Atenci髇 norma derogada, ver regulaci髇 posterior

Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid

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Sumario

LE0000744261Ley 11/2003, 27 marzo, derogada por la letra b) del n鷐ero 2 de la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la Ley 12/2022, 21 diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (獴.O.C.M.� 22 diciembre), el 11 de enero de 2023.

El Presidente de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la presente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PRE罬BULO

1

El Estado social y democr醫ico de derecho, tal como se define en la Constituci髇 Espa駉la, compromete a los poderes p鷅licos en la promoci髇 de las condiciones 玴ara que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obst醕ulos que impidan o dificulten su plenitud y faciliten la participaci髇 de todos los ciudadanos en la vida pol韙ica, econ髆ica, cultural y social� (art韈ulo 9.2), as� como en el cumplimiento de los objetivos que hagan posible el progreso econ髆ico y social. De esta forma nuestra Constituci髇 incorpora los principios contenidos en la Declaraci髇 Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, donde los derechos sociales y econ髆icos se colocan en el mismo orden de importancia que los derechos civiles y pol韙icos.

El concepto de asistencia social, como materia en la que pueden asumir competencias las Comunidades Aut髇omas constituidas al abrigo de la Constituci髇, tiene como caracter韘tica relevante la de que su propia construcci髇 y desarrollo se realiza en 韓tima conexi髇 con la realidad m醩 pr髕ima a las demandas ciudadanas, lo que obliga a delimitar, en todo caso, el instrumento de su actividad. De este modo, los servicios sociales se constituyen como medio instrumental organizado de la acci髇 social que emana del ejercicio pleno de la competencia de asistencia social.

En virtud de las competencias asumidas en el Estatuto de Autonom韆 de la Comunidad de Madrid aprobado por Ley Org醤ica 3/1983, de 25 de febrero, modificada por las Leyes Org醤icas 10/1994, de 24 de marzo, y 5/1998, de 7 de julio (art韈ulos 26.1.23 y 26.1.24), y mediante la Ley 11/1984, de 6 de junio, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, se establecieron las bases para el desarrollo de lo que ha venido a ser un nuevo sistema de protecci髇 al servicio del bienestar de la poblaci髇 madrile馻.

La citada Ley que, como el resto de leyes auton髆icas promulgadas en aquella 閜oca, combinaba declaraciones de principios y mandatos generalistas, ha permitido la extensi髇 y consolidaci髇 del sistema p鷅lico de servicios sociales, una ampliaci髇 de su oferta y una mejora en las condiciones de su prestaci髇, as� como un incremento notable de la presencia de la iniciativa social en el 醡bito de los servicios sociales.

Sin embargo, el paso del tiempo, la din醡ica del cambio social y la propia pr醕tica de la atenci髇 social han puesto en evidencia las carencias de la Ley promulgada hace casi veinte a駉s, principalmente en lo que se refiere a la definici髇 conceptual, delimitaci髇 del campo de actuaci髇 de los servicios sociales, tipificaci髇 de las prestaciones, modelo organizativo, definici髇 de competencias y financiaci髇 del sistema.

Por todo ello se hac韆 indispensable acometer la tarea de llevar a cabo una actualizaci髇 de la norma b醩ica que regula los servicios sociales en la Comunidad de Madrid, de modo que 閟ta responda a la realidad presente, e incluso se馻le nuevos caminos para el futuro de los mismos. La elaboraci髇 de esta ley se ha realizado a trav閟 de un proceso participativo, en el que han intervenido desde responsables pol韙icos en el 醡bito auton髆ico y municipal, a t閏nicos, entidades, asociaciones, profesionales y ciudadanos en general, respondiendo a la convicci髇 de que la b鷖queda del consenso social y pol韙ico es fundamental cuando se trata de legislar en temas tan amplios y de tan importante repercusi髇 social como son los que afectan a los servicios sociales. Esta Ley es, por tanto, el resultado de integrar todas las aportaciones realizadas por los distintos agentes implicados en los servicios sociales en la Comunidad de Madrid.

Por un lado, la Ley pretende estructurar y ordenar los distintos componentes del sistema de servicios sociales, incorporando aspectos relativos a la organizaci髇 de los servicios que ya funcionan en la pr醕tica y que dan consistencia al sistema. A ellos se han a馻dido otros temas relativos a las formas de intervenci髇 social, con objeto de homogeneizarlas para garantizar que todos los ciudadanos reciban del mismo modo la atenci髇 social.

