�6.3 De forma debidamente motivada y con la autorizaci髇 expresa de los titulares de los viales, pueden establecerse acuerdos con estos titulares que permitan la circulaci髇 motorizada por las pistas y los caminos delimitados en redes o itinerarios, que pueden tener una anchura inferior a cuatro metros y varios tipos de firmes. En los acuerdos pueden establecerse condiciones espec韋icas de circulaci髇 y caracter韘ticas de los viales, y deben ser incorporados al correspondiente inventario comarcal.�

獳rt韈ulo 20 Delimitaci髇 de espacios y recorridos

1. Se proh韇en las competiciones deportivas en el interior de los espacios naturales de especial protecci髇, en las reservas nacionales de caza y en las reservas naturales de fauna salvaje, salvo en el caso de tramos de enlace no cronometrados, que pueden pasar por viales aptos para la circulaci髇 motorizada, previo informe favorable del 髍gano gestor del espacio y de acuerdo con las autorizaciones correspondientes.

2. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 1, los espacios y recorridos autorizados para las competiciones deportivas est醤 delimitados por las autorizaciones preceptivas del departamento competente en materia de medio natural, de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 24. Excepcionalmente, las limitaciones y prohibiciones establecidas por los art韈ulos 6 y 7, pueden no ser aplicables en las competiciones deportivas a las que se refiere el art韈ulo 23 si as� lo establecen las autorizaciones correspondientes.�

玈閜tima

Deben establecerse por reglamento la organizaci髇 y el funcionamiento del Registro de envasadores y embotelladores de vinos y bebidas alcoh髄icas.�

• 玠) El control, la vigilancia, la inspecci髇, la planificaci髇, la adopci髇 de decisiones sobre el reparto y la asignaci髇 de recursos h韉ricos en la red Ter-Llobregat y las relaciones de colaboraci髇 con las entidades locales dirigidas a la incorporaci髇 de estas entidades al abastecimiento desde la red. Asimismo, firma convenios de explotaci髇 coordinada de las instalaciones p鷅licas y privadas que integran la red de abastecimiento Ter-Llobregat con las empresas o las entidades a las que pertenecen aquellas instalaciones, y ejerce el control, la vigilancia y la inspecci髇 de otras instalaciones hidr醬licas que se le encomienden.�

�8.5 En la tramitaci髇 de los planes de ordenaci髇 urban韘tica municipal, las normas de planeamiento urban韘tico, los programas de actuaci髇 urban韘tica municipales o comarcales que hayan sido tramitados independientemente y que contengan determinaciones propias de los planes de ordenaci髇 urban韘tica municipal, los planes de mejora urbana, los planes parciales urban韘ticos y los planes especiales urban韘ticos, se debe solicitar un informe a la Agencia, una vez aprobados inicialmente. En este informe la Agencia debe hacer constar, entre otras cuestiones, que en los dichos instrumentos de planeamiento urban韘tico resta asegurada la asunci髇, por los promotores o los propietarios, de los gastos derivados de la ejecuci髇 de obras o actuaciones vinculadas a la prestaci髇 de los servicios de suministro de agua y de saneamiento de las aguas residuales correspondientes a nuevos desarrollos urban韘ticos.�

�9.3 El r間imen de contabilidad de la Agencia es el correspondiente al sector p鷅lico. La contrataci髇 de la Agencia se rige por la normativa de contratos del sector p鷅lico. A los efectos de la aplicaci髇 de esta normativa, la Agencia Catalana del Agua tiene la consideraci髇 de Administraci髇 p鷅lica y los contratos que formalice tienen la naturaleza de contratos administrativos.�

�11.1 Los 髍ganos de gobierno, gesti髇 y asesoramiento de la Agencia Catalana del Agua son el Consejo de Administraci髇, el Consejo de la Red de Abastecimiento Ter-Llobregat, el Consejo para el Uso Sostenible del Agua, el director o la directora y el gerente o la gerente.

11.2 Los 髍ganos de gesti髇 bajo el r間imen de participaci髇 de la Agencia Catalana del Agua son las comisiones de desembalse, cuyo 醡bito, composici髇, funciones y funcionamiento se establecen por reglamento.�

�11.8 El Consejo para el Uso Sostenible del Agua es el 髍gano deliberante, de asesoramiento de la Agencia y de participaci髇 p鷅lica en la elaboraci髇 de los instrumentos de planificaci髇 hidrol骻ica, y est� integrado por la representaci髇 de los diferentes intereses vinculados al agua. En las cuencas no reguladas asume tambi閚 funciones an醠ogas a las de las comisiones de desembalse, en aquello que sea de aplicaci髇.

11.9 Integran el Consejo para el Uso Sostenible del Agua un n鷐ero de vocales, no superior a veinticinco, representantes de las entidades locales, de los colegios profesionales competentes en la materia, de las entidades ecologistas, de las asociaciones de vecinos, de las organizaciones de consumidores y usuarios, de las organizaciones sindicales, de las universidades, de las entidades de abastecimiento y abastecimiento de aguas, de los usos recreativos, de los usos industriales, de los usos agropecuarios del agua, escogidos entre las organizaciones y asociaciones m醩 representativas de sus intereses, y expertos en la materia.�

�11.17 El Consejo de la Red de Abastecimiento Ter-Llobregat es el 髍gano colegiado de adopci髇 de decisiones en cuanto a la gesti髇 de las instalaciones que integran la red de abastecimiento Ter-Llobregat de conformidad con el anexo 1.

11.18 El Consejo de la Red de Abastecimiento Ter-Llobregat est� integrado por once personas, representantes de los entes locales del 醡bito abastecido desde la red Ter-Llobregat y de la Generalidad de Catalu馻, de conformidad con lo que establezcan los estatutos de la Agencia. El n鷐ero de representantes de los entes locales no puede ser inferior al 45% del total de miembros del Consejo.

11.19 Las funciones del Consejo de la Red de Abastecimiento Ter-Llobregat son las que establece esta ley y las que establezcan, con relaci髇 a las instalaciones de la red de abastecimiento Ter-Llobregat, los estatutos de la Agencia.�

獳rt韈ulo 18 Elaboraci髇 de la planificaci髇

El Gobierno, por medio de la Agencia Catalana del Agua, elabora la planificaci髇 de las cuencas internas, que corresponde aprobar al Gobierno, y participa, en la forma que determina la legislaci髇 vigente, en la planificaci髇 hidrol骻ica que corresponde a la Administraci髇 del Estado, particularmente en la que afecta la parte catalana de las cuencas de los r韔s Ebro, Garona y J鷆ar.�

�25.1 Corresponde al Gobierno, en el 醡bito de sus competencias, la aprobaci髇 del Plan de gesti髇 del distrito de cuenca fluvial de Catalu馻, de los programas de medidas, de los programas de control y de los planes y programas de gesti髇 espec韋icos y su revisi髇, a propuesta de la Agencia Catalana del Agua.�

�25.5 El procedimiento de aprobaci髇, la revisi髇 y la vigencia del Plan de gesti髇 del distrito de cuenca fluvial de Catalu馻, del programa de medidas, de los programas de control y de los planes y programas de gesti髇 espec韋icos se determinan por reglamento.�

�26.4 Corresponde al Gobierno declarar de inter閟 prioritario de la Generalidad, de acuerdo con los criterios fijados por los instrumentos de planificaci髇 hidrol骻ica, determinados proyectos hidr醬licos y obras de construcci髇 y explotaci髇 de infraestructura hidr醬lica. La ejecuci髇 de estas obras, siempre que se haga de acuerdo con los proyectos aprobados, solo puede ser suspendida por la autoridad judicial, sin perjuicio de lo establecido por los art韈ulos 23 y 77 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catal醤. Adem醩 de los efectos a los que se refiere el apartado 3, la aprobaci髇 de los proyectos correspondientes a las obras hidr醬licas de inter閟 prioritario de la Generalidad comporta la declaraci髇 de ocupaci髇 urgente de los bienes y derechos afectados.�

�35.1 Quedan afectados al servicio p鷅lico de competencia de la Generalidad los bienes y las instalaciones de titularidad p鷅lica que forman parte de la red de abastecimiento Ter-Llobregat. Estos bienes deben destinarse al ejercicio de las competencias de la Generalidad en materia de aguas, de acuerdo con la legislaci髇 vigente.�

獳rt韈ulo 37 Funciones de la Agencia Catalana del Agua en relaci髇 con la red Ter-Llobregat

37.1 La Agencia Catalana del Agua ejerce las funciones siguientes en relaci髇 con los bienes y las instalaciones que integran la red Ter-Llobregat y que se enumeran en el anexo 1, sin perjuicio del r間imen de titularidad y gesti髇 que tengan y de las competencias sectoriales en la materia:

• a) La construcci髇, mejora, gesti髇 y explotaci髇 de las instalaciones que constituyen la red de abastecimiento Ter-Llobregat, que comprenden el tratamiento, el almacenaje y el transporte del agua. La explotaci髇 y la gesti髇 pueden hacerse de manera directa o indirecta, por medio de los correspondientes contratos administrativos de gesti髇 y prestaci髇 de servicios p鷅licos.
• b) La coordinaci髇 de la explotaci髇 de las instalaciones que forman las diversas redes del sistema Ter-Llobregat, a los efectos de lo determinado por el art韈ulo 39 de esta ley.
• c) La asistencia y la colaboraci髇 con las entidades locales para la prestaci髇 de los servicios de su competencia en materia de abastecimiento de agua.
• d) Subsidiariamente y en los supuestos previstos en la legislaci髇 de r間imen local, la redacci髇 de los proyectos, la construcci髇 y la explotaci髇 de instalaciones en el 醡bito de la competencia municipal o comarcal.

37.2 La Agencia Catalana del Agua puede encargarse, temporalmente y mientras las entidades locales no asuman las funciones que tienen encomendadas, de la ejecuci髇 de las obras y la prestaci髇 de los servicios que resulten necesarios para el abastecimiento de poblaciones determinadas desde la red de abastecimiento Ter-Llobregat con derecho a la percepci髇 de las tarifas correspondientes.�

獳rt韈ulo 38 Instalaciones de la Generalidad por raz髇 de la prestaci髇 del servicio de abastecimiento mediante la red Ter-Llobregat

38.1 La Generalidad es la titular de las obras e instalaciones que ejecute con cargo a los recursos propios y que formen parte de la red Ter-Llobregat, y puede recibir la adscripci髇 de otros recursos por raz髇 de los servicios que le corresponde prestar.

38.2 La incorporaci髇 de nuevas poblaciones al abastecimiento desde la red de abastecimiento o la ampliaci髇 de los caudales aprovechados por uno o varios municipios da lugar a la obligaci髇 de satisfacer a la Generalidad, en concepto de cuota de conexi髇, una cantidad que debe ser fijada por el Consejo de la Red de Abastecimiento Ter-Llobregat de la Agencia Catalana del Agua y aplicada proporcionalmente a los nuevos caudales derivados sobre el total servido desde la red b醩ica. Esta cantidad debe destinarse al ejercicio de las competencias de la Generalidad en materia de aguas, de acuerdo con la legislaci髇 vigente.�

獳rt韈ulo 39 Recursos econ髆icos de la Generalidad por raz髇 de la prestaci髇 del servicio de abastecimiento mediante la red Ter-Llobregat

39.1 Es un ingreso propio de la Generalidad el producto de las tarifas por la prestaci髇 del servicio que esta ley le encomienda. Las tarifas comprenden los costes derivados de la construcci髇 y de la financiaci髇 de las obras de la red de abastecimiento Ter-Llobregat en la parte del coste que tenga que soportar la Generalidad de acuerdo con la legislaci髇 aplicable a la financiaci髇 de estas infraestructuras, as� como la explotaci髇 y la conservaci髇 de las instalaciones que integran dicha red, y deben ser satisfechas por todos los usuarios de agua de los municipios que reciben el servicio. En los supuestos a los que se refiere la letra d del art韈ulo 37.1, corresponde a la Generalidad la percepci髇 de la tarifa de construcci髇 o de explotaci髇 de la red o instalaci髇 local por raz髇 de los servicios que preste subsidiariamente.

39.2 Las entidades suministradoras de agua deben percibir de sus abonados el importe de las tarifas de prestaci髇 del servicio a que se refiere el apartado 1 y tienen que efectuar el ingreso a la Generalidad en la forma fijada a tal efecto. Este importe debe destinarse al ejercicio de las competencias de la Generalidad en materia de aguas, de acuerdo con la legislaci髇 vigente.�

�44.3 Los caudales adicionales que resultan de las nuevas obras de regulaci髇 de la cuenca del r韔 Llobregat deben destinarse al suministro de agua para el abastecimiento de poblaciones mediante la red b醩ica Ter-Llobregat y deben ser inscritos en el Registro de Aguas a nombre de la Generalidad de Catalu馻. El otorgamiento de otras concesiones de nuevos caudales regulados est� condicionado en cualquier caso al cumplimiento de aquella afectaci髇 de destino por abastecimiento.�

�2. La contribuci髇 econ髆ica de los beneficiarios en el coste de las obras que deben ejecutarse puede consistir en:

• a) Una aportaci髇 porcentual sobre el presupuesto total de ejecuci髇, que debe consistir, alternativa o complementariamente, en alguna de las siguientes modalidades:
  • Primero. Una aportaci髇 dineraria de acuerdo con el presupuesto de la obra ejecutable y seg鷑 los porcentajes establecidos por el art韈ulo 48.
  • Segundo. Una aportaci髇 consistente en la ejecuci髇 de la parte proporcional de la obra, en los tramos finales de la red de distribuci髇 seg鷑 los porcentajes establecidos por el art韈ulo 48, por parte de los sujetos solicitantes que hayan acreditado su conformidad de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 46.
    
    El c醠culo de la parte que debe ejecutarse se hace de acuerdo con el proyecto de actuaci髇 aprobado por el departamento competente en materia de desarrollo rural y consiste en dividir el proyecto en dos partes: la parte del proyecto que deben ejecutar los beneficiarios en un plazo de dos a駉s desde el momento en el que se dispone de agua, y la parte del proyecto que debe ejecutar la Administraci髇.
    
    El departamento competente en materia de desarrollo rural debe supervisar que la parte del proyecto ejecutada por los beneficiarios se corresponde con lo establecido por el proyecto correspondiente.
    
    Las personas jur韉icas beneficiarias que opten por esta modalidad deben aprobar, por acuerdo de sus 髍ganos de gobierno, el correspondiente proyecto de obra, as� como el compromiso de ejecuci髇 de la parte que les corresponde. Las personas f韘icas beneficiarias que opten por esta modalidad deben conformar el mencionado proyecto de obra y manifestar el compromiso de ejecuci髇 de la parte que les corresponde.
• b) El pago de una tarifa de utilizaci髇 del agua que debe satisfacerse a partir del momento en que la obra pueda entrar en servicio.�

獳rt韈ulo 49 Garant韆s en la modalidad de aportaci髇 porcentual

49.1 En la modalidad de aportaci髇 a la que se refiere el art韈ulo 47.2.a.primero, los beneficiarios quedan obligados a aportar, antes de la contrataci髇 de las obras, la garant韆 del cumplimiento de sus obligaciones econ髆icas a su cargo, de acuerdo con lo establecido por la legislaci髇 aplicable a los contratos de la Administraci髇 de la Generalidad.

49.2 Quedan exentos de esta obligaci髇 los beneficiarios que hayan optado por la aportaci髇 a la que se refiere el art韈ulo 47.2.a.segundo.

