Sumario

Ley 1/2011, 22 marzo, derogada la disposici髇 derogatoria del D. Legislativo 1/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de aprobaci髇 del texto refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana (獶.O.C.V.� 24 diciembre), a excepci髇 de la disposici髇 adicional primera, por la que se modifican los p醨rafos 1 y 4 del art韈ulo 15 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, “Pagos anticipados del precio de la vivienda�.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constituci髇 y el Estatuto de Autonom韆, en nombre del rey, promulgo la siguiente Ley:

PRE罬BULO

Cumplidos m醩 de veinte a駉s desde la promulgaci髇 de la Ley 2/1987, de 9 de abril, de la Generalitat, de Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana, el tiempo transcurrido ha puesto en evidencia que la perspectiva con la que actualmente se contempla la protecci髇 de los derechos e intereses de los consumidores es sustancialmente distinta a la que inform� el nacimiento del anterior estatuto.

La caracterizaci髇 de la Ley valenciana de 1987 sigui� en esencia el esquema normativo que dise耋 la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con una visi髇 fundamentalmente est醫ica de las relaciones de consumo y centrada, prioritariamente, en el reconocimiento p鷅lico de la tutela dispensada y en la inequ韛oca exigencia de dotarla de un tratamiento com鷑 y generalizado. Las anteriores premisas fueron necesarias para el reconocimiento del derecho de consumo como categor韆 jur韉ica, pero pronto se revelaron insuficientes para abordar con eficacia la r醦ida evoluci髇 que presentan las relaciones de consumo.

En este sentido, no puede obviarse que, en la actualidad, las relaciones de consumo presentan un car醕ter profundamente din醡ico que, acorde con el auge del tr醘ico econ髆ico y su incidencia en la organizaci髇 de los mercados, configuran las relaciones de consumo desde una perspectiva cada vez m醩 compleja. Se tiende a la diversificaci髇 de productos y servicios y a la progresiva especializaci髇 seg鷑 las caracter韘ticas de sus destinatarios, as� como a la automatizaci髇 y tecnificaci髇 de dichas relaciones.

En el plano deontol骻ico, cobra especial inter閟 una serie de valores que es necesario reforzar en la sociedad, fomentando nuevos h醔itos y aptitudes, como son la utilizaci髇 racional de los recursos, la adopci髇 de criterios ecol骻icos en las decisiones individuales de compra, uso y disfrute de los productos y servicios de consumo, as� como la eliminaci髇 de los residuos que 閟tos generen, la corresponsabilidad y participaci髇 del consumidor en la conservaci髇 del medio ambiente, en la consecuci髇 del desarrollo sostenible y en la protecci髇 de la dignidad y de los derechos de la persona en los procedimientos de fabricaci髇 y distribuci髇 de los bienes y productos, y la prevenci髇 del sobreendeudamiento.

Consecuencia de todo ello es la constataci髇 que la normativa de defensa del consumidor debe aunar el reconocimiento y protecci髇 de los derechos de los consumidores y usuarios y la capacitaci髇 de 閟tos para exigir criterios de calidad en las prestaciones de consumo.

En definitiva, estamos ante nuevas exigencias en las relaciones de consumo que requieren tambi閚 nuevas respuestas.

Por otra parte, en estos m醩 de veinte a駉s desde que se public� el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana el marco normativo de referencia ha cambiado sustancialmente, por lo que es necesario adaptar y actualizar la normativa valenciana.

La Uni髇 Europea ha dictado un gran n鷐ero de normas de protecci髇 del consumidor regulando nuevos sectores y estableciendo nuevos mecanismos y t閏nicas jur韉icas de tutela. Y por otra parte, se promulg� el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprob� el Texto Refundido de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias dictadas precisamente para incorporar en derecho interno el derecho derivado europeo, modificado tanto por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaci髇 de diversas leyes para su adaptaci髇 a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, como por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el r間imen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protecci髇 de los consumidores y usuarios. El texto refundido incluye preceptos que tienen car醕ter b醩ico y preceptos que se dictan al amparo de competencias exclusivas del Estado y que, por lo tanto, jur韉icamente, se deben tener en cuenta a la hora de establecer una nueva regulaci髇 de la protecci髇, defensa y promoci髇 de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana.

