Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificaci髇 de la actividad administrativa de la Administraci髇 de la Generalidad y de los gobiernos locales de Catalu馻 y de impulso de la actividad econ髆ica

�3. Las administraciones p鷅licas de Catalu馻 deben tener cartas de servicios a disposici髇 de los ciudadanos, empresas y profesionales, como instrumentos para la mejora de la calidad de los servicios, en los t閞minos establecidos por la normativa vigente.�

�4. Las unidades org醤icas de la Administraci髇 de la Generalidad con un rango m韓imo de direcci髇 general deben disponer de una carta de servicios por cada uno de los servicios finalistas que prestan. Las cartas pueden ser individualizadas por cada servicio o bien agrupadas, deben evaluarse cada dos a駉s y deben actualizarse, como m韓imo, cada cinco a駉s.�

1. Los informes deben ser facultativos y no vinculantes, sin perjuicio de lo que establezca la legislaci髇 sectorial.

2. El env韔 de informes entre las administraciones p鷅licas de Catalu馻 debe realizarse electr髇icamente, mediante las plataformas habilitadas a tal efecto.

3. En la instrucci髇 del procedimiento, deben solicitarse los informes que sean preceptivos de acuerdo con la normativa reguladora del procedimiento. En el caso de los informes facultativos, el 髍gano peticionario debe justificar de forma expresa la necesidad de su emisi髇.

4. Los informes deben emitirse en el plazo de diez d韆s, salvo que una disposici髇 con rango de ley establezca un plazo superior.

5. Si es necesario solicitar m醩 de un informe en un mismo procedimiento, el 髍gano peticionario debe solicitarlos todos de forma simult醤ea, salvo que de acuerdo con la normativa sectorial aplicable la emisi髇 de un informe preceptivo requiera el conocimiento de un informe previo tambi閚 preceptivo.

6. Si un informe no se ha emitido en el plazo establecido, debe continuarse la tramitaci髇 del procedimiento, sin perjuicio de lo establecido por la normativa de procedimiento administrativo en el supuesto de informes preceptivos.

7. No obstante lo establecido por el apartado 6, el procedimiento debe continuar necesariamente y en todo caso si la persona interesada lo solicita expresamente, excepto cuando se trate de informes preceptivos que sean determinantes para la resoluci髇 del procedimiento, supuesto en que puede interrumpirse el plazo de los tr醡ites sucesivos. La continuaci髇 del procedimiento produce efectos una vez transcurridos diez d韆s desde la recepci髇 de la solicitud por el 髍gano competente para tramitarla, la cual debe ser comunicada al interesado.�

�3. Los convenios y los protocolos deben publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en la web del Registro de convenios de colaboraci髇 y cooperaci髇 de la Generalidad, que es accesible desde el Portal de la Transparencia.�

1. Las administraciones p鷅licas de Catalu馻, en el plazo de un a駉 desde la entrada en vigor de la presente ley, deben establecer una soluci髇 de interoperabilidad o compatibilidad de los sistemas de identificaci髇, autentificaci髇 y firma electr髇ica no avanzada a partir de la utilizaci髇 de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportaci髇 de informaci髇 conocida por ambas partes u otros sistemas no criptogr醘icos, en los t閞minos y condiciones establecidos por reglamento.

2. Las claves concertadas en un registro previo, la informaci髇 conocida por los ciudadanos y por las administraciones p鷅licas, y los datos y c骴igos alfanum閞icos que figuren impresos en tarjetas identificativas o de acceso a servicios p鷅licos expedidas por las administraciones p鷅licas, incluida la tarjeta de identificaci髇 sanitaria, pueden ser utilizados para verificar la identificaci髇 y autentificaci髇 de los ciudadanos y realizar el registro electr髇ico de su identidad sin certificado digital. En todo caso, la persona interesada debe ser informada y requerida a consentir, por el mismo canal electr髇ico, que el proceso de validaci髇 de dichos datos requiere la consulta de sus datos en el correspondiente fichero.

