Sumario

--> Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 3/1986, 24 octubre, derogada por la disposici�n derogatoria �nica.1.a) de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 14/2003, 10 abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana (�D.O.G.V.� 11 abril) el 12 de abril de 2003.

El art�culo 50 del Estatuto de Autonom�a de la Comunidad Valenciana prev� cu�les son los elementos integrantes del patrimonio de la Generalitat, sin establecer, como es l�gico dada la entidad de la norma estatutaria el r�gimen jur�dico aplicable. Por ello resulta obligado, partiendo del precepto estatutario, desarrollar por medio de una Ley de las Cortes Valencianas los aspectos m�s importantes que, desde el punto de vista jur�dico, informan la adquisici�n, administraci�n y defensa de los elementos integrados en el patrimonio de la Generalitat.

La importancia de la presente Ley es manifiesta. Constituye un hito b�sico en el desarrollo institucional de la Generalitat. Representa la constataci�n, en el plano jur�dico, de la existencia de una comunidad humana vertebrada en torno a sus instituciones de autogobierno. Al punto es ello as� que puede afirmarse que la personalidad jur�dico-p�blica de la Generalitat, como centro de imputaci�n de situaciones jur�dicas, encuentra en la ordenaci�n normativa de su patrimonio el m�s claro refrendo de su propia personalidad en el mundo del Derecho P�blico.

Justamente, la significaci�n institucional de la presente Ley ha obligado a depurar cuidadosamente los mecanismos normativos predispuestos para conseguir las finalidades perseguidas por la Ley, de forma que puedan obviarse tanto posibles colisiones con el ordenamiento vigente -y espec�ficamente con la normativa aplicable al patrimonio del Estado- como lagunas que dejen hu�rfanos de tratamiento aspectos de la rica variedad que ofrecen los bienes integrantes del patrimonio de una Comunidad Aut�noma.

A tal efecto se ha partido en la elaboraci�n de la Ley de dos premisas esenciales. En primer lugar, se ha respetado en la medida de lo posible el acervo tradicional recogido en la normativa sobre patrimonio del Estado. Constituir�a necedad inexcusable que, guiado por pruritos innovadores, se desconocieran los logros t�cnicos existentes en un sector del ordenamiento caracterizado por su precisi�n t�cnica y por una decantaci�n dogm�tica merecedora de generalizados pl�cemes. La tradicional ordenaci�n del patrimonio estatal ha constituido un sector del ordenamiento sobre el que se han venido no pocos elogios y ello ha impulsado a incorporar a la presente Ley cuanto de valioso se contiene en el ordenamiento ya vigente. En segundo lugar, se han tomado en consideraci�n las limitaciones que, por imperativo constitucional, aherrojan en este punto la funci�n legislativa de las Cortes Valencianas. El respeto a la legislaci�n civil y mercantil y la interpretaci�n que el Tribunal Constitucional ha dado de tales condicionantes, en su sentencia de 27 de julio de 1982, constituyen factores que necesariamente han debido de tomarse en consideraci�n en aras tanto a la perfecci�n t�cnica de la Ley como en obsequio a obviar posibles conflictos de constitucionalidad.

Si estos dos han sido los inevitables condicionamientos con que han tenido que moverse las Cortes Valencianas, las finalidades perseguidas con el presente texto son tambi�n muy claras.

En primer lugar, lote a lo largo del articulado de la Ley el deseo de potenciar el car�cter public�stico del patrimonio de la Generalitat en cuanto tal. El patrimonio de una entidad p�blica, y en mayor medida de una entidad de car�cter territorial representativa de intereses primarios de la sociedad, no tiene sentido alguno si no lote en �l la idea de servicio a los fines p�blicos cuya satisfacci�n justifica la existencia de la propia entidad en cuanto tal.

Ello determina que, sin perjuicio del evidente influjo privatista en las t�cnicas aplicables a los t�tulos de adquisici�n de bienes y derechos, la Ley trate de conseguir en todo momento las t�cnicas id�neas para que la administraci�n, defensa y conservaci�n de los elementos patrimoniales responda en todo momento a los principios de celeridad y eficacia que hoy son exigibles a la actividad administrativa.

En segundo lugar, y de consuno con la anterior motivaci�n, se ha procurado diluir la tradicional distinci�n demanio-patrimonio que carece hoy de la significaci�n que anta�o tuvo. Aun subsistiendo tal distinci�n -como se pone de reflejo a lo largo de la presente Ley- se ha puesto el acento en la nota que infunde sentido de unidad a los elementos del patrimonio, que no es otra m�s que la de estar esencialmente avocados a satisfacer los fines p�blicos. Por lo dem�s, tampoco el reducir esta tradicional distinci�n a los l�mites que hoy son tolerables, constituye una invenci�n del legislador valenciano. Antes al contrario, tal modo de operar pone de relieve su sensibilidad ante las evidentes mutaciones que se est�n produciendo en el mundo del Derecho, reflejadas con especial intensidad en la suavizaci�n de una ant�tesis que, como la que tradicionalmente se operaba entre el Derecho P�blico y el Derecho Privado, no presenta hoy la rigidez con que secularmente se ha concebido. Si el Derecho, P�blico y Privado, est� esencialmente al servicio de la ordenaci�n arm�nica de la sociedad, tambi�n los elementos que integran el patrimonio de la Generalitat -sean demaniales, sean patrimoniales en sentido estricto- no tienen m�s raz�n de ser que la de su irreductible vocaci�n de servicio p�blico, al margen del cual ni dicho patrimonio ni la propia Generalitat tendr�an raz�n de ser en el mundo del Derecho.

