Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular su art韈ulo 82, apartado 2, letra b),

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

Previa consulta al Comit� de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) La presente Directiva tiene por objeto establecer garant韆s procesales para que los menores, es decir, las personas de menos de 18 a駉s, sospechosos o acusados en procesos penales puedan comprender y seguir dichos procesos, a fin de permitirles ejercer su derecho a un juicio justo, prevenir su reincidencia y fomentar su inserci髇 social.
• (2) Mediante el establecimiento de normas m韓imas comunes sobre la protecci髇 de los derechos procesales de los menores sospechosos o acusados, la presente Directiva tiene la finalidad de reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de cada uno de ellos y contribuir de este modo a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal. Dichas normas m韓imas comunes deben suprimir tambi閚 los obst醕ulos a la libre circulaci髇 de los ciudadanos en el territorio de los Estados miembros.
• (3) Aunque los Estados miembros son partes en el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ( CEDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol韙icos, y la Convenci髇 de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Ni駉, la experiencia ha puesto de manifiesto que, por s� sola, esa circunstancia no siempre aporta el grado de confianza suficiente en los sistemas judiciales penales de los dem醩 Estados miembros.
• (4) El 30 de noviembre de 2009, el Consejo adopt� una Resoluci髇 relativa al plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales (3) (en lo sucesivo, 玴lan de trabajo�). Desde una perspectiva gradual, el plan de trabajo insta a adoptar medidas relativas a los siguientes derechos: traducci髇 e interpretaci髇 (medida A); informaci髇 sobre los derechos e informaci髇 sobre los cargos (medida B); asesoramiento jur韉ico y justicia gratuita (medida C); comunicaci髇 con los familiares, el empleador y las autoridades consulares (medida D); y salvaguardias especiales para acusados o sospechosos que sean vulnerables (medida E). En el plan de trabajo se subraya que el orden en el que se mencionan los derechos es solamente indicativo, por lo que puede modificarse en funci髇 de las prioridades. El plan de trabajo est� concebido para funcionar como un todo; solo cuando se ejecuten todos sus componentes se percibir醤 plenamente sus beneficios.
• (5) El 11 de diciembre de 2009, el Consejo Europeo acogi� favorablemente el plan de trabajo y lo incorpor� al Programa de Estocolmo: Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (4) (punto 2.4). El Consejo Europeo destac� que el plan de trabajo no era exhaustivo y pidi� a la Comisi髇 que examinara nuevos aspectos de los derechos procesales m韓imos de los sospechosos y acusados, y que estudiara la necesidad de abordar otras cuestiones, por ejemplo la presunci髇 de inocencia, a fin de fomentar una mejor cooperaci髇 en ese 醡bito.
• (6) Sobre la base del plan de trabajo se han adoptado hasta la fecha cuatro medidas sobre los derechos procesales en el proceso penal, a saber, las Directivas 2010/64/UE (5) , 2012/13/UE (6) , 2013/48/UE (7) y (UE) 2016/343 (8) del Parlamento Europeo y del Consejo.
• (7) La presente Directiva promueve los derechos del menor, teniendo en cuenta las directrices del Consejo de Europa sobre la justicia adaptada a los menores.
• (8) Cuando un menor sea sospechoso o acusado en un proceso penal o est� sujeto a un procedimiento relativo a una orden de detenci髇 europea con arreglo a la Decisi髇 Marco 2002/584/JAI del Consejo (9) (en lo sucesivo, 玴ersona buscada�), los Estados miembros deben velar por que el inter閟 superior del menor constituya siempre una consideraci髇 primordial, de conformidad con el art韈ulo 24, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo, 獵arta�).
• (9) Los menores sospechosos o acusados en procesos penales deben recibir una atenci髇 especial para preservar su potencial de desarrollo y reinserci髇 social.
• (10) La presente Directiva debe aplicarse a los menores, sospechosos o acusados en un proceso penal, as� como a los menores que sean personas buscadas. Con respecto a los menores que sean personas buscadas, las disposiciones pertinentes de la presente Directiva deben aplicarse desde el momento de su detenci髇 en el Estado miembro de ejecuci髇.