No hay que olvidar, como afirma el Tribunal Constitucional, en el fundamento jur韉ico cuarto de la Sentencia 88/1986, de 1 de julio, que 玡l derecho del consumidor, entendido como el conjunto de reglas que tienen por objeto la protecci髇 del consumidor, dif韈ilmente puede encontrarse codificado en un conjunto normativo emanado de una sola instancia, siendo m醩 bien la resultante de la suma de las actuaciones normativas enderezadas a este objetivo de los distintos poderes p鷅licos con base en su respectivo acervo competencial�.

La Generalitat no pod韆 permanecer ajena a estos cambios en relaci髇 con el principio rector de la pol韙ica social y econ髆ica de defensa de los consumidores y usuarios cuya garant韆 impone a los poderes p鷅licos el art韈ulo 51.1 y 2 de la Constituci髇 Espa駉la; m醲ime, si se tiene en cuenta la oportunidad que brinda la reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprobada mediante la Ley Org醤ica 1/2006, de 10 de abril. El nuevo estatuto de consumidores se proyecta, en este contexto, como una aut閚tica aplicaci髇 material de la reforma estatutaria que responde, de forma 韓tegra y concordada, a la voluntad de un pleno desarrollo de la competencia exclusiva que ostenta la Generalitat en materia de defensa de los consumidores y usuarios de acuerdo con los art韈ulos 9 y 49.1.35.� del Estatut d'Autonomia.

La nueva regulaci髇 auton髆ica identifica y protege con claridad los intereses estrat間icos y los nuevos par醡etros en la defensa y promoci髇 de los derechos de los consumidores y usuarios en el inicio del siglo XXI. De este modo, el modelo valenciano de protecci髇 de los consumidores pretende mejorar la eficacia y eficiencia de los instrumentos y de las pol韙icas de actuaci髇 en materia de consumo a trav閟 de soluciones singulares y especializadas. Por otra parte, la nueva ley no contempla las relaciones de consumo como un terreno de contraposici髇 de intereses entre consumidores y empresarios y profesionales, sino como un 醡bito donde potenciar los criterios de calidad en las prestaciones de consumo y por tanto incrementar la transparencia del mercado y la competitividad de los agentes econ髆icos que ofrecen bienes y servicios en el 醡bito territorial valenciano para contribuir a fortalecer precisamente la confianza del consumidor en el funcionamiento de dicho mercado.

En coherencia con los anteriores criterios y principios, la ley se articula en ochenta art韈ulos, que se estructuran en cinco t韙ulos, y cuenta con una disposici髇 adicional, una transitoria, una derogatoria y tres disposiciones finales.

El t韙ulo I establece las disposiciones generales de la ley y se divide en dos cap韙ulos. En el primero se define su objeto, los fines que sirven de principios informadores al modelo de protecci髇 y defensa de los consumidores en la Comunitat, el concepto de consumidor y usuario, los colectivos de consumidores necesitados de una especial protecci髇, los derechos b醩icos de los consumidores y usuarios y sus derechos lingsticos. En el segundo cap韙ulo se recoge el cat醠ogo de agentes del sistema de protecci髇 y defensa de los consumidores en el 醡bito territorial de la Comunitat Valenciana, en el que destaca la creaci髇 del Consejo de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana, as� como la labor fundamental que desempe馻n, por lo que significa de vertebraci髇 territorial y social y de proximidad al ciudadano, las oficinas municipales de informaci髇 al consumidor y las asociaciones de consumidores y usuarios.