De otra parte, la Ley hace una apuesta fuerte por la universalidad, equidad e igualdad de acceso de todos los ciudadanos a los servicios sociales, clarificando y consolidando firmemente sus derechos. Trata con madurez a los ciudadanos en cuanto usuarios de los servicios sociales, reconociendo su condici髇 de individuos responsables, capaces de asumir y colaborar en la resoluci髇 de los problemas de 韓dole social que en la comunidad se presentan, y en los suyos propios, respetando su dignidad y facilitando su autonom韆 y su libre elecci髇 entre las distintas opciones de atenci髇 social que puede ofrecerles el sistema de servicios sociales.

La Ley promueve la participaci髇 directa de la sociedad civil en la programaci髇, control y evaluaci髇 de los servicios sociales, reconociendo tambi閚 la pluralidad de agentes que convergen en la provisi髇 de servicios para el bienestar social, aunque sin olvidar la responsabilidad p鷅lica de garantizar prestaciones y derechos a los ciudadanos.

Por fin, a la vez que se concretan derechos en la Ley, se deja se馻lado un marco general abierto para los servicios sociales, con el fin de que pueda acoger, de un modo m醩 flexible, las derivas e incertidumbres del futuro.

La Ley consta de 74 art韈ulos, agrupados en 8 t韙ulos, 2 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, 1 disposici髇 derogatoria y 5 disposiciones finales. De los t韙ulos, el m醩 extenso es el dedicado a la definici髇 y regulaci髇 del funcionamiento del sistema p鷅lico de servicios sociales. La distribuci髇 de competencias, planificaci髇 y financiaci髇 del sistema p鷅lico, la atenci髇 social a las personas en situaci髇 de dependencia, as� como la definici髇 del papel de la iniciativa privada respecto a los servicios sociales y de la investigaci髇 y formaci髇 como instrumentos de mejora, completan el contenido del resto de los t韙ulos.

Con el objeto de garantizar la adecuada constituci髇 y eficacia de los Consejos sectoriales a que se refiere el art韈ulo 40 de la Ley, y por tanto, la representaci髇 de los distintos sectores en el Consejo Regional de Servicios Sociales, la Disposici髇 Adicional primera modifica los art韈ulos 6 y 13 de la Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los Consejos de Atenci髇 a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, de forma que la composici髇 de los Consejos Locales de Atenci髇 a la Infancia y la Adolescencias reflejen las realidades particulares de cada Corporaci髇 Local.

2

El T韙ulo Preliminar contiene las disposiciones de car醕ter general que deben conducir la aplicaci髇 de la norma, tales como el objeto y 醡bito de la Ley, as� como la finalidad y principios por los que han de regirse los servicios sociales. Respecto a los principios, se ha procurado evitar la reiteraci髇 de conceptos similares tanto como los enunciados voluntaristas, se馻lando principalmente lo que deben ser pautas comunes que gu韊n la actividad de los servicios sociales. Los derechos y deberes de los ciudadanos respecto a los servicios sociales, que no se recog韆n en la Ley anterior, se incluyen tambi閚 en este T韙ulo general.

3

El T韙ulo I se desglosa en cinco Cap韙ulos, relativos todos ellos al Sistema P鷅lico de Servicios Sociales, su definici髇, acci髇 protectora, actuaciones, organizaci髇 funcional y territorial, gesti髇 y participaci髇, y contiene novedades llamadas a producir importantes repercusiones en el 醡bito de los servicios sociales.

En el Cap韙ulo I se define la naturaleza de los servicios sociales como sistema jur韉ico p鷅lico, lo que comporta la responsabilidad p鷅lica tanto de garantizar la atenci髇 social, como de regular las actividades de los servicios sociales. La enumeraci髇 de las funciones generales del sistema abarca, de manera amplia, todas las que pueden llegar a desarrollarse desde sus distintas estructuras.

La coordinaci髇 con otros sistemas para el bienestar social, y la colaboraci髇 entre Administraciones ocupa un espacio espec韋ico en este Cap韙ulo, destacando la creaci髇 de un Consejo Interadministrativo para canalizar la coordinaci髇 entre la Comunidad de Madrid y los Municipios de la regi髇 en materia de servicios sociales.

El Cap韙ulo II se refiere a la acci髇 protectora del sistema p鷅lico de servicios sociales. En 閘 se hace una definici髇 de la oferta prestacional del sistema, tipificando las prestaciones seg鷑 su contenido t閏nico, econ髆ico o material, estableciendo la universalidad y gratuidad de todas las de car醕ter t閏nico, as� como las condiciones de acceso a los otros dos tipos y el compromiso de que todas ellas est閚 disponibles en los casos indicados. Se introduce, entre las prestaciones econ髆icas del sistema p鷅lico, el cheque-servicio, que permitir� aumentar la elegibilidad del usuario respecto al modo de atenci髇 y ampliar las posibilidades de acceso a la oferta prestacional del sistema.

