse una falta de conformidad cuando la instalaci髇 la realice el vendedor o se haga bajo su responsabilidad. En caso de que se haya previsto que los bienes sean instalados por el consumidor, toda falta de conformidad resultante de la instalaci髇 incorrecta debe considerarse una falta de conformidad de los bienes, independientemente de que quien realice la instalaci髇 sea el consumidor o un tercero bajo su responsabilidad, cuando la instalaci髇 incorrecta se deba a deficiencias en las instrucciones de instalaci髇, por ejemplo por ser incompletas o adolecer de falta de claridad, que hagan que las instrucciones de instalaci髇 sean dif韈iles de utilizar para el consumidor medio.
• (35) La conformidad debe aplicarse tanto a los vicios materiales como a los vicios jur韉icos. Las restricciones resultantes de una vulneraci髇 de los derechos de terceros, en particular de los derechos de propiedad intelectual o industrial, podr韆n impedir o limitar la utilizaci髇 de los bienes con arreglo al contrato. Los Estados miembros deben garantizar que, en tales supuestos, el consumidor tenga derecho a las medidas correctoras por falta de conformidad previstas en la presente Directiva, a menos que, en tales supuestos, el Derecho nacional disponga la nulidad del contrato o su rescisi髇.
• (36) Con el fin de garantizar la suficiente f lexibilidad de las normas, por ejemplo en relaci髇 con la compraventa de bienes de segunda mano, las partes deben tener la posibilidad de apartarse de los requisitos objetivos en materia de conformidad establecidos en la presente Directiva. Tal divergencia con dichos requisitos solo debe ser posible si el consumidor ha sido espec韋icamente informado al respecto y lo acepta por separado de otras declaraciones o acuerdos y con un comportamiento activo e inequ韛oco.
• (37) La mejora de la seguridad jur韉ica tanto para los consumidores como para los vendedores requiere una clara indicaci髇 del momento en que debe evaluarse la conformidad de los bienes. El momento pertinente para evaluar la conformidad de los bienes debe ser el momento en que estos se entreguen. Esto debe aplicarse asimismo a aquellos bienes que incorporen contenidos o servicios digitales o est閚 interconectados con estos y se suministren en un 鷑ico acto de suministro. No obstante, cuando los contenidos o servicios digitales incorporados a los bienes o interconectados con estos deban suministrarse de forma continua durante un per韔do de tiempo, el momento pertinente a los efectos de establecer la conformidad de un elemento de dichos contenidos o servicios digitales no debe ser un momento concreto, sino un per韔do de tiempo a partir del momento de la entrega. Por razones de seguridad jur韉ica, dicho per韔do de tiempo debe ser igual al per韔do durante el cual el vendedor sea responsable de la falta de conformidad.
• (38) La presente Directiva no debe regular el significado del t閞mino 玡ntrega�, que debe dejarse a la determinaci髇 del Derecho nacional, en particular, en lo que respecta a la cuesti髇 de qu� tiene que hacer el vendedor para cumplir su obligaci髇 de entrega de los bienes. Por otra parte, las referencias hechas en la presente Directiva al momento de la entrega se entienden sin perjuicio de las normas sobre transmisi髇 de riesgos establecidas en la Directiva 2011/83/UE e incorporadas en consecuencia al Derecho de los Estados miembros.
• (39) Debe considerarse que los bienes con elementos digitales han sido entregados al consumidor cuando se haya entregado el componente f韘ico de los bienes y adem醩 se haya producido el acto 鷑ico de suministro de los contenidos o servicios digitales o bien haya comenzado el suministro continuo durante un per韔do de tiempo de contenidos o servicios digitales. Esto significa que el vendedor tambi閚 debe poner a disposici髇 del consumidor los contenidos o servicios digitales o darle acceso a ellos de forma que estos, o cualquier medio adecuado para acceder a ellos o descargarlos, lleguen al entorno del consumidor y no sea necesario que el vendedor realice ninguna otra acci髇 para que el consumidor pueda utilizarlos con arreglo al contrato, por ejemplo proporcion醤dole un enlace o una opci髇 de descarga. Por lo tanto, cuando el componente f韘ico haya sido entregado con anterioridad, el momento pertinente para establecer la conformidad debe ser aquel en que se suministren los contenidos o servicios digitales. De esta forma se garantiza la uniformidad del punto de partida del per韔do de responsabilidad correspondiente al componente f韘ico, por una parte, y al elemento digital, por otra. Adem醩, en muchos casos el consumidor no puede detectar un vicio del componente f韘ico hasta que se le suministren los contenidos o servicios digitales.