En el t韙ulo II se recogen los derechos b醩icos de los consumidores y usuarios estableciendo el 醡bito de actuaci髇 de las administraciones p鷅licas y se divide en seis cap韙ulos. En el cap韙ulo I se regula el derecho a la protecci髇 de la salud y seguridad, foment醤dose la acci髇 preventiva. En el cap韙ulo II se recoge el derecho a la protecci髇 de los leg韙imos intereses econ髆icos y sociales en el marco de la legislaci髇 que resulta aplicable. En el cap韙ulo III se reconoce el derecho a la indemnizaci髇 de los da駉s y a la reparaci髇 de los perjuicios sufridos y se establece el fomento de los mecanismos para hacer efectivo dicho derecho. En el cap韙ulo IV se regula el derecho a una informaci髇 correcta y suficiente sobre los bienes y servicios y a la informaci髇, ayuda y orientaci髇 al consumidor para el adecuado ejercicio de sus derechos. El cap韙ulo V se centra en el derecho a la educaci髇 y formaci髇 en materia de consumo como instrumentos b醩icos y de car醕ter horizontal para el logro de los fines de la ley. Y en el cap韙ulo VI se regula el derecho de representaci髇, audiencia y participaci髇, con especial atenci髇 a las asociaciones de consumidores y usuarios en la protecci髇 y defensa de los ciudadanos valencianos, regulando la nueva realidad del asociacionismo.

El t韙ulo III viene dedicado a los mecanismos de protecci髇 administrativa de los derechos de los consumidores y se divide en cuatro cap韙ulos. En el I se tratan disposiciones generales de dichos mecanismos. En el cap韙ulo II se realiza una completa regulaci髇 de las labores de inspecci髇 de consumo, siendo necesario subrayar su car醕ter integral y su proyecci髇 a todas las fases del proceso de comercializaci髇, estableci閚dose las facultades de los inspectores y las obligaciones de los inspeccionados, as� como los requisitos de las tomas de muestras. En el cap韙ulo III se regula la posibilidad de utilizaci髇 de medidas provisionales cuando las circunstancias as� lo aconsejen conscientes de su importancia como pieza b醩ica en el entramado de protecci髇 administrativa de los consumidores, garantizando en todo momento el derecho de defensa de los afectados y el principio de proporcionalidad de las medidas. Y en el 鷏timo cap韙ulo se hace menci髇 necesaria a las hojas de reclamaciones y se prev� su tramitaci髇 telem醫ica sujeta a desarrollo reglamentario.

El t韙ulo IV se refiere a la potestad sancionadora y se divide en cinco cap韙ulos, en los que se trata, respectivamente, las disposiciones generales, las infracciones, las sanciones, el procedimiento y los plazos de prescripci髇. Como novedad en el 醡bito sancionador, se ha procurado recoger una enumeraci髇 de tipos infractores lo suficientemente amplia como para que se cumpla el principio constitucional de tipicidad y la concreci髇 con la que se configuran los criterios de calificaci髇 y graduaci髇.

Finalmente el t韙ulo V se fomenta de modo expreso la soluci髇 de los conflictos en materia de consumo a trav閟 de f髍mulas de resoluci髇 extrajudiciales y en especial a trav閟 de la mediaci髇 y arbitraje en materia de consumo. Estos instrumentos, lejos de verse como un espacio de confrontaci髇, constituyen mecanismos eficaces para conseguir la protecci髇 efectiva de los consumidores y usuarios en el marco de unas prestaciones de consumo que deben tener la calidad como m醲ima aspiraci髇.

La norma se cierra con una disposici髇 adicional que introduce una modificaci髇 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, en relaci髇 con los pagos de cantidades anticipadas del precio de la vivienda; una disposici髇 transitoria que aclara el r間imen y procedimiento aplicable en materia sancionadora; una disposici髇 derogatoria que, con el fin de dar m醲ima seguridad jur韉ica, deroga expresamente la Ley 2/1987, de 9 abril, de la Generalitat, de Estatuto de Consumidores y Usuarios, y el Decreto 188/1987, de 23 de noviembre, del Consell, por el que se cre� y regula el Consejo Valenciano de Consumo; y tres disposiciones finales, en la que destaca la que establece la aplicaci髇, en lo no previsto por esta ley, del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.