Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitaci髇 edificatoria en el contexto del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia

• 

  Los recursos civiles y penales tras la reforma de eficiencia procesal

  Libros
  Desde 42,48 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  La tributación en el Impuesto sobre Sociedades

  Libros
  Desde 126,46 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  TODO Renta (Suscripción)

  Obras Actualizables
  Desde 152,15 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  TODO Fiscal (Suscripción)

  Obras Actualizables
  Desde 240,08 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

I

Espa馻 tiene importantes retos en materia de rehabilitaci髇 y mejora del parque de vivienda para favorecer el ejercicio del derecho constitucional, y un gran potencial de crecimiento en t閞minos de empleo y actividad econ髆ica. En lo que se refiere a la situaci髇 del parque de vivienda, en t閞minos generales, se caracteriza por una elevada antig黣dad. Seg鷑 datos del 鷏timo Censo de Poblaci髇 y Viviendas del Instituto Nacional de Estad韘tica, m醩 de la mitad de los edificios residenciales es anterior a 1980, es decir, anterior a la entrada en vigor de la primera normativa reguladora de las condiciones t閞micas de los edificios. Esta situaci髇 afecta a cerca de 5,5 millones de edificios residenciales y unos 9,7 millones de viviendas principales.

Asimismo, si se analiza la calidad de los edificios existentes a partir de su calificaci髇 energ閠ica, se observa que m醩 del 81,0 % de los edificios existentes se sit鷄 en las letras E, F o G, en t閞minos de emisiones, aumentando dicho porcentaje hasta el 84,5 % de los edificios en el caso del consumo energ閠ico, lo que pone de manifiesto el importante potencial de la rehabilitaci髇 energ閠ica. Por el contrario, se observa que los edificios que alcanzan la mejor calificaci髇, la letra A, apenas representan el 0,3 % del total en el caso de las emisiones, y se sit鷄n en el 0,2 % en el caso de consumo energ閠ico. A ello se suma que m醩 de un 75 % de los edificios residenciales no son accesibles y, del total de edificios residenciales que tienen 4 plantas o m醩, alrededor de un 40 % no dispone de ascensor.

Sin embargo, a pesar de este importante potencial de mejora del parque edificatorio, el sector de la actividad de rehabilitaci髇 residencial en nuestro pa韘 se caracteriza por un menor ritmo que en los principales pa韘es de nuestro entorno, estando situada la tasa media de rehabilitaci髇 efectiva del parque de vivienda aproximadamente entre 8 y 10 veces por debajo de las medias de los principales pa韘es de nuestro entorno, un ritmo claramente insuficiente para responder a los retos marcados por las estrategias y planes nacionales, y las exigencias que establece la Uni髇 Europea.

Entre estos planes y estrategias debe destacarse la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitaci髇 Energ閠ica en el Sector de la Edificaci髇 en Espa馻 (ERESEE), cuya actualizaci髇 2020 presentada ante la Comisi髇 Europea, y evaluada por el BPIE Buildings Performance Institute Europe como la mejor de las estrategias nacionales presentadas en cumplimiento del mandato de la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energ閠ica de los edificios, marca las v韆s de apoyo a la renovaci髇 de los parques de edificios residenciales y no residenciales, tanto p鷅licos como privados, transform醤dolos en parques inmobiliarios con alta eficiencia energ閠ica y descarbonizados antes de 2050, facilitando la transformaci髇 econ髆icamente rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de energ韆 casi nulo.

Por su parte, el Plan Nacional Integrado de Energ韆 y Clima (PNIEC) 2021-2030, establece la meta de alcanzar la rehabilitaci髇 energ閠ica de 1,2 millones de viviendas a lo largo del periodo 2021-2030, incrementando el ritmo de rehabilitaci髇 hasta aproximarse a la cifra de 300.000 rehabilitaciones de vivienda al a駉, con lo que se pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas para incrementar de manera exponencial la actividad de rehabilitaci髇 residencial, multiplicando por diez en la presente d閏ada la cifra actual situada en el entorno de las 30.000 rehabilitaciones anuales de vivienda.

Y ello en el marco de una din醡ica europea en la que se pone de manifiesto la necesidad de afrontar una aut閚tica oleada de renovaci髇 por parte de todos los Estados de la Uni髇 Europea, en la que la renovaci髇 del parque inmobiliario se considera fundamental tanto para alcanzar el objetivo a medio plazo de la neutralidad clim醫ica de aqu� a 2050, como para impulsar a corto plazo el empleo y la actividad en este contexto de recuperaci髇 y crecimiento post pandemia, a lo que se suma la oportunidad sin precedentes de concentrar un importante volumen de recursos en este sector de actividad estrat間ico a trav閟 de la ejecuci髇 del conjunto de reformas e inversiones previstas en el Componente 2, 獻mplementaci髇 de la Agenda Urbana espa駉la: Plan de rehabilitaci髇 y regeneraci髇 urbana�, del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia.

II

Todo ello se encuadra en el nuevo instrumento de recuperaci髇 Next Generation EU, que permitir� a Espa馻 movilizar un volumen de inversi髇 sin precedentes. El 7 de octubre de 2020 se aprob� el marco general del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia de Espa馻, que traza la hoja de ruta para la modernizaci髇 de la econom韆 espa駉la. El Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, regulado posteriormente por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizaci髇 de la Administraci髇 P鷅lica y para la ejecuci髇 del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, es un proyecto de pa韘 que requiere de la implicaci髇 de todos los agentes econ髆icos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administraci髇 p鷅lica. Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperaci髇 Transformaci髇 y Resiliencia, permitir醤 la realizaci髇 de reformas estructurales en los pr髕imos a駉s, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitir醤 un cambio del modelo productivo para la recuperaci髇 de la econom韆 tras la pandemia causada por la COVID-19 y adem醩 una transformaci髇 hacia una estructura m醩 resiliente e inclusiva, de especial relevancia, todo ello, para el inter閟 p鷅lico, social y econ髆ico.

El Plan tiene un primer eje destinado a reforzar la inversi髇 p鷅lica y privada para reorientar el modelo productivo, impulsando la transici髇 verde, la descarbonizaci髇, la eficiencia energ閠ica, el despliegue de las energ韆s renovables, la electrificaci髇 de la econom韆, el desarrollo del almacenamiento de energ韆, la econom韆 circular, las soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la resiliencia de todos los sectores econ髆icos, incluy閚dose espec韋icamente el referido Componente 2 centrado en el impulso de las actuaciones de rehabilitaci髇 y mejora del parque edificatorio, tanto en 醡bitos urbanos como rurales, con el marco estrat間ico de la Agenda Urbana Espa駉la, y asegurando la m醲ima ambici髇 en el 醡bito de la energ韆 y la sostenibilidad, al tiempo que se favorecen actuaciones integrales que contribuyan a mejorar la calidad, el estado de conservaci髇, la accesibilidad y la digitalizaci髇 de los edificios, fomentando tambi閚 la construcci髇 de vivienda en alquiler social con est醤dares de la m醲ima calidad y eficiencia.

III

Las claves de la situaci髇 en materia de rehabilitaci髇 residencial expuestas anteriormente, sirven de marco para los motivos que justifican la urgencia y necesidad de las medidas incluidas en este real decreto-ley, y que se sintetizan a continuaci髇.

El grave deterioro del parque edificatorio y de la vivienda en particular, y la necesidad de adoptar medidas de aplicaci髇 inmediata para revertir esta tendencia constituye el primer motivo que justifica la extraordinaria y urgente necesidad de las medidas incluidas en el real decreto-ley, que incluyen medidas en el 醡bito de la fiscalidad, mejoras en el r間imen de las comunidades de propietarios y en el establecimiento de medidas en el 醡bito de la financiaci髇 a las actuaciones de rehabilitaci髇, entre otras. Para poder llevar a cabo las inversiones de rehabilitaci髇 edificatoria, as� como los hitos marcados en el del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, se precisa de las medidas extraordinarias que garanticen la ejecuci髇 de las actuaciones en el parque edificatorio. Estas modificaciones tienen car醕ter urgente, ya que para poder iniciarse las actuaciones es precisa la oferta que se genera a trav閟 de la puesta en marcha del contenido de estas medidas.

En segundo motivo que pone de manifiesto la urgencia y necesidad de las medidas deriva de la importancia de que Espa馻 responda con la m醲ima agilidad a los retos nacionales y europeos en materia de rehabilitaci髇 edificatoria para cumplir con nuestros compromisos incluidos, entre otros, en el referido Plan Nacional Integrado de Energ韆 y Clima (PNIEC) 2021-2030, que marca un crecimiento de la actividad rehabilitadora de car醕ter exponencial y sin precedentes en nuestro pa韘, que requiere la adopci髇 de medidas urgentes como las incluidas en el real decreto-ley que favorecen el despegue de este sector estrat間ico.

Y, finalmente, el tercer motivo que justifica la urgencia y la necesidad de las medidas adoptadas deriva de manera directa de la oportunidad de destinar a corto plazo un importante volumen de recursos en el contexto del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, para lo cual, es preciso adoptar las medidas necesarias para acelerar el crecimiento de la actividad y canalizar las inversiones previstas en el propio Plan espec韋icamente dirigidas al 醡bito de la rehabilitaci髇 edificatoria residencial.

IV

Este real decreto-ley se estructura en un 鷑ico T韙ulo, y contiene cuatro art韈ulos, una disposici髇 adicional y cuatro disposiciones finales.

El T韙ulo 鷑ico recoge las diferentes medidas para impulsar la actividad de rehabilitaci髇 edificatoria residencial.

Con objeto de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de rehabilitaci髇 de edificios, necesarios para alcanzar los retos marcados en materia de energ韆 y clima, y como parte del desarrollo del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia de Espa馻, el art韈ulo 1 modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas y de modificaci髇 parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para introducir tres nuevas deducciones temporales en la cuota 韓tegra estatal del Impuesto aplicables sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitaci髇 que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energ閠ica de la vivienda habitual o arrendada para su uso como vivienda con arreglo a la legislaci髇 sobre arrendamientos urbanos, de modo que su destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, y en los edificios residenciales, acreditadas a trav閟 de certificado de eficiencia energ閠ica.

La primera deducci髇, por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energ閠ica de la vivienda habitual o arrendada para su uso como vivienda, permite una deducci髇 de hasta un 20 por ciento de las cantidades satisfechas por las obras realizadas a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2022, con una base m醲ima de deducci髇 de 5.000 euros anuales, siempre que las obras realizadas contribuyan a una reducci髇 de al menos un 7 por ciento en la demanda de calefacci髇 y refrigeraci髇, acreditable a trav閟 de la reducci髇 de los indicadores de demanda de calefacci髇 y refrigeraci髇 del certificado de eficiencia energ閠ica de la vivienda.

La segunda deducci髇, por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energ閠ica de la vivienda habitual o arrendada para su uso como vivienda, permite una deducci髇 de hasta un 40 por ciento de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en el mismo plazo temporal que la deducci髇 anterior, hasta un m醲imo de 7.500 euros anuales, siempre que las obras realizadas contribuyan a una reducci髇 de al menos un 30 por ciento del consumo de energ韆 primaria no renovable, acreditable a trav閟 de la reducci髇 del referido indicador de consumo de energ韆 primaria no renovable del certificado de eficiencia energ閠ica de la vivienda, o mejoren la calificaci髇 energ閠ica de la vivienda para obtener una clase energ閠ica 獳� o 獴�, en la misma escala de calificaci髇.

Finalmente, se establece una tercera deducci髇, por obras de rehabilitaci髇 que mejoren la eficiencia energ閠ica en edificios de uso predominante residencial, que ser� aplicable sobre las cantidades satisfechas por el titular de la vivienda por las obras realizadas desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2023, en las que se obtenga una mejora de la eficiencia energ閠ica del conjunto del edificio en el que se ubica, siempre que se acredite a trav閟 de certificado de eficiencia energ閠ica, una reducci髇 del consumo de energ韆 primaria no renovable, referida a la certificaci髇 energ閠ica, de un 30 por ciento como m韓imo, o bien, la mejora de la calificaci髇 energ閠ica del edificio para obtener una clase energ閠ica 獳� o 獴�, en la misma escala de calificaci髇. En esta tercera deducci髇, el contribuyente titular de la vivienda podr� deducirse hasta un 60 por ciento de las cantidades satisfechas, hasta un m醲imo de 15.000 euros.

Con la introducci髇 de estas deducciones, el presente real decreto-ley cumple con el hito establecido en el Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, relativo a la inversi髇 C02.I01 玃rograma de rehabilitaci髇 para la recuperaci髇 econ髆ica y social en entornos residenciales� recogido en el n鷐ero 26 del Anexo a la Propuesta de Decisi髇 de Ejecuci髇 del Consejo, de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobaci髇 de la evaluaci髇 del plan de recuperaci髇 y resiliencia de Espa馻, en cuanto a la promulgaci髇 de un real decreto-ley que regule los incentivos en el IRPF para apoyar al referido programa de rehabilitaci髇.

Asimismo, en el desarrollo de las actuaciones se respetar� el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en ingl閟, Do No Significant Harm), as� como las condiciones recogidas para la referida inversi髇 C02.I01 del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, y se corresponde con el campo de intervenci髇 025bis 玆enovaci髇 de la eficiencia energ閠ica de los inmuebles existentes, proyectos de demostraci髇 y medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia energ閠ica� del Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperaci髇 y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicaci髇 de la Comisi髇 Gu韆 t閏nica (2021/C 58/01) sobre la aplicaci髇 del principio de 玭o causar un perjuicio significativo�, as� como con lo requerido en la Decisi髇 de Ejecuci髇 del Consejo relativa a la aprobaci髇 de la evaluaci髇 del plan de recuperaci髇 y resiliencia de Espa馻 (CID), las actuaciones deber醤 respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en ingl閟, 獶o No Significant Harm�). Ello incluye el cumplimiento de las condiciones espec韋icas previstas en la Componente 2, as� como en la inversi髇 C02.I01 en la que se enmarcan dichas actuaciones tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado clim醫ico y digital, y especialmente las recogidas en el Anexo a la CID y en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan.

Por 鷏timo, el art韈ulo 1 establece que no se integrar醤 en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas las ayudas concedidas en virtud de los distintos programas establecidos en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitaci髇 residencial y vivienda social del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia.

Asimismo, se incluyen en el mismo T韙ulo I, a trav閟 del art韈ulo 2 determinadas modificaciones en el r間imen de las comunidades de propietarios establecida en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, aplicable a las obras de rehabilitaci髇 que contribuyan a la mejora de la eficiencia energ閠ica del edificio o la implantaci髇 de fuentes de energ韆 renovable de uso com鷑, estableciendo un r間imen de mayor韆 simple para la realizaci髇 de tales obras, as� como para la solicitud de ayudas y financiaci髇 para su desarrollo. Asimismo, se establece que el coste de tales obras o actuaciones o el pago de las cuant韆s necesarias para cubrir los pr閟tamos o financiaci髇 que haya sido concedida para tal fin, tendr� la consideraci髇 de gastos generales a los efectos de la aplicaci髇 de las reglas de preferencia establecidas en la letra e) del art韈ulo noveno.1 de la propia Ley 49/1960.

De este modo, con el presente real decreto-ley se cumple con el hito establecido en el Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, relativo a la reforma C02.R06 玀ejora de la financiaci髇 de las actuaciones de rehabilitaci髇� recogido en el n鷐ero 25 del anexo a la Propuesta de Decisi髇 de Ejecuci髇 del Consejo, de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobaci髇 de la evaluaci髇 del plan de recuperaci髇 y resiliencia de Espa馻, al introducirse las modificaciones previstas de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, con el fin de promover la realizaci髇 de reformas y mejoras en los edificios por parte de las comunidades de propietarios, as� como el acceso a la financiaci髇, teniendo en cuenta que el objetivo de la modificaci髇 es facilitar la toma de decisiones por parte de las comunidades de propietarios para llevar a cabo obras de renovaci髇 de edificios que contribuyan a mejorar la eficiencia energ閠ica y facilitar el acceso a la financiaci髇 bancaria.

El art韈ulo 3 modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, con el fin de reforzar las facultades de las comunidades de propietarios con plena capacidad jur韉ica para las operaciones crediticias, tanto las relacionadas con el cumplimiento del deber de conservaci髇, como con la rehabilitaci髇 y mejora de los edificios.

Asimismo, con objeto de impulsar las obras de rehabilitaci髇, en el art韈ulo 4 se crea una l韓ea de avales para la cobertura parcial por cuenta del estado de la financiaci髇 de obras de rehabilitaci髇 que contribuyan a la mejora de la eficiencia energ閠ica de los edificios de vivienda. A trav閟 de esta nueva l韓ea de avales se ofrecer� cobertura para que las entidades de cr閐ito puedan ofrecer financiaci髇, en forma de pr閟tamo con un plazo de devoluci髇 de hasta quince a駉s, en virtud de convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Instituto de Cr閐ito Oficial (ICO).

La creaci髇 de esta l韓ea de avales, aunque no se configura propiamente como un hito establecido en el Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, que se encuentre recogido en el anexo a la Propuesta de Decisi髇 de Ejecuci髇 del Consejo, de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobaci髇 de la evaluaci髇 del plan de recuperaci髇 y resiliencia de Espa馻, constituye un instrumento que se encuentra recogido en el Componente 2, 獻mplementaci髇 de la Agenda Urbana espa駉la: Plan de rehabilitaci髇 y regeneraci髇 urbana�, del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia en el marco de la reforma C02.R06 玀ejora de la financiaci髇 de las actuaciones de rehabilitaci髇� y de la inversi髇 C02.I01 玃rograma de rehabilitaci髇 para la recuperaci髇 econ髆ica y social en entornos residenciales�, y que contribuye a la creaci髇 de un entorno favorable para el desarrollo de la actividad de rehabilitaci髇 residencial.

V

Finalmente, el real decreto-ley incluye una disposici髇 adicional y tres disposiciones finales. La disposici髇 adicional 鷑ica establece el l韒ite m醲imo de la l韓ea de avales para la cobertura parcial por cuenta del Estado de la financiaci髇 de obras de rehabilitaci髇 que contribuyan a la mejora de la eficiencia energ閠ica, aprobada en el art韈ulo 4 de este real decreto-ley.

Por su parte, la disposici髇 final primera establece los t韙ulos competenciales que amparan al Estado para dictar normas en las distintas materias, y las disposiciones finales segunda y tercera habilitan el desarrollo reglamentario y establecen la fecha de entrada en vigor de la norma, respectivamente.

VI

El art韈ulo 86 de la Constituci髇 permite al Gobierno dictar decretos-leyes 玡n caso de extraordinaria y urgente necesidad�, siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las Comunidades Aut髇omas ni al Derecho electoral general.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia sea subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, m醲ime cuando la determinaci髇 de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Debe quedar, por tanto, acreditada 玪a existencia de una necesaria conexi髇 entre la situaci髇 de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).

Este es el caso del conjunto de las medidas incluidas en la presente norma, cuyos motivos que avalan la urgencia y necesidad de las mismas se ha desarrollado anteriormente, por lo que es necesario actuar mediante un procedimiento legislativo urgente y extraordinario como el del real decreto-ley.

Por lo expuesto, debe resaltarse que su contenido no afecta en modo alguno al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I, al r間imen de las comunidades aut髇omas ni al Derecho electoral general.

En consecuencia, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este real decreto-ley se inscribe en el juicio pol韙ico o de oportunidad que corresponde al Gobierno en cuanto 髍gano de direcci髇 pol韙ica del Estado (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FFJJ 4 y 7; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisi髇, sin duda, supone una ordenaci髇 de prioridades pol韙icas de actuaci髇 (STC 14/2020, de 28 de enero), centradas en el cumplimiento de la seguridad jur韉ica, la garant韆 de precios justos y competitivos a los ciudadanos y las empresas, y la protecci髇 de la seguridad, salud y orden p鷅lico en esta fase de recuperaci髇 econ髆ica. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ning鷑 caso, el presente real decreto-ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopci髇 de la presente norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).

Por todo lo expuesto, concurren de esta forma las circunstancias de 玡xtraordinaria y urgente necesidad� que constituyen el presupuesto habilitante exigido al Gobierno por el art韈ulo 86.1 de la Constituci髇 para dictar reales decretos-leyes.

Adem醩, como se馻la la STC 100/2012, de 8 de mayo, en su FJ 9, 玠el hecho de que la materia tributaria est� sujeta al principio de reserva de ley (arts. 31.3 y 133.1 y 3 CE) y de que dicha reserva tenga car醕ter relativo y no absoluto 玭o se deriva necesariamente que se encuentre excluida del 醡bito de regulaci髇 del Decreto-ley, que podr� penetrar en la materia tributaria siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitante y no ‘afecte’ en el sentido constitucional del t閞mino, a las materias excluidas� (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 8; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). (…) Y, sobre este particular, en la secci髇 2 del cap韙ulo segundo del t韙ulo I de la Constituci髇, bajo la r鷅rica 獶e los derechos y deberes de los ciudadanos�, se inserta el art韈ulo 31.1 CE, precepto que establece 玼n aut閚tico mandato jur韉ico, fuente de derechos y obligaciones�, del que 玸e deriva un deber constitucional para los ciudadanos de contribuir, a trav閟 de los impuestos, al sostenimiento o financiaci髇 de los gastos p鷅licos� (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 6; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 5; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7), siendo, en consecuencia, uno de 玪os deberes cuya afectaci髇 est� vedada al Decreto-ley el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos p鷅licos que enuncia el art韈ulo 31.1 CE� (SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 5; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7).

Pues bien, el art韈ulo 31.1 CE 玞onecta el citado deber de contribuir con el criterio de la capacidad econ髆ica� y lo relaciona, a su vez, 玭o con cualquier figura tributaria en particular, sino con el conjunto del sistema tributario�, por lo que queda claro 玵ue el Decreto-ley no podr� alterar ni el r間imen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinaci髇 de la carga tributaria, afectando as� al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos p鷅licos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo� (SSTC 182/1997, de 18 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). De manera que vulnerar� el art韈ulo 86 CE 玞ualquier intervenci髇 o innovaci髇 normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posici髇 del obligado a contribuir seg鷑 su capacidad econ髆ica en el conjunto del sistema tributario� (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7). Por tanto, ser� preciso tener en cuenta 玡n cada caso en qu� tributo concreto incide el Decreto-ley –constatando su naturaleza, estructura y la funci髇 que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, as� como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad econ髆ica–, qu� elementos del mismo –esenciales o no resultan alterados por este excepcional modo de producci髇 normativa– y, en fin, cu醠 es la naturaleza y alcance de la concreta regulaci髇 de que se trate� (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, de 30 de junio, FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 7).

A la luz de estas consideraciones, cabe afirmar que con las concretas medidas introducidas en el 醡bito tributario no se vulnera el citado art韈ulo 31 de la Constituci髇 ya que, como se se馻la en la antes citada STC 100/2012 (FJ 9), �(…) no ha provocado un cambio sustancial de la posici髇 de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario, de manera que no ha afectado a la esencia del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos p鷅licos que enuncia el art韈ulo 31.1 CE� (SSTC 137/2003, de 3 de julio, FJ 7; y 108/2004, de 30 de junio, FJ 8).

VII

Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulaci髇 previstos en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

De este modo, se cumple con el principio de necesidad y eficacia que ha quedado plenamente justificado. Deja patente la necesidad de impulsar la rehabilitaci髇 de viviendas y entornos residenciales, en cumplimiento de los objetivos perseguidos por el Plan Nacional de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, por el Plan Nacional Integrado de Energ韆 y Clima 2021-2030 y la Estrategia a largo plazo para la rehabilitaci髇 energ閠ica en el sector de la edificaci髇 en Espa馻 2020, mejorando la eficiencia energ閠ica, la calidad del aire de las ciudades, la promoci髇 de las energ韆s alternativas y la diversificaci髇 de las fuentes de energ韆. Igualmente, se da cumplimiento a los principios de seguridad jur韉ica, proporcionalidad y eficacia, destac醤dose que las medidas que incorpora son congruentes con el ordenamiento jur韉ico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situaci髇 de excepcionalidad al contener la regulaci髇 necesaria e imprescindible para la consecuci髇 de los objetivos previamente mencionados.

En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su tramitaci髇 se encuentra exenta de consulta p鷅lica previa y de los tr醡ites de audiencia e informaci髇 p鷅licas, conforme al art韈ulo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, si bien, tal principio se refuerza a trav閟 de la exposici髇 clara y accesible de los motivos y de los objetivos de la norma, que se recogen en esta parte expositiva y en la preceptiva memoria de an醠isis de impacto normativo.

Finalmente, respecto del principio de eficiencia, debe se馻larse que los contenidos de la norma no implican cargas administrativas.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.14.� de la Constituci髇, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de hacienda general, respecto a su art韈ulo 1. Los art韈ulos 2, 3, 4, 5 y disposici髇 adicional primera de este real decreto-ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.1.�, 8.�, 13.�, 18.�, 23.� y 25.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de condiciones b醩icas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales, legislaci髇 civil, de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica, de bases del r間imen jur韉ico de las Administraciones P鷅licas y procedimiento administrativo com鷑, de legislaci髇 b醩ica de protecci髇 del medio ambiente y de bases del r間imen energ閠ico.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, a propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Ministra de Hacienda y Funci髇 P鷅lica y la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transici髇 Ecol骻ica y el Reto Demogr醘ico, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 5 de octubre de 2021,

DISPONGO:

T蚑ULO 贜ICO
Medidas para impulsar la actividad de rehabilitaci髇 residencial

Art韈ulo 2 Modificaci髇 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal

Se modifica el apartado 2 del art韈ulo diecisiete de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que queda redactado en los siguientes t閞minos:

�2. Sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo 10.1 b), la realizaci髇 de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresi髇 de barreras arquitect髇icas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificaci髇 del t韙ulo constitutivo, o de los estatutos, requerir� el voto favorable de la mayor韆 de los propietarios, que, a su vez, representen la mayor韆 de las cuotas de participaci髇.

Cuando se adopten v醠idamente acuerdos para la realizaci髇 de obras de accesibilidad, la comunidad quedar� obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido anualmente exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

La realizaci髇 de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energ閠ica acreditables a trav閟 de certificado de eficiencia energ閠ica del edificio o la implantaci髇 de fuentes de energ韆 renovable de uso com鷑, as� como la solicitud de ayudas y subvenciones, pr閟tamos o cualquier tipo de financiaci髇 por parte de la comunidad de propietarios a entidades p鷅licas o privadas para la realizaci髇 de tales obras o actuaciones, requerir� el voto favorable de la mayor韆 de los propietarios, que, a su vez, representen la mayor韆 de las cuotas de participaci髇, siempre que su coste repercutido anualmente, una vez descontadas las subvenciones o ayudas p鷅licas y aplicada en su caso la financiaci髇, no supere la cuant韆 de nueve mensualidades ordinarias de gastos comunes. El propietario disidente no tendr� el derecho reconocido en el apartado 4 de este art韈ulo y el coste de estas obras, o las cantidades necesarias para sufragar los pr閟tamos o financiaci髇 concedida para tal fin, tendr醤 la consideraci髇 de gastos generales a los efectos de la aplicaci髇 de las reglas establecidas en la letra e) del art韈ulo noveno.1 de esta ley.�

LE0000007643_20220616

DISPOSICIONES FINALES