Artículo 56 Operaciones de endeudamiento a largo plazo

1. El Gobierno, a propuesta del consejero de Economía y Hacienda, establecerá el importe que deberá presentar, a 31 de diciembre de 2007, el saldo vivo de la Deuda de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la limitación de que dicho saldo no podrá superar el correspondiente a 1 de enero de 2007.

No obstante lo anterior, el Gobierno podrá determinar un saldo vivo de la Deuda de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias superior al correspondiente a 1 de enero de 2007, siempre y cuando la deuda viva conjunta, a 31 de diciembre de 2007, de las universidades canarias y demás sujetos comprendidos en el artículo 2.1.c) de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, fuere, como máximo, la existente a 1 de enero de 2007 o aquella que resulte de las variaciones en la composición del sector público a que se refiere el precepto antes señalado.

2. La cifra de saldo vivo de la Deuda que establezca el Gobierno sólo será efectiva al término del ejercicio, por lo que podrá ser sobrepasada en el curso del mismo.

3. El límite señalado en el párrafo primero del apartado 1 podrá ampliarse por la cuantía del endeudamiento autorizado en el ejercicio 2006 que no hubiera sido formalizado antes del 31 de diciembre de dicho año, así como por la cuantía que sea autorizada con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

4. Cumplido por el Gobierno el trámite a que se refiere el apartado 1, se entenderá concedida la autorización para realizar operaciones de endeudamiento a largo plazo durante el año 2007.

5. Durante el ejercicio 2007, no se autorizarán operaciones de endeudamiento a los entes enumerados en los apartados 2, 3, 4 y 7 del artículo 1 de esta ley.

6. En su caso, la variación neta de las operaciones extrapresupuestarias a que se refiere el artículo 57 de la presente ley se considerará incluida en la cifra de saldo vivo de la Deuda que establezca el Gobierno, con arreglo a lo establecido en el apartado 1 anterior.

Artículo 57 Operaciones de endeudamiento a corto plazo

1. El saldo vivo de las operaciones de endeudamiento por plazo inferior o igual a un año, destinadas a atender necesidades transitorias de tesorería que realice el consejero de Economía y Hacienda, no podrá ser superior al 5 por ciento del presupuesto de gastos consolidado, aprobado por el artículo 2 de la presente ley.

2. La duración de los contratos que se celebren al amparo de lo dispuesto en el apartado anterior no excederá del 31 de diciembre de 2007. No obstante, podrá pactarse la prórroga expresa de aquéllos por un plazo no superior a diez meses.

Artículo 58 Asunción de endeudamiento

Dentro de los límites previstos en la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, se autoriza al Gobierno la asunción de endeudamiento en los siguientes supuestos:

• a) El destinado a financiar las obras derivadas del anexo V de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1997, únicamente para lo no asumido en el ejercicio de 2006.
• b) El del Consorcio Sanitario de Tenerife que esté avalado por el Gobierno de Canarias.
• c) El derivado de la disolución o extinción de sociedades mercantiles públicas.

Artículo 59 Contabilización e imputación de operaciones

1. Las operaciones previstas en las letras h) y j) del apartado 1 del artículo 62-bis de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se contabilizarán en una cuenta extrapresupuestaria. Los gastos por intereses y por conceptos conexos de dichas operaciones se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios.

2. Las operaciones a que se refieren las letras h), i) y j) del apartado 1 del artículo 62-bis de la mencionada Ley 7/1984, de 11 de diciembre, no computarán dentro de la cifra del saldo vivo de la deuda que establezca el Gobierno con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 56 de la presente ley.

Artículo 60 Anticipos

El consejero de Economía y Hacienda, excepcionalmente, podrá autorizar anticipos a los consorcios, sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones públicas, a iniciativa de los órganos correspondientes de las mismas y a propuesta de las consejerías a las que se encuentren adscritos.

Estos anticipos tendrán carácter de a cuenta de los recursos consignados en los estados de gastos de la presente ley y deberán ser cancelados dentro del ejercicio presupuestario 2007.

El procedimiento de concesión y cancelación de los mismos será establecido por la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 61 Avales de la Comunidad Autónoma

1. La Administración de la Comunidad Autónoma puede prestar avales durante el ejercicio 2007 para las operaciones de crédito exterior o interior que se concreten con las entidades financieras, hasta un importe máximo de 35.000.000 de euros.