3. El sistema de identificaci髇, autentificaci髇 y firma electr髇ica no avanzada es v醠ido en el 醡bito de la Administraci髇 de la Generalidad y aplicable en sus relaciones y actuaciones con los ciudadanos, las entidades, fundaciones y asociaciones inscritas en los registros p鷅licos, las empresas y otros organismos p鷅licos. Los t閞minos, condiciones y supuestos de utilizaci髇 de este sistema de firma electr髇ica y su 醡bito subjetivo de aplicaci髇 deben ser determinados por orden del consejero competente en materia de atenci髇 ciudadana.�

En caso de que sea necesario desarrollar las leyes por reglamento y de que no se haya establecido en qu� plazo, este debe ser de seis meses.�

1. Los municipios deben prestar las actividades y los servicios establecidos por las leyes sectoriales que les son aplicables, en ejercicio de las competencias que estas les atribuyen.

2. Los municipios pueden suspender, excepcionalmente y de forma temporal, la prestaci髇 de actividades y servicios p鷅licos que les atribuye una ley sectorial de Catalu馻 si se encuentran en una situaci髇 de insuficiencia de recursos en t閞minos de capacidad fiscal. La suspensi髇 en ning鷑 caso puede afectar los servicios m韓imos establecidos por el art韈ulo 67.

3. El procedimiento para suspender la prestaci髇 de los servicios p鷅licos a los que se refiere el presente art韈ulo tiene car醕ter voluntario y solamente se puede adoptar a iniciativa de la entidad local. La suspensi髇 debe justificarse por razones de inter閟 general, y debe basarse en la acreditaci髇 de la situaci髇 de insuficiencia de recursos en t閞minos de capacidad fiscal, de acuerdo con lo establecido por reglamento.

4. La tramitaci髇 del expediente, en los t閞minos establecidos por reglamento, requiere un tr醡ite de informaci髇 p鷅lica en el municipio y el informe preceptivo de los departamentos de la Administraci髇 de la Generalidad competentes por raz髇 de la materia, y debe resolverse por resoluci髇 del consejero o consejera competente en materia de Administraci髇 local, previo informe de la Comisi髇 de Gobierno Local de Catalu馻. En caso de que existan informes desfavorables, debe resolver el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera competente en materia de Administraci髇 local.

5. La suspensi髇 temporal del servicio no puede ser superior a dos a駉s. No obstante, puede prorrogarse por per韔dos sucesivos, en los t閞minos establecidos por reglamento, si persisten las causas que la motivaron. El levantamiento de la suspensi髇 y la recuperaci髇 por parte del ayuntamiento, a iniciativa propia, de la prestaci髇 del servicio se producen en los t閞minos establecidos por reglamento.

6. La Comisi髇 de Gobierno Local de Catalu馻, de oficio o a iniciativa de un municipio, puede identificar medidas de suspensi髇 temporal de la prestaci髇 de actividades y servicios p鷅licos atribuidos por una ley sectorial de Catalu馻 y proponer las acciones necesarias para iniciar el procedimiento de suspensi髇.�

• 玜) El expediente se inicia por acuerdo del ayuntamiento o ayuntamientos interesados o del consejo o consejos comarcales interesados, o bien lo inicia de oficio el departamento competente en materia de Administraci髇 local. Puede iniciarse tambi閚 a petici髇 de los vecinos, en una mayor韆 del 50%, como m韓imo, del 鷏timo censo electoral del municipio o de la parte o partes del mismo en el supuesto de segregaci髇. En este 鷏timo caso, el ayuntamiento debe adoptar el acuerdo en el plazo de un mes, a contar desde la presentaci髇 de la petici髇 en el registro municipal.
• b) Los acuerdos municipales o comarcales sobre alteraci髇 de t閞minos requieren el voto favorable de la mayor韆 absoluta del n鷐ero legal de miembros de la corporaci髇 y deben someterse a informaci髇 p鷅lica por un per韔do de un mes. Las corporaciones deben enviar los acuerdos al departamento competente en materia de Administraci髇 local junto con la resoluci髇 de las reclamaciones y alegaciones presentadas, que debe ser adoptada con el mismo qu髍um requerido para el acuerdo inicial. Tambi閚 debe realizarse el env韔 cuando el expediente se ha iniciado a instancia de los vecinos para la segregaci髇 de parte del municipio, aunque el acuerdo o acuerdos municipales no sean favorables.�

�1. Corresponde al Gobierno la aprobaci髇 de todos los expedientes de alteraci髇 de los t閞minos municipales promovidos de acuerdo con lo dispuesto por el art韈ulo 17, mediante decreto adoptado a propuesta del consejero o consejera del departamento competente en materia de Administraci髇 local. El Gobierno debe aprobar la alteraci髇 de los t閞minos municipales promovida a iniciativa del municipio o de los vecinos si se produce el acuerdo favorable de los municipios interesados y no formulan objeciones los organismos consultivos a los que se refiere el presente art韈ulo.�

