Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernizaci髇 de las explotaciones agrarias

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Sumario

Exposici髇 de Motivos

I

La agricultura espa駉la ha estado sometida a profundos cambios estructurales en las pasadas d閏adas. La crisis de la agricultura tradicional tuvo como consecuencia la generalizaci髇 de un modelo de explotaci髇 agraria m醩 basado en la tecnolog韆 que en la utilizaci髇 intensiva de mano de obra, al tiempo que abierta plenamente a los mercados.

Sin embargo, en el modelo agrario dominante ha permanecido el car醕ter b醩icamente familiar de las explotaciones que, si bien constituye una garant韆 de colonizaci髇 del territorio y de mantenimiento del tejido rural, tambi閚 implica la pervivencia de deficiencias estructurales que es preciso corregir.

M醩 recientemente, la agricultura ha hecho frente al dif韈il reto de la integraci髇 en la Uni髇 Europea. Una vez finalizado el per韔do de transici髇, cabe concluir que la agricultura espa駉la se ha incorporado con normalidad a un mercado mucho m醩 amplio y libre, al tiempo que las explotaciones agrarias han sabido adaptarse a una pol韙ica agraria m醩 compleja y exigente.

Pero los recientes cambios registrados en la Pol韙ica Agraria Com鷑 y los acuerdos comerciales multilaterales en el marco del G.A.T.T. anuncian una nueva fase de profundos cambios en los mercados y, por tanto, la agricultura espa駉la habr� de enfrentarse a un nuevo proceso de adaptaci髇.

II

En el nuevo contexto de mercados mucho m醩 abiertos, la agricultura no s髄o tendr� que cumplir su tradicional funci髇 productiva de alimentos y materias primas, sino que deber� diversificarse para dar satisfacci髇 a nuevas demandas sociales ligadas a la conservaci髇 del medio ambiente y a la econom韆 del ocio en el medio rural.

Como consecuencia de todo ello, la modernizaci髇 de las explotaciones agrarias debe considerar la reestructuraci髇 productiva, como medio de sostener y elevar la capacidad de competir en los mercados, pero, tambi閚, la diversificaci髇 de actividades que permita en el futuro la obtenci髇 de rentas procedentes de los nuevos sectores en auge.

III

Las nuevas circunstancias aconsejan redoblar los esfuerzos para superar las deficiencias estructurales que limitan las posibilidades de competir de muchas explotaciones agrarias. A pesar del esfuerzo de ajuste estructural llevado a cabo en los 鷏timos a駉s, persisten problemas de reducida dimensi髇 de las explotaciones, de envejecimiento de la poblaci髇 agraria, de rigidez en los mercados de la tierra, de escasa flexibilidad en los modos de producci髇 o de insuficiencia en la organizaci髇 comercial.

El objetivo fundamental de la Ley de Modernizaci髇 de las Explotaciones Agrarias es corregir los desequilibrios y las deficiencias estructurales que condicionan la competitividad de las explotaciones agrarias, de modo que la agricultura espa駉la pueda afrontar la creciente liberalizaci髇 de mercados, al tiempo que se aseguren los equilibrios ecol骻icos b醩icos y se abren nuevas v韆s para la obtenci髇 de rentas complementarias a los profesionales de la agricultura.

IV

La Ley utiliza como referencia b醩ica de actuaci髇 el concepto de explotaci髇 prioritaria, sea 閟ta familiar o de car醕ter asociativo. Este modo de explotaci髇 prioritaria queda definido por criterios subjetivos ligados al titular, as� como otros de car醕ter objetivo de modo que, globalmente, aseguren la viabilidad econ髆ica de la explotaci髇 y justifiquen la posible concesi髇 de apoyos p鷅licos de modo preferente.

Siendo la insuficiente dimensi髇 de muchas explotaciones uno de los problemas que condicionan su viabilidad futura, la Ley propone medidas para dinamizar los mercados de la tierra, para permitir un m醩 f醕il acceso a la propiedad y al arrendamiento. De este modo se proponen incentivos fiscales a las transmisiones de fincas r鷖ticas por compra, sucesi髇 o donaci髇, en el caso de constituci髇 o consolidaci髇 de explotaciones prioritarias, al tiempo que se contemplan incentivos especiales en la transmisi髇 韓tegra de explotaciones, o cuando se efect鷄n en beneficio de agricultores j髒enes.