49.3 El Gobierno, sin perjuicio de lo establecido por este art韈ulo, en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, puede acordar otros sistemas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones econ髆icas a cargo de los beneficiarios.�

獶ecimosexta

1. La utilizaci髇 como fertilizante agr韈ola de los efluentes l韖uidos resultantes del procesamiento de la uva para la elaboraci髇 del vino en las bodegas y del procesamiento de las aceitunas para la elaboraci髇 de aceite en las almazaras no tienen la consideraci髇 de vertido, en los t閞minos que establezca el Gobierno por reglamento.

2. En el desarrollo reglamentario debe fijarse el volumen de efluentes que puede ser utilizado como fertilizante y las condiciones de uso. Esta actividad debe llevarse a cabo sin procedimientos o m閠odos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua o el suelo, o para la fauna o la flora.�

�3. El Gobierno nombra a todos los vocales del Consejo de Administraci髇 a propuesta del presidente o presidenta del Instituto. La duraci髇 del mandato de los vocales del Consejo de Administraci髇 a que se refiere el punto quinto del apartado 2.d es de cinco a駉s.�

�4. La evaluaci髇 ambiental del planeamiento urban韘tico se regula mediante la legislaci髇 urban韘tica en los aspectos relativos al procedimiento y contenido del informe de sostenibilidad ambiental.�

�3. El promotor puede sustituir la documentaci髇 a la que se refiere el apartado 2 por el informe de sostenibilidad ambiental preliminar, especificado por el art韈ulo 17.1, para que, si procede, el 髍gano ambiental proceda directamente a emitir el documento de referencia.�

�8. El 髍gano ambiental, una vez recibida la documentaci髇 a la que se refieren los apartados 2, 3 y 4, consulta las administraciones p鷅licas afectadas sobre los eventuales efectos sobre el medio ambiente que puede comportar el plan o programa en cuesti髇 en relaci髇 con sus competencias. Asimismo, les solicita que se pronuncien sobre cu醠 debe ser el alcance y el grado de especificaci髇 aplicable a la eventual elaboraci髇 del informe de sostenibilidad ambiental sobre aquel plan o programa. Las administraciones consultadas deben transmitir su parecer al 髍gano ambiental en el plazo de un mes.

En caso de que el promotor haya aportado el informe de sostenibilidad ambiental preliminar especificado al art韈ulo 17.1, el 髍gano ambiental consulta tambi閚 al p鷅lico interesado en los t閞minos establecidos por el art韈ulo 16.4.b. El parecer de las administraciones p鷅licas afectadas y del p鷅lico interesado sobre el alcance y el grado de especificaci髇 del informe de sostenibilidad ambiental se hace cautelarmente, dado el caso de que en la decisi髇 previa el 髍gano ambiental resuelva que el plan debe someterse al procedimiento de evaluaci髇 ambiental.�

�1. El 髍gano ambiental, una vez transcurrido el plazo de las consultas a las administraciones afectadas, y al p鷅lico interesado, si procede, en el plazo de un mes, decide sobre la necesidad de someter el plan o programa al procedimiento de evaluaci髇 ambiental y emite la decisi髇 previa de evaluaci髇 ambiental.�

• 玜) Requerir al promotor para que aporte el informe de sostenibilidad ambiental preliminar establecido por el art韈ulo 17.1, si no lo ha presentado inicialmente. Este requerimiento se incluye en la notificaci髇 de la decisi髇 previa de evaluaci髇 ambiental.�

• 玞) El planeamiento urban韘tico derivado para la implantaci髇 en suelo no urbanizable de construcciones destinadas a las actividades de camping, as� como el planeamiento urban韘tico derivado que se formule para la implantaci髇 en suelo no urbanizable de equipamientos y de servicios comunitarios no compatibles con los usos urbanos, de instalaciones y de obras necesarias para la prestaci髇 de servicios t閏nicos, de estaciones de suministro de carburantes y de prestaci髇 de otros servicios de la red viaria. No obstante, no est醤 sujetos a evaluaci髇 ambiental los planes que no califican suelo, cuyo contenido se restringe al establecimiento de actuaciones ejecutables directamente sin requerir el desarrollo de proyectos de obras posteriores, ni los planes o programas en los que, por las caracter韘ticas y la poca entidad, se constate, sin necesidad de estudios u otros trabajos adicionales, que no pueden producir efectos significativos en el medio ambiente. A tales efectos, el promotor debe presentar una solicitud al 髍gano ambiental, en la fase preliminar de la elaboraci髇 del plan o programa, para que este, mediante una resoluci髇 motivada, declare la no sujeci髇 del plan o programa a evaluaci髇 ambiental. El plazo para adoptar y notificar la resoluci髇 es de un mes desde la presentaci髇 de la solicitud. Si el 髍gano ambiental no notifica la resoluci髇 de exenci髇 de evaluaci髇 en este plazo, se entiende que la solicitud ha sido desestimada. La declaraci髇 de no sujeci髇 no es necesaria cuando los planes deben seguir una evaluaci髇 de impacto ambiental, de acuerdo con lo establecido por el punto tercero de la disposici髇 adicional tercera.�

�3. El importe total de la fianza es la suma de los importes parciales correspondientes a las diferentes fases de la restauraci髇. El importe total y los importes parciales se establecen en la autorizaci髇 de la explotaci髇, la cual debe determinar tambi閚 el importe de la fianza inicial que debe constituirse antes de iniciar la explotaci髇.

3 bis El importe de la fianza inicial es el siguiente:

• a) Para las actividades extractivas o las fases de estas actividades con una duraci髇 prevista de cinco a駉s o m醩: el 33% del importe total de la fianza establecida.
• b) Para las actividades extractivas o las fases de estas actividades con una duraci髇 prevista de entre dos y cinco a駉s: el 60% del importe total de la fianza establecida.
• c) Para las actividades extractivas o las fases de estas actividades con una duraci髇 igual o inferior a dos a駉s: el 100% de la fianza.

3 ter Anualmente se revisa el importe de la fianza que debe mantenerse, con aplicaci髇 del 韓dice de precios al consumo y en funci髇 de las superficies afectadas o que se prev� afectar durante el a駉 seg鷑 el plan anual de labores, de las ya restauradas y de las que a鷑 no han sufrido ninguna afecci髇. El importe resultante no puede ser inferior al importe de la fianza inicial actualizada con el 韓dice de precios al consumo. La revisi髇 del importe de la fianza se efect鷄 anualmente a partir de los datos que las empresas titulares incluyen en el plan de labores.

3 quater En el caso de que se apruebe la modificaci髇 del programa de restauraci髇 para la construcci髇 de un dep髎ito controlado de tierras y escombros, qui閚 haya constituido la fianza puede optar por mantenerla, adapt醤dola a la nueva finalidad, o por la devoluci髇 de la primera fianza presentando una nueva con un cambio de finalidad.�

�1. Se tipifican las infracciones del siguiente modo:

• 1.1 Constituyen infracciones muy graves:
  • a) La comisi髇 de tres infracciones tipificadas como graves en un per韔do de tres a駉s, sancionadas con resoluci髇 firme.
  • b) La comisi髇 de una infracci髇 tipificada como grave si afecta a un espacio protegido.
• 1.2 Constituyen infracciones graves:
  • a) La realizaci髇 de actividades extractivas sin tener aprobado el programa de restauraci髇 o incumpliendo su contenido.
  • b) La realizaci髇 de actividades extractivas sin haber depositado la fianza inicial de restauraci髇 o cualquiera de sus revisiones anuales.
  • c) La ejecuci髇 de trabajos fuera del 醨ea autorizada con modificaci髇 del relieve original.
  • d) Los incumplimientos de las condiciones y medidas previstas en la declaraci髇 de impacto ambiental de las actividades extractivas contenidas en la autorizaci髇 de la explotaci髇.
  • e) La comisi髇 de tres infracciones tipificadas como leves en un per韔do de tres a駉s, sancionadas con resoluci髇 firme.
  • f) La comisi髇 de una infracci髇 tipificada como leve cuando afecte a un espacio protegido.
• 1.3 Constituye infracci髇 leve la ejecuci髇 de trabajos o actuaciones fuera del 醨ea utorizada sin modificaci髇 del relieve original. Se incluyen, entre otros, el acopio de materiales, la habilitaci髇 de aparcamientos o zonas de carga y descarga y la ubicaci髇 de plantas m髒iles e instalaciones auxiliares.

2. Las infracciones muy graves se sancionan con multa de hasta 1.000.000 de euros; las graves con multa de hasta 300.000 euros, y las leves con multa de hasta 30.000 euros.

2 bis Los 髍ganos competentes para imponer las sanciones son:

• a) El director o la directora general competente en materia de protecci髇 de los espacios afectados por actividades extractivas, para las sanciones correspondientes a infracciones leves.
• b) El secretario o la secretaria competente en materia de protecci髇 de los espacios afectados por actividades extractivas, para las sanciones correspondientes a infracciones graves.
• c) El consejero o la consejera del departamento competente en materia de protecci髇 de los espacios afectados por actividades extractivas, para las sanciones correspondientes a infracciones muy graves.�

獿a sociedad catalana ha sido protagonista de una evoluci髇 cultural en el campo de la cocina y la gastronom韆 que le ha llevado en concebirlas como parte de su patrimonio inmaterial. Es por ello que se introduce la cocina como uno de los elementos del conjunto de manifestaciones culturales que forman parte de la cultura popular y tradicional.�

�2. La cultura popular y tradicional incluye todo cuanto se refiere al conjunto de manifestaciones culturales, tanto materiales como inmateriales, como son las fiestas y las costumbres, la m鷖ica y los instrumentos, los bailes y las representaciones, las tradiciones festivas, las creaciones literarias, la cocina, las t閏nicas y los oficios y todas aquellas otras manifestaciones que tienen car醕ter popular y tradicional, como tambi閚 las actividades tendentes a difundirlas por todo el territorio y a todos los ciudadanos.�

�1. Las celebraciones de la cultura tradicional catalana de especial arraigo y relevancia pueden ser declaradas fiestas de inter閟 nacional. La declaraci髇 se hace por acuerdo del Gobierno, o韉os el ayuntamiento y el consejo comarcal correspondientes.�

�2. La declaraci髇 de inter閟 cultural de una asociaci髇 se realiza por acuerdo del Gobierno, y supone los siguientes derechos:�

獳rt韈ulo 13 觬gano de impulso de la dinamizaci髇 sociocultural y de las asociaciones culturales

El departamento competente en materia de cultura debe impulsar las pol韙icas necesarias para contribuir a la consecuci髇 de los objetivos establecidos por los cap韙ulos II y III.�

�5. Las agrupaciones deportivas legalmente constituidas e inscritas en Catalu馻 que tienen como objetivo desarrollar, fomentar y practicar la actividad f韘ica o polideportiva de manera no reglada y adaptada a las necesidades y las condiciones de cada colectivo o persona y que no se encuentran afiliadas a ninguna federaci髇 deportiva catalana o consejo deportivo pueden integrarse en un ente que las represente, como por ejemplo la Uni髇 de Agrupaciones Deportivas de Catalu馻.

6. En el caso de que se constituya, la Uni髇 de Agrupaciones Deportivas de Catalu馻 debe ser una entidad privada sin af醤 de lucro, la cual debe tener personalidad jur韉ica para el desarrollo de sus objetivos generales encaminados a la promoci髇 y la organizaci髇 de actividades f韘icas y deportivas de car醕ter l鷇ico, formativo y social, y no puede llevar a cabo las actividades competitivas propias de las federaciones deportivas catalanas y de los consejos deportivos, salvo en el caso de un acuerdo mutuo.�

�1. Solamente puede reconocerse, dentro del 醡bito territorial de Catalu馻, una federaci髇 deportiva para cada deporte, modalidad deportiva o conjunto de modalidades deportivas que derivan de un concepto o un objeto principal o est醤 conectados al mismo. Se except鷄n las federaciones polideportivas dedicadas al fomento, organizaci髇 y pr醕tica de distintas modalidades en las que se integran 鷑icamente deportistas con disminuciones o discapacidades f韘icas, ps韖uicas, sensoriales o mixtas.�

�4. Para el reconocimiento de una nueva federaci髇 deportiva catalana deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

• a) La acreditaci髇 de viabilidad econ髆ica aut髇oma de la nueva federaci髇.
• b) El reconocimiento de la modalidad deportiva por parte del Comit� Internacional Ol韒pico o por una federaci髇 deportiva de nivel estatal, continental o mundial.
• c) La previa constituci髇 como uni髇 deportiva de clubes durante un per韔do m韓imo de tres a駉s.�

• 玝) La colaboraci髇 y la participaci髇 con los organismos p鷅licos y entidades privadas en el desarrollo y la mejora del deporte en general y del deporte de ocio, especialmente del federado.�

獳rt韈ulo 58

Las entidades de car醕ter p鷅lico y las entidades deportivas privadas registradas en el Registro de entidades deportivas de la Generalidad de Catalu馻 deben cumplir, en la construcci髇 de sus instalaciones deportivas, los requerimientos t閏nicos que fije la Generalidad en materia de seguridad y accesibilidad.�

獳rt韈ulo 61

1. Corresponde a la Generalidad, mediante sus 髍ganos, realizar el seguimiento y control de la ejecuci髇 de los proyectos de instalaciones deportivas subvencionados por la propia Generalidad, de iniciativa p鷅lica y de iniciativa privada, con el fin de garantizar el cumplimiento de los programas de actuaci髇 aprobados y de las normas t閏nicas aplicables a los mismos.

2. Los 髍ganos de la Administraci髇 deportiva de la Generalidad deben tener conocimiento de la evoluci髇 del uso y la rentabilidad social de todas las instalaciones deportivas que hayan disfrutado de sus ayudas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los programas de utilizaci髇 que deben acompa馻r necesariamente cualquier proyecto de obra.�

獳rt韈ulo 142

Los miembros del Tribunal Catal醤 del Deporte son nombrados por el secretario o secretaria general del Deporte: tres miembros a propuesta del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Catalu馻; dos miembros a propuesta de la Uni髇 de Federaciones Deportivas de Catalu馻, y dos miembros a propuesta del Colegio Oficial de Profesores y Licenciados de Educaci髇 F韘ica de Catalu馻.�

獶閏ima

La Federaci髇 Catalana de Deportes para Todos, inscrita en el Registro de entidades deportivas de la Generalidad de Catalu馻, puede acordar su transformaci髇 en la Uni髇 de Agrupaciones Deportivas de Catalu馻, de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 14.6 de la Ley del deporte. En otro caso, se cancela de oficio su inscripci髇 en dicho registro.�

�1. El ejercicio de las profesiones reguladas por la presente ley, cuando no es exclusivamente por cuenta ajena, requiere la previa contrataci髇 de un seguro de responsabilidad civil que cubra la indemnizaci髇 por el da駉s que se puedan causar a terceros en la prestaci髇 de los servicios profesionales, de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 9 de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales. Los contenidos m韓imos de las p髄izas de responsabilidad civil deben establecerse por reglamento.�

�1. En el marco de la Secretar韆 General del Deporte debe crearse una comisi髇 asesora de las profesiones del deporte con las siguientes finalidades b醩icas:

• a) Evaluar peri骴icamente la evoluci髇 de las profesiones en el 醡bito del deporte.
• b) Hacer propuestas a los organismos competentes en esta materia sobre las necesidades formativas de los distintos sectores profesionales del deporte.
• c) Analizar la evoluci髇 del fen髆eno deportivo como generador de nuevas profesiones para efectuar propuestas sobre la necesaria regulaci髇 de las mismas.
• d) Efectuar propuestas a los organismos competentes en esta materia sobre las necesidades formativas de los distintos sectores profesionales del deporte y sobre la modificaci髇 de las ense馻nzas para que incorporen los valores de la coeducaci髇, la perspectiva de g閚ero y el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres en las distintas 醨eas de conocimiento.
• e) Realizar propuestas de modificaci髇, mejora, actualizaci髇 o supresi髇, si procede, de las profesiones reconocidas en la presente ley.
• f) Otras finalidades que la Secretar韆 General del Deporte le encomiende referentes al mercado de trabajo del deporte y de las profesiones que le son propias.�

• 玜) Acreditar documentalmente, en relaci髇 con cada proyecci髇, el n鷐ero de espectadores que han asistido y los rendimientos obtenidos, con la indicaci髇 de la versi髇 lingstica en la que se ha proyectado la obra. En el caso de que ning鷑 espectador asista a la exhibici髇 cinematogr醘ica que se ofrece, el exhibidor no proyectar� la pel韈ula con la sala vac韆. Los titulares de las salas de exhibici髇 deben comunicar al Instituto Catal醤 de las Industrias Culturales esta situaci髇.�

�5. En el caso de que ning鷑 espectador no asista a la exhibici髇 cinematogr醘ica que se ofrece, el exhibidor debe computar en cualquier caso esta oferta a los efectos del c醠culo de la cuota de pantalla, sin necesidad de proyectar con la sala vac韆 la pel韈ula que ha sido ofertada y que no ha sido vista por ning鷑 espectador. Los titulares de las salas de exhibici髇 deben comunicar al Instituto Catal醤 de las Industrias Culturales esta situaci髇.�

• 玤) La falsedad o manipulaci髇 de los datos del n鷐ero de espectadores o de rendimiento de las obras cinematogr醘icas reflejadas a las declaraciones a las que se refiere el art韈ulo 21.�

• 玣) El incumplimiento, por acci髇 u omisi髇, de las obligaciones de utilizaci髇 de billetes reglamentarios y emisi髇 de declaraciones a las que se refiere el art韈ulo 21 cuando impidan el control del n鷐ero de espectadores o del rendimiento de las obras cinematogr醘icas exhibidas y los atrasos injustificados en la remisi髇 de las mencionadas declaraciones superiores a un mes sobre los plazos que se establezcan reglamentariamente.�

• 玤) Los incumplimientos, por acci髇 u omisi髇, de las obligaciones relativas al control del n鷐ero de espectadores o del rendimiento de las obras cinematogr醘icas exhibidas cuando no sean infracci髇 muy grave o grave.�

�2. Los poderes en previsi髇 de una situaci髇 de incapacidad otorgados antes de la entrada en vigor de la presente ley quedan sujetos, en cuanto a su eficacia y r間imen de ejercicio, a lo establecido por el C骴igo civil, salvo lo exigido por el art韈ulo 222-44.3.�

�3. El Registro de Cooperativas de Cr閐ito de Catalu馻 tiene por objeto la calificaci髇, inscripci髇, resoluci髇 y certificaci髇 de cooperativas de cr閐ito definidas en la secci髇 quinta del cap韙ulo VIII de la presente ley y de los actos inscribibles relativos a las mismas. El Registro de Cooperativas de Cr閐ito de Catalu馻 queda adscrito al departamento de la Generalidad competente para ejercer las funciones de tutela de las entidades financieras y de cr閐ito.

4. El Registro General de Cooperativas debe notificar al departamento de la Generalidad competente en materia de entidades financieras y de cr閐ito las inscripciones de sociedades cooperativas con secci髇 de cr閐ito, para ejercer conjuntamente las funciones de tutela.�

�1. Para inscribir una cooperativa hay que presentar en el Registro de Cooperativas una copia aut閚tica de la escritura de constituci髇.�

�2. Los libros y dem醩 registros contables que han de llevar las cooperativas deben estar encuadernados y foliados y, antes de que estas hagan uso de los mismos, deben ser legalizados por el Registro de Cooperativas.

En el caso de que se lleven en soporte inform醫ico, los libros de las cooperativas deben hacerse legalizar despu閟 de su utilizaci髇.

Las cooperativas deben presentar los libros en el Registro de Cooperativas por medios electr髇icos, en los t閞minos que se establezcan por reglamento.�

�5. El acuerdo de fusi髇, una vez adoptado, debe publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en un peri骴ico de gran difusi髇 en el territorio donde tenga el domicilio social cada una de las cooperativas participantes en la fusi髇.�

�3. El acuerdo de transformaci髇 de una sociedad cooperativa debe publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en un peri骴ico de gran difusi髇 en Catalu馻, y ha de comunicarse a los acreedores. Este acuerdo no puede llevarse a efecto hasta pasado un mes desde la fecha del 鷏timo anuncio o, si procede, la 鷏tima comunicaci髇. Si durante este per韔do se opone al mismo alg鷑 acreedor o acreedora, el acuerdo no puede llevarse a efecto hasta que no se hayan asegurado los derechos, no pudiendo el acreedor o acreedora oponerse al pago aunque se trate de cr閐itos no vencidos.�

�3. El acuerdo de disoluci髇 de una cooperativa o la resoluci髇 judicial en su caso, adem醩 de inscribirse en el Registro de Cooperativas, hay que publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en un peri骴ico de gran difusi髇 en Catalu馻. El acuerdo publicado tiene que incluir el nombramiento del liquidador o liquidadora o de los liquidadores de la sociedad.�

�4. Una vez aprobado el balance final, los liquidadores deben hacer efectiva la adjudicaci髇 del haber social, de acuerdo con lo dispuesto por el art韈ulo 89. Los liquidadores han de solicitar en la escritura p鷅lica de liquidaci髇 o, en su caso, en la escritura de disoluci髇 y liquidaci髇 de la cooperativa la cancelaci髇 de los asentamientos referentes a la sociedad liquidada en el Registro de Cooperativas y depositar en el mismo los libros y los documentos relativos al tr醘ico de la cooperativa.�

�2. Las cooperativas agrarias pueden tener por objeto cualquier servicio o actividad empresarial ejercidos en com鷑, de inter閟 de los socios y de la poblaci髇 agraria, muy especialmente las actividades de consumo y los servicios para los socios y para los miembros de su entorno social y el fomento de las actividades encaminadas a la promoci髇 y mejora de la poblaci髇 agraria y el medio rural. Para el cumplimiento de sus objetivos, pueden, entre otras actividades, prestar servicios para la propia cooperativa y con el personal propio, que consistan en la realizaci髇 de trabajos agrarios u otras tareas an醠ogas en las explotaciones y en favor de los socios, de acuerdo con la legislaci髇 estatal de aplicaci髇.�

獳rt韈ulo 118 bis Continuidad de los socios trabajadores en el caso de cese de actividades

Si una cooperativa de trabajo asociado cesa, por causas que no le son imputables, en un contrato de servicios o concesi髇 administrativa y una nueva empresa se hace cargo de la misma, los socios trabajadores afectados porque est醤 desarrollando en ella su actividad tienen los mismos derechos y deberes que les habr韆n correspondido si hubiesen sido trabajadores por cuenta ajena, de acuerdo con la legislaci髇 estatal de aplicaci髇.�

�7. La liquidaci髇 de la cooperativa descalificada ha de realizarse en el plazo de tres a駉s a contar desde que la resoluci髇 de descalificaci髇 sea firme, de acuerdo con lo establecido por los art韈ulos 87, 88 y 89. Transcurrido este plazo, se debe actuar de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 90.�

DISPOSICIONES ADICIONALES

玈exta Aranceles notariales

En cuanto a los aranceles notariales en los casos en que la escritura p鷅lica o cualquier otro instrumento p鷅lico notarial es impuesto por la legislaci髇 de cooperativas, debe tenerse en cuenta lo establecido por la legislaci髇 estatal en cada momento.

S閜tima Impulso, potenciaci髇 y consolidaci髇 de la utilizaci髇 de las nuevas tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇 en el funcionamiento del Registro General de Cooperativas de Catalu馻

La Generalidad debe impulsar la implementaci髇 progresiva de sistemas electr髇icos en el Registro General de Cooperativas de Catalu馻 que hagan posible la publicidad telem醫ica de su contenido, el acceso y la comunicaci髇 de las personas interesadas en el Registro por cualquier medio, f韘ico o telem醫ico, y la respuesta a las demandas de certificaci髇 o comprobaci髇 de datos de otros 髍ganos y organismos de la propia Generalidad y de otras administraciones p鷅licas o instituciones, mediante el establecimiento de los correspondientes acuerdos y convenios para el intercambio de informaci髇.�

玈閜tima Normativa aplicable a la tramitaci髇 de los expedientes sancionadores

Mientras no se desarrolle la regulaci髇 de un procedimiento sancionador espec韋ico, debe aplicarse a la tramitaci髇 de los expedientes sancionadores en materia de cooperativas iniciados en virtud de un acta emitida por la Inspecci髇 de Trabajo la normativa especial de imposici髇 de sanciones por infracciones en el orden social.�

獳rt韈ulo 26 R間imen de prestaci髇 de los servicios de inspecci髇

1. El r間imen de prestaci髇 de los servicios de inspecci髇 es el de autorizaci髇 administrativa.

2. El Gobierno debe determinar, por reglamento, las caracter韘ticas m韓imas del sistema de prestaci髇 de los servicios de inspecci髇, para asegurar la calidad del servicio, para establecer unas condiciones de competencia efectiva y leal entre operadores y para garantizar una cobertura territorial adecuada.

3. El Gobierno debe asegurar la universalidad del servicio de inspecci髇 mediante la prestaci髇 subsidiaria cuando sea necesario por falta de iniciativa privada, o en el caso de que el servicio deje de prestarse. En este caso, el Gobierno puede hacerlo mediante la participaci髇 en sociedades de econom韆 mixta o mediante la concesi髇 administrativa.

4. Los servicios de inspecci髇 deben ser prestados de forma exclusiva por el operador de la inspecci髇 autorizado que inicie la actuaci髇 inspectora. En casos justificados, el departamento competente en materia de seguridad industrial puede resolver la finalizaci髇 de esta actuaci髇 mediante la intervenci髇 de otro operador autorizado.�

• 玞) Cumplir, si procede, los compromisos derivados de las adjudicaciones de los concursos a los que se refieren el art韈ulo 37.2 y el apartado 2 de la disposici髇 adicional segunda.�

• 玦) No subcontratar la prestaci髇 del servicio de inspecci髇 y mantener la exclusividad de las actuaciones inspectoras, de acuerdo con lo establecido por el art韈ulo 26.4.�

• 玵) Actualizar anualmente, de acuerdo con el incremento del 韓dice de precios al consumo, la cuant韆 correspondiente a la p髄iza de responsabilidad civil o la garant韆 equivalente, as� como, los titulares de las estaciones de inspecci髇 t閏nica de veh韈ulos, la fianza a la que se refiere el art韈ulo 36.1.m.�

獳rt韈ulo 28 Tarifas

1. Los destinatarios de los servicios de control del cumplimiento reglamentario de la seguridad industrial y de la inspecci髇 t閏nica de veh韈ulos deben abonar, con independencia de las tasas que les sean de aplicaci髇, las tarifas que los organismos de control o los titulares de las estaciones de inspecci髇 t閏nica de veh韈ulos comuniquen al departamento competente en materia de seguridad industrial, que este debe hacer p鷅licas por medios telem醫icos y de f醕il acceso.

2. El consejero o consejera del departamento competente en materia de seguridad industrial debe establecer el importe m醲imo de las tarifas del servicio de recepci髇 y control de la documentaci髇 para poner en funcionamiento las instalaciones nuevas o para modificar las ya existentes, as� como el importe m醲imo de las tarifas del servicio de inspecci髇 t閏nica de veh韈ulos.�

獳rt韈ulo 29 "Funciones de los organismos de control

1. Los organismos de control tienen las siguientes funciones:

• a) Recibir, si procede, la documentaci髇 establecida por la normativa de aplicaci髇 para poner en funcionamiento las nuevas instalaciones, o las modificaciones de instalaciones ya existentes, y emitir el documento que habilita a los titulares de dichas instalaciones a ponerlas en funcionamiento, de acuerdo con las instrucciones y los protocolos aprobados por el 髍gano competente.
• b) Revisar la documentaci髇 relativa a las nuevas instalaciones, o las modificaciones de instalaciones ya existentes, y realizar la inspecci髇 de dichas instalaciones en los casos que corresponda, de acuerdo con las instrucciones y los protocolos aprobados por el 髍gano competente.
• c) Realizar, a solicitud de los titulares, las inspecciones obligatorias requeridas por los reglamentos t閏nicos de seguridad industrial y el resto de normas de aplicaci髇.
• d) Tramitar, a solicitud de los titulares, la anotaci髇 del resultado de las inspecciones peri骴icas obligatorias de las instalaciones y los aparatos industriales en los registros establecidos por los reglamentos t閏nicos de seguridad industrial de aplicaci髇.
• e) Ordenar la interrupci髇 del funcionamiento de las instalaciones, como medida cautelar, en el caso de que suponga un peligro inminente. Esta medida debe comunicarse inmediatamente al 髍gano de la Generalidad competente en materia de seguridad industrial, el cual puede suspender o modificar dicha interrupci髇 por causas justificadas.
• f) Controlar las actividades de los t閏nicos competentes autores de los proyectos y de los directores de la ejecuci髇 de los proyectos, as� como la de los profesionales y las empresas que intervienen en la instalaci髇, mantenimiento, reparaci髇 y operaci髇 de instalaciones y de productos industriales, de acuerdo con las instrucciones y protocolos aprobados por el 髍gano competente.

2. El Gobierno puede delegar en los colegios profesionales las funciones de comprobaci髇 documental y t閏nica de los trabajos a que se refiere la letra f del apartado 1, y tambi閚, si procede, la excelencia profesional mediante convenios de delegaci髇 que deben establecer las condiciones y el alcance del certificado de idoneidad que se emita.�

獳rt韈ulo 30 Requisitos de los organismos de control

1. Los organismos de control, para poder actuar en el territorio de Catalu馻, deben cumplir los siguientes requisitos:

• a) Tener la correspondiente autorizaci髇.
• b) Adecuarse a un despliegue territorial m韓imo que garantice el equilibrio territorial en Catalu馻.
• c) No formar parte de un grupo de empresas, de acuerdo con la definici髇 del art韈ulo 4 de la Ley del Estado 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, con otro organismo de control autorizado para actuar en Catalu馻.
• d) Actuar en alguno de los 醡bitos correspondientes a los de los reglamentos t閏nicos de seguridad industrial.
• e) Tener una acreditaci髇 de su competencia t閏nica que cubra el conjunto de las actividades para las que est醤 autorizados.
• f) Adecuarse a la imagen corporativa de identificaci髇 del servicio de inspecci髇 que establezca el 髍gano de la Generalidad competente en materia de seguridad industrial.
• g) Tener servicios de informaci髇 y tramitaci髇 telem醫ica para facilitar el intercambio de informaci髇 con los usuarios.
• h) Utilizar los sistemas de informaci髇 del 髍gano de la Generalidad competente en materia de seguridad industrial y, si procede, tener sistemas de informaci髇 compatibles con los de este 髍gano, que permitan el intercambio de informaci髇 con el mismo y que se adecuen a las caracter韘ticas que se establezcan.
• i) Tener personal con la competencia profesional pertinente en cada uno de los 醡bitos correspondientes a los reglamentos t閏nicos de seguridad industrial en que act鷈.
• j) Asegurar la formaci髇 continuada de su personal para mantener y actualizar su competencia profesional.
• k) Cumplir el r間imen de incompatibilidades, con el fin de garantizar los criterios de independencia, imparcialidad e integridad en sus actuaciones.
• l) Tener una p髄iza de responsabilidad civil o una garant韆 equivalente en la cuant韆 que se determine.
• m) Disponer de una fianza, en la cuant韆 que se determine, para hacer frente a las posibles responsabilidades derivadas en caso de extinci髇 de la autorizaci髇.