Se ha procurado, en tercer lugar, concebir las tradicionales prerrogativas que los entes p�blicos tienen en materia patrimonial como t�cnicas normativas aplicables �nica y exclusivamente en funci�n de las finalidades que est�n llamados a conseguir, de forma que no quepa hablar en puridad de privilegios -con el sentido peyorativo con que indiscutiblemente han sido concebidos a lo largo de la historia-, sino de prerrogativas plenamente justificadas en un ordenamiento jur�dico en el que la fuerza, en cuanto tal, carece de virtualidad y eficacia como elemento de ordenaci�n social. Partiendo del texto constitucional -art�culo 132- se han incorporado a la presente Ley las tradicionales notas de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio p�blico, incorpor�ndose al mismo cap�tulo todas aquellas t�cnicas -interdictos posesorios, procedimientos administrativos de deslinde, etc., encaminadas a garantizar, por las v�as procesales m�s expeditivas, y al tiempo respetuosas con el ordenamiento, la plena integridad del patrimonio de la Generalitat.

Cuanto antecede pone de relieve la escrupulosa atenci�n prestada por el legislador valenciano a la necesidad de mantener �ntegro el patrimonio de que sea titular la Generalitat. Desde las prerrogativas que han quedado rese�adas hasta aspectos dogm�ticamente m�s intranscendentes, pero de considerable eficacia -pi�nsese en el Inventario General de Bienes y Derechos y en el Servicio de Contabilidad Patrimonial. Todos los institutos incorporados a la Ley tienen como finalidad esencial garantizar tal integridad, pero posibilitando, al propio tiempo, la disponibilidad de ciertos elementos patrimoniales para convertirse en medio de obtenci�n de ingresos para su titular. La explotaci�n de los bienes patrimoniales de la Generalitat que no convenga enajenar y sean susceptibles de aprovechamiento rentable, prevista en la Ley, sintoniza con una tendencia que progresivamente va adue��ndose del moderno Derecho Comparado y en virtud de la cual los bienes que integran el patrimonio de las entidades p�blicas territoriales han dejado de tener una exclusiva finalidad de ornato -am�n de, en el caso de inmuebles, convertirse en sede de sus servicios-, para aunar a dicha funci�n la de convertirse, en ciertos casos, en fuente saneada de obtenci�n de ingresos. Puede contribuir a paliar carencias que el sistema de financiaci�n no se ha mostrado hasta el momento capaz de solucionar. No debe olvidarse a este respecto que cuantos medios coadyuven a propiciar una correcta financiaci�n de las cargas p�blicas asumidas por la Generalitat deben encontrar acomodo en su propio ordenamiento. Y desde tal perspectiva es evidente que el patrimonio p�blico, como instituto jur�dico ha sufrido a lo largo de las pasadas centurias una significativa evoluci�n cuya recta aprehensi�n es de obligado aprendizaje para el legislador. Si en los albores del Estado-Naci�n el patrimonio del Monarca -dif�cilmente deslindable del patrimonio del incipiente Estado- constitu�a la fuente principal de financiaci�n de los gastos p�blicos -por aquel entonces confinados en los gastos militares-, a�os m�s tarde, superada la Ilustraci�n y con la Revoluci�n Industrial, la sociedad decimon�nica arrumba la idea del patrimonio como fuente de financiaci�n del gasto, para confiar tal menester a un conjunto de categor�as jur�dicas denominadas tributos, cuyo crecimiento es paralelo al de los gastos p�blicos.

No cabe duda de que el papel fundamental respecto a la financiaci�n del gasto corresponde a los tributos e incluso a la deuda p�blica -que en un sentido amplio puede considerarse como una especie de aqu�lla- a los que deben reconocerse otras funciones de car�cter social como su contribuci�n a una m�s equitativa distribuci�n de la renta.

Mas, sin embargo, cabe reconocer tambi�n a los ingresos patrimoniales un papel, aunque m�s modesto dentro del ordenamiento financiero de un determinado Estado o Comunidad. Junto a ello la correcta delimitaci�n y administraci�n del patrimonio p�blico, adem�s de la trascendencia que en s� misma tiene, puede contribuir indirectamente a una adecuada financiaci�n colectiva.

Se ha querido incorporar logros de otras Comunidades Aut�nomas a esta Ley e introducir los principios de publicidad y concurrencia en la disciplina de los bienes y derechos de la Generalitat. Asimismo, se introduce la autonom�a patrimonial de las Cortes Valencianas dentro del principio de la unidad patrimonial.

Es justamente en esta l�nea en la que se ha querido situar la Ley del Patrimonio de la Generalitat Valenciana.

Legar a generaciones futuras un patrimonio jur�dicamente regularizado constituye no s�lo una exigencia elemental de buen gobierno, sino tambi�n una prueba adicional del fortalecimiento de nuestras instituciones de autogobierno.