Por lo que respecta al arrendamiento de tierras, se pretende superar la rigidez actual del mercado mediante la modificaci髇 de los plazos y pr髍rogas previstos en la normativa vigente. La reducci髇 de la duraci髇 m韓ima de los arrendamientos es m醩 acorde con la frecuencia con que se vienen produciendo los cambios en la agricultura actual y puede permitir un sustancial incremento en la oferta de tierras a arrendar, as� como un mercado m醩 醙il y abierto.

V

La persistencia de muchos problemas estructurales evidencia la insuficiencia de los instrumentos y mecanismos articulados en las distintas normas legales que actualmente regulan estas materias y que, por tanto, se modifican por la presente Ley.

En este sentido, cabe mencionar la Ley 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de la Explotaci髇 Familiar y de los Agricultores J髒enes. Si bien los objetivos de la citada Ley siguen siendo v醠idos, en gran medida, los instrumentos aplicados en su consecuci髇 no se han mostrado eficaces. Por otra parte, la integraci髇 de Espa馻 en la Uni髇 Europea y la consiguiente adaptaci髇 de la normativa comunitaria, ha dejado obsoleta la regulaci髇 que en dicha Ley se hace en materia de modernizaci髇 de explotaciones e incorporaci髇 de agricultores j髒enes. Por todo lo anterior, se deroga esta Ley, sin perjuicio de rescatar los principios, conceptos y consideraciones espec韋icas que se han estimado 鷗iles en la actualidad, precisando y ampliando su 醡bito de aplicaci髇.

Siendo el actual grado de envejecimiento de muchos titulares de explotaciones agrarias uno de los principales frenos a la modernizaci髇 de la agricultura, facilitar el acceso de j髒enes a la responsabilidad y titularidad de la explotaci髇 constituye uno de los objetivos de esta Ley.

Por ello, se establecen medidas de fomento a la instalaci髇 de j髒enes en las tareas de direcci髇 y gesti髇 de explotaciones prioritarias. Estas medidas contemplan bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas, as� como un tratamiento espec韋ico m醩 ventajoso en otras ayudas y beneficios fiscales regulados en esta Ley con car醕ter general para los titulares de explotaciones prioritarias.

VI

La presente Ley responde al mandato constitucional contenido en el art韈ulo 130.1 de la Carta Magna, seg鷑 el cual 玪os poderes p鷅licos atender醤 a la modernizaci髇 y desarrollo de todos los sectores econ髆icos y, en particular, de la agricultura, de la ganader韆, de la pesca y de la artesan韆, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los espa駉les�.

Para el cumplimiento de sus finalidades, la Ley establece una serie de disposiciones generales, la mayor韆 de las cuales se refieren a t韕icas medidas de fomento y modernizaci髇, que encuentran su plena justificaci髇 en el referido art韈ulo 130.1, mientras que otras imponen ciertos l韒ites al contenido y ejercicio de las facultades dominicales y derechos patrimoniales sobre tierras dedicadas a la agricultura, deducibles de su funci髇 social, tal como prev� el art韈ulo 33.2 de la Constituci髇, l韒ites tanto m醩 justificados en cuanto que sirven al objetivo de modernizaci髇 del sector agrario.

Es evidente que la materia principal del contenido de la presente Ley es la agricultura, materia sobre la que todas las Comunidades Aut髇omas han asumido la competencia en sus respectivos Estatutos de Autonom韆. Pero, como tambi閚 se se馻la en todos los Estatutos, aunque con distinta formulaci髇, dicha competencia auton髆ica se entiende atribuida 玠e acuerdo con las bases y la ordenaci髇 de la econom韆� o 玠e acuerdo con las bases y la ordenaci髇 de la actividad econ髆ica general�, en los t閞minos de lo dispuesto en los art韈ulos 38, 131 y 149.1.13.� de la Constituci髇.

