Sumario

--> Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 11/1984, 6 junio, derogada por la disposici�n derogatoria de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 11/2003, 27 marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (�B.O.C.M.� 14 abril) el 15 de abril de 2003.

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

I.

La vigente Constituci�n Espa�ola, en desarrollo de su art�culo 9.2, establece en el cap�tulo III de su t�tulo I, los principios rectores de la pol�tica social y econ�mica, y se�ala una serie de deberes de los poderes p�blicos que generan en sus destinatarios unos derechos cuya satisfacci�n ha de ser est�mulo y meta del buen hacer pol�tico.

II.

Uno de estos deberes, y correlativo derecho, es el denominado de �asistencia social� o �servicios sociales� concepto pluridimensional, a�n no bien perfilado, pero que, en todo caso, queda muy alejado del antiguo concepto de la �beneficiencia p�blica� m�s cercano a la filosof�a de un Estado liberal, pero hoy inadmisible en un Estado social.

III.

Los poderes p�blicos, seg�n la norma constitucional, aseguran la protecci�n social, econ�mica y jur�dica de la familia (art�culo 39.1), la protecci�n integral de los hijos (art�culo 39.2), la promoci�n de las condiciones favorables para el progreso social y econ�mico (art�culo 40.1), el descanso necesario del trabajo mediante la promoci�n de centros adecuados (art�culo 40.2), las condiciones para la participaci�n libre y eficaz de la juventud en el desarrollo pol�tico, social, econ�mico y cultural (art�culo 48), la realizaci�n de una pol�tica de previsi�n, tratamiento, rehabilitaci�n e integraci�n de los disminuidos f�sicos sensoriales y ps�quicos (art�culo 49) y la promoci�n del bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad mediante un sistema de servicios sociales que atender� sus problemas espec�ficos de salud, vivienda, cultura y ocio (art�culo 50).

IV.

Existe, como puede apreciarse, una dif�cil definici�n del contenido de la �asistencia social� o �servicios sociales�, frente a otros campos espec�ficos de actividad administrativa, como son los de cultura, sanidad, seguridad social e incluso justicia. Dificultad que se acrecienta si consideramos la dispersi�n legislativa e institucional que, a lo largo del devenir hist�rico, ha jalonado los logros de nuestros estamentos sociales m�s d�biles.

V.

El art�culo 148.1 del Texto Constitucional faculta a las Comunidades Aut�nomas a asumir plenitud de competencias en materia de asistencia social. As� lo ha hecho nuestra Comunidad en el art�culo 26.18 de su Estatuto. Dichas competencias exclusivas permiten mediante la presente Ley establecer en la Comunidad Aut�noma de Madrid los fundamentos de una pol�tica global de Servicios Sociales integradora y de normalizaci�n encaminada a prevenir y evitar las causas de marginaci�n y disgregaci�n social hoy existentes y que afectan a sectores cada vez m�s amplios de nuestra sociedad.

VI.

Esto lleva consigo el ejercer sin tardanza y sin perjuicio de la efectiva transferencia de servicios y dotaciones del Estado en esta materia, una funci�n legislativa que marque las pautas en cuyo desarrollo y ejecuci�n se tienda a alcanzar aquel grado de prestaciones sociales que se considera �ptimo en nuestras actuales circunstancias socioecon�micas y realizable a trav�s de una gesti�n pol�tica receptiva y comprometida.

VII.

Esta tarea ha de inspirarse en determinados principios, que podr�an sintetizarse en los siguientes: distinci�n entre funciones planificadoras, propias de la Comunidad con participaci�n de las Entidades Locales y funciones gestoras, descentralizadas y generalmente enmarcadas en los entes locales bajo la coordinaci�n de la Comunidad Aut�noma, incentivaci�n y reforzamiento de la participaci�n ciudadana y la iniciativa social; prevenci�n, integraci�n, globalidad, solidaridad e gualdad.

VIII.

Definidas y enumeradas las modalidades de los Servicios, entendidos �stos en estricto sentido de prestaciones, tanto de car�cter general como especializado, se mantiene como elemental criterio dejar abierta la implantaci�n del oportuno equipamiento, al marco de la planificaci�n y programaci�n, que se elaborar� por la Comunidad de Madrid dentro de las directrices de la Ley, en funci�n de las necesidades detectadas y las posibilidades presupuestarias, procurando el logro de la solidaridad e igualdad sin perjuicio de la territorializaci�n de los recursos de los Entes Locales.

IX.

Tanto la Comunidad de Madrid, como los Entes Locales, contar�n con la colaboraci�n de los Consejos de Bienestar Social, cuya composici�n y funcionamiento aportar�, sin duda, valiosos elementos de participaci�n ciudadana.

X.

La financiaci�n necesaria para la implantaci�n y prestaci�n de los Servicios Sociales se prev�, adem�s de las aportaciones del Estado, con ponderados criterios que afecten a los Presupuestos de Gastos tanto de la Comunidad de Madrid como de los Municipios existentes dentro de su territorio y de manera subsidiaria de las percepciones correspondientes a los Servicios prestados a los ciudadanos, en la forma que reglamentariamente se determine, y con especial consideraci�n de sus posibilidades econ�micas.

XI.

Finalmente, hemos de destacar la salida de los Servicios Sociales articulados en esta Ley, del �mbito de la Beneficencia P�blica.