• (40) Cuando los bienes requieran una instalaci髇 por parte del vendedor, en algunos casos el consumidor no puede utilizarlos o detectar un defecto en estos hasta que se haya completado la instalaci髇. Por lo tanto, cuando con arreglo al contrato de compraventa los bienes deban ser instalados por el vendedor o bajo su responsabilidad, debe considerarse que han sido entregados al consumidor en el momento en que se complete la instalaci髇.
• (41) Para garantizar que existe seguridad jur韉ica para los vendedores y confianza en general de los consumidores en las compras transfronterizas, es necesario establecer un plazo durante el cual el consumidor tenga acceso a medidas correctoras por cualquier falta de conformidad que exista en el momento pertinente para establecer la conformidad. Dado que al aplicar la Directiva 1999/44/CE, una gran mayor韆 de los Estados miembros ha previsto un plazo de dos a駉s y en la pr醕tica los participantes del mercado lo consideran un plazo razonable, este plazo debe mantenerse. El mismo principio debe aplicarse en el caso de los bienes con elementos digitales. No obstante, cuando el contrato prevea el suministro continuo durante m醩 de dos a駉s, el consumidor debe poder recurrir a medidas correctoras frente a cualquier falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales que se produzca o se manifieste dentro del plazo durante el cual deben suministrarse los contenidos o servicios digitales con arreglo al contrato. A fin de garantizar a los Estados miembros f lexibilidad para mejorar el grado de protecci髇 de los consumidores en su Derecho nacional, los Estados miembros deben poder prever plazos m醩 largos que los establecidos en la presente Directiva para la responsabilidad del vendedor.
• (42) Por razones de coherencia con los sistemas jur韉icos nacionales vigentes, los Estados miembros deben tener la facultad de disponer que el vendedor sea responsable de toda falta de conformidad que se manifieste en un per韔do de tiempo determinado, combin醤dolo eventualmente con un plazo de prescripci髇, o bien que los derechos del consumidor a medidas correctoras solo est閚 sujetos a un plazo de prescripci髇. En el primer caso, los Estados miembros deben garantizar que no se eluda el plazo de responsabilidad del vendedor a trav閟 del plazo de prescripci髇 para esos derechos del consumidor. Aunque, por tanto, la presente Directiva no debe armonizar la fecha de inicio de los plazos de prescripci髇 nacionales, es preciso garantizar que dichos plazos de prescripci髇 no restrinjan el derecho los consumidores a exigir medidas correctoras por toda falta de conformidad que se manifieste durante el per韔do en el que el vendedor sea responsable de una falta de conformidad. En el segundo caso, los Estados miembros deben poder mantener o adoptar un plazo de prescripci髇 鷑icamente para los derechos del consumidor a las medidas correctoras, sin introducir un per韔do concreto en el que deba manifestarse la falta de conformidad para atribuir la responsabilidad al vendedor. A fin de garantizar que tambi閚 en estos casos los consumidores est閚 protegidos por igual, los Estados miembros deben garantizar que, cuando solo se prevea un plazo de prescripci髇, este siga permitiendo a los consumidores exigir medidas correctoras por cualquier posible falta de conformidad que se manifieste al menos durante el per韔do de tiempo previsto en la presente Directiva como per韔do de responsabilidad.
• (43) Por lo que respecta a algunos aspectos, podr韆 justificarse un trato diferente de los bienes de segunda mano.