Por ello, la intervenci髇 legislativa estatal en materia de modernizaci髇 de las explotaciones agrarias se halla legitimada, en virtud de las competencias que le corresponden para la regulaci髇 de las bases o medidas que requieran la ordenaci髇 y la coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la econom韆.

Pero, adem醩, algunos aspectos del contenido de la presente Ley se sustentan en otros t韙ulos competenciales del Estado. As�, las normas que establecen modificaciones del r間imen legal de arrendamientos, las que regulan las transmisiones 玦nter vivos� o 玬ortis causa� de las explotaciones constituidas por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, las que precept鷄n la indivisibilidad de determinadas fincas r鷖ticas e incluso las que regulan el derecho de retracto en favor de los colindantes titulares de explotaciones prioritarias, han de considerarse todas ellas integradas en el 醡bito de la legislaci髇 civil, que corresponde al Estado, de acuerdo con el art韈ulo 149.1.8.� de la Constituci髇.

Por otra parte, las normas que establecen beneficios fiscales sobre tributos del Estado o Hacienda General, tanto sobre los no cedidos como los cedidos a las Comunidades Aut髇omas, son de competencia estatal, conforme determina el art韈ulo 149.1.14.� de la Constituci髇, ya que en el caso de cesi髇 de tributos a las Comunidades Aut髇omas, lo que se cede no es la disposici髇, incluso legislativa, sobre la figura tributaria, sino tan s髄o el rendimiento de dichos tributos.

VII

La ley se estructura en cuatro T韙ulos. El T韙ulo preliminar especifica los objetivos de la ley, al tiempo que establece un conjunto de definiciones, entre las que destacan las de 玜gricultor profesional� y 玜gricultor a t韙ulo principal�.

El concepto de profesional de la agricultura aparece por primera vez en nuestra legislaci髇 en la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos R鷖ticos, donde se define como la persona que se dedique o vaya a dedicarse de manera preferente a actividades de car醕ter agrario, ocup醤dose de una manera efectiva y directa de la explotaci髇.T閚gase en cuenta que la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, ha sido derogada por la letra a) de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos r鷖ticos (獴.O.E.� 27 noviembre).LE0000194879

La presente Ley precisa m醩 este concepto al definir al agricultor profesional y al agricultor a t韙ulo principal, en relaci髇 con la procedencia de sus rentas y el tiempo dedicado a actividades agrarias u otras complementarias. Estos conceptos son esenciales en la Ley, puesto que uno de los requisitos para que las explotaciones agrarias tengan la consideraci髇 de prioritarias, es el grado de dedicaci髇 a la agricultura de sus titulares.

El concepto de agricultor a t韙ulo principal procede de la normativa comunitaria, Reglamento (CEE) 2328/91 del Consejo, de 15 de julio de 1991, y ya estaba recogido en nuestro ordenamiento jur韉ico a trav閟 de varios Reales Decretos por los que se ha desarrollado en Espa馻 dicha norma. En la presente Ley es tambi閚 tenido en consideraci髇 para la concesi髇 de ayudas a la primera instalaci髇 de agricultores j髒enes y a determinadas entidades asociativas.

El T韙ulo I trata de las explotaciones agrarias prioritarias y se divide en seis cap韙ulos. El cap韙ulo I determina el concepto y caracter韘ticas de las explotaciones agrarias prioritarias, a las que se reconoce preferencia de trato en el acceso a las ayudas p鷅licas a la agricultura.

El cap韙ulo II regula una serie de beneficios fiscales relativos a tributos del Estado, cedidos o no a las Comunidades Aut髇omas, en favor de los titulares de explotaciones prioritarias, tendentes a mantener la integridad de las explotaciones, a la ampliaci髇 de las mismas, a facilitar la movilidad del mercado de la tierra, as� como el acceso al cr閐ito de los agricultores que pretendan modernizar sus explotaciones.

El cap韙ulo III establece el Cat醠ogo General de Explotaciones Prioritarias, que depender� del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇, y ser� elaborado a partir de la informaci髇 que transmitan las Comunidades Aut髇omas.