• (11) La presente Directiva, o ciertas disposiciones de ella, tambi閚 deben aplicarse a los sospechosos o acusados en procesos penales y a las personas buscadas que fueran menores en el momento en que quedaron sujetas a dichos procesos, pero hayan alcanzado posteriormente la edad de 18 a駉s, y cuando la aplicaci髇 de la presente Directiva resulte adecuada habida cuenta de todas las circunstancias del caso, entre ellas la madurez y la vulnerabilidad de la persona de que se trate.
• (12) Respecto al supuesto de que, en el momento de convertirse en sospechosa o acusada en un proceso penal, una persona haya alcanzado los 18 a駉s de edad, pero la infracci髇 penal se haya cometido cuando la persona era menor, se insta a los Estados miembros a aplicar las garant韆s procesales previstas por la presente Directiva hasta que la persona cumpla la edad de 21 a駉s, al menos en lo que respecta a las infracciones penales cometidas por el mismo sospechoso o acusado y que se investiguen y juzguen conjuntamente por estar inextricablemente ligadas a infracciones penales por las que se hubiese iniciado un proceso penal contra dicha persona antes de que cumpliera la edad de 18 a駉s.
• (13) Los Estados miembros deben determinar la edad de los menores a partir de las declaraciones de los propios menores, la comprobaci髇 del estado civil, investigaciones documentales, otras pruebas y, si no se dispone de tales pruebas o no resultan concluyentes, un reconocimiento m閐ico. El reconocimiento m閐ico debe realizarse 鷑icamente como 鷏timo recurso, respetando estrictamente los derechos del menor as� como su integridad f韘ica y dignidad humana. En caso de que persistan dudas sobre la edad de la persona, debe presumirse, a efectos de la presente Directiva, que es menor.
• (14) La presente Directiva no debe aplicarse a algunas infracciones leves. No obstante, debe aplicarse cuando el menor sospechoso o acusado sea privado de libertad.
• (15) En algunos Estados miembros una autoridad distinta de los 髍ganos jurisdiccionales con competencia en materia penal puede estar facultada para imponer sanciones distintas de la privaci髇 de libertad en caso de infracciones relativamente leves. As� puede suceder, por ejemplo, en relaci髇 con infracciones de tr醘ico que se cometan en gran n鷐ero y de las que puede quedar constancia mediante un control de tr醘ico. En tales situaciones, no ser韆 razonable exigir que las autoridades competentes garanticen todos los derechos que reconoce la presente Directiva. Por lo tanto, en los casos en que la normativa de un Estado miembro contemple que esas autoridades puedan imponer sanciones por infracciones leves, y exista el derecho de recurso o la posibilidad de que el asunto se remita de otro modo a un 髍gano jurisdiccional competente en materia penal, la presente Directiva debe aplicarse 鷑icamente al proceso incoado ante un 髍gano jurisdiccional a ra韟 de dicho recurso o remisi髇.
• (16) En algunos Estados miembros se consideran infracciones penales ciertas infracciones leves, en particular las infracciones de tr醘ico leves, las infracciones leves de las ordenanzas municipales generales y las infracciones leves del orden p鷅lico. En tales situaciones, no ser韆 razonable exigir que las autoridades competentes garanticen todos los derechos que reconoce la presente Directiva. As� pues, en los casos en que, con arreglo a la normativa de un Estado miembro, no puedan imponerse sanciones que conlleven privaci髇 de libertad para infracciones leves, la presente Directiva solo debe aplicarse a los procesos incoados ante 髍ganos jurisdiccionales competentes en materia penal.
• (17) La presente Directiva debe aplicarse 鷑icamente a los procesos penales. No debe aplicarse a otros tipos de procedimientos, en particular a aquellos que est閚 concebidos espec韋icamente para menores y puedan dar lugar a medidas protectoras, correccionales o educativas.
• (18) La presente Directiva debe aplicarse teniendo en cuenta las disposiciones de las Directivas 2012/13/UE y 2013/48/UE. La presente Directiva establece nuevas garant韆s complementarias en lo relativo a la informaci髇 que debe facilitarse al menor y al titular de la patria potestad a fin de tener en cuenta las necesidades y vulnerabilidades espec韋icas de los menores.
• (19) Los menores deben recibir informaci髇 sobre los aspectos generales del desarrollo del proceso. Con este fin se les debe facilitar, en particular, una breve explicaci髇 de las posteriores fases procesales, en la medida en que sea posible en inter閟 del proceso penal, y sobre la funci髇 de las autoridades que intervienen. La informaci髇 que se facilite debe depender de las circunstancias de cada caso.