2. El Gobierno debe desarrollar, por reglamento, los requisitos establecidos por el apartado 1.

3. Los organismos de control autorizados por otras comunidades aut髇omas pueden, en el marco del procedimiento de autorizaci髇, acreditar al departamento mediante una comunicaci髇 el cumplimiento de los requisitos equivalentes a los exigidos por el art韈ulo 30 cuando ya les hubiesen sido exigidos.�

獳rt韈ulo 31 Despliegue territorial m韓imo de los organismos de control

El Gobierno, para asegurar una buena prestaci髇 del servicio en relaci髇 con el parque de instalaciones existente y garantizar la objetividad y la calidad de la inspecci髇, puede fijar por reglamento el despliegue territorial m韓imo que garantice el equilibrio territorial en Catalu馻 de los organismos de control que act鷄n en Catalu馻.�

�3. La autorizaci髇 para actuar como organismo de control solamente es transferible a sujetos que cumplan los requisitos establecidos por el art韈ulo 30. La transferencia requiere la conformidad previa y expresa del 髍gano de la Generalidad competente en materia de seguridad industrial y comporta la aceptaci髇 expresa de cumplir, si procede, los compromisos derivados de las autorizaciones. Los nuevos sujetos deben subrogarse en la posici髇 empresarial de los contratos laborales de las personas que prestan servicios en el correspondiente organismo de control.�

�1. Las autorizaciones a las que hace referencia el art韈ulo 32 se extinguen por la p閞dida de la acreditaci髇 como organismo de control, por renuncia, por revocaci髇 debida al incumplimiento de los requisitos que establece el art韈ulo 30, o en caso de sanci髇 por infracci髇 muy grave en el supuesto establecido por el art韈ulo 45.3.c.�

獳rt韈ulo 49 觬ganos sancionadores

El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de seguridad industrial corresponde a:

• a) El director o directora general competente en materia de seguridad industrial para sanciones correspondientes a infracciones leves.
• b) El secretario o secretaria competente en materia de seguridad industrial para sanciones correspondientes a infracciones graves.
• c) El consejero o consejera del departamento competente en materia de seguridad industrial para sanciones correspondientes a infracciones muy graves.�

玂ctava Referencias normativas

Todas las referencias hechas por la presente ley, y por la normativa posterior que la desarrolla, a la Agencia Catalana de Seguridad Industrial deben entenderse hechas al 髍gano competente de la Generalidad en materia de seguridad industrial.�

玊ercera R間imen de actuaci髇 de las empresas de inspecci髇 autorizadas

Las empresas de inspecci髇 autorizadas para actuar en algunos 醡bitos de determinados reglamentos t閏nicos de seguridad de instalaciones industriales y que no correspondan a los operadores de la inspecci髇 regulados por la presente ley pueden continuar prestando los servicios de inspecci髇 para los cuales han sido autorizadas hasta que se dicten las disposiciones necesarias para la adaptaci髇 del desarrollo reglamentario de la presente ley.�

�4. Se faculta al consejero o consejera del departamento competente en materia de seguridad industrial para establecer, si procede, el importe m醲imo de las tarifas a las que se refiere el art韈ulo 28.�

玈閜tima Comunicaciones

1. La transmisi髇 de las comunicaciones a las que se refiere la presente ley, incluidas las relativas a los avisos y a la activaci髇, si procede, de las distintas fases de los planes de protecci髇 civil, debe hacerse por medios electr髇icos de acuerdo con las disposiciones generales sobre procedimiento administrativo en cuanto a las comunicaciones por medios electr髇icos de las administraciones, salvo que las personas interesadas indiquen expresamente otros medios de comunicaci髇 y sin perjuicio de que se pueda realizar otra difusi髇 adicional de acuerdo con las previsiones del plan.

2. Tambi閚 puede transmitirse por medios electr髇icos la informaci髇 prevista en el 醡bito de la presente norma y la relacionada con los intereses de la ciudadan韆.

3. La transmisi髇 de las comunicaciones a las que se refiere la presente ley debe integrar el principio de igualdad en el sentido de que, en ning鷑 caso, el uso de medios electr髇icos no puede implicar restricciones o discriminaciones entre mujeres y hombres, por lo que deben adoptarse las medidas necesarias dirigidas a superar la brecha de g閚ero y las desigualdades sociales en esta materia.�

�2.� El titular o la titular de la direcci髇 general competente en materia de seguridad privada, en lo que se refiere a las faltas graves y leves.�

DISPOSICIONES ADICIONALES

玈閜tima Personal de seguridad privada

1. De acuerdo con las atribuciones de coordinaci髇 de los servicios de seguridad privada con la polic韆 de las instituciones propias de Catalu馻 que son competencia de la Generalidad, el personal de seguridad privada, cuando preste servicios para garantizar la seguridad en las infraestructuras y los servicios de transporte p鷅lico de Catalu馻 por cuenta de la Administraci髇 o de entidades del sector p鷅lico o empresas operadoras, y siempre que el desarrollo de las funciones se derive del servicio contratado por la Administraci髇 o ente p鷅lico de acuerdo con la legislaci髇 de contrataci髇 p鷅lica, tiene la condici髇 de agente de la autoridad como colaborador de los cuerpos policiales de Catalu馻. Deben establecerse por reglamento las medidas de control y los requisitos de formaci髇 de este personal.

2. En el marco de las juntas locales de seguridad, debe informarse del n鷐ero de efectivos del personal de seguridad privada mencionado que act鷄 en cada municipio.

Octava Autorizaci髇 de empresas de seguridad privada por parte de la Generalidad

La acreditaci髇 de los requisitos exigidos en el procedimiento de autorizaci髇 de empresas de seguridad privada por parte de la Generalidad se realiza mediante una declaraci髇 responsable, en la forma en la que se determine por reglamento. Debe comprobarse la veracidad de la declaraci髇 en el plazo de tres meses.�

獳rt韈ulo 13 觬ganos de gobierno

Los 髍ganos de gobierno del Centro de Atenci髇 y Gesti髇 de Llamadas de Urgencia 112 Catalu馻 son el presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta, el Consejo Rector y la Comisi髇 Ejecutiva.�

獳rt韈ulo 15 El Consejo Rector

1. El Consejo Rector del Centro de Atenci髇 y Gesti髇 de Llamadas de Urgencia 112 Catalu馻 est� integrado por el presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta y los siguientes vocales titulares:

• a) Tres personas designadas por el consejero o consejera del departamento competente en materia de seguridad p鷅lica, una de las cuales debe ser el 髍gano competente en materia de protecci髇 civil.
• b) Tres personas designadas por el consejero o consejera del departamento competente en materia de salud, una de las cuales debe ser el director o directora del Servicio Catal醤 de la Salud.
• c) La persona titular de la unidad directiva que tenga atribuidos el mando y la direcci髇 superior del Cuerpo de Agentes Rurales de acuerdo con la normativa vigente.
• d) Dos personas en representaci髇 de los entes locales, propuestas por las entidades asociativas representativas de los municipios catalanes.
• e) Una persona en representaci髇 del Ayuntamiento de Barcelona, propuesta por el alcalde.
• f) Una persona en representaci髇 de la Delegaci髇 del Gobierno del Estado en Catalu馻, si as� lo acuerdan los 髍ganos competentes de la Administraci髇 del Estado.

2. Asiste a las reuniones del Consejo Rector el director o directora del Centro de Atenci髇 y Gesti髇 de Llamadas de Urgencia 112 Catalu馻, con voz pero sin voto.

3. Ejerce el cargo de secretario o secretaria del Consejo Rector la persona que a tal efecto sea designada por el propio Consejo.

4. El 髍gano administrativo responsable de la designaci髇 de los miembros debe procurar garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composici髇 del Consejo.�

�2. Las competencias establecidas por las letras c, d y e del apartado 1 deben ser ejercidas por los 髍ganos centrales y territoriales dependientes del departamento competente en materia de espect醕ulos p鷅licos y actividades recreativas, en los t閞minos que se establezcan por reglamento.�

�2. El personal responsable del control de acceso y de aforos de los establecimientos abiertos al p鷅lico debe cumplir los requisitos profesionales y de idoneidad necesarios. Este personal debe asistir a cursos de formaci髇 impartidos por un centro debidamente habilitado y superar las pruebas de selecci髇 que este centro lleve a cabo, en los t閞minos y las condiciones que se establezcan por reglamento.�

獳rt韈ulo 30 Contenido y condiciones t閏nicas

1. Las licencias y autorizaciones deben hacer constar con exactitud el nombre, la raz髇 social, los titulares, su domicilio, la fecha de otorgamiento, el tipo de establecimientos abiertos al p鷅lico, de actividades recreativas o de espect醕ulos p鷅licos autorizados, el aforo m醲imo permitido, el resto de datos que se establezcan por reglamento y, si procede, las condiciones singulares a que est醤 sometidas.

2. Solamente pueden ser autorizados los establecimientos abiertos al p鷅lico, los espect醕ulos p鷅licos y las actividades recreativas que cumplen las condiciones de seguridad, calidad, comodidad, salubridad e higiene adecuadas para garantizar los derechos del p鷅lico asistente y de terceros afectados, la convivencia vecinal y la integridad de los espacios p鷅licos, de acuerdo con la presente ley y el resto de normativa de aplicaci髇.

3. Pueden otorgarse licencias o autorizaciones provisionales de establecimientos abiertos al p鷅lico, de espect醕ulos p鷅licos y de actividades recreativas en los casos en que el informe del 髍gano competente para otorgar la correspondiente licencia o autorizaci髇, a pesar de que sea desfavorable, indique expresamente que las deficiencias detectadas no comportan riesgo alguno para la seguridad de las personas ni de los bienes y as� se acredite en el expediente. Las licencias o autorizaciones provisionales tienen una vigencia m醲ima de nueve meses. Los reglamentos de la Generalidad y las ordenanzas municipales pueden someter a fianza el otorgamiento de licencias o autorizaciones provisionales.

4. Si concurren motivos de inter閟 p鷅lico acreditados en el expediente, pueden otorgarse licencias o autorizaciones de establecimientos abiertos al p鷅lico en inmuebles catalogados o declarados de inter閟 cultural en que tradicionalmente se han desarrollado espect醕ulos p鷅licos o actividades recreativas, pese a que sus caracter韘ticas arquitect髇icas no cumplan plenamente las condiciones t閏nicas establecidas con car醕ter general. En estos casos, deben cumplirse los siguientes requisitos espec韋icos:

• a) Obtener el informe favorable del 髍gano de la Generalidad competente en materia de patrimonio cultural.
• b) Acreditar que est醤 garantizadas la seguridad, la salubridad y la higiene del edificio, la calidad de los establecimientos, la comodidad y la protecci髇 de las personas y la insonorizaci髇 u otras medidas para evitar molestias a terceras personas.�

獳rt韈ulo 31 Controles y revisiones

”1. Los establecimientos abiertos al p鷅lico deben ser objeto de controles de funcionamiento y de revisiones, con la periodicidad, el procedimiento y el contenido que se establezcan por reglamento, de acuerdo con los criterios y las finalidades establecidos por el art韈ulo 30 y en coherencia con lo establecido por la legislaci髇 de control ambiental preventivo.

”2. Si las actas de verificaci髇 o control de funcionamiento y de revisi髇 lo proponen, el 髍gano competente para otorgarlas puede modificar sus condiciones espec韋icas o a馻dir condiciones nuevas. Estas modificaciones no generan derecho a indemnizaci髇 para los titulares si las nuevas condiciones tienen por objeto el cumplimiento del art韈ulo 35.3, o bien si son necesarias por raz髇 del impacto que la actividad pueda tener en el medio ambiente, la seguridad de los bienes y las personas o la convivencia entre los ciudadanos. Las actas de control de funcionamiento deben incorporarse a la documentaci髇 de la licencia o de la autorizaci髇.�

�2. Los informes, las certificaciones y las verificaciones a que se refiere el apartado 1 y las actas de verificaci髇 o control de funcionamiento y de revisi髇 establecidas por el art韈ulo 31 pueden ser elaborados por los propios servicios administrativos o, si as� lo ha establecido la Administraci髇 actuante, por entidades colaboradoras de la Administraci髇 que hayan sido debidamente acreditadas, de acuerdo con el art韈ulo 18, as� como por t閏nicos titulados competentes por raz髇 de la materia.�

�4. La revocaci髇 y la declaraci髇 de caducidad deben tramitarse de oficio, dando audiencia a los interesados y, si se adopta el acuerdo, debe efectuarse dentro del plazo de seis meses de haberles notificado la apertura del expediente.�

�2. El ayuntamiento debe comunicar a los 髍ganos territoriales dependientes del departamento competente en materia de espect醕ulos p鷅licos y de actividades recreativas el otorgamiento de licencias municipales de establecimientos abiertos al p鷅lico de car醕ter permanente no desmontable y cualquier modificaci髇, suspensi髇, revocaci髇, cambio de titularidad o cambio de domicilio, a efectos de notificaciones.�

• 玜) Abrir un establecimiento y realizar espect醕ulos p鷅licos o actividades recreativas en el mismo, o realizar modificaciones, sin tener las licencias o las autorizaciones pertinentes o sin haber realizado la correspondiente comunicaci髇 previa, o incumplir sus condiciones, si conlleva un riesgo grave para las personas o los bienes.�

• 玜) Abrir un establecimiento y realizar espect醕ulos p鷅licos o actividades recreativas en el mismo, o realizar modificaciones, sin tener las licencias o las autorizaciones pertinentes o sin haber realizado la correspondiente comunicaci髇 previa, o incumplir sus condiciones, si no conlleva un riesgo grave para las personas o los bienes.�

�3. Es una falta leve cualquier incumplimiento de las condiciones o los requisitos establecidos por la presente ley y la normativa reglamentaria que la desarrolla, siempre que no est� tipificado como falta muy grave o grave.�

• 玜) Una multa de 10.001 a 100.000 euros y, en caso de reincidencia en la comisi髇 de faltas muy graves, de hasta 200.000 euros.�

• 玜) Una multa de 1.001 a 10.000 euros y, en caso de reincidencia en la comisi髇 de faltas graves, de hasta 20.000 euros.�

• 玧) Si los infractores son espectadores o usuarios, una multa de 151 a 500 euros y, en caso de reincidencia en la comisi髇 de infracciones graves, de hasta 1.000 euros.�

• 玜) Una multa de 300 a 1.000 euros y, en caso de reincidencia en la comisi髇 de faltas leves, de hasta 2.000 euros.�

�1. Los 髍ganos de la Administraci髇 de la Generalidad competentes para ejercer las potestades sancionadoras que le atribuye la presente ley son los 髍ganos centrales y territoriales dependientes del departamento competente en materia de espect醕ulos p鷅licos y de actividades recreativas.�

• 玠) El certificado del t閏nico o t閏nica municipal o de la persona o entidad que tenga esta competencia en el que conste expresamente que las instalaciones y los elementos constructivos donde tendr� lugar el espect醕ulo cumplen con las condiciones suficientes de seguridad y solidez.�
• g) El certificado expedido por una compa耥a de seguros en el que conste que la empresa o entidad organizadora ha suscrito una p髄iza de seguro de accidentes y responsabilidad civil para cubrir los posibles siniestros durante la celebraci髇 del espect醕ulo, que debe incluir, como m韓imo, la siguiente cobertura:
  • Primero. Seguro de accidentes que d� cobertura a todos los participantes y asistentes, incluidos los miembros de la comisi髇 taurina y el profesional taurino o la profesional taurina que desempe馻 las tareas de experto en toros en el espect醕ulo, con las siguientes condiciones m韓imas:
    • – Asistencia sanitaria ilimitada de la totalidad de los participantes y asistentes, que cubra todos sus gastos sanitarios.
    • – P髄iza de seguro en caso de deceso: 12.000 euros.
    • – P髄iza de seguro en caso de invalidez permanente absoluta y parcial: 24.000 euros.
  • Segundo. P髄iza de seguro de responsabilidad civil, por da駉s producidos a terceros no participantes, con un capital m韓imo asegurado de:
    • – 300.000 euros por siniestro.
    • – 150.000 euros por v韈tima.
    • – 60.000 euros por da駉 material.