En el Cap韙ulo III se describen las actuaciones del sistema, superando el etiquetaje segregante de las personas en colectivos y tomando en consideraci髇, por el contrario, los factores de vulnerabilidad que pueden afectar a cualquier persona a lo largo de su vida. El modelo de intervenci髇 destaca los rasgos de tratamiento individualizado de cada caso o historia social y de intervenci髇 interdisciplinaria, propios de los servicios sociales. Con el fin de garantizar una cobertura de atenci髇 adecuada, la Ley prev�, en este cap韙ulo, el establecimiento, por v韆 reglamentaria, de ratios entre profesionales y poblaci髇 atendida.

Se introduce aqu� la figura del Profesional de Referencia, cuya existencia se contempla como un derecho de las personas en relaci髇 a los servicios sociales, siendo su papel el de orientar y acompa馻r a la persona en todo el proceso de intervenci髇 social. Tambi閚 como novedad se crea, en este Cap韙ulo, la Tarjeta Social, que se extender� a todos los ciudadanos, con el fin de que se puedan identificar a s� mismos como potenciales usuarios de los servicios sociales, reforzando de este modo el car醕ter de universalidad del sistema p鷅lico.

El Cap韙ulo IV, dedicado a la organizaci髇 funcional y territorial del sistema p鷅lico de servicios sociales, viene a recoger lo que a trav閟 de sucesivos procesos de planificaci髇 en la Comunidad de Madrid ha llegado a constituir la esencia del modo de funcionamiento de la red b醩ica y las redes especializadas de servicios sociales.

En el Cap韙ulo V y en lo relativo a participaci髇 se introduce una v韆 para la presencia mayoritaria de los ciudadanos en los 髍ganos de representaci髇 y consulta del sistema p鷅lico, con el objetivo de dar voz a la sociedad para que 閟ta pueda transmitir sus inquietudes y asumir su responsabilidad en todos aquellos asuntos que le ata馿n.

4

El T韙ulo II de esta Ley se refiere a las competencias de las Administraciones p鷅licas en materia de servicios sociales. En el mismo se reconoce a las Entidades locales la potestad de desarrollar las funciones correspondientes a la Atenci髇 Social Primaria, lo que anteriormente no estaba recogido expresamente en la Ley, y asimismo la posibilidad de gestionar los equipamientos de atenci髇 especializada que se acuerden, en virtud del principio de territorialidad, que expresa que la prestaci髇 de los servicios sociales se realizar� desde el 醡bito m醩 pr髕imo al ciudadano y en el marco del futuro pacto local, asegurando en cualquier caso la adecuada financiaci髇.

5

La planificaci髇 de los servicios sociales, que es objeto de desarrollo en el T韙ulo III, se considera la herramienta indispensable para conseguir alcanzar los objetivos que la Ley propone de un modo racional y ordenado en el tiempo. Ser� asimismo el instrumento que sirva de base para valorar el incremento de recursos financieros necesarios para el crecimiento de los servicios sociales hasta alcanzar los niveles de cobertura deseados. Por todo ello se establece en la Ley la obligatoriedad en la realizaci髇 de un plan estrat間ico y planes sectoriales, acompa馻dos de su correspondiente memoria econ髆ica y medidas para su evaluaci髇.

6

En el T韙ulo IV, las fuentes de financiaci髇 del Sistema P鷅lico de Servicios Sociales se corresponden con las previsiones presupuestarias de las Administraciones implicadas en su desarrollo, a las que se a馻de la posibilidad de que los usuarios participen en el coste de algunas prestaciones, sin que ello suponga, en ning鷑 caso, quedar excluido de recibir un servicio por insuficiencia de medios econ髆icos. Se establecen asimismo en este t韙ulo los criterios de financiaci髇 de los servicios sociales en relaci髇 a las competencias atribuidas a cada una de las Administraciones.