  Aunque un per韔do de responsabilidad o plazo de prescripci髇 de dos a駉s o m醩 habitualmente permite conciliar los intereses del vendedor y el consumidor, puede que esto no sea as� en lo que respecta a los bienes de segunda mano. Los Estados miembros deben por lo tanto poder permitir a las partes que convengan un per韔do de responsabilidad o plazo de prescripci髇 m醩 breve para dichos bienes. Dejar que esta cuesti髇 sea objeto de acuerdo contractual entre las partes aumenta la libertad contractual y garantiza que el consumidor deba ser informado tanto de que el bien es de segunda mano como de la reducci髇 del per韔do de responsabilidad o plazo de prescripci髇. No obstante, dicho per韔do establecido por contrato no debe ser inferior a un a駉.

• (44) La presente Directiva no debe regular la cuesti髇 de las condiciones en las que el per韔do de responsabilidad establecido en la presente Directiva o el plazo de prescripci髇 pueden suspenderse o interrumpirse. Los Estados miembros deben por lo tanto tener la posibilidad de prever la suspensi髇 o interrupci髇 del per韔do de responsabilidad o plazo de prescripci髇, por ejemplo en caso de reparaci髇, sustituci髇 o negociaciones entre vendedor y consumidor con el fin de encontrar una soluci髇 amistosa.
• (45) Durante un per韔do de un a駉, o de dos a駉s si el Estado miembro opta por aplicar un per韔do de dos a駉s, el consumidor debe tener que demostrar 鷑icamente que el bien no es conforme, sin necesidad de demostrar tambi閚 que la falta de conformidad exist韆 realmente en el momento pertinente para establecer la conformidad. Para oponerse a la reclamaci髇 del consumidor, el vendedor tendr韆 que demostrar que la falta de conformidad no exist韆 en ese momento. Adem醩, en algunos casos, la presunci髇 de que la falta de conformidad ya exist韆 en el momento pertinente para establecer la conformidad podr韆 ser incompatible con la naturaleza de los bienes o la 韓dole de la falta de conformidad. En el primer caso podr韆 tratarse de bienes que se deterioran por su propia naturaleza, como los productos perecederos, por ejemplo las f lores, o los bienes destinados a un solo uso.

  Un ejemplo del segundo caso podr韆 ser una falta de conformidad que solo pueda ser resultado de una acci髇 por parte del consumidor o de una causa externa que se haya producido una vez entregados los bienes al consumidor. En el caso de los bienes con elementos digitales, cuando el contrato prevea el suministro continuo de contenidos o servicios digitales, el consumidor no debe tener la obligaci髇 de demostrar la falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales durante el per韔do de tiempo correspondiente para establecer la conformidad. Para oponerse a la reclamaci髇 del consumidor, se tendr韆 que requerir al vendedor que demuestre que la falta de conformidad de los contenidos o servicios digitales no exist韆 durante ese per韔do.