En el caso de que el seguro contratado resultara insuficiente, la responsabilidad recae en la empresa o entidad organizadora o promotora de la fiesta.�

玃rimero. En las 醨eas b醩icas de salud de monta馻 y rurales y semiurbanas, la nueva oficina de farmacia debe emplazarse siguiendo los criterios siguientes, los dos primeros aplicados por orden de prioridad, cuya aplicaci髇 no confiere derechos indemnizatorios:

• 1) En el municipio del 醨ea en que la proporci髇 de habitantes por oficina de farmacia sea superior a 2.500 habitantes, contabilizando la oficina de farmacia solicitada. En caso de que haya m醩 de un municipio en estas condiciones, en el municipio en que la proporci髇 sea superior a la de los otros municipios, contabilizando en cualquier caso la oficina de farmacia solicitada en cada uno de los municipios.
• 2) En un municipio sin oficina de farmacia o en el municipio del 醨ea b醩ica en que la proporci髇 de habitantes por oficina de farmacia sea superior a la de los otros municipios que la conforman, contabilizando la oficina de farmacia solicitada en cada uno de los municipios.
• 3) Para determinar el emplazamiento de la farmacia solicitada de acuerdo con los criterios mencionados, en el caso de municipios no pertenecientes en su totalidad al 醨ea b醩ica de salud donde corresponda la autorizaci髇, deben contabilizarse las oficinas de farmacia y habitantes de la parte del municipio que pertenece a esta 醨ea b醩ica de salud.�

獳rt韈ulo 8 Traslados

1. El titular o la titular de una oficina de farmacia instalada en un 醨ea b醩ica urbana solamente puede solicitar el traslado de esta oficina dentro de la misma 醨ea b醩ica, o a otra 醨ea b醩ica del mismo municipio en el cual est� emplazada, siempre que la proporci髇 de habitantes por oficina de farmacia del 醨ea a la que quiera trasladarse no resulte inferior, una vez efectuado el traslado, a la del 醨ea de proveniencia y siempre que este traslado no deje sin oficina de farmacia a un 醨ea b醩ica de salud.

2. El titular o la titular de una oficina de farmacia instalada en un 醨ea b醩ica rural y semiurbana o en un 醨ea b醩ica de monta馻 solamente puede solicitar el traslado de esta oficina dentro del mismo municipio en el cual est� emplazada, o a otro municipio de la misma 醨ea b醩ica, siempre que no haya una oficina de farmacia ya instalada y este traslado no deje sin oficina de farmacia un 醨ea b醩ica de salud.

3. En el traslado voluntario de oficina de farmacia con cambio de 醨ea b醩ica de salud, se tienen en cuenta, prioritariamente, las solicitudes de autorizaci髇 para la instalaci髇 de nuevas oficinas de farmacia correspondientes al 醨ea b醩ica a la que se pretende el traslado presentadas antes de la solicitud de traslado.

4. En el supuesto de traslado voluntario deben respetarse las distancias fijadas en el art韈ulo 6.g.segundo de la presente ley. En las otras dos modalidades puede fijarse por reglamento una distancia menor respecto del resto de oficinas de farmacia, que en ning鷑 caso debe ser menor de ciento veinticinco metros.

5. En los traslados provisionales no tienen trato prioritario ni las solicitudes de autorizaci髇 para la instalaci髇 de nuevas oficinas de farmacia ni las solicitudes de autorizaci髇 de locales de nuevas oficinas de farmacia autorizadas formuladas antes de la solicitud del traslado.

6. En los traslados forzosos y en los traslados voluntarios que no comporten cambio de 醨ea b醩ica de salud no tienen trato prioritario las solicitudes de autorizaci髇 de nuevas oficinas de farmacia. S� que tienen prioridad las solicitudes de autorizaci髇 de local de nuevas oficinas de farmacia cuya autorizaci髇 ha devenido firme en v韆 administrativa antes de la solicitud de traslado.

7. Deben determinarse por reglamento las condiciones del traslado, que puede ser voluntario, forzoso o provisional.�

獵uarta

1. En los procedimientos administrativos de autorizaci髇 para la instalaci髇 y el cambio de titularidad de botiquines y de autorizaci髇 para la instalaci髇 de nuevas oficinas de farmacia, y sin perjuicio de la obligaci髇 de la Administraci髇 de dictar la resoluci髇 expresa pertinente, el vencimiento del plazo de nueve meses sin que se haya notificado la resoluci髇 expresa legitima a la persona interesada para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.

2. En los procedimientos administrativos de autorizaci髇 correspondiente al traslado de oficinas de farmacia, locales de oficina de farmacia y cierre de oficinas de farmacia, y sin perjuicio de la obligaci髇 de la Administraci髇 de dictar la resoluci髇 expresa pertinente, el vencimiento del plazo de seis meses sin que se haya notificado la resoluci髇 expresa legitima a la persona interesada para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.

3. En los procedimientos administrativos de establecimiento de horarios y vacaciones y organizaci髇 de los servicios de urgencia, y sin perjuicio de la obligaci髇 de la Administraci髇 de dictar la resoluci髇 expresa pertinente, el vencimiento del plazo de dos meses sin que se haya notificado la resoluci髇 expresa legitima a la persona interesada para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.�

�2. La presente ley establece, para lograr su objetivo, una prestaci髇 econ髆ica consistente en una subvenci髇 de pago 鷑ico y un conjunto de actuaciones de informaci髇 y orientaci髇 en diversos 醡bitos, como el de los servicios sociales, el laboral, el de la formaci髇 o el de la vivienda.�

獳rt韈ulo 3 Condici髇 de regresado o regresada

1. A efectos de lo establecido por la presente ley, tienen la condici髇 de personas regresadas y, por lo tanto, el derecho a acogerse a las actuaciones que establece el Plan de ayuda al regreso las personas que se indican a continuaci髇, siempre que cumplan las condiciones del art韈ulo 6:

• a) Las personas con nacionalidad espa駉la que regresan de un estado extranjero y que, antes de emigrar, hayan tenido la 鷏tima vecindad administrativa en Catalu馻.
• b) Las personas nacidas en Catalu馻 que fueron evacuadas o que tuvieron que exiliarse por razones pol韙icas y que mantienen su residencia en el extranjero.
• c) Los c髇yuges o las personas que, de acuerdo con la legislaci髇 catalana, tengan la condici髇 de pareja estable de las personas a las que se refieren los apartados a y b, y los descendientes de estas hasta el segundo grado de consanguinidad.

2. Las solicitudes de una misma unidad familiar o n鷆leo de convivencia se tramitan en un 鷑ico expediente administrativo.�

獳rt韈ulo 4 Adquisici髇 y p閞dida de la condici髇 de regresado o regresada

1. La condici髇 de regresado o regresada debe solicitarse durante los seis meses siguientes al regreso a Catalu馻.

2. A los efectos de lo establecido por la presente ley, se entiende que la condici髇 de regresado o regresada se pierde al cabo de dos a駉s de la fecha del regreso definitivo a Catalu馻.�

獳rt韈ulo 6 Requisitos

1. Las personas a las que se refiere el art韈ulo 3 deben cumplir las siguientes condiciones:

• a) Tener m醩 de dieciocho a駉s.
• b) Haber residido en un estado extranjero, como m韓imo, seis a駉s continuados inmediatamente anteriores al regreso a Catalu馻; o haber residido en un estado extranjero diez a駉s no continuados, y de estos, los cuatro 鷏timos inmediatamente anteriores al regreso a Catalu馻.
• c) Estar empadronadas en cualquier municipio de Catalu馻.

2. Las personas que son beneficiarias de cualquier otra ayuda econ髆ica p鷅lica derivada de su condici髇 de regresadas no tienen derecho a acogerse, por los mismos conceptos, a ninguna otra ayuda al regreso.�

獳rt韈ulo 8 Actuaciones

Las ayudas para la integraci髇 de las personas regresadas que sufran una situaci髇 de desprotecci髇 por razones de tipo socioecon髆ico se recogen en el Plan de ayuda al regreso, que consiste en la informaci髇 y orientaci髇 sobre algunas o todas las actuaciones siguientes:

• a) Los servicios y las prestaciones p鷅licos que faciliten la integraci髇 a Catalu馻.
• b) La prestaci髇 econ髆ica de pago 鷑ico en los t閞minos y condiciones establecidos por el art韈ulo 9.
• c) La formaci髇 ocupacional.
• d) La inserci髇 laboral, mediante el Servicio de Ocupaci髇 de Catalu馻, y el acceso a planes de ocupaci髇.
• e) El trabajo por cuenta propia y el autoempleo mediante cooperativas y sociedades laborales en Catalu馻.
• f) Las acciones formativas establecidas por la Ley 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las regresadas a Catalu馻.
• g) La vivienda social.
• h) La renta m韓ima de inserci髇.
• i) La obtenci髇 de la nacionalidad espa駉la.
• j) La homologaci髇 y convalidaci髇 tanto de t韙ulos y estudios oficiales como del permiso de conducir.
• k) Las dem醩 actuaciones que se consideren pertinentes.�

獳rt韈ulo 9 Prestaci髇 econ髆ica

1. Las personas que tienen la condici髇 de regresadas, de acuerdo con lo establecido por los art韈ulos 3 y 6, y que acreditan una situaci髇 de necesidad econ髆ica de acuerdo con lo establecido por el apartado 2, tienen derecho a una prestaci髇 econ髆ica consistente en una subvenci髇 de pago 鷑ico.

2. Al efecto de acreditar la situaci髇 de necesidad econ髆ica, se entiende que hay falta de recursos cuando los ingresos personales de los doce meses anteriores a la solicitud sean inferiores al indicador de renta de suficiencia vigente en Catalu馻. Esta cuant韆 se incrementa en un 30% por cada miembro de la unidad familiar o de la unidad de convivencia que no tenga patrimonio ni ingresos.

3. El importe de la prestaci髇 equivale al 12% del indicador de renta de suficiencia fijado anualmente por la Ley de presupuestos de la Generalidad.

4. La prestaci髇 econ髆ica establecida por la presente ley no es transmisible y no puede ser embargada, ni retenida, ni dada en garant韆 de obligaci髇 alguna.�

• 玪) Coordinar las pol韙icas p鷅licas en materia de servicios sociales, velar por su equidad territorial y articularlas con los sistemas de educaci髇, salud, cultura, ocupaci髇, vivienda y justicia.�

�6. En el Consejo General de Servicios Sociales debe haber representantes de los departamentos vinculados con los servicios sociales, de los entes locales mediante sus asociaciones representativas, de los usuarios, de las entidades representativas de los intereses ciudadanos, empresariales, sindicales y profesionales, de las mujeres y de las entidades de iniciativa social. El n鷐ero de representantes de los entes locales debe ser amplio respecto del n鷐ero total de miembros del Consejo, dadas sus competencias en materia de servicios sociales.�

�1. Las entidades de iniciativa privada pueden formar parte de la Red de Servicios Sociales de Atenci髇 P鷅lica, para lo cual deben estar acreditadas por la administraci髇 competente en materia de servicios sociales.

2. Para obtener la acreditaci髇, la entidad de iniciativa privada debe estar autorizada administrativamente e inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Equipamientos Sociales y cumplir todos los requisitos establecidos reglamentariamente para cada tipolog韆 de servicios sociales.

3. La acreditaci髇 puede comportar el derecho a prestar servicios con financiaci髇 p鷅lica, de acuerdo con lo establecido por la normativa de servicios sociales y la normativa espec韋ica aplicable. Esta prestaci髇 de servicios debe definirse mediante un convenio de colaboraci髇 entre la entidad acreditada y la administraci髇 competente en materia de servicios sociales.�

�1. Las entidades de iniciativa privada, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento, deben solicitar una autorizaci髇 para la prestaci髇 de servicios sociales.

2. La autorizaci髇 administrativa de los servicios de titularidad privada corresponde al departamento competente en materia de servicios sociales y tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa de servicios sociales y la correspondiente normativa sectorial.

La autorizaci髇 administrativa de dichos servicios supone la inscripci髇 de oficio en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales. Deben establecerse por reglamento los datos que han de constar en dicho Registro en relaci髇 con las entidades y los servicios.�

獳rt韈ulo 89 Actividades sometidas a control

1. La prestaci髇 de servicios sociales est� sujeta a control administrativo. Los servicios y establecimientos deben tener la autorizaci髇 correspondiente para cumplir sus actividades, de acuerdo con lo establecido por el presente art韈ulo, y necesitan tambi閚 la autorizaci髇 para modificar su estructura funcional o su capacidad asistencial, para cambiar de ubicaci髇 o titularidad y para el cese temporal o definitivo de su funcionamiento.

2. La autorizaci髇 de servicios y establecimientos de titularidad p鷅lica requiere el acuerdo de creaci髇 de la administraci髇 titular y conlleva la inscripci髇 en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales.

3. La autorizaci髇 de los servicios que se presten en establecimientos sociales de titularidad privada requiere una licencia municipal para el inicio de la actividad y comporta la inscripci髇 en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales.

4. La autorizaci髇 de servicios sociales que no necesiten un establecimiento para cumplir su actividad comporta la inscripci髇 en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales.