El decreto o la ley deben determinar la delimitaci髇 de los t閞minos municipales, el reparto del patrimonio, la asignaci髇 del personal, la forma en que deben liquidarse las deudas o los cr閐itos contra韉os por los municipios y la fijaci髇 de la capitalidad, si procede. Estas determinaciones deben ajustarse a los pactos intermunicipales que pueden establecerse entre los municipios interesados.�

�1. El acuerdo de cambio de denominaci髇 de un municipio debe ser adoptado por el pleno del ayuntamiento y requiere el voto favorable de la mayor韆 absoluta del n鷐ero legal de miembros de la corporaci髇. Antes de la adopci髇 del acuerdo municipal, debe abrirse informaci髇 p鷅lica por un plazo m韓imo de treinta d韆s.

2. El acuerdo municipal debe ser remitido al departamento competente en materia de Administraci髇 local.

3. Si la nueva denominaci髇 acordada por el ayuntamiento es susceptible de ser confundida con la de otro municipio o contiene incorrecciones lingsticas o no se ajusta a la toponimia catalana, corresponde al Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de Administraci髇 local, la resoluci髇 definitiva sobre el cambio de nombre, previa audiencia del municipio interesado. A tales efectos, el departamento puede solicitar el informe del Instituto de Estudios Catalanes.�

• 玝) En el primer caso, el ayuntamiento debe adoptar el acuerdo en el plazo de un mes a contar desde la presentaci髇 de la petici髇 en el registro municipal.
• c) El acuerdo municipal sobre constituci髇 de la entidad municipal descentralizada debe determinar las competencias que, de acuerdo con el art韈ulo 82, tiene que asumir la entidad, y el sistema de participaci髇 en los ingresos del ayuntamiento. El acuerdo debe someterse al tr醡ite de informaci髇 p鷅lica por un plazo de un mes; una vez transcurrido este plazo, debe remitirse al departamento competente en materia de Administraci髇 local, junto con la resoluci髇 de las alegaciones presentadas, la cual debe adoptarse con el voto favorable de la mayor韆 absoluta del n鷐ero legal de los miembros de la corporaci髇. Tambi閚 debe realizarse la remisi髇 cuando el expediente se ha iniciado a instancia de los vecinos, aunque el acuerdo municipal no sea favorable.�

�1. El proyecto de estatutos debe someterse a informaci髇 p鷅lica, por un plazo de treinta d韆s, mediante la inserci髇 de anuncios en los tablones de edictos de los ayuntamientos y la publicaci髇 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.�

�3. El proyecto definitivo de estatutos debe remitirse al departamento competente en materia de Administraci髇 local para que, en el plazo de un mes, emita informe de acuerdo con la legalidad vigente, una vez escuchado el consejo comarcal.�

• 玝) El informe preceptivo y no vinculante del departamento competente en materia de Administraci髇 local.�

�4. Los entes locales deben remitir los actos y los acuerdos a los que se refiere el apartado 1 por medios electr髇icos. A tales efectos, deben respetar las condiciones y los instrumentos establecidos por reglamento de acuerdo con la normativa de r間imen jur韉ico y procedimiento de las administraciones p鷅licas de Catalu馻 y, en todo caso, los principios de responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.�

�3. La adquisici髇 de bienes y derechos patrimoniales a t韙ulo oneroso requiere:

• a) El cumplimiento de las normas sobre contrataci髇 de bienes y derechos de patrimonio local.
• b) En el caso de los bienes inmuebles o de derechos sobre estos bienes, la valoraci髇 pericial de un t閏nico o t閏nica local. Puede realizarse la adquisici髇 directa de bienes inmuebles si lo requieren las peculiaridades de los bienes, las necesidades del servicio a satisfacer o las limitaciones del mercado inmobiliario. En tales casos, se requiere el informe previo del departamento competente en materia de Administraci髇 local si el valor de los bienes excede los 100.000 euros. El informe debe emitirse en un plazo de veinte d韆s. En los dem醩 casos, debe incorporarse el informe previo del secretario o secretaria de la entidad local. En los municipios de gran poblaci髇 y en el municipio de Barcelona solamente requieren el informe previo del departamento si el valor del bien excede del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto consolidado de la corporaci髇. Puede realizarse la adquisici髇 directa en el supuesto de extrema urgencia, previo informe del secretario o secretaria de la entidad local, con la acreditaci髇 de dicha situaci髇.
• c) En el caso de valores mobiliarios, el informe previo del departamento competente en materia de econom韆 y finanzas. El informe debe emitirse en un plazo de veinte d韆s.�

1. La enajenaci髇 de bienes y derechos patrimoniales a t韙ulo oneroso requiere el cumplimiento de las normas sobre contrataci髇 de bienes y derechos de patrimonio local.