• (46) Debe permitirse que los Estados miembros mantengan o adopten disposiciones en las que se establezca que, para poder hacer valer los derechos del consumidor, el consumidor debe informar al vendedor de una falta de conformidad en un plazo no inferior a dos meses a partir de la fecha en que haya detectado la falta de conformidad. Los Estados miembros deben poder garantizar que los consumidores disfruten de un mayor nivel de protecci髇, no estableciendo dicha obligaci髇.
• (47) Con el fin de aumentar la seguridad jur韉ica y de eliminar uno de los principales obst醕ulos que inhiben el mercado interior, la presente Directiva debe armonizar plenamente las medidas correctoras disponibles para el consumidor por la falta de conformidad de los bienes y las condiciones en las que puede exigirlas. En particular, en el caso de falta de conformidad, el consumidor debe tener derecho a que los bienes sean puestos en conformidad, a que se le aplique una reducci髇 proporcionada del precio o a resolver el contrato.
• (48) Por lo que respecta a poner los bienes en conformidad, el consumidor debe poder elegir entre la reparaci髇 o la sustituci髇. Permitir que los consumidores pidan la reparaci髇 fomentar韆 el consumo sostenible y podr韆 contribuir a una mayor durabilidad de los productos. La elecci髇 del consumidor entre la reparaci髇 y la sustituci髇 solo debe limitarse cuando la opci髇 elegida resulte jur韉ica o materialmente imposible o, en comparaci髇 con la otra opci髇 disponible, impusiese al vendedor unos costes desproporcionados. Por ejemplo, podr韆 resultar desproporcionado pedir la sustituci髇 de bienes por motivo de un rasgu駉 menor, cuando dicha sustituci髇 generase costes significativos y el rasgu駉 pudiese repararse f醕ilmente.
• (49) El vendedor debe poder negarse a poner los bienes en conformidad si tanto la reparaci髇 como la sustituci髇 resultan imposibles o le imponen unos costes desproporcionados. El mismo principio debe aplicarse si la reparaci髇 o la sustituci髇 resultara imposible y la medida correctora alternativa impusiera al vendedor unos costes desproporcionados. Por ejemplo, cuando los bienes se encuentren en un lugar distinto a aquel en el que fueron entregados inicialmente, los costes de franqueo y transporte podr韆n ser desproporcionados para el vendedor.
• (50) Cuando se manifieste una falta de conformidad, el consumidor debe informar al respecto al vendedor para darle la oportunidad de restablecer la conformidad del bien. El vendedor debe hacerlo en un plazo razonable. En consecuencia, el consumidor no debe, en principio, tener derecho autom醫icamente a una reducci髇 del precio o a la resoluci髇 del contrato, sino que debe dar al vendedor un plazo razonable para reparar o sustituir el bien no conforme. Cuando el vendedor no haya reparado o sustituido el bien dentro de ese plazo, el consumidor debe tener derecho a reclamar y a obtener una reducci髇 del precio o la resoluci髇 del contrato sin m醩 espera.
• (51) Cuando la reparaci髇 o la sustituci髇 no hayan ofrecido al consumidor una subsanaci髇 efectiva de la falta de conformidad, el consumidor tendr� derecho a una reducci髇 del precio o a resolver el contrato. Tal deber韆 ser el caso, en particular, cuando el vendedor no haya efectuado la reparaci髇 o la sustituci髇, o cuando se desprenda claramente de las circunstancias que el vendedor no va a efectuar la reparaci髇 o la sustituci髇, o cuando el vendedor se haya negado a restablecer la conformidad de los bienes porque la reparaci髇 y la sustituci髇 sean imposibles o le impongan un coste desproporcionado.
• (52) En determinadas situaciones, podr韆 estar justificado que el consumidor tenga derecho a que se reduzca el precio o a resolver el contrato inmediatamente. Cuando el vendedor haya tomado medidas para restablecer la conformidad de los bienes, pero posteriormente se manifieste una falta de conformidad, debe determinarse objetivamente si el consumidor debe aceptar nuevos intentos del vendedor de restablecer la conformidad de los bienes, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, como por ejemplo el tipo y valor de los bienes, y la naturaleza e importancia de la falta de conformidad. En particular, cuando se trate de bienes caros o complejos, podr韆 estar justificado permitir al vendedor que vuelva a intentar subsanar la falta de conformidad. Tambi閚 debe tenerse en cuenta si cabe esperar que el consumidor mantenga la confianza en la capacidad del vendedor de restablecer la conformidad de los bienes o no, por ejemplo debido a que el mismo problema se presenta dos veces. De forma similar, en determinadas situaciones, la falta de conformidad podr韆 ser de naturaleza tan grave que al consumidor no le sea posible mantener la confianza en la capacidad del vendedor de restablecer la conformidad de los bienes, como cuando la falta de conformidad afecte gravemente a la capacidad del consumidor de hacer un uso normal de los bienes y no quepa esperar que el consumidor conf韊 en que la reparaci髇 o sustituci髇 efectuadas por el vendedor resuelva el problema.
• (53) Con objeto de mantener el equilibrio entre derechos y obligaciones de las partes contratantes, el consumidor debe disfrutar del derecho a resolver el contrato 鷑icamente en los casos en que la falta de conformidad no sea de escasa importancia.
• (54) Los Estados miembros deben poder regular las condiciones en las cuales otra persona puede realizar el cumplimiento que incumbe al deudor, por ejemplo las condiciones en las cuales la obligaci髇 del vendedor de reparar un bien puede ser cumplida por el consumidor o por un tercero a costa del vendedor.