5. Transcurrido el plazo para resolver el procedimiento de autorizaci髇 administrativa de servicios sociales sin que se haya notificado la resoluci髇 a la persona interesada, esta puede entender desestimada la solicitud.�

獳rt韈ulo 96 Infracciones leves

Son infracciones leves:

• a) No llevar el libro de registro de usuarios de los servicios o no tenerlo debidamente actualizado de acuerdo con los requisitos exigidos por la normativa reguladora.
• b) Modificar o incumplir las condiciones que han motivado la autorizaci髇 administrativa de funcionamiento, si se cumplen las condiciones materiales o funcionales legalmente exigibles.
• c) Cesar en la prestaci髇 del servicio, previamente autorizado, sin autorizaci髇 administrativa o sin comunicar a la Administraci髇 las alternativas ofrecidas a los usuarios con dos meses de antelaci髇.
• d) Incumplir la obligaci髇 legalmente establecida de formaci髇 del personal necesaria para el ejercicio de las funciones de la entidad.
• e) No tener tabl髇 de anuncios o publicar en el mismo informaci髇 que no se ajuste a lo establecido por la normativa o que no se ajuste a la realidad del funcionamiento del servicio o del establecimiento.
• f) Incumplir la normativa reguladora de las condiciones materiales y funcionales m韓imas que deben cumplir los servicios y los establecimientos, si el incumplimiento no vulnera los derechos de los usuarios, no pone en peligro su salud o seguridad y siempre que la presente ley no tipifique expresamente estas infracciones como graves o muy graves.�

獳rt韈ulo 97 Infracciones graves

Son infracciones graves:

• a) No tener el programa individualizado de atenci髇 y de actividades, los protocolos de actuaci髇 y los registros preceptivos, o que estos no se ajusten a la normativa.
• b) No tener o no aplicar el reglamento de r間imen interior en los t閞minos establecidos por la normativa de servicios sociales, o no tener suscrito el contrato asistencial con el usuario o usuaria o incumplir sus pactos, o que el contrato no se ajuste a la normativa.
• c) No mantener el establecimiento o el equipamiento en condiciones de higiene, salubridad y confort.
• d) No disponer de la programaci髇 de dietas supervisada por la persona responsable de la organizaci髇 higi閚ico-sanitaria, que la programaci髇 no establezca los nutrientes y el valor cal髍ico necesario total diario, que los men鷖 preparados no se ajusten a la programaci髇 o que la programaci髇 no se ajuste a las necesidades recogidas en el expediente asistencial.
• e) Incumplir o modificar el r間imen de precios en los t閞minos establecidos reglamentariamente.
• f) No tener el expediente asistencial de cada usuario o usuaria, u otros documentos determinados por la normativa, debidamente actualizados y con el contenido requerido.
• g) Incumplir la normativa reguladora del acceso a los servicios.
• h) Superar el l韒ite de ocupaci髇 de usuarios en espacios de uso com鷑, actividades y convivencia de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa reguladora de las condiciones materiales m韓imas de los establecimientos.
• i) No comparecer en las oficinas de la Administraci髇 cuando se lo pida la Inspecci髇 de Servicios Sociales con un requerimiento debidamente notificado o no aportar la documentaci髇 requerida.
• j) Vulnerar el derecho de los usuarios, o, si procede, de quien tenga su representaci髇 legal o su guarda, a ser informados de los aspectos asistenciales y de salud y a tomar parte en los 髍ganos de participaci髇 democr醫ica, cuando corresponda.
• k) Dificultar injustificadamente a los usuarios el disfrute de los derechos que reconoce la presente ley, si no son infracciones tipificadas como muy graves y, en particular los reconocidos por las letras b, c, h, i, j, k y q del apartado 1, y el apartado 2, del art韈ulo 12.
• l) No cuidar la ropa y los utensilios de uso personal de los usuarios.�

獳rt韈ulo 98 Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves:

• a) Dejar los servicios o el establecimiento sin el personal responsable que asegure que el servicio contin鷄 prest醤dose correctamente, si se comprueba que no se atienden las necesidades de los usuarios.
• b) Incumplir la normativa reguladora de la calificaci髇 y dedicaci髇 del personal, o no garantizar la atenci髇 directa continuada.
• c) Superar el l韒ite de ocupaci髇 de usuarios o de camas en un dormitorio, instalar camas u otros muebles para dormir en un espacio inadecuado para el uso de dormitorio, o realizar nuevos ingresos de personas residentes despu閟 de haber sido notificada una resoluci髇 administrativa de cierre.
• d) No tener el establecimiento adecuado al grado de disminuci髇 de los usuarios u obstaculizar la libertad de movimientos de los mismos o su contacto con el exterior.
• e) Ejercer cualquier forma de presi髇 sobre los usuarios, familiares o denunciantes con el fin de perjudicar la acci髇 inspectora.
• f) Incumplir los requerimientos de enmienda o de medidas correctoras impuestas por la Administraci髇, si queda afectada la seguridad de los usuarios.
• g) Prestar los servicios o cambiar su ubicaci髇 sin autorizaci髇 administrativa, o modificar su contenido, en relaci髇 con la autorizaci髇, incumpliendo las condiciones materiales o funcionales.
• h) Ocultar la verdadera naturaleza del servicio social que se est� prestando con la finalidad de eludir la aplicaci髇 de la normativa correspondiente.
• i) Incumplir la normativa reguladora de las condiciones materiales y funcionales m韓imas que deben cumplir los servicios y los establecimientos, si el incumplimiento pone en peligro la salud o la seguridad de los usuarios.
• j) Tratar a los usuarios sin la consideraci髇 o el respeto debidos a su dignidad, intimidad o situaci髇 ps韖uica y f韘ica, o de forma discriminatoria, ya sea de palabra, por acci髇 o por omisi髇.
• k) Imponer a los usuarios un horario totalmente inadecuado en cuanto al descanso o a las comidas de acuerdo con los est醤dares de vida socialmente admitidos.
• l) Imponer dificultades injustificadas a los usuarios para el disfrute de los derechos que reconocen las letras a, d, e, f, g, l, m, n y o del art韈ulo 12.1.
• m) Incumplir las condiciones relativas a la higiene, salud y correcta administraci髇 de los medicamentos y al acceso a los recursos sanitarios necesarios.
• n) Inmovilizar o restringir la capacidad f韘ica o intelectual de los usuarios, por medios mec醤icos o farmacol骻icos, sin prescripci髇 m閐ica que indique la duraci髇 de la contenci髇, las pautas de movilizaci髇 y su revisi髇, con excepci髇 de los supuestos de peligro establecidos por la letra p del art韈ulo 12.1. Constituye una infracci髇 id閚tica el hecho de no aplicar estas medidas en el caso de que hayan sido prescritas.
• o) Servir alimentos en cantidad insuficiente, que no se adecuen a la dieta prescrita o que no cumplan las condiciones higi閚icas, nutritivas y de valor cal髍ico, especialmente las comidas trituradas.
• p) Obstaculizar la acci髇 inspectora de los servicios impidiendo el acceso al establecimiento, las dependencias y los documentos o poniendo trabas al mismo, y obstaculizar la comunicaci髇 libre con los usuarios, trabajadores o responsables.
• q) Falsear datos a la Inspecci髇 de Servicios Sociales.�

獳rt韈ulo 99 Sanciones

1. Las infracciones leves pueden sancionarse con una amonestaci髇 o con una multa, o ambas a la vez, por una cuant韆 equivalente al importe del indicador de renta de suficiencia correspondiente a un per韔do de entre un mes y tres meses.

2. Por la comisi髇 de infracciones graves puede imponerse una de las siguientes sanciones o m醩 de una:

• a) Multa por una cuant韆 equivalente al importe del indicador de renta de suficiencia correspondiente a un per韔do de entre tres meses y un d韆 y siete meses.
• b) Inhabilitaci髇 temporal por un per韔do de hasta cinco a駉s del director o directora o de la persona responsable higi閚ico-sanitaria del servicio.
• c) Prohibici髇 de financiaci髇 p鷅lica por un per韔do m醲imo de dos a駉s.
• d) Cierre total o parcial del establecimiento o suspensi髇 total o parcial de la prestaci髇 de servicios o del cumplimiento de actividades, por un per韔do de un a駉.

3. Por la comisi髇 de infracciones muy graves puede imponerse una de las siguientes sanciones o m醩 de una:

• a) Multa por una cuant韆 equivalente al importe del indicador de renta de suficiencia correspondiente a un per韔do de entre siete meses y un d韆 y diez meses.
• b) Inhabilitaci髇 definitiva o temporal por un per韔do superior a cinco a駉s y no superior a diez del director o directora o de la persona responsable higi閚ico-sanitaria del servicio.
• c) Prohibici髇 de financiaci髇 p鷅lica por un per韔do superior a dos a駉s e inferior a cinco.
• d) Cierre total o parcial del establecimiento o suspensi髇 total o parcial de la prestaci髇 de servicios o del cumplimiento de actividades, por un per韔do superior a un a駉 y no superior a cinco.
• e) Cancelaci髇 total o parcial de la autorizaci髇 de la operatividad social de la entidad.

4. El 髍gano sancionador puede acordar la publicaci髇 de las sanciones firmes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o la comunicaci髇 a los usuarios.�

獶閏ima Aplicaci髇 del silencio administrativo negativo en determinados procedimientos

1. En los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad, de la necesidad de asistencia de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria o de la dificultad para la utilizaci髇 de transportes p鷅licos colectivos, la persona interesada debe entender desestimada la solicitud una vez transcurrido el plazo para notificar la resoluci髇 sin que se haya producido la notificaci髇.

2. En el marco de lo establecido por la Ley del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de r間imen jur韉ico de las administraciones p鷅licas y del procedimiento administrativo com鷑, y la disposici髇 final primera, apartado 2, de la Ley del Estado 39/2006, de 14 de diciembre, de promoci髇 de la autonom韆 personal y atenci髇 a las personas en situaci髇 de dependencia, una vez transcurrido el plazo establecido sin que se haya notificado la resoluci髇 expresa de reconocimiento de las prestaciones del sistema catal醤 de autonom韆 y atenci髇 a la dependencia, la persona interesada debe entender desestimada la solicitud.�

• 玠) Se evidencian maltratos al perro sancionables de acuerdo con el texto refundido de la Ley de protecci髇 de los animales, aprobado por el Decreto legislativo 2/2008, de 15 de abril, o la norma que lo sustituya.�

�1. Las competencias de incoaci髇 y resoluci髇 de los expedientes sancionadores amparados por la presente ley corresponden a la entidad o al 髍gano que gestiona las prestaciones en materia de asistencia y servicios sociales. La instrucci髇 de estos expedientes debe encomendarse al 髍gano que tiene atribuida esta funci髇 en la estructura org醤ica del departamento competente en materia de servicios sociales.�

�3. Los expedientes sancionadores por faltas tipificadas en el texto refundido de la Ley de protecci髇 de los animales, aprobado por el Decreto legislativo 2/2008, de 15 de abril, o la norma que lo sustituya, son tramitados y resueltos por los 髍ganos determinados en estas normas.�

• 玡) Elaborar y gestionar el censo de equipamientos y servicios juveniles regulado por el art韈ulo 34, y prestar asistencia y cooperaci髇 a los equipamientos y servicios juveniles incluidos en el mismo.
• f) Regular por reglamento, si procede, los equipamientos y servicios juveniles que, por su naturaleza especial y por el car醕ter p鷅lico de sus funciones, lo requieran.
• f') Ordenar, inscribir y gestionar el censo de entidades juveniles regulado por el art韈ulo 41.�

�3. Los equipamientos juveniles son los espacios f韘icos de titularidad de las administraciones p鷅licas o entidades sin 醤imo de lucro donde se prestan los servicios juveniles. En los equipamientos juveniles tambi閚 se acoge y se dinamiza a las entidades juveniles.�

獳rt韈ulo 34 Censo de equipamientos y servicios juveniles

1. La Administraci髇 de la Generalidad, por medio del departamento competente en materia de juventud, tiene que organizar y mantener un censo de equipamientos y servicios juveniles. El departamento competente en materia de juventud debe regular por orden del consejero o consejera el censo de equipamientos y servicios juveniles y debe velar por la coordinaci髇 con el resto de organismos e instituciones.

2. El objeto del censo es recoger de manera ordenada y sistematizada los equipamientos y servicios juveniles existentes en Catalu馻.

3. La finalidad del censo es difundir los equipamientos y servicios juveniles disponibles, ayudar a hacer el diagn髎tico de las carencias y efectuar su tratamiento estad韘tico con el objetivo de mejorar las pol韙icas de juventud. El censo debe constituir la base para elaborar el mapa general de instrumentos de ejecuci髇 de las pol韙icas de juventud.

4. Pueden ser objeto de regulaci髇 espec韋ica y, si procede, de un registro propio, determinadas modalidades de equipamientos o servicios juveniles, atendiendo a su naturaleza especial y al car醕ter p鷅lico de sus funciones.�

獳rt韈ulo 35 Apoyo p鷅lico a los servicios y equipamientos juveniles inscritos en el censo de equipamientos y servicios juveniles

1. Los poderes p鷅licos que llevan a t閞mino pol韙icas de juventud deben promover la creaci髇 y consolidaci髇 de los equipamientos y servicios juveniles bas醤dose en el censo de equipamientos y servicios juveniles. El apoyo p鷅lico a los servicios y equipamientos juveniles inscritos en este censo debe concretarse en una cooperaci髇 t閏nica y un apoyo econ髆ico preferente respecto de los que no est醤 inscritos en el mismo.�

獳rt韈ulo 41 Censo de entidades juveniles

1. El censo de entidades juveniles est� adscrito al departamento competente en materia de juventud.

2. El funcionamiento del censo de entidades juveniles y las formas de acceso, inscripci髇 y cancelaci髇 se regulan mediante orden.

3. La inscripci髇 en el censo de entidades juveniles no tiene funciones constitutivas.

4. El 髍gano competente en materia de juventud debe coordinarse con el resto de administraciones p鷅licas, as� como con el 髍gano de la Administraci髇 de la Generalidad encargado de gestionar el Registro general de asociaciones, para garantizar la actualizaci髇 de los datos del censo de entidades juveniles.

5. A las entidades inscritas en el censo de entidades juveniles se les reconoce:

• a) La capacidad de interlocuci髇, en el 醡bito territorial y sectorial que les corresponda.
• b) La capacidad de participar en los 髍ganos consultivos de las administraciones p鷅licas cuando estas lo requieran.
• c) La posibilidad de recibir subvenciones de la Administraci髇 de la Generalidad.�

玅uinta Orden del Censo de entidades juveniles de la Direcci髇 General de Juventud

En el plazo de dos a駉s desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno debe adaptar la orden del Censo de entidades juveniles de la Direcci髇 General de Juventud a las disposiciones de la presente ley.�

玈exta Reglamento del Censo de equipamientos y servicios juveniles

En el plazo de dos a駉s desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno debe regular por reglamento el Censo de equipamientos y servicios juveniles.�

玈閜tima Reglamento de la Red nacional de emancipaci髇 juvenil

En el plazo de dos a駉s desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno debe aprobar el reglamento de la Red nacional de emancipaci髇 juvenil.�

• 玥) Incumplir, los progenitores, tutores o guardadores del ni駉 o adolescente, durante la tramitaci髇 de un expediente de desamparo, la obligaci髇 establecida por el art韈ulo 106.4 de comparecer en la sede administrativa en la que se les convoque, cuando no constituya una infracci髇 grave.�

• 玴) Incumplir, los ciudadanos que tienen conocimiento de la situaci髇 de desamparo en la que se encuentra un ni駉 o adolescente, el deber de comunicaci髇 establecido por el art韈ulo 100.1, cuando no constituya una infracci髇 muy grave.
• q) Incumplir, alguno de los progenitores o alguna de las personas que ejercen la tutor韆 o la guarda del ni駉 o adolescente, durante la tramitaci髇 de un expediente de desamparo, la obligaci髇 establecida por el art韈ulo 106.4 de comparecer en la sede administrativa en la que se les convoque cuando el incumplimiento comporte o pueda comportar un peligro grave o muy grave para la integridad f韘ica o ps韖uica del menor o la menor de edad.
• r) Obstaculizar o imposibilitar la ejecuci髇 de las medidas de protecci髇 acordadas por la entidad p鷅lica competente en materia de desamparo, cuando no constituya una infracci髇 muy grave.
• s) Incumplir, los padres, tutores o guardadores de un menor, los requerimientos de la entidad u organismo que debe elaborar o enviar informes de seguimiento postadoptivo o de seguimiento de otras medidas protectoras previas a la adopci髇, en la forma y el tiempo determinados por la legislaci髇 aplicable, o bien obstaculizar la actuaci髇 de la entidad u organismo en relaci髇 con la elaboraci髇 o el env韔 de los informes mencionados.�

• 玤) Incumplir, los ciudadanos que tienen conocimiento de la situaci髇 de desamparo en la que se encuentra un ni駉 o adolescente, el deber de comunicaci髇 establecido por el art韈ulo 100.1, cuando el incumplimiento comporte o pueda comportar un peligro grave o muy grave para la integridad f韘ica o ps韖uica del menor o la menor de edad.
• h) Obstaculizar o imposibilitar la ejecuci髇 de las medidas de protecci髇 acordadas por la entidad p鷅lica competente en materia de desamparo cuando la situaci髇 comporte o pueda comportar un peligro grave o muy grave para la integridad f韘ica o ps韖uica del menor o la menor de edad.�

�2. En los supuestos a los que se refieren los apartados b, c, d y h del art韈ulo 157; los apartados a, b, d, e, p, q y r del art韈ulo 158, y los apartados a, b, g y h del art韈ulo 159, el 髍gano competente para sancionar puede sustituir, con el consentimiento del presunto infractor o infractora, las sanciones econ髆icas establecidas por el apartado anterior por las medidas educativas o sociales que se determinen por reglamento, teniendo en cuenta los criterios de graduaci髇 establecidos por el art韈ulo 163.1.�

玂ctava Procedimientos de valoraci髇 de personas o familias solicitantes de acogimiento familiar o de adopci髇

1. El procedimiento de formaci髇 y valoraci髇 psicosocial de las personas o las familias que se ofrecen a acoger un ni駉 debe llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido por reglamento, y tiene una duraci髇 m醲ima de seis meses. Una vez transcurrido el plazo sin que se haya notificado la resoluci髇, se entiende que la solicitud ha sido desestimada.