2. Para enajenar o grabar bienes inmuebles patrimoniales, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas:

• a) La enajenaci髇 de bienes inmuebles patrimoniales puede realizarse por concurso, subasta p鷅lica o adjudicaci髇 directa. El procedimiento ordinario para la enajenaci髇 de inmuebles es el concurso.
• b) Puede acordarse la subasta de bienes que, por su ubicaci髇, naturaleza y caracter韘ticas, sean inadecuados para atender las directrices derivadas de pol韙icas p鷅licas de vivienda.
• c) Puede acordarse la adjudicaci髇 directa si lo requieren las particularidades del bien, las necesidades a satisfacer o las limitaciones del mercado inmobiliario.
• d) Es necesario el informe previo del departamento competente en materia de Administraci髇 local si el valor del bien o del gravamen excede los 100.000 euros. Si no se excede este valor debe incorporarse un informe previo del secretario o secretaria de la entidad local. El informe del departamento debe emitirse en un plazo de veinte d韆s. Si el informe del departamento no es favorable, el pleno debe adoptar el acuerdo de enajenaci髇 con los requisitos establecidos por el art韈ulo 47.2 de la Ley del Estado 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del r間imen local. En los municipios de gran poblaci髇 y en el municipio de Barcelona solamente se requiere el informe previo del departamento si el valor del bien o del gravamen excede del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto consolidado de la corporaci髇.
• e) Es necesaria la valoraci髇 pericial del t閏nico o t閏nica local que acredite la valoraci髇 de los bienes o del gravamen.
• f) La constituci髇 de cargas y grav醡enes sobre bienes patrimoniales debe respetar, en su caso, los requisitos establecidos para la enajenaci髇.

3. Para enajenar valores mobiliarios, es necesario el informe previo del departamento competente en materia de econom韆 y finanzas, que debe emitirse en un plazo de veinte d韆s.

4. En ning鷑 caso pueden enajenarse bienes inmuebles patrimoniales para financiar gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de v韆s p鷅licas no edificables o de bienes no utilizables en servicios p鷅licos locales.�

1. Las mutaciones demaniales, entendidas como cambios de sujeto o de destino de los bienes de dominio p鷅lico sin perder su naturaleza jur韉ica, pueden producirse:

• a) Por raz髇 de nuevos fines p鷅licos tomados en consideraci髇.
• b) Por el cambio del sujeto titular del bien en las alteraciones de t閞minos municipales o en la atribuci髇 de competencias a otro ente local o a otra administraci髇.
• c) Por la imposici髇 de afectaciones secundarias, al ser compatible el bien con dos o m醩 fines.

2. Tambi閚 se produce una mutaci髇 demanial si los bienes de dominio p鷅lico de los entes locales y sus organismos p鷅licos pueden afectarse a servicios de otras administraciones p鷅licas para destinarlos a un uso p鷅lico o servicio p鷅lico de su competencia. La mutaci髇 demanial entre administraciones p鷅licas no altera el car醕ter demanial de los bienes.

3. Las mutaciones demaniales requieren el acuerdo del ente local en el que se acredite la oportunidad del cambio.

4. El procedimiento para realizar la mutaci髇 demanial debe cumplir los requisitos establecidos por reglamento.�

1. Los entes locales pueden intervenir la actividad de los ciudadanos por los siguientes medios:

• a) La aprobaci髇 de ordenanzas y bandos.
• b) El sometimiento a licencia y a otros actos de control preventivo. Si se trata del acceso y del ejercicio de actividades, el r間imen de intervenci髇 debe establecerse de conformidad con la normativa reguladora del libre acceso a las actividades de servicios y al ejercicio de dichas actividades.
• c) El sometimiento a comunicaci髇 previa o a declaraci髇 responsable, de conformidad con la normativa reguladora del procedimiento administrativo.
• d) 觬denes individuales de mandato.