• (55) Con objeto de proteger a los consumidores contra el riesgo de largas demoras, toda reparaci髇 o sustituci髇 debe llevarse a cabo satisfactoriamente dentro de un plazo razonable. Lo que se considere un plazo razonable para efectuar una reparaci髇 o sustituci髇 debe corresponder al plazo m醩 breve posible necesario para llevar a cabo dicha reparaci髇 o sustituci髇. Este plazo debe determinarse objetivamente teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad de los bienes, la naturaleza y la gravedad de la falta de conformidad y el esfuerzo necesario para llevar a cabo la reparaci髇 o la sustituci髇. Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben poder interpretar el concepto de plazo razonable para llevar a cabo una reparaci髇 o sustituci髇 estableciendo plazos fijos que normalmente podr韆n considerarse razonables para la reparaci髇 o sustituci髇, concretamente para determinadas categor韆s de productos.
• (56) La presente Directiva no debe regular en qu� casos deben cumplirse las obligaciones de un deudor. Por lo tanto, la presente Directiva no debe ni determinar el lugar de la entrega ni prescribir d髇de ha de tener lugar la reparaci髇 o sustituci髇, cuestiones que deben dejarse a la determinaci髇 del Derecho nacional.
• (57) Cuando el vendedor restablezca la conformidad del bien mediante una sustituci髇, el consumidor no debe estar obligado a pagar por el uso normal de los bienes antes de que hayan sido sustituidos. El uso de los bienes debe considerarse normal cuando sea acorde con la 韓dole y la finalidad de los bienes.
• (58) Para que el derecho de resoluci髇 sea efectivo para los consumidores, en las situaciones en que el consumidor adquiera m鷏tiples bienes y la falta de conformidad afecte 鷑icamente a algunos de los bienes entregados con arreglo al contrato, el consumidor debe tener derecho a resolver el contrato tambi閚 en relaci髇 con los dem醩 bienes adquiridos junto con los bienes no conformes, aunque esos otros bienes sean conformes, si no cabe razonablemente esperar que el consumidor acepte conservar 鷑icamente los bienes conformes.
• (59) Cuando el consumidor resuelva el contrato debido a una falta de conformidad, la presente Directiva debe establecer 鷑icamente los principales efectos y modalidades del derecho de resoluci髇, en particular la obligaci髇 para las partes de restituir lo que hayan recibido. De esta forma, el vendedor debe estar obligado a reembolsar el precio recibido del consumidor y el consumidor a restituir los bienes.
• (60) La presente Directiva no debe afectar a la facultad de los Estados miembros de regular las consecuencias de la terminaci髇 del contrato que no sean las establecidas en la presente Directiva, como por ejemplo las consecuencias de la disminuci髇 del valor de los bienes o de su destrucci髇 o p閞dida. Asimismo, los Estados miembros deben poder regular las modalidades del reembolso del precio al consumidor, por ejemplo, las modalidades relativas a los medios utilizados para dicho reembolso o los posibles costes y tasas que se hayan pagado como consecuencia del reembolso. Los Estados miembros deben tambi閚, por ejemplo, tener la facultad de establecer determinados plazos para el reembolso del precio o la devoluci髇 de los bienes.
• (61) El principio de la responsabilidad del vendedor por da駉s y perjuicios es un elemento fundamental de los contratos de compraventa. Por consiguiente, el consumidor debe tener derecho a reclamar una indemnizaci髇 en concepto de los da駉s y perjuicios causados por una infracci髇 que cometa un vendedor de lo dispuesto en la presente Directiva, incluidos aquellos sufridos como consecuencia de una falta de conformidad. La indemnizaci髇 debe colocar al consumidor en una posici髇 lo m醩 parecida posible a aquella en la que se encontrar韆 si los bienes hubieran sido conformes. Dado que la existencia de este derecho a indemnizaci髇 por da駉s y perjuicios ya est� garantizada en todos los Estados miembros, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las normas nacionales sobre compensaci髇 de los consumidores por los da駉s y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esas normas. Los Estados miembros tambi閚 deben conservar la libertad de regular el derecho del consumidor a una indemnizaci髇 por situaciones en las que la reparaci髇 o sustituci髇 supuso un inconveniente mayor o se retras�.
• (62) Para garantizar la transparencia, deben establecerse determinados requisitos por lo que respecta a las garant韆s comerciales, junto con los requisitos de informaci髇 precontractual sobre la existencia y condiciones de garant韆s comerciales que se establecen en la Directiva 2011/83/UE. Adem醩, para mejorar la seguridad jur韉ica y evitar que los consumidores sean inducidos a error, la presente Directiva debe establecer que cuando las condiciones de la garant韆 comercial incluidas en la publicidad asociada sean m醩 favorables para el consumidor que las enunciadas en la declaraci髇 de garant韆, prevalecer醤 las condiciones que sean m醩 ventajosas. Por 鷏timo, la presente Directiva debe establecer normas sobre el contenido de la declaraci髇 de garant韆 y sobre la forma en que debe ponerse a disposici髇 de los consumidores. Por ejemplo, la declaraci髇 de garant韆 debe detallar los t閞minos de la garant韆 comercial y establecer que la garant韆 legal de conformidad no se ve afectada por la garant韆 comercial, y debe dejar claro que los t閞minos de la garant韆 comercial constituyen un compromiso adicional a la garant韆 legal de conformidad. Los Estados miembros deben tener libertad para establecer normas relativas a otros aspectos de las garant韆s comerciales no cubiertos por la presente Directiva, por ejemplo la posibilidad de asociar a la garant韆 comercial a deudores distintos del garante, siempre que dichas normas no priven a los consumidores de la protecci髇 que les ofrecen las disposiciones plenamente armonizadas de esta Directiva en materia de garant韆s comerciales. Si bien los Estados miembros deben conservar la libertad de requerir que se aporten garant韆s comerciales gratuitamente, deben garantizar que todo compromiso asumido por el vendedor o el productor que corresponda a la definici髇 de 玤arant韆s comerciales� recogida en la presente Directiva cumpla las normas armonizadas de esta.