2. El procedimiento de formaci髇 y valoraci髇 psicosocial de las personas o de las familias que se ofrecen a adoptar un ni駉 debe llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido por reglamento, y tiene una duraci髇 m醲ima de ocho meses. Una vez transcurrido el plazo sin que se haya notificado la resoluci髇, se entiende que la solicitud ha sido desestimada.�

• 玞) De consulta y asistencia: Consejo Asesor.�

• 玠) Un n鷐ero de vocales que debe determinar el Gobierno, entre los cuales tiene que haber necesariamente representantes de la Administraci髇 de la Generalidad, de las administraciones locales y de las entidades cuya actividad est� relacionada con las competencias de Puertos de la Generalidad. Los representantes de las administraciones locales deben ser como m韓imo dos en representaci髇 de los municipios en cuyo t閞mino municipal hay un puerto adscrito a Puertos de la Generalidad.�

獳rt韈ulo 17 Consejo Asesor

1. El Consejo Asesor de Puertos de la Generalidad es el 髍gano en el que est醤 representados todos los sectores interesados en el 醡bito portuario catal醤, a fin de cooperar en la consecuci髇 de los objetivos que le son propios.

2. El Consejo Asesor de Puertos de la Generalidad est� integrado por el presidente o presidenta del ente, por el vicepresidente o vicepresidenta, por el gerente o la gerente y por un n鷐ero de vocales que debe determinar el Gobierno, entre los cuales debe haber necesariamente representantes de la Administraci髇 de la Generalidad, de las administraciones locales en cuyo t閞mino municipal haya un puerto adscrito a Puertos de la Generalidad y de las entidades cuya actividad est� relacionada con las competencias de Puertos de la Generalidad.

3. El secretario o secretaria del Consejo Asesor de Puertos de la Generalidad es el mismo que el del Comit� Ejecutivo del ente y asiste a las sesiones con voz y sin voto.

4. El Consejo Asesor se re鷑e en sesi髇 ordinaria al menos dos veces al a駉, y en sesi髇 extraordinaria siempre que lo soliciten el presidente o presidenta o un tercio de los miembros.�

獳rt韈ulo 18 Funciones

Corresponde al Consejo Asesor:

• a) Informar sobre el anteproyecto de presupuesto de explotaci髇 y de capital de Puertos de la Generalidad.
• b) Proponer al Comit� Ejecutivo la aprobaci髇 de las normas generales relativas a los servicios portuarios.
• c) Informar sobre el programa de actuaci髇, inversi髇 y financiaci髇 de Puertos de la Generalidad.
• d) Informar sobre el balance y la memoria anual de Puertos de la Generalidad.
• e) Informar sobre la fijaci髇 de las tarifas y los c醤ones que debe aplicar Puertos de la Generalidad.
• f) Informar sobre la constituci髇 de consorcios.
• g) Informar sobre las operaciones de cr閐ito concertadas por la entidad.
• h) Asesorar el ente en todas las cuestiones relacionadas con las actividades de Puertos de la Generalidad y emitir informe sobre cualquier asunto sobre el que sea consultado en el 醡bito de sus competencias.
• i) Informar sobre la propuesta de tarifas por los servicios que se presten y de las tasas que debe aplicar Puertos de la Generalidad.
• j) Cualquier otra que le pueda ser conferida de acuerdo con la legislaci髇 vigente.�

�2. El responsable o la responsable territorial de cada zona portuaria lleva a cabo la gesti髇 directa de la correspondiente zona portuaria y de las autorizaciones de actividad y de prestaci髇 de servicios portuarios, de acuerdo con las directrices que dicte el gerente o la gerente de Puertos de la Generalidad, y ejerce las funciones asignadas reglamentariamente.�

獳rt韈ulo 26 Recursos y actos administrativos

1. Los recursos administrativos, reclamaciones y revisiones formulados contra los actos dictados en ejercicio de potestades administrativas por los 髍ganos de gobierno y de gesti髇 de Puertos de la Generalidad se rigen por lo establecido por la legislaci髇 sobre r間imen jur韉ico y de procedimiento de las administraciones p鷅licas.

2. Para la interposici髇 de recursos administrativos, el Comit� Ejecutivo tiene como 髍gano superior el presidente o presidenta de Puertos de la Generalidad.

3. Los actos administrativos del presidente o presidenta de Puertos de la Generalidad ponen fin a la v韆 administrativa.�

玊韙ulo IV

Gesti髇 del dominio p鷅lico portuario

�1. Para la utilizaci髇 del dominio p鷅lico portuario para usos en que concurran circunstancias especiales de exclusividad, intensidad, peligrosidad o rentabilidad, o que requieran la ejecuci髇 de obras o instalaciones, debe exigirse siempre el otorgamiento de la autorizaci髇 o concesi髇 administrativa correspondiente, que debe acreditar su canon o c醤ones, de conformidad con lo dispuesto por la presente ley.�

�1. El procedimiento para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio p鷅lico portuario puede iniciarse de oficio mediante la convocatoria del concurso correspondiente o a instancia de una persona f韘ica o jur韉ica interesada.�

�4. El plazo para resolver y notificar el procedimiento de otorgamiento de concesiones administrativas para la ocupaci髇 del dominio p鷅lico portuario de la zona de servicios de los puertos adscritos a Puertos de la Generalidad, por un per韔do superior a tres a駉s o por otro inferior pero con obras o instalaciones no desmontables, es de nueve meses. Transcurrido este plazo, la solicitud se entiende desestimada.�

�6. El ejercicio de actividades en los espacios portuarios est� sujeto a comunicaci髇 previa cuando no implique la ocupaci髇 privativa del dominio p鷅lico portuario y su duraci髇 no exceda de un mes, sin perjuicio de lo dispuesto por el apartado 1. La comunicaci髇 previa debe presentarse diez d韆s antes del inicio de la actividad.�

�2. El Comit� Ejecutivo de Puertos de la Generalidad puede autorizar, con audiencia de los ayuntamientos afectados, sin m醩 tr醡ite, las obras de mantenimiento, reparaci髇 y rehabilitaci髇 de una concesi髇 administrativa, as� como las obras de mejoramiento que no implican cambios sustanciales respecto de los proyectos aprobados y las ampliaciones concesionales con superficie de dominio p鷅lico portuario colindante con un porcentaje inferior al 10% de la superficie fijada en el acta de reconocimiento.�

�3. Las concesiones, una vez otorgadas, deben inscribirse en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de lo dispuesto por el art韈ulo 76.�

�2. La actuaci髇 inspectora debe ser realizada por el personal espec韋icamente designado y autorizado por la Administraci髇 portuaria. En cualquier caso, este personal tiene la consideraci髇 de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y en los actos de servicio.�

• 玨) La realizaci髇 de las actividades a las que se refiere el art韈ulo 77.6 sin haberlo comunicado previamente a la Administraci髇 portuaria.�

• 玜) La Administraci髇 portuaria, si procede, debe suspender la facturaci髇 de los servicios respecto de las mercanc韆s, las embarcaciones, los veh韈ulos o cualquier objeto o artilugio que previamente declare en abandono.�

• 玝) A los efectos de lo establecido por la letra a, se entiende que hay abandono a partir de los cinco meses de impago o cuando el posible valor en venta no alcance el importe de la facturaci髇 emitida no abandonada; todo ello, sin perjuicio de la competencia de la Administraci髇 de aduanas en la determinaci髇 del abandono de mercanc韆s incluidas en procedimiento de despacho. Se consideran directamente abandonados los bienes descritos que se encuentren en la zona de servicio portuaria sin autorizaci髇 y que no tengan matr韈ula o datos suficientes para identificar a la persona propietaria o consignataria.�

• 玠) Corresponde a la Administraci髇 portuaria la propiedad de los barcos, veh韈ulos y otros objetos y bienes que han sido declarados en situaci髇 de abandono, as� como las cantidades obtenidas en caso de enajenaci髇 mediante subasta p鷅lica.�

• 玡) Los barcos, los veh韈ulos, la maquinaria y los utensilios en general que permanecen en la zona de servicio portuaria por un per韔do superior a un mes en el mismo lugar y presentan desperfectos que permiten presumir racionalmente su situaci髇 de abandono y la condici髇 de desecho deben tratarse como residuos.�

玈閜tima Composici髇 del Consejo Asesor de Puertos de la Generalidad

Mientras el Gobierno no determine el n鷐ero y la distribuci髇 de las vocal韆s del Comit� Ejecutivo y del Consejo Asesor de Puertos de la Generalidad, el Consejo mantiene la composici髇 actual.�

獳rt韈ulo 1 Objeto de la Ley

1. La presente ley tiene por objeto la regulaci髇 del transporte de pasajeros, en aguas mar韙imas y continentales, en embarcaciones que disponen de medios mec醤icos de propulsi髇, debidamente autorizadas y con retribuci髇, con independencia de la finalidad que tengan y del car醕ter directo o indirecto de la contraprestaci髇 econ髆ica.

2. Quedan fuera del 醡bito de regulaci髇 de la presente ley el alquiler de embarcaciones sin patr髇, siempre que el alquiler no tenga como finalidad 鷏tima prestar el servicio de transporte de pasajeros. Asimismo, quedan excluidos el transporte con finalidad de recreo sin recibir contraprestaci髇 econ髆ica y las actividades que se realizan con embarcaciones que no disponen de medios mec醤icos de propulsi髇.�

獳rt韈ulo 2 羗bito de aplicaci髇

Se rigen por la presente ley los siguientes servicios de transporte:

• a) Transporte en aguas continentales: el traslado de pasajeros que se realiza 韓tegramente entre puntos situados en los m醨genes de los r韔s que transcurren por el territorio de Catalu馻. A los efectos de lo establecido por esta ley, se entiende tambi閚 por navegaci髇 en aguas continentales la que se realiza por las aguas de los lagos, lagunas y embalses situados en el territorio de Catalu馻.
• b) Transporte en aguas mar韙imas: el traslado de pasajeros que se realiza 韓tegramente entre puertos y lugares del litoral de Catalu馻 y el que se realiza entre estos y los puntos situados en los m醨genes de los r韔s que transcurren por el territorio de Catalu馻 hasta el lugar donde sean navegables o donde resulte evidente el efecto de las mareas.�

獳rt韈ulo 3 Servicios de transporte de pasajeros

1. Los servicios de transporte de pasajeros son los destinados principalmente al transporte de personas y, en su caso, sus equipajes. Se entiende que est醤 comprendidos dentro de esta modalidad, entre otras actividades, los cruceros tur韘ticos, el desplazamiento a lugares para hacer pr醕ticas deportivas, as� como, en general, cualquier actividad comercial que suponga el traslado de personas en embarcaciones provistas de medios mec醤icos de propulsi髇.

2. Los servicios de transporte de pasajeros objeto de la presente ley, de acuerdo con las condiciones de prestaci髇, se clasifican en l韓eas regulares y en l韓eas no regulares u ocasionales:

• a) Las l韓eas regulares son las que est醤 sujetas a itinerarios, frecuencia de escalas, precios y dem醩 condiciones de transporte previamente establecidas y que se prestan con una periodicidad predeterminada.
• b) Las l韓eas no regulares u ocasionales son las que no est醤 incluidas en los t閞minos establecidos por la letra a.�

�1. El transporte de pasajeros en aguas continentales y mar韙imas requiere la obtenci髇 previa de la correspondiente autorizaci髇 administrativa, expedida por la direcci髇 general competente en materia de transportes.�

• 玝) La documentaci髇 acreditativa de que la embarcaci髇 o las embarcaciones que se destinan al servicio solicitado cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente para poder navegar y de que cumplen los requerimientos t閏nicos y de seguridad en funci髇 de las caracter韘ticas del transporte a realizar, en la que deben constar el n鷐ero m醲imo de pasajeros que pueden transportar, emitidos por la administraci髇 competente en materia de seguridad del transporte y de la vida humana en el mar y en materia de inspecci髇 t閏nica y operativa de embarcaciones y tripulaciones.
• f) Una declaraci髇 responsable de no tener ninguna deuda con la Administraci髇 de la Generalidad, y de estar al corriente de las obligaciones fiscales y tributarias con esta Administraci髇 y con la Administraci髇 general del Estado, as� como de estar al corriente de las obligaciones con la seguridad social, con la autorizaci髇 expresa para su comprobaci髇 de oficio por parte del departamento competente en materia de transportes.�

�2. El plazo para resolver y notificar las solicitudes de autorizaci髇 objeto de la presente ley es de tres meses. Transcurrido este plazo, si no se ha dictado y notificado resoluci髇 expresa alguna, se entiende que son desestimadas.�

�1. Las infracciones leves se sancionan con una multa de hasta 3.000 euros; las graves con una multa de 3.001 euros a 15.000 euros, y las muy graves, con una multa de 15.001 euros a 30.000 euros.�

獳rt韈ulo 23 觬ganos competentes para imponer sanciones

1. La competencia para imponer las sanciones establecidas por la presente ley corresponde al departamento competente en materia de transportes.

2. Las sanciones muy graves deben ser impuestas por el titular o la titular de la direcci髇 general competente en materia de transportes.