2. La actividad de intervenci髇 debe ajustarse, en todo caso, a los principios de legalidad, de no discriminaci髇, de necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue, y de respeto a la libertad individual.

3. El ejercicio de actividades no debe someterse a intervenci髇 administrativa previa mediante autorizaci髇 u otros actos de control preventivo. Excepcionalmente, pueden exigirse actos de control preventivo:

• a) Si alguna de las imperiosas razones de inter閟 general reconocidas por el derecho comunitario justifica la intervenci髇 p鷅lica, mediante el mecanismo de la autorizaci髇, a fin de preservar determinados bienes e intereses generales.
• b) Si el n鷐ero de operadores econ髆icos del mercado es limitado como consecuencia de la escasez de recursos naturales, la utilizaci髇 de dominio p鷅lico, la existencia de impedimentos t閏nicos o la existencia de servicios p鷅licos sometidos a tarifas reguladas.

4. En caso de que concurran autorizaciones de una entidad local y de otra administraci髇, la entidad local debe motivar expresamente la necesidad de la autorizaci髇 y el inter閟 general concreto a proteger, y justificar que este inter閟 no est� ya cubierto mediante otra autorizaci髇 ya existente.

5. En caso de que el ejercicio de actividades no requiera autorizaci髇 habilitante y previa, las entidades locales deben establecer y planificar los procedimientos de comunicaci髇 necesarios y los de verificaci髇 posterior del cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad por parte de los interesados, establecidos por la legislaci髇 sectorial.

6. Debe elegirse siempre el medio de control menos intenso, entre los que permitan proteger el inter閟 general del que se trate.�

1. La facultad de establecer el sistema de gesti髇 de los servicios p鷅licos corresponde a la potestad de autoorganizaci髇 de los entes locales.

2. Los servicios p鷅licos de competencia local deben gestionarse, de la forma m醩 sostenible y eficiente, directa o indirectamente.

3. La gesti髇 directa de los servicios p鷅licos puede realizarse mediante las siguientes formas:

• a) Gesti髇 del propio ente local.
• b) Organismo aut髇omo local.
• c) Entidad p鷅lica empresarial local.
• d) Sociedad mercantil local con capital social 韓tegramente p鷅lico.

4. Solamente puede hacerse uso de las formas a las que se refieren las letras c y d del apartado 3 si queda acreditado, con una memoria justificativa elaborada a tal efecto, que son m醩 sostenibles y eficientes que las formas establecidas por las letras a y b, teniendo en cuenta los criterios de rentabilidad econ髆ica y recuperaci髇 de la inversi髇, en los t閞minos de la normativa de r間imen local.

5. La gesti髇 indirecta de los servicios p鷅licos puede realizarse mediante cualquiera de las formas establecidas por la normativa de contratos del sector p鷅lico para el contrato de gesti髇 de servicios p鷅licos.

6. Los servicios p鷅licos locales que implican el ejercicio de potestades p鷅licas o la salvaguardia de los intereses generales de las entidades locales no pueden prestarse por gesti髇 indirecta ni tampoco mediante una sociedad mercantil con capital 韓tegramente p鷅lico.�

�12.59. Almacenaje o manipulaci髇 de biomasa de origen vegetal (aprovechamientos forestales, tratamientos silv韈olas, restos de jardiner韆, cultivos energ閠icos, serr韓...) o de productos de esta (le馻, pella, astilla, briqueta...) con una capacidad superior a 10.000 m³.�

�12.59. Almacenaje o manipulaci髇 de biomasa de origen vegetal (aprovechamientos forestales, tratamientos silv韈olas, restos de jardiner韆, cultivos energ閠icos, serr韓...) o de productos de esta biomasa (le馻, pella, astilla, briquetas...) con una capacidad inferior a 10.000 m³.�

1. Para el ejercicio de actividades sujetas a control preventivo de la Generalidad, de acuerdo con la presente ley, que no requieren licencia de obras ni licencia por establecimientos abiertos al p鷅lico, es necesaria la obtenci髇 de un informe preceptivo por riesgo de incendio.

2. El interesado debe solicitar la emisi髇 del informe previo presentando el documento de solicitud, acompa馻do de la documentaci髇 establecida por el art韈ulo 22, al ayuntamiento donde debe ejercerse la actividad donde se encontrar� la instalaci髇 o el establecimiento.