• (20) Los menores deben recibir informaci髇 sobre el derecho a un reconocimiento m閐ico en la fase m醩 temprana del proceso en que ello resulte adecuado, a m醩 tardar cuando sean privados de libertad, si es que se adopta tal medida.
• (21) Si un menor es privado de libertad, la declaraci髇 de derechos que se le facilite de conformidad con la Directiva 2012/13/UE debe incluir informaci髇 clara sobre los derechos del menor en virtud de la presente Directiva.
• (22) Los Estados miembros deben informar al titular de la patria potestad, por escrito, oralmente o de ambas formas, sobre los derechos procesales aplicables. Esta informaci髇 debe facilitarse lo antes posible y con el grado de detalle necesario para salvaguardar la equidad del proceso y permitir el ejercicio efectivo de los derechos del menor.
• (23) En determinadas circunstancias, que tambi閚 pueden referirse a una sola de las personas que ostenten la patria potestad, la informaci髇 debe facilitarse a otro adulto adecuado designado por el menor y que la autoridad competente acepte como tal. Una de dichas circunstancias puede consistir en la concurrencia de motivos objetivos y f醕ticos que indiquen o hagan sospechar que facilitar la informaci髇 al titular de la patria potestad podr韆 comprometer seriamente el proceso penal, en particular, cuando las pruebas puedan ser destruidas o alteradas, los testigos puedan ser objeto de injerencias o el titular de la patria potestad haya podido estar involucrado en la presunta actividad delictiva junto con el menor.
• (24) Cuando dejen de existir las circunstancias que hayan llevado a las autoridades competentes a facilitar informaci髇 a otro adulto adecuado en lugar de al titular de la patria potestad, se debe facilitar al titular de la patria potestad toda la informaci髇 que el menor reciba de conformidad con la presente Directiva y que siga siendo pertinente en el proceso. Esa exigencia no debe prolongar innecesariamente el proceso penal.
• (25) Los menores sospechosos o acusados tienen derecho a la asistencia de un letrado de conformidad con la Directiva 2013/48/UE. Dado que los menores son vulnerables y no siempre son capaces de comprender y seguir plenamente un proceso penal, deben estar asistidos por un letrado en las situaciones previstas en la presente Directiva. En esas situaciones, los Estados miembros deben organizar la asistencia del menor por un letrado, cuando ni el menor ni el titular de la patria potestad hayan organizado dicha asistencia. Los Estados miembros deben proporcionar asistencia jur韉ica gratuita cuando resulte necesaria para que el menor sea asistido efectivamente por un letrado.
• (26) La asistencia letrada a efectos de la presente Directiva presupone que el menor tenga derecho a dicha asistencia con arreglo a la Directiva 2013/48/UE. Por consiguiente, cuando la aplicaci髇 de una disposici髇 de la Directiva 2013/48/UE impida que el menor disponga de asistencia letrada en virtud de la presente Directiva, no debe aplicarse dicha disposici髇 al derecho de los menores a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48/UE. Por otra parte, las excepciones a la asistencia letrada previstas en la presente Directiva no deben afectar al derecho a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48/UE al derecho a la asistencia jur韉ica gratuita con arreglo a la Carta y al CEDH, al Derecho nacional y al de la Uni髇.
• (27) Lo dispuesto en la presente Directiva en materia de asistencia letrada debe aplicarse sin demora indebida, en cuanto se ponga en conocimiento del menor su condici髇 de sospechoso o acusado. A efectos de la presente Directiva, por asistencia letrada se entiende toda asistencia jur韉ica y representaci髇 por un letrado durante el proceso penal. Si, de conformidad con la presente Directiva, el menor debe recibir asistencia letrada durante el interrogatorio, debe estar presente un letrado. Sin perjuicio del derecho del menor a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48/UE, la asistencia letrada no exige que un letrado tenga que estar presente en cada acto de investigaci髇 o de obtenci髇 de pruebas.
• (28) Siempre que se respete el derecho a un juicio justo, la obligaci髇 de los Estados miembros de prestar asistencia letrada a los menores sospechosos o acusados, de conformidad con la presente Directiva, no incluye las siguientes actuaciones: la identificaci髇 del menor; la decisi髇 de si debe iniciarse una investigaci髇; la comprobaci髇 de la posesi髇 de armas u otras cuestiones de seguridad similares; los actos de investigaci髇 o de obtenci髇 de pruebas que no sean los mencionados espec韋icamente en la presente Directiva, como los cacheos, los reconocimientos f韘icos, los an醠isis de sangre, de detecci髇 de alcohol u otros similares, o la obtenci髇 de fotograf韆s o de huellas dactilares; o la presentaci髇 del menor ante una autoridad competente o su entrega al titular de la patria potestad o a otro adulto adecuado de conformidad con el Derecho nacional.
• (29) En caso de que un menor que inicialmente no fuese sospechoso ni acusado, por ejemplo un testigo, se convierta en sospechoso o acusado, debe tener derecho a no declarar contra s� mismo y a guardar silencio, de conformidad con el Derecho de la Uni髇 y el CEDH, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo, 玊ribunal de Justicia�) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, la presente Directiva hace referencia expresa a la situaci髇 concreta en que ese menor se convierte en sospechoso o acusado en el curso del interrogatorio realizado por la polic韆 u otras autoridades policiales en el contexto de un proceso penal. Cuando, durante un interrogatorio, un menor que no sea sospechoso ni acusado se convierta en sospechoso o acusado, debe suspenderse el interrogatorio hasta que se ponga en conocimiento del menor su condici髇 de sospechoso o acusado y disponga de asistencia letrada de conformidad con la presente Directiva.
• (30) Siempre que ello sea conforme con el derecho a un juicio justo, los Estados miembros deben poder establecer excepciones a la obligaci髇 de prestar asistencia letrada cuando no sea proporcionado, habida cuenta de las circunstancias del caso, partiendo de la base de que el inter閟 superior del menor siempre debe constituir una consideraci髇 primordial. En cualquier caso, el menor debe disponer de asistencia letrada cuando se le presente ante el 髍gano jurisdiccional competente para decidir sobre su detenci髇 en cualquier fase del proceso dentro del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva y durante su detenci髇. Adem醩, no se debe imponer una pena de privaci髇 de libertad a no ser que el menor haya contado con asistencia, letrada de manera que haya podido ejercer su derecho de defensa de modo efectivo y, en cualquier caso, durante la vista oral del juicio ante un 髍gano jurisdiccional. Los Estados miembros deben poder establecer disposiciones pr醕ticas a este respecto.
• (31) Debe permitirse a los Estados miembros establecer excepciones temporales a la obligaci髇 de prestar asistencia letrada en la fase prejudicial cuando existan razones imperiosas, por ejemplo, una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad f韘ica de una persona, o cuando sea imperativa una actuaci髇 inmediata de las autoridades de investigaci髇 para evitar comprometer seriamente el proceso penal en relaci髇 con una infracci髇 penal grave, por ejemplo con el fin de obtener informaci髇 sobre los presuntos autores de una infracci髇 penal grave o para evitar que se pierdan pruebas importantes relativas a una infracci髇 penal grave. Durante la vigencia de una excepci髇 temporal por una de esas razones imperiosas, las autoridades competentes deben poder interrogar a un menor sin la presencia del letrado, siempre que se le haya informado de su derecho a guardar silencio y de que pueda ejercer ese derecho, y que el interrogatorio no menoscabe el derecho de defensa, incluido el derecho a no declarar contra s� mismo. Solo debe poder llevarse a cabo el interrogatorio en la medida necesaria para obtener informaci髇 que sea esencial para evitar graves consecuencias negativas para la vida, la libertad o la integridad f韘ica de una persona o para evitar comprometer seriamente el proceso penal. En principio, el recurso abusivo a esta excepci髇 temporal supondr韆 un perjuicio irremediable para el derecho de defensa.
• (32) Los Estados miembros deben establecer con claridad en su Derecho nacional los motivos y los criterios de tal excepci髇 temporal y deben hacer un uso restrictivo de ella. Toda excepci髇 temporal debe ser proporcionada, estrictamente limitada en el tiempo, no basarse exclusivamente en el tipo o la gravedad de la presunta infracci髇 penal y no ir en detrimento de la equidad general del proceso. Los Estados miembros deben velar por que, cuando una autoridad competente que no sea un 髍gano jurisdiccional haya autorizado una excepci髇 temporal en virtud de la presente Directiva, un 髍gano jurisdiccional pueda examinar la decisi髇 de autorizar la excepci髇 temporal, al menos durante la fase del juicio.