• (63) Considerando que el vendedor debe responder frente al consumidor por cualquier falta de conformidad de los bienes resultante de una acci髇 u omisi髇 del vendedor o de un tercero, el vendedor debe poder emprender acciones contra la persona responsable en fases previas de la cadena de transacciones. Dichas acciones deben incluir aquellas por una falta de conformidad resultante de la omisi髇 de una actualizaci髇, incluida una actualizaci髇 de seguridad, que habr韆 sido necesaria para mantener la conformidad del bien con elementos digitales. No obstante, la presente Directiva no debe afectar al principio de libertad contractual entre el vendedor y otras partes en la cadena de transacciones. Los detalles sobre el ejercicio de este derecho, en particular contra qui閚es y c髆o se deben emprender dichas acciones, as� como si dichas acciones son de naturaleza obligatoria, deben ser establecidos por los Estados miembros. La presente Directiva no debe regular la cuesti髇 de si tambi閚 el consumidor puede reclamar directamente contra una persona que interviene en fases anteriores de la cadena de transacciones, excepto en aquellos casos en que el productor ofrezca al consumidor una garant韆 comercial con respecto a los bienes.
• (64) Las personas o las organizaciones que seg鷑 el Derecho nacional tienen un inter閟 leg韙imo en proteger los derechos contractuales de los consumidores deben tener derecho a iniciar procedimientos, ya sea ante una autoridad administrativa o un 髍gano jurisdiccional competente para decidir sobre las reclamaciones o iniciar los procedimientos judiciales oportunos.
• (65) Ninguna de las disposiciones de la presente Directiva debe aplicarse en perjuicio de la aplicaci髇 de las normas del Derecho internacional privado, en particular el Reglamento (CE) n.� 593/2008 y el Reglamento (UE) n.� 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) .
• (66) La Directiva 1999/44/CE debe derogarse. La fecha de derogaci髇 debe coincidir con la fecha de transposici髇 de la presente Directiva. Con el fin de garantizar que las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para que los Estados miembros den cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva se apliquen de manera uniforme a los contratos celebrados con posterioridad a la fecha de transposici髇, la presente Directiva no debe aplicarse a los contratos celebrados antes de su fecha de transposici髇.
• (67) El anexo del Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) debe modificarse para incluir una referencia a la presente Directiva, con el fin de facilitar la cooperaci髇 transfronteriza en la aplicaci髇 de la presente Directiva.
• (68) El anexo I de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) debe modificarse para incluir una referencia a la presente Directiva, con el fin de garantizar que se protegen los intereses colectivos de los consumidores previstos en la presente Directiva.
• (69) De conformidad con la Declaraci髇 pol韙ica conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisi髇 sobre los documentos explicativos (10) , los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificaci髇 de sus medidas de transposici髇, cuando est� justificado, uno o varios documentos que expliquen la relaci髇 entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposici髇. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisi髇 de dichos documentos est� justificada.
• (70) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior abordando de forma coherente los obst醕ulos relacionados con el Derecho contractual con que se encuentran las compraventas transfronterizas de bienes en la Uni髇, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, debido al hecho de que cada Estado miembro individualmente no est� en posici髇 de resolver la fragmentaci髇 jur韉ica existente garantizando la coherencia de su Derecho con el de otros Estados miembros, sino que, al suprimir los principales obst醕ulos relacionados con el Derecho contractual mediante una plena armonizaci髇, puede lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del Tratado de la Uni髇 Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
• (71) Es conveniente que la Comisi髇 revise la aplicaci髇 de la presente Directiva cinco a駉s despu閟 de su entrada en vigor, incluidas, en particular, las disposiciones relativas a las medidas correctoras, a la carga de la prueba - tambi閚 en lo que respecta a los bienes de segunda mano y a los bienes vendidos en subastas p鷅licas-, y a la garant韆 comercial de durabilidad del productor. La Comisi髇 debe evaluar asimismo si la aplicaci髇 de la presente Directiva y de la Directiva (UE) 2019/770 garantiza un marco legal coherente en relaci髇 con el suministro de contenidos digitales o servicios digitales y bienes con elementos digitales.
• (72) La presente Directiva respeta los derechos y libertades fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea, en particular los de sus art韈ulos 16, 38 y 47.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Art韈ulo 22 Modificaci髇 del Reglamento (UE) 2017/2394 y de la Directiva 2009/22/CE