3. Los servicios municipales deben remitir la documentaci髇 a la direcci髇 general competente en materia de prevenci髇 y extinci髇 de incendios, la cual debe analizar la documentaci髇 presentada y emitir el informe, que tiene car醕ter vinculante. La direcci髇 general competente en materia de prevenci髇 y extinci髇 de incendios, una vez emitido el informe, debe remitirlo al ayuntamiento correspondiente, para que lo notifique al interesado.�

�8. El planeamiento urban韘tico y las ordenanzas sobre edificaci髇 y uso del suelo no pueden establecer condicionantes en los usos del suelo que comporten restricciones al acceso o al ejercicio de las actividades econ髆icas que vulneren los principios y requisitos establecidos por la Directiva de servicios. Por reglamento deben regularse las razones imperiosas de inter閟 general que, de acuerdo con la propia Directiva de servicios, permitan excepcionar su aplicaci髇. Estas restricciones deben ajustarse a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminaci髇 i quedar convenientemente justificada en la memoria del plan en ponderaci髇 con el resto de intereses generales considerados en el planeamiento.�

1. Est醤 sujetos a licencia urban韘tica previa, con las excepciones establecidas por el art韈ulo 187 ter, los siguientes actos:

• a) Los movimientos de tierra y las explanaciones de los terrenos.
• b) Las parcelaciones urban韘ticas.
• c) La construcci髇 de edificios de nueva planta y la intervenci髇 en los edificios ya existentes que, de acuerdo con la legislaci髇 sobre ordenaci髇 de la edificaci髇, requieren la elaboraci髇 de un proyecto t閏nico y la demolici髇 total o parcial.
• d) La primera utilizaci髇 y ocupaci髇 parcial de los edificios.
• e) El cambio de los edificios a un uso residencial.
• f) La extracci髇 de 醨idos y la explotaci髇 de canteras.
• g) La acumulaci髇 de residuos y el dep髎ito de materiales que alteren las caracter韘ticas del paisaje.
• h) La instalaci髇 de invernaderos o instalaciones similares, salvo que los muros perimetrales de estas instalaciones sean inferiores a un metro de altura.
• i) La tala de masas arb髍eas o de vegetaci髇 arbustiva.
• j) La apertura, pavimentaci髇 y modificaci髇 de caminos rurales.
• k) La constituci髇 o modificaci髇 de un r間imen de propiedad horizontal, simple o compleja.
• l) Las obras puntuales de urbanizaci髇 no incluidas en un proyecto de urbanizaci髇.
• m) La instalaci髇 de casas prefabricadas o instalaciones similares, sean provisionales o permanentes.
• n) La instalaci髇 de infraestructuras de servicios de suministro de energ韆, de agua, de saneamiento, de telefon韆 u otros servicios similares, y la colocaci髇 de antenas o dispositivos de telecomunicaciones, excepto las infraestructuras relativas a las redes p鷅licas de comunicaciones electr髇icas que, de acuerdo con la legislaci髇 sobre telecomunicaciones, est閚 sujetos al r間imen de declaraci髇 responsable establecida.

2. Tambi閚 est醤 sujetas a licencia urban韘tica previa, con las excepciones establecidas por el art韈ulo 187 ter:

• a) La intervenci髇 en los bienes sometidos a un r間imen de protecci髇 patrimonial cultural o urban韘tica.
• b) Los usos y las obras provisionales.
• c) Los actos relacionados en el art韈ulo 187 bis, salvo los de la letra g, que se realicen en suelo no urbanizable y urbanizable no delimitado.�

Est醤 sujetos a comunicaci髇 previa, con las excepciones establecidas por los art韈ulos 187.2 y 187 ter, los siguientes actos:

• a) Las construcciones e instalaciones de nueva planta, y las obras de ampliaci髇, reforma, modificaci髇, rehabilitaci髇 o demolici髇 total o parcial de construcciones e instalaciones existentes que, de acuerdo con la legislaci髇 sobre ordenaci髇 de la edificaci髇, no requieren la elaboraci髇 de un proyecto t閏nico.
• b) La primera utilizaci髇 y ocupaci髇 de los edificios.
• c) El cambio de uso de los edificios y las instalaciones, salvo a uso residencial.
• d) La construcci髇 o la instalaci髇 de muros y vallas.
• e) La colocaci髇 de carteles y vallas de propaganda visibles desde la v韆 p鷅lica.
• f) La formalizaci髇 de operaciones jur韉icas que, sin constituir o modificar un r間imen de propiedad horizontal, simple o compleja, significan un incremento del n鷐ero de viviendas, establecimientos u otros elementos susceptibles de aprovechamiento privativo independiente respecto a los autorizados en una licencia urban韘tica anterior.
• g) Los actos sujetos a intervenci髇 que se realicen en suelo no urbanizable y urbanizable no delimitado y que est閚 amparados en un proyecto de actuaci髇 espec韋ica o en un plan urban韘tico que ordene con el mismo detalle los terrenos afectados, siempre que no requieran la elaboraci髇 de un proyecto t閏nico de acuerdo con la legislaci髇 sobre ordenaci髇 de la edificaci髇.�

No est醤 sujetos a intervenci髇 mediante licencia urban韘tica o comunicaci髇 previa los siguientes actos:

• a) Las obras de urbanizaci髇 incluidas en los planes o los proyectos de urbanizaci髇.
• b) Las parcelaciones urban韘ticas incluidas en los proyectos de reparcelaci髇.
• c) Los actos y obras que deben realizarse en cumplimiento de una orden de ejecuci髇 o de restauraci髇, si no requieren proyecto t閏nico o si la propia orden o el acto que ordena su ejecuci髇 subsidiaria incorpora el proyecto t閏nico requerido.
• d) En suelo no urbanizable y urbanizable no delimitado:
  • Primero. Los movimientos de tierra, la explanaci髇 de terrenos, la apertura, la pavimentaci髇 y la modificaci髇 de caminos rurales y la tala de masas arb髍eas o de vegetaci髇 arbustiva que se ejecuten al amparo de un instrumento de ordenaci髇 forestal o bajo la intervenci髇 de la administraci髇 forestal y de la administraci髇 competente en materia de medio ambiente.
  • Segundo. La tala de masas arb髍eas o de vegetaci髇 arbustiva que se ejecute bajo la intervenci髇 de una administraci髇 competente en materia de protecci髇 del dominio p鷅lico y de la administraci髇 competente en materia de medio ambiente.�

獳rt韈ulo 23 bis

1. No obstante lo establecido por el art韈ulo 23.2, en caso de superficies que en los 鷏timos veinte a駉s se han convertido en forestales por abandono de la actividad agr韈ola, el cambio de la actividad forestal a la actividad agr韈ola est� sujeto a r間imen de comunicaci髇 si la superficie es de hasta dos hect醨eas y la recuperaci髇 de la actividad agr韈ola se realiza sin alterar la topograf韆 del terreno.

2. Lo establecido por el apartado 1 no es aplicable en superficies que afectan espacios naturales de especial protecci髇, espacios de la Red Naturaleza 2000 o forestas catalogadas de utilidad p鷅lica. En este caso, el cambio de la actividad forestal a la actividad agr韈ola est� sujeto a r間imen de autorizaci髇.�

�1 bis. En caso de que en los terrenos a los que se refiere el apartado 1 est� prevista la gesti髇 del planeamiento por el sistema de actuaci髇 urban韘tica de reparcelaci髇, pueden autorizarse nuevos usos de car醕ter provisional a partir de la inscripci髇 en el Registro de la propiedad del proyecto de reparcelaci髇. Los usos autorizados no pueden tener un plazo de vigencia superior a los siete a駉s a contar desde la fecha de inscripci髇 del proyecto de reparcelaci髇, y solamente pueden autorizarse en las fincas edificadas previamente al inicio del proyecto de reparcelaci髇, de conformidad con el planeamiento que se ejecuta, y siempre que no impidan la futura ejecuci髇 de sus previsiones. Las obras necesarias para el desarrollo de los usos autorizados con car醕ter provisional se someten al r間imen establecido para las construcciones e instalaciones que est醤 fuera de ordenaci髇.�

�2. Los usos provisionales autorizados deben cesar y las obras provisionales autorizadas deben desmontarse o derribarse cuando lo acuerde la administraci髇 actuante, o cuando haya transcurrido el plazo de vigencia establecido en el acuerdo de autorizaci髇, sin que en ning鷑 caso los afectados tengan derecho a percibir indemnizaci髇.