7

El T韙ulo V de esta Ley se refiere a la iniciativa privada que act鷄 en el 醡bito de los servicios sociales. La realidad actual exige la coparticipaci髇 de los diferentes agentes (p鷅licos, de iniciativa social o privados) en la satisfacci髇 de las necesidades sociales que presenta la poblaci髇, aunque la responsabilidad 鷏tima sea de la Administraci髇 P鷅lica y la iniciativa social tenga una consideraci髇 prioritaria frente a la iniciativa lucrativa. En la nueva situaci髇 no s髄o es posible, sino tambi閚 necesario, combinar el mantenimiento b醩ico de derechos sociales con la producci髇 mixta (p鷅lica o privada) de servicios para el bienestar social. Por ello en esta Ley se aborda con claridad lo que ya viene siendo una pr醕tica en el 醡bito de los servicios sociales, a saber, la concurrencia de distintos agentes en la provisi髇 de servicios, en la realizaci髇 de programas o en la gesti髇 de centros.

De este modo, se reconoce en la presente Ley la capacidad de establecer y mantener centros y desarrollar programas de servicios sociales por parte de entidades privadas en las condiciones y con los requisitos que al efecto establezca la normativa reguladora de la actividad de los centros y servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Se reconoce tambi閚 su capacidad para contratar con la Administraci髇 ci耖ndose, a este respecto, a las normas que rigen la contrataci髇 en las Administraciones p鷅licas.

No obstante, la tradicional colaboraci髇 de las entidades sin fin de lucro con los servicios sociales p鷅licos y su papel de vanguardia en muchas ocasiones y de expresi髇 de la organizaci髇 de los propios afectados para la resoluci髇 de sus problemas, en otras, merecen un tratamiento especial, del que se hace eco esta Ley. As� se establece que las Administraciones responsables del sistema p鷅lico de servicios sociales fomentar醤, de modo preferente, la creaci髇 y desarrollo de entidades sin fin de lucro. Asimismo estas entidades podr醤 recibir subvenciones por parte de las Administraciones referidas y establecer con ellas convenios de colaboraci髇.

Se dedica tambi閚 un espacio especial a las actividades de las personas que participan organizadamente en el voluntariado social, realizando una aportaci髇 insustituible en favor de quienes se encuentran en situaci髇 de vulnerabilidad o exclusi髇 con funciones, en este caso s� complementarias, de las prestaciones ofrecidas con car醕ter general por el sistema p鷅lico.

8

El T韙ulo VI est� dedicado a la atenci髇 social a la dependencia, entendida como aquella situaci髇 en la que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o la p閞dida de autonom韆 necesitan asistencia o ayudas importantes para realizar las actividades corrientes de la vida diaria.

En la sociedad actual, los riesgos potenciales de dependencia aumentan, mientras que los tradicionales proveedores de cuidados disminuyen, tanto en n鷐ero como en capacidad real de prestar ayuda. Tales circunstancias justifican sobradamente la pertinencia de una intervenci髇 p鷅lica para hacer frente a este riesgo social, protegiendo a la persona dependiente, garantizando la calidad de los cuidados que se le dispensen y reforzando el apoyo a los cuidadores, a fin de aliviarles y sostenerles en situaciones que exigen una importante disponibilidad.

Si bien la intervenci髇 frente a situaciones de dependencia, permanente o transitoria, que dificultan el desarrollo integral de las personas, forma parte de la actuaci髇 habitual y esencial de los servicios sociales, lo que se focaliza en esta Ley es la atenci髇 a las personas m醩 severa o gravemente afectadas, por ser la que requiere un mayor esfuerzo e incremento de recursos. Para ello se prev� realizar las adaptaciones oportunas en cuanto a intensidad, especializaci髇, diversificaci髇 y extensi髇 de algunas de las prestaciones propias del sistema p鷅lico.

El reconocimiento de la importancia y el valor social del papel de los cuidadores, como participantes indispensables en el sistema de cuidados a la persona en situaci髇 de dependencia, se traduce en la indicaci髇 de una serie de medidas encaminadas a su formaci髇, informaci髇, programas de respiro y de conciliaci髇 de sus tareas como cuidadores con su vida profesional.

9

La investigaci髇, la formaci髇 continua de los profesionales del sistema de servicios sociales, as� como la colaboraci髇 en la formaci髇 de nuevos profesionales, consideradas como soportes instrumentales para conseguir unos servicios sociales m醩 eficientes, eficaces, de mayor calidad y capaces de ofrecer la mejor atenci髇 a los ciudadanos, son contemplados en el T韙ulo VII con el que se cierra esta Ley.

En el mismo se prev� la creaci髇 del Instituto de Formaci髇 e Investigaci髇 en Servicios Sociales y el establecimiento de un Observatorio de la Realidad Social. Con ambas medidas se est� elevando y dotando de estabilidad a unas actividades que, sin haber faltado del 醡bito de los servicios sociales, precisan de un nuevo impulso que repercutir� en el avance de este sector del bienestar social en el futuro.