Sumario

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, ha sido el instrumento a través del cual el Estado y, con él, toda la sociedad española han querido rendir testimonio de honor y reconocimiento a cuantos han sufrido la violencia terrorista.

Una de las manifestaciones que la norma legal citada muestra como homenaje a las víctimas del terrorismo es hacer efectivo su derecho a ser resarcidos o indemnizados sobre la base de la responsabilidad civil existente, razón por la cual el Estado ha decidido asumir el pago de las indemnizaciones que le son debidas por los autores y demás responsables de los actos terroristas.

Se trata, pues, de una mera compensación material dirigida a un colectivo cuyo sacrificio jamás podrá ser plenamente compensado, pero que representa, al menos, un reconocimiento expreso y público a unos valores democráticos duramente defendidos, demostrados y consolidados.

El objetivo perseguido por la presente norma es, por tanto, acelerar, en la medida de lo posible, la acción reparadora que los poderes públicos voluntariamente han asumido, empleando para ello los mecanismos legalmente previstos, pues se trata de unas obligaciones cuyo cumplimiento es inaplazable y para las cuales no existe dotación presupuestaria alguna. Así, el artículo 64 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, prevé en estos casos que el Ministro de Hacienda, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado, pueda elevar el acuerdo del Gobierno la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales de concesión de un crédito extraordinario.

Además, en el presente supuesto nos encontramos no sólo con una opción, sino con el cumplimiento de un mandato legal, pues la disposición final segunda de la Ley 32/1999 impone al Gobierno la elevación a las Cortes Generales, en el plazo más breve posible, de un proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario para atender los gastos derivados de las indemnizaciones aducidas. De esta manera, el legislador ha querido asegurarse de que las obligaciones asumidas van a ser satisfechas con la premura debida.

Así, el Gobierno aprobó un proyecto de ley que fue remitido a las Cortes Generales para su tramitación y aprobación.

No obstante, la disolución de las Cortes Generales por el Real Decreto 64/2000, de 17 de enero, sin que hubiese finalizado la tramitación del citado proyecto de ley, determinó la caducidad del mismo.

En cuanto a su contenido, la presente norma se limita a lo previsto en la legislación presupuestaria y en la Ley de la que trae causa. Así, se concede un crédito extraordinario al vigente presupuesto de gastos del Ministerio del Interior, como Departamento competente para gestionar y conceder las indemnizaciones descritas.

Por otra parte, se prevé que el Ministro de Hacienda pueda ampliar el citado crédito extraordinario ante las dificultades para cuantificar los gastos totales, debido a la indeterminación apriorística del número total de beneficiarios, y se establece que el citado crédito extraordinario se financiará con deuda pública. Finalmente, prevé la incorporación de los remanentes del crédito al ejercicio inmediato siguiente.

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.