Número 1 del artículo 61 redactado por el artículo 1 de la Ley [CANARIAS] 10/2007, 13 abril, de modificación del artículo 61 de la Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2007 («B.O.I.C.» 18 abril).Vigencia: 19 abril 2007

2. Dentro del total señalado en el apartado anterior, se aplicarán los siguientes límites máximos de avales de la Comunidad Autónoma:

• a) Para coafianzar, sin renunciar a los beneficios de excusión y división, a las empresas del sector tomatero con domicilio social en Canarias que realicen en el ámbito de esta Comunidad Autónoma su actividad principal, hasta un importe máximo de 10.000.000 de euros para la financiación de inversiones de modernización de explotaciones e infraestructuras productivas.
• b) A otras administraciones, entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales e instituciones sin fines de lucro, por importe máximo de 5.000.000 de euros.
• c) A empresas de cualquier tamaño cuya actividad sea la prestación de servicios de comedores escolares públicos y provisión de comidas preparadas, por un importe máximo de 20.000.000 de euros, con el objeto de garantizar operaciones de crédito o préstamo destinadas tanto al salvamento como a la reestructuración de empresas en crisis, entendida como parte de un plan destinado a restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa, y en el que se contemple la refinanciación o pago de las deudas asumidas por dichas empresas, con excepción de las deudas correspondientes a las empresas del mismo grupo de sociedades en el sentido del artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con las condiciones siguientes:
  • 1º. La Comunidad Autónoma de Canarias avalará subsidiariamente las obligaciones contraídas por estas empresas en virtud de las operaciones de crédito o préstamo garantizadas, sin renuncia al beneficio de excusión a que se refiere el artículo 1.830 y siguientes del Código Civil.
  • 2º. La empresa avalada deberá constituir garantía suficiente por cualquiera de los medios admitidos en Derecho, incluidas costas y gastos, a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias. Si actualmente no fuera suficiente responderá del cumplimiento de la obligación garantizada con sus bienes futuros.
  • 3º. El procedimiento para la autorización del aval deberá iniciarse en el ejercicio 2007 pudiendo, si fuere necesario, suscribirse durante el año 2008, tanto la formalización como las operaciones de crédito o préstamo sobre las que recaiga el mismo.
  Letra c) del número 2 del artículo 61 introducida por el artículo 2 de la Ley [CANARIAS] 10/2007, 13 abril, de modificación del artículo 61 de la Ley 12/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2007 («B.O.I.C.» 18 abril).Vigencia: 19 abril 2007

3. Los avales serán autorizados por el Gobierno, a propuesta conjunta del consejero de Economía y Hacienda y del titular del departamento competente por razón de la materia.

4. No se computarán en el límite establecido en el apartado 1 de este artículo los avales que se otorguen en garantía de créditos que constituyan refinanciación, sustitución o novación de otros anteriores que ya cuenten con aval de la Comunidad Autónoma, siempre y cuando se cancele dicho aval y no se produzca un incremento del riesgo vivo.

5. Se faculta al consejero de Economía y Hacienda para:

• a) Proceder a la formalización de los avales en representación de la Comunidad Autónoma, en las condiciones y circunstancias que para cada caso establezca el Gobierno.
• b) Acordar la comisión a percibir por la Comunidad Autónoma como contraprestación del riesgo asumido en virtud de los avales prestados. Dicha comisión se hará efectiva en el momento de la constitución del crédito avalado y no podrá ser superior al 2 por ciento del importe del aval.

6. Los organismos autónomos, los consorcios, las fundaciones, las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales de la Comunidad Autónoma no podrán prestar avales durante el ejercicio presupuestario 2007.

7. En el supuesto de que llegara a hacerse efectiva su obligación como avalista, la Administración de la Comunidad Autónoma quedará automáticamente subrogada en todos los derechos que el acreedor tenía contra el avalado, comprometiéndose éste a abonar a la Tesorería de la Comunidad Autónoma la cantidad no satisfecha y abonada a la entidad de crédito prestamista, así como a indemnizar a la misma, en su caso, por los restantes conceptos señalados en el artículo 1.838 del Código Civil, que se hubieran devengado con carácter preferente a cualquier otra obligación asumida, sin perjuicio de las existentes hasta la fecha y de los supuestos de prelación de créditos legalmente reconocidos.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público y, en consecuencia, se exigirá al avalado el reembolso por la vía administrativa conforme a las reglas que, para el ingreso de los débitos de Derecho Público no tributario establece el Reglamento General de Recaudación, procediéndose, en su caso, por la vía administrativa de apremio.

8. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá acordar la no disponibilidad, en la cuantía necesaria, de los créditos que procedan.