El cap韙ulo IV regula las ayudas econ髆icas y los beneficios fiscales que se establecen en favor de los agricultores j髒enes. Estas medidas de fomento s髄o son reguladas en sus aspectos esenciales, fij醤dose criterios orientadores, que deber醤 ser desarrollados y adaptados por las Comunidades Aut髇omas.

El cap韙ulo V se refiere al r間imen sancionador por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley, remiti閚dose a lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y en la Ley General Tributaria, as� como a las normas espec韋icas sobre la materia que tengan establecidas las Comunidades Aut髇omas.

El cap韙ulo VI se refiere a la financiaci髇 de las ayudas, limit醤dose a establecer un principio general, quedando al arbitrio de cada Comunidad Aut髇oma determinar el volumen y la distribuci髇 de los recursos, entre unos y otros tipos de ayudas.

El T韙ulo II contiene el r間imen de las unidades m韓imas de cultivo, dirigido a impedir el fraccionamiento excesivo de fincas r鷖ticas. Anteriormente, este r間imen se hallaba incluido en el T韙ulo III del Libro segundo de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, cuyo texto fue aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de enero.

El r間imen se modifica fundamentalmente, al atribuir a las Comunidades Aut髇omas la determinaci髇 de la extensi髇 de la unidad m韓ima de cultivo, al establecer la nulidad de los actos o negocios jur韉icos en cuya virtud se produzca la divisi髇 o segregaci髇 de una finca r鷖tica cuando d� lugar a parcelas de extensi髇 inferior a la unidad m韓ima de cultivo y, sobre todo, al constituir un derecho de retracto legal en favor de titulares de explotaciones prioritarias.

El T韙ulo III contiene dos preceptos relativos a los contratos de arrendamientos r鷖ticos. Por el primero de ellos se establece la duraci髇 m韓ima de los contratos en cinco a駉s, suprimi閚dose las pr髍rogas legales que determina el art韈ulo 25 de la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos R鷖ticos, con la finalidad de conseguir una mayor movilidad en el mercado de la tierra. Todo ello afectar� tan s髄o a los contratos de arrendamiento que se celebren con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

El segundo precepto establece la concesi髇 de incentivos econ髆icos al arrendador, cuando el contrato contemple una duraci髇 igual o superior a ocho a駉s, siempre que el arrendamiento se destine a la constituci髇 o consolidaci髇 de explotaciones prioritarias.

La disposici髇 adicional primera determina los preceptos de la Ley que tienen car醕ter de legislaci髇 b醩ica, mientras que la disposici髇 adicional segunda se refiere a los preceptos que son de aplicaci髇 plena, dejando a salvo las normas de Derecho civil, foral o especial, as� como los reg韒enes tributarios de concierto y convenio econ髆ico.

La disposici髇 adicional tercera precisa el 醡bito de aplicaci髇 del art韈ulo 64 c) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la consideraci髇 de especies de crecimiento lento a los efectos de exenci髇 del Impuesto de Bienes Inmuebles para los montes poblados con ellas, refiri閚dolas a las contenidas en el Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho a fin de fomentar el mantenimiento de estas especies forestales de tan alto inter閟 ecol骻ico y econ髆ico.En la actualidad v閍se el art韈ulo 62.1 b) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (獴.O.E.� 9 marzo) y R.D. 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestaci髇 de tierras agr韈olas (獴.O.E.� 13 enero).LE0000198552

La disposici髇 adicional cuarta regula bonificaciones fiscales en determinadas transmisiones de superficies r鷖ticas de dedicaci髇 forestal, en consonancia con la pol韙ica general de fomento y desarrollo del sector forestal como instrumento necesario para la protecci髇 y conservaci髇 del medio natural, la obtenci髇 de productos no excedentarios y la generaci髇 de empleo en el medio rural. La regulaci髇 contempla especialmente las superficies incluidas en Planes de protecci髇 por razones de inter閟 natural y en Planes de ordenaci髇 forestal.

La disposici髇 adicional quinta establece una situaci髇 de excepci髇 para la Comunidad Aut髇oma Canaria, en cuanto a los requisitos exigidos para la calificaci髇 de agricultores profesionales, concordante con el r間imen especial reconocido por la normativa comunitaria para este territorio en las medidas de car醕ter estructural.