1. En el anexo del Reglamento (UE) 2017/2394, el punto 3 se sustituye por el texto siguiente:

� 3. Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE (DO L 136 de 22.5.2019, p. 28).�.

LE0000611102_20220101

2. En el anexo I de la Directiva 2009/22/CE, el punto 7 se sustituye por el texto siguiente:

� 7. Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE (DO L 136 de 22.5.2019, p. 28).�.

LE0000358565_20220101

Art韈ulo 23 Derogaci髇 de la Directiva 1999/44/CE

Queda derogada con efecto a partir del 1 de enero de 2022 la Directiva 1999/44/CE.

Las referencias a la Directiva derogada se entender醤 hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo.

LE0000154758_20111212

Art韈ulo 24 Transposici髇

1. A m醩 tardar el 1 de julio de 2021, los Estados miembros adoptar醤 y publicar醤 las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva. Informar醤 de ello inmediatamente a la Comisi髇.

Los Estados miembros aplicar醤 dichas medidas a partir del 1 de enero de 2022.

Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas incluir醤 una referencia a la presente Directiva o ir醤 acompa馻das de dicha referencia en su publicaci髇 oficial. Los Estados miembros establecer醤 las modalidades de la mencionada referencia.

Los Estados miembros comunicar醤 a la Comisi髇 el texto de las medidas de Derecho interno que adopten en el 醡bito regulado por la presente Directiva.

2. Lo dispuesto en la presente Directiva no se aplicar� a los contratos celebrados antes del 1 de enero de 2022.

V閍se la disposici髇 final s閜tima del R.D.-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposici髇 de directivas de la Uni髇 Europea en las materias de competencia, prevenci髇 del blanqueo de capitales, entidades de cr閐ito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevenci髇 y reparaci髇 de da駉s medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestaci髇 de servicios transnacionales y defensa de los consumidores (獴.O.E.� 28 abril).LE0000695919_20210429