3. Las sanciones graves y las sanciones leves deben ser impuestas por el titular o la titular del correspondiente servicio territorial.�

• 玜) Las que tienen la consideraci髇 de servicio p鷅lico, que son las instalaciones destinadas a satisfacer las necesidades de desplazamiento de las personas, garantiz醤doles el derecho a la movilidad, y que prestan el servicio de forma continuada, con sujeci髇 a un calendario y a unos horarios aprobados por la Administraci髇; y tambi閚 las instalaciones que, dedicadas a un uso tur韘tico o de ocio, cuentan con entidad propia.�

�4. El departamento competente en materia de transporte puede establecer, por razones de inter閟 general, servicios mixtos o combinados de transporte de viajeros, ferroviario y por carretera, de modo que la explotaci髇 la realice de forma conjunta la misma empresa operadora. Estos servicios deben prestarse, con car醕ter general, bajo el r間imen de concesi髇 administrativa, y les son aplicables las normas de la presente ley y, en todo cuanto sea procedente, la normativa de los servicios regulares de transportes de viajeros por carretera establecida por la Ley 12/1987, de 28 de mayo, de regulaci髇 del transporte de viajeros por carretera mediante veh韈ulos de motor.�

�3. Los empleados del titular de la infraestructura, de las empresas ferroviarias y de las empresas operadoras que prestan el servicio tienen, en los actos de servicio y en los motivados por estos, la consideraci髇 de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, especialmente las de vigilancia inmediata de la observancia, por los usuarios y por terceros en general, de las reglas que establecen las leyes y los reglamentos y las condiciones generales de utilizaci髇. Dichos empleados deben ejercer las funciones inspectoras correspondientes y deben dar cuenta de las infracciones detectadas a los 髍ganos administrativos competentes, los cuales deben supervisar, en todo caso, la inspecci髇, la tramitaci髇 de las denuncias presentadas y la imposici髇 de las sanciones correspondientes, si procede.�

• 玝) Incumplir, la empresa ferroviaria, las condiciones que fijan las autorizaciones administrativas, los dem醩 t韙ulos habilitantes y los contratos formalizados con la Administraci髇, si se pone en peligro la seguridad de las personas, de los bienes o del tr醤sito ferroviario.�

• 玜) Incumplir, la empresa ferroviaria, las condiciones esenciales que fijan las autorizaciones, los dem醩 t韙ulos habilitantes y los contratos formalizados con la Administraci髇, de modo que se vean alteradas significativamente las condiciones de utilizaci髇 del servicio por parte de los usuarios, siempre que no concurran las circunstancias para que sea una infracci髇 muy grave. Se consideran esenciales las condiciones relativas a la frecuencia y a la regularidad del servicio siempre que su incumplimiento comporte interrupciones y retrasos significativos.�

• 玵) Incumplir, la empresa ferroviaria, las condiciones que fijan las autorizaciones, los dem醩 t韙ulos habilitantes y los contratos formalizados con la Administraci髇, siempre que no concurran las circunstancias para que sea una infracci髇 muy grave o grave.�

• �8. En el caso de las infracciones tipificadas por los art韈ulos 63.b, 64.a y 65.q, tienen la consideraci髇 de infracciones independientes las que se cometan de forma reiterada, ya sea porque afectan a distintas circulaciones ferroviarias, distintas l韓eas ferroviarias o porque se extienden a lo largo de varios d韆s, sucesivos o no.�

獳 tales efectos, las empresas ferroviarias pueden llevar a cabo, antes del inicio o durante la jornada laboral de este personal, las actuaciones adecuadas de prevenci髇, control y seguimiento para la detecci髇 de niveles de alcohol, de estupefacientes, de sustancias t髕icas o de otras sustancias, y deben aplicar las medidas disciplinarias correspondientes si el personal se niega a someterse a las pruebas o en los casos de detecciones positivas.�

�4. El plazo para resolver y notificar el procedimiento de establecimiento de la l韓ea de edificaci髇 de carreteras a una distancia inferior a la regulada con car醕ter general es de seis meses. En los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada, la solicitud se entiende desestimada una vez transcurrido este plazo.�

�42.1 Con car醕ter general, se proh韇e instalar publicidad en una franja de cien metros medida desde la arista exterior de la calzada y que sea visible desde la zona de dominio p鷅lico de la carretera. Esta prohibici髇 no da derecho a indemnizaci髇.

42.2 La prohibici髇 establecida por el apartado 1 no es aplicable en los casos siguientes:

• a) En los suelos urbanos de carreteras con una calzada 鷑ica para ambos sentidos de circulaci髇.
• b) En los suelos urbanos de carreteras con calzadas separadas en que la velocidad m醲ima permitida sea inferior a ochenta kil髆etros por hora.
• c) En los suelos urbanos de carreteras con calzadas separadas en que la velocidad m醲ima permitida sea igual o inferior a la velocidad m醲ima establecida por el C骴igo de circulaci髇 en los municipios de Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cornell� de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gav�, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, El Prat de Llobregat, Sant Adri� de Bes騭, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Desp�, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet y Viladecans.�

�3. El plazo para resolver y notificar el procedimiento de autorizaci髇 de obras o actividades en las zonas de servidumbre o dentro de la zona delimitada por la l韓ea de edificaci髇 en las carreteras es de seis meses. En los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada, la solicitud se entiende desestimada una vez transcurrido este plazo.�

�5. En el caso de obras o instalaciones publicitarias en zonas prohibidas por la legislaci髇, se entiende abandonada cualquier instalaci髇 que no disponga de la identificaci髇 de su propietario, o cuyo propietario no pueda ser identificado mediante el anunciante o el propietario de los terrenos. En este caso, el departamento competente puede ordenar al propietario de los terrenos, directamente, la demolici髇 de las obras y la retirada de las instalaciones, e impedir definitivamente los usos de las mismas.�

• 玨) Ocupar de forma temporal las zonas de dominio p鷅lico, de servidumbre y de afectaci髇 para realizar en ellas usos y actividades relacionadas con la prestaci髇 de servicios de naturaleza sexual.�

�58.3 Son responsables de las infracciones por la ocupaci髇 temporal de las zonas de dominio p鷅lico, de servidumbre y de afectaci髇 para realizar en ellas usos y actividades relacionadas con la prestaci髇 de servicios de naturaleza sexual, tanto la persona que ofrece la prestaci髇 de estos servicios como la persona que los solicita o los acepta.�

獷n materia de infracciones publicitarias, se considera que hay intencionalidad, al efecto de agravar la graduaci髇 de la infracci髇, en el caso de falta de identificaci髇 del propietario de la instalaci髇 publicitaria en la propia instalaci髇. Tambi閚 se considera que hay intencionalidad en el caso de emplazamiento de la instalaci髇 publicitaria en la v韆 p鷅lica o en terrenos de cualquier administraci髇 o particulares, si no se dispone de la autorizaci髇 de la administraci髇 o del particular propietario del terreno para llevar a cabo la ocupaci髇.�

• 玠) Al director o directora del Servicio Catal醤 de Tr醘ico, las infracciones tipificadas por el art韈ulo 56.4.k. A tal efecto, el procedimiento sancionador debe ser tramitado por el departamento competente en materia de seguridad a trav閟 del Servicio Catal醤 de Tr醘ico.�

玊ercera Prohibici髇 espec韋ica

1. Se proh韇e la ocupaci髇 temporal de las zonas de dominio p鷅lico, de servidumbre y de afectaci髇 para realizar en ellas usos y actividades relacionadas con la prestaci髇 de servicios de naturaleza sexual que no son compatibles con la seguridad de la v韆 y con la finalidad de esta.

2. Debe establecerse un protocolo de actuaci髇 de apoyo y protecci髇 a las personas que realizan usos y actividades relacionadas con la prestaci髇 de servicios de naturaleza sexual.�

玅ueda excluido el 醡bito de La Vall de Santa Creu, de acuerdo con la delimitaci髇 incluida en el anexo 5.�

玊閞mino municipal de El Port de la Selva

El punto inicial de la descripci髇 se sit鷄 en la riera de La Vall, bajo el puente que une el n鷆leo de La Vall de Santa Creu con el camino que asciende al monasterio de Sant Pere de Rodes. El l韒ite del PNIN va riera abajo, incluyendo sus dos m醨genes, hasta que llega al punto en que la riera se introduce bajo la plaza de la Font de La Vall de Santa Creu. En este punto, el l韒ite gira a la derecha y sigue los m醨genes de la plaza, de acuerdo con la delimitaci髇 incluida en el anexo 5, hasta encontrar de nuevo la riera en el punto en que esta vuelve a salir al exterior. A partir de aqu� el l韒ite sigue riera abajo, incluyendo sus dos m醨genes, hasta que encuentra el cuarto torrente tributario de esta riera, en sentido aguas abajo y contado desde el punto inicial de este l韒ite. Entonces sigue torrente arriba, incluyendo sus dos m醨genes, hasta su extremo m醩 elevado, y despu閟 hasta arriba del borde, en la cota de 321,2 m, por la l韓ea de m醲ima pendiente. Desde aqu� contin鷄 borde arriba, en direcci髇 SO, hasta que encuentra el torrente pr髕imo, que remonta y del que incluye ambos m醨genes, hasta su extremo m醩 elevado, y hasta arriba del borde por la l韓ea de m醲ima pendiente, en la loma de la Guerra, donde el camino de El Port de la Selva a Sant Pere de Rodes describe una curva cerrada hacia la izquierda en sentido descendente quedando un rellano a mano derecha de esta curva con vista sobre La Selva de Mar; en este punto cruza el l韒ite entre los t閞minos municipales de El Port de la Selva y La Selva de Mar.�

玊閞mino municipal de El Port de la Selva

El l韒ite sigue la pista de la cresta, en direcci髇 E, hasta que encuentra el camino que pasa por la cresta de la sierra del collado del Perer. Sigue este camino hasta el mismo collado del Perer (325 m) y, desde este punto, busca directamente la cabecera de la riera de La Vall de Santa Creu. El l韒ite baja por la riera que pasa por La Vall de Santa Creu, incluyendo sus dos m醨genes hasta que reencuentra el punto inicial.�

�7. El r間imen jur韉ico del encargo de gesti髇 no es aplicable si el encargo tiene un objeto propio de un contrato incluido en el 醡bito de aplicaci髇 de la legislaci髇 de contratos del sector p鷅lico. De acuerdo con lo dispuesto por dicha legislaci髇, el encargo solamente puede hacerse a organismos o entidades p鷅licas que tengan la condici髇 de medio propio de la administraci髇, organismo o entidad p鷅lica.�

�8. Las diferentes administraciones p鷅licas catalanas pueden delegar funciones p鷅licas en los colegios profesionales competentes por raz髇 de la materia, especialmente las que se refieren a funciones de comprobaci髇 documental y t閏nica de los trabajos, y tambi閚, si procede, de excelencia profesional, preceptivos para la obtenci髇 de t韙ulos administrativos habilitantes, o en otros procedimientos, tramitaciones administrativas o procesos de contrataci髇. La delegaci髇 se formaliza mediante convenios de delegaci髇 que deben establecer sus condiciones y su alcance.�

�4. En los procedimientos iniciados de oficio, la administraci髇 p鷅lica solamente puede utilizar y requerir las comunicaciones electr髇icas en las relaciones con los interesados si estos lo aceptan, salvo que se haya establecido por reglamento la obligaci髇 de comunicarse con los mismos utilizando 鷑icamente medios electr髇icos, de acuerdo con lo establecido por el apartado 2.�

�2. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 1, las personas f韘icas pueden utilizar tambi閚 algunos de los sistemas de firma electr髇ica admitidos por las administraciones p鷅licas.�

�1. El procedimiento de elaboraci髇 de un proyecto de disposici髇 reglamentaria se inicia a propuesta del departamento competente en la materia del proyecto. Si se trata de materias de competencia de m醩 de un departamento, la propuesta debe ser conjunta o del titular o la titular del Departamento de la Presidencia.�

�1. Si la aprobaci髇 de la disposici髇 reglamentaria corresponde al Gobierno, la iniciativa debe ponerse en conocimiento de los distintos departamentos para que formulen, si procede, las observaciones que consideren convenientes previamente a los tr醡ites de audiencia y de informaci髇 p鷅lica.�

�6. El tr醡ite de audiencia a los ciudadanos establecido por este art韈ulo no es aplicable a las disposiciones que regulan los 髍ganos, los cargos y las autoridades del Gobierno, y tampoco a las disposiciones org醤icas de la Administraci髇 de la Generalidad o de los organismos que tiene adscritos o que dependen de la misma.�

�3. Los convenios que comportan el otorgamiento de una subvenci髇 por parte de las administraciones p鷅licas deben ajustarse a las normas que regulan el otorgamiento, sin perjuicio de la aplicaci髇 supletoria de lo establecido por la presente ley.�

獳rt韈ulo 110 Contenido

1. Los convenios, si procede, deben contener los siguientes aspectos:

• a) Las administraciones y los 髍ganos que suscriben el convenio y la capacidad jur韉ica con la que act鷄 cada parte.
• b) La competencia en virtud de la cual act鷄 cada parte.
• c) La referencia expresa a la aprobaci髇 por el Parlamento o por las Cortes Generales o al acuerdo del Gobierno de la Generalidad o del pleno de la entidad local o del 髍gano de gobierno que autoriza el convenio en los supuestos en que sean preceptivos.
• d) El objeto del convenio y las actuaciones que se acuerda realizar para cumplirlo.
• e) La financiaci髇, si el objeto del convenio lo requiere, con indicaci髇 de las partidas presupuestarias que autorizan el gasto.
• f) Los compromisos que asumen las partes.
• g) El plazo de vigencia del convenio y, si procede, el r間imen de pr髍roga. Si el convenio comporta compromisos de gasto econ髆ico, las pr髍rogas deben ser expresas.
• h) Las causas y las formas de extinci髇 diferentes de la expiraci髇 del plazo de vigencia, y la forma de finalizar las actuaciones en curso en caso de extinci髇 anticipada.
• i) El establecimiento de las responsabilidades para la gesti髇 del convenio, incluida, si procede, una organizaci髇 espec韋ica a tales efectos.
• j) El establecimiento de las responsabilidades de seguimiento y control de las actuaciones que se acuerde desarrollar, incluida la posibilidad de establecer un 髍gano espec韋ico para cumplir estas funciones.
• k) Las medidas que se pueden adoptar en caso de incumplimiento de los compromisos establecidos por el convenio.
• l) Los 髍ganos y los procedimientos a que se someten las diferencias que puedan surgir sobre la interpretaci髇 y el cumplimiento del convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. Los protocolos deben contener, si procede, los aspectos establecidos por las letras a, b, c, d, e, g, h, i, j y l del apartado 1.

3. Los convenios y protocolos deben publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en la web del departamento correspondiente.�

玈exta Firma electr髇ica para los 髍ganos y el personal de las administraciones p鷅licas

1. El Gobierno debe promover la provisi髇 de mecanismos de identificaci髇 y de firma electr髇ica reconocida a los 髍ganos administrativos y al personal de las administraciones, debiendo determinar sus correspondientes condiciones de uso.

2. La Agencia Catalana de Certificaci髇 puede prestar sus servicios a todas las entidades del sector p鷅lico de Catalu馻, y tambi閚 a las entidades que dependen del mismo, p鷅licas o privadas. En este caso, la expedici髇, la renovaci髇, la modificaci髇 y la actualizaci髇 de los certificados reconocidos deben realizarse previa comprobaci髇 de la identidad y de los datos personales con los correspondientes registros administrativos o de personal, sin necesidad de comparecer personalmente.

3. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 2, la entrega de los dispositivos seguros de firma electr髇ica debe efectuarse siempre de modo presencial a los 髍ganos administrativos y al personal de la administraci髇 que solicita los certificados.�

玈閜tima Firma electr髇ica para la ciudadan韆

1. La Agencia Catalana de Certificaci髇 puede suministrar certificados reconocidos de firma electr髇ica, bajo el r間imen de libre concurrencia, a las personas que lo soliciten, previa comprobaci髇 espec韋ica de su identidad por parte de una entidad p鷅lica de la Administraci髇 de la Generalidad o de otras entidades de registro colaboradoras, p鷅licas o privadas.

2. La renovaci髇, la modificaci髇 o la actualizaci髇 del certificado reconocido no requiere la comparecencia del ciudadano o ciudadana, con independencia del plazo que haya transcurrido desde la emisi髇 del primer certificado reconocido, salvo que este haya sido revocado o haya expirado.

3. La comparecencia del ciudadano o ciudadana tampoco se requiere cuando la comprobaci髇 de su identidad, en cualquier proceso de certificaci髇, se hace mediante la introducci髇 de otra identidad digital, y en concreto de un identificador de usuario o usuaria y de una contrase馻, en los casos en que el procedimiento inicial de identificaci髇 y entrega de la contrase馻 equivale al de suministro de la firma electr髇ica avanzada por parte de la entidad p鷅lica prestadora de servicios de certificaci髇.�

�4. Los organismos supramunicipales pueden prestar los servicios necesarios para garantizar la efectividad de los derechos en el 醡bito de los municipios que no dispongan de los medios t閏nicos y organizativos necesarios para prestarlos. A estos efectos, las entidades de la Administraci髇 local de Catalu馻 tambi閚 pueden establecer convenios de colaboraci髇 con los departamentos de la Administraci髇 de la Generalidad. Todo ello, sin perjuicio de la colaboraci髇 y cooperaci髇 que ordinariamente lleven a cabo a trav閟 del Consorcio Administraci髇 Abierta de Catalu馻, en el uso de los medios electr髇icos.