La disposici髇 adicional sexta establece, en orden a la necesaria movilizaci髇 del mercado de la tierra, un r間imen fiscal especial para los incrementos de patrimonio derivados de las transmisiones de fincas r鷖ticas o explotaciones agrarias que cumplan determinados requisitos.

La disposici髇 transitoria 鷑ica tiene por objeto flexibilizar determinados requisitos necesarios para la calificaci髇 de explotaciones como prioritarias durante un plazo que finaliza el 31 de diciembre 1998.

Por la disposici髇 derogatoria 鷑ica, la presente Ley deroga, adem醩 de la Ley 49/1981, de 24 de diciembre, el T韙ulo II del Libro Primero, el T韙ulo III del Libro Segundo y el T韙ulo IV del Libro Cuarto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

El T韙ulo II del Libro Primero regula el Consejo del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Este 髍gano colegiado, por su cometido y composici髇, no tiene raz髇 de ser en la actualidad, por lo que procede su supresi髇.

El T韙ulo III del Libro Segundo, trata del r間imen de unidades m韓imas de cultivo, siendo sustituido por la nueva regulaci髇 que se contiene en el T韙ulo II de la presente Ley.

El T韙ulo IV del Libro Cuarto, regula las explotaciones agrarias ejemplares y cualificadas, conceptos que han quedado actualmente obsoletos y sin contenido, especialmente al regularse en la presente Ley las explotaciones prioritarias.

Las disposiciones finales primera y segunda se refieren a las modificaciones que se introducen en la Ley de Arrendamientos R鷖ticos y en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. Las modificaciones en la Ley de Arrendamientos R鷖ticos hacen referencia al concepto de profesional de la agricultura, como consecuencia del nuevo concepto que se establece en la presente Ley, y al 醡bito territorial de las Juntas Arbitrales, con objeto de que las Comunidades Aut髇omas puedan determinarlo con una mayor libertad, seg鷑 sus necesidades espec韋icas.

Las modificaciones que se introducen en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario son debidas a que la presente Ley deroga la Ley 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de la Explotaci髇 Familiar Agraria y de los Agricultores J髒enes, por no haber tenido apenas aplicabilidad. Esta Ley 49/1981, derog� parcialmente los art韈ulos 32 y 35 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, al establecer un r間imen sucesorio 鷑ico para las explotaciones familiares agrarias, tanto las constituidas por particulares, como por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Pero al derogarse por la presente Ley la Ley 49/1981, es necesario dar nueva redacci髇 a los mencionados art韈ulos para regular la sucesi髇 de las explotaciones constituidas por dicho Instituto o por los 髍ganos competentes de las Comunidades Aut髇omas que hayan asumido las funciones de aqu閘, puesto que si no se hiciese, se carecer韆 de regulaci髇 en esta materia.

En cuanto al art韈ulo 28 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, exige la autorizaci髇 del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario para desafectar, dividir, gravar o transmitir por actos 玦nter vivos� las explotaciones constituidas por dicho instituto. Esta autorizaci髇 es exigida sin ninguna limitaci髇 en el tiempo, lo que lleva a la consecuencia de que exista una intervenci髇 administrativa a perpetuidad. Por ello, se ha considerado conveniente dar una nueva redacci髇 al art韈ulo 28, en el sentido de limitar a un plazo de ocho a駉s la necesidad de dicha autorizaci髇, que en la actualidad corresponde resolver a las Comunidades Aut髇omas.

La disposici髇 final tercera se refiere a los territorios con insuficiencias estructurales, la cuarta al establecimiento de un arancel especial en las actuaciones de Notarios y Registradores de la Propiedad que se deriven de los efectos de esta Ley, la quinta a la facultad de desarrollo de la Ley que corresponde a los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇 y de Trabajo y Seguridad Social y la sexta a la determinaci髇 peri骴ica de indicadores a utilizar para la calificaci髇 de las explotaciones como prioritarias.T閚gase en cuenta que la presente Ley ha sido declarada expresamente vigente por Ley 40/1998, 9 diciembre (獴.O.E.� 10 diciembre), del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y otras Normas Tributarias.LE0000011784