• (33) La confidencialidad de las comunicaciones entre el menor y su letrado es clave para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa, y constituye una parte esencial del derecho a un juicio justo. Por consiguiente, los Estados miembros deben respetar, sin excepciones, la confidencialidad de las reuniones y otras formas de comunicaci髇 entre el letrado y el menor en el contexto de la asistencia letrada prevista en la presente Directiva. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los procedimientos aplicables a la situaci髇 en que se sospeche, a partir de indicios objetivos y f醕ticos, que el letrado est� implicado junto con el menor en la comisi髇 de una infracci髇 penal. Una actividad delictiva del letrado no puede reputarse asistencia leg韙ima a los menores en el marco de la presente Directiva. La obligaci髇 de respeto de la confidencialidad implica no solo que los Estados miembros se abstengan de obstaculizar dichas comunicaciones o de acceder a ellas, sino tambi閚 que, en caso de que el menor est� privado de libertad o se encuentre sujeto al control del Estado de otra forma, los Estados miembros deben velar por que las disposiciones en materia de comunicaci髇 sustenten y protejan esa confidencialidad. Ello se entiende sin perjuicio de los mecanismos existentes en los centros de detenci髇 para impedir que el detenido reciba env韔s il韈itos, como puede ser el cribado de la correspondencia, siempre que tales mecanismos no permitan a las autoridades competentes leer las comunicaciones entre el menor y su letrado. La presente Directiva se entiende asimismo sin perjuicio de los procedimientos de Derecho nacional en virtud de los cuales pueda denegarse la transmisi髇 de la correspondencia si el remitente no admite que dicha correspondencia se presente previamente ante un 髍gano jurisdiccional competente.
• (34) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de que accidentalmente las autoridades competentes puedan vulnerar la confidencialidad como consecuencia de una operaci髇 legal de vigilancia. La presente Directiva se entiende asimismo sin perjuicio de la labor llevada a cabo, por ejemplo, por los servicios nacionales de inteligencia, a fin de garantizar la seguridad nacional de conformidad con el art韈ulo 4, apartado 2, del Tratado de la Uni髇 Europea (TUE), o de toda labor que se incluya en el art韈ulo 72 del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE), en virtud del cual el t韙ulo V de la parte III del TFUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, se entiende sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en cuanto al mantenimiento del orden p鷅lico y la salvaguardia de la seguridad interior.
• (35) Los menores sospechosos o acusados en procesos penales deben tener derecho a una evaluaci髇 individual que determine sus necesidades espec韋icas en cuanto a protecci髇, educaci髇, formaci髇 profesional e inserci髇 social, para determinar si necesitan medidas especiales durante el proceso penal y en qu� medida, as� como para determinar su grado de responsabilidad penal y la idoneidad de una sanci髇 o medida educativa concreta.
• (36) En la evaluaci髇 individual se debe tener en cuenta, en particular, la personalidad y la madurez del menor y su contexto econ髆ico, social y familiar, incluidas sus condiciones de vida, as� como cualquier vulnerabilidad espec韋ica del menor, como discapacidades intelectuales y dificultades de comunicaci髇.
• (37) Debe poder adaptarse la extensi髇 y el grado de detalle de las evaluaciones individuales a las circunstancias del caso, teniendo en cuenta la gravedad de la presunta infracci髇 penal y las medidas que puedan adoptarse si el menor es declarado culpable de dicha infracci髇. Puede recurrirse a una evaluaci髇 individual realizada en el pasado reciente al mismo menor si ya est� actualizada.
• (38) Las autoridades competentes deben tener en cuenta la informaci髇 derivada de una evaluaci髇 individual para determinar si se ha de adoptar alguna medida espec韋ica relativa al menor (como la prestaci髇 de cualquier tipo de asistencia pr醕tica), para evaluar la adecuaci髇 y efectividad de cualquier medida cautelar relativa al menor (como las decisiones sobre la prisi髇 provisional o las medidas alternativas), y, considerando las caracter韘ticas y circunstancias individuales del menor, para adoptar cualquier decisi髇 o medida en el contexto del proceso penal, incluida la imposici髇 de la pena. El hecho de que no se disponga a鷑 de una evaluaci髇 individual no debe impedir que las autoridades competentes adopten tales medidas o decisiones, siempre que se respeten las condiciones establecidas en la presente Directiva, incluido que se realice una evaluaci髇 individual en la fase m醩 temprana posible del proceso. Cuando se disponga de la evaluaci髇 individual, se podr韆n reexaminar la adecuaci髇 y la efectividad de las medidas o decisiones que se adoptan antes de realizarse la evaluaci髇 individual.
• (39) La evaluaci髇 individual debe realizarse en la fase m醩 temprana posible del proceso y con antelaci髇 suficiente para que el fiscal, el juez u otra autoridad competente puedan tener en cuenta la informaci髇 que se derive de ella antes de formular una acusaci髇 destinada al juicio. No obstante, debe ser posible formular una acusaci髇 aun no existiendo una evaluaci髇 individual, siempre que sirva al inter閟 superior del menor. As� puede ocurrir, por ejemplo, cuando un menor se encuentra en prisi髇 preventiva y esperar a la evaluaci髇 individual podr韆 alargar innecesariamente tal privaci髇 de libertad.
• (40) Los Estados miembros deben poder prever excepciones a la obligaci髇 de realizar una evaluaci髇 individual, cuando la excepci髇 est� justificada en las circunstancias del caso, habida cuenta, entre otros elementos, de la gravedad de la presunta infracci髇 penal y las medidas que puedan adoptarse si el menor es declarado culpable de esa infracci髇, siempre que sea compatible con el inter閟 superior del menor. En ese contexto, deben tenerse en cuenta todos los elementos pertinentes, incluido si el menor ha sido sometido o no recientemente a una evaluaci髇 individual en el contexto de un proceso penal o si el asunto puede tramitarse sin acusaci髇.
• (41) El deber de cuidado para con el menor sospechoso o acusado es fundamental para la administraci髇 equitativa de la justicia, en particular cuando el menor est� privado de libertad y, por tanto, se encuentra en una situaci髇 especialmente vulnerable. A fin de garantizar la integridad personal de los menores privados de libertad, dichos menores deben tener derecho a un reconocimiento m閐ico. El reconocimiento m閐ico debe ser realizado por un m閐ico u otra persona cualificada, ya sea por iniciativa de las autoridades competentes, en particular cuando est� motivado por condiciones espec韋icas de salud, o en respuesta a una solicitud del menor, del titular de la patria potestad, o del letrado del menor. Los Estados miembros deben establecer disposiciones pr醕ticas sobre los reconocimientos m閐icos que se realicen con arreglo a la presente Directiva, y sobre el acceso de los menores a dichos reconocimientos. Esas disposiciones pueden referirse, en particular, al supuesto en que se presenten dos o m醩 solicitudes de reconocimiento m閐ico relativas al mismo menor en un breve per韔do de tiempo.
• (42) Los menores sospechosos o acusados en procesos penales no siempre pueden comprender el contenido de los interrogatorios a que se les somete. Con el fin de garantizar una protecci髇 suficiente de esos menores, los interrogatorios efectuados por la polic韆 u otras autoridades policiales deben grabarse por medios audiovisuales cuando ello resulte proporcionado, habida cuenta, entre otros, de si est� presente o no un letrado y de si el menor est� privado o no de libertad, y partiendo de la base de que el inter閟 superior del menor siempre debe constituir una consideraci髇 primordial. La presente Directiva no exige a los Estados miembros grabar los interrogatorios de menores realizados por un 髍gano jurisdiccional.
• (43) Cuando, estando prevista una grabaci髇 audiovisual con arreglo a la presente Directiva, dicha grabaci髇 resulte imposible por un problema t閏nico insalvable, la polic韆 u otras autoridades policiales deben poder realizar el interrogatorio al menor sin grabarlo por medios audiovisuales, siempre que se hayan realizado esfuerzos razonables para resolver el problema t閏nico, que no resulte adecuado retrasar el interrogatorio y que sea compatible con el inter閟 superior del menor.
• (44) En cualquier caso, e independientemente de que el interrogatorio del menor se grabe o no por medios audiovisuales, dicho interrogatorio debe realizarse teniendo en cuenta la edad y madurez del menor.
• (45) Los menores se encuentran en una situaci髇 de especial vulnerabilidad cuando se encuentran privados de libertad. Por este motivo, deben realizarse esfuerzos especiales para evitar la privaci髇 de libertad y, en particular, la detenci髇 de los menores en cualquiera de las fases del proceso antes de la decisi髇 definitiva de un 髍gano jurisdiccional que determine si el menor en cuesti髇 ha cometido la infracci髇 penal, dados los posibles riesgos para su desarrollo f韘ico, mental y social, y porque la privaci髇 de libertad podr韆 dificultar su reinserci髇 social. Los Estados miembros podr韆n establecer disposiciones pr醕ticas, como directrices o instrucciones para los agentes de polic韆, sobre la aplicaci髇 de esa exigencia a las situaciones de custodia policial. En cualquier caso, esa exigencia se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que agentes de polic韆 u otras autoridades policiales detengan a un menor en situaciones en que a primera vista se presuma necesario, por ejemplo, en caso de flagrante delito o inmediatamente despu閟 de la comisi髇 de una infracci髇 penal.
• (46) Las autoridades competentes deben considerar en todo momento medidas alternativas a la detenci髇 (medidas alternativas) y hacer uso de ellas cuando sea posible. Tales medidas alternativas podr韆n incluir la prohibici髇 de que el menor acuda a ciertos lugares o la obligaci髇 del menor de residir en un lugar determinado, limitaciones relativas al contacto con personas concretas, la obligaci髇 de informar a las autoridades competentes, la participaci髇 en programas educativos o, previo consentimiento del menor, la participaci髇 en programas terap閡ticos o de tratamiento de la drogodependencia.
• (47) La detenci髇 del menor debe estar sujeta a revisi髇 peri骴ica por parte de un 髍gano jurisdiccional, que puede ser unipersonal. Debe ser posible llevar a cabo tal revisi髇 peri骴ica de oficio por el 髍gano jurisdiccional, o a solicitud del menor, del letrado del menor o de una autoridad judicial que no sea un 髍gano jurisdiccional, en particular de un fiscal. Los Estados miembros deben establecer disposiciones pr醕ticas al respecto, en particular en relaci髇 con la situaci髇 en que el 髍gano jurisdiccional ya haya efectuado de oficio la revisi髇 peri骴ica y el menor o el letrado del menor soliciten que se efect鷈 otra revisi髇.
• (48) Los menores detenidos deben estar amparados por medidas especiales de protecci髇. En particular, debe manten閞seles separados de los adultos, a menos que se considere que el inter閟 superior del menor requiera lo contrario, de conformidad con el art韈ulo 37, letra c), de la Convenci髇 sobre los Derechos del Ni駉 de las Naciones Unidas. Cuando un menor detenido cumpla la edad de 18 a駉s, debe existir la posibilidad de que se mantenga la detenci髇 en r間imen separado si las circunstancias de la persona concreta lo justifican. Dada la vulnerabilidad que les es inherente, debe prestarse especial atenci髇 al trato que se da a los menores detenidos. Los menores deben tener acceso a las estructuras educativas en funci髇 de sus necesidades.
• (49) Los Estados miembros deben velar por que los menores sospechosos o acusados que est閚 bajo custodia policial se encuentren separados de los adultos, a menos que se considere que el inter閟 superior del menor requiera lo contrario o salvo que, en circunstancias excepcionales, no resulte posible en la pr醕tica, siempre que se les mantenga junto con adultos de forma compatible con el inter閟 superior del menor. Por ejemplo, en zonas escasamente pobladas, los menores pueden estar excepcionalmente bajo custodia policial junto con adultos, a no ser que sea contrario al inter閟 superior del menor. En esas situaciones se debe exigir de las autoridades competentes una especial vigilancia para proteger la integridad f韘ica y el bienestar de los menores.
• (50) Los menores pueden permanecer detenidos junto con adultos j髒enes a no ser que ello sea contrario al inter閟 superior del menor. Corresponde a los Estados miembros determinar a qu� personas se considera adultos j髒enes, de conformidad con su Derecho y procedimientos nacionales. Se anima a los Estados miembros a determinar que las personas mayores de 24 a駉s no sean consideradas adultos j髒enes.
• (51) En el caso de menores detenidos, los Estados miembros deben adoptar medidas adecuadas seg鷑 lo dispuesto en la presente Directiva. Tales medidas deben garantizar, entre otros, el ejercicio regular y efectivo del derecho a la vida familiar. Los menores deben tener derecho a mantener contactos peri骴icos con sus padres, familiares y amigos a trav閟 de visitas y correspondencia, salvo que se exijan restricciones excepcionales por el inter閟 superior del menor o en inter閟 de la justicia.
• (52) Los Estados miembros tambi閚 deben adoptar medidas adecuadas para garantizar el respeto de la libertad religiosa o de creencias del menor. A este respecto, los Estados miembros deben abstenerse, en particular, de injerencias en la religi髇 o las creencias del menor. Sin embargo, no se exige a los Estados miembros que adopten medidas activas para asistir a los menores en la pr醕tica de su religi髇.
• (53) Cuando proceda, los Estados miembros tambi閚 deben adoptar medidas adecuadas en otras situaciones de privaci髇 de libertad. Las medidas adoptadas deben ser proporcionadas y adecuadas en relaci髇 con la naturaleza de la privaci髇 de la libertad, como la custodia policial o la detenci髇, y con su duraci髇.
• (54) Los profesionales en contacto directo con menores deben tener en cuenta las necesidades particulares de estos en funci髇 de los distintos grupos de edad, y velar por que los procesos se adapten en consecuencia. A tal efecto, dichos profesionales deben recibir formaci髇 especial para tratar con menores.
• (55) Los menores deben ser tratados de manera adecuada a su edad, madurez y nivel de comprensi髇, teniendo en cuenta las necesidades especiales que puedan tener, por ejemplo dificultades para comunicarse.
• (56) Teniendo en cuenta las diferencias entre los ordenamientos jur韉icos y las tradiciones jur韉icas de los Estados miembros, debe garantizarse del mejor modo posible la protecci髇 de la vida privada de los menores durante los procesos penales, a fin, en particular, de facilitar la reinserci髇 social de los menores. Los Estados miembros deben establecer que las vistas en que participen menores se celebren, por regla general, sin presencia de p鷅lico o deben permitir a los 髍ganos jurisdiccionales decidir que esas vistas se celebren sin presencia de p鷅lico. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que las sentencias se pronuncien p鷅licamente de conformidad con el art韈ulo 6 del CEDH.
• (57) Los menores deben tener derecho a estar acompa馻dos por el titular de la patria potestad en las vistas en las que participen. Si la patria potestad del mismo menor la ostentan varias personas, este debe tener derecho a estar acompa馻do por todas ellas, a no ser que resulte imposible en la pr醕tica pese a los esfuerzos razonables de las autoridades competentes. Los Estados miembros deben adoptar disposiciones pr醕ticas para el ejercicio, por parte de los menores, del derecho a estar acompa馻dos por el titular de la patria potestad durante las vistas en que participen, y sobre las condiciones en que se pueda excluir temporalmente de las vistas al acompa馻nte. Esas disposiciones pueden referirse, entre otros, a situaciones en que el titular de la patria potestad se encuentre en la imposibilidad temporal de acompa馻r al menor o no desee hacer uso de la posibilidad de acompa馻rlo, siempre que se tenga en cuenta el inter閟 superior del menor.
• (58) En determinadas circunstancias, que tambi閚 pueden referirse a una de las personas titulares de la patria potestad, el menor debe tener derecho a estar acompa馻do durante las vistas de un adulto adecuado que no sea el titular de la patria potestad. Una de esas circunstancias se dar韆 cuando el titular de la patria potestad que acompa馿 al menor pueda comprometer seriamente el proceso penal, en particular, cuando circunstancias objetivas y f醕ticas indiquen o hagan sospechar que las pruebas puedan ser destruidas o alteradas, los testigos puedan ser objeto de injerencias o el titular de la patria potestad haya podido estar involucrado en la presunta actividad delictiva junto con el menor.
• (59) De conformidad con la presente Directiva, los menores tambi閚 deben tener derecho a estar acompa馻dos por el titular de la patria potestad durante otras fases del proceso en que el menor est� presente, como por ejemplo durante el interrogatorio policial.
• (60) El derecho de un acusado a estar presente en el juicio se basa en el derecho a un juicio justo establecido en el art韈ulo 47 de la Carta y en el art韈ulo 6 del CEDH, seg鷑 la interpretaci髇 del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los Estados miembros deben adoptar medidas adecuadas para proporcionar incentivos a la presencia de los menores en su propio juicio, tambi閚 cit醤doles personalmente y enviando copia de la citaci髇 al titular de la patria potestad o, si esto fuera contrario al inter閟 superior del menor, a otro adulto adecuado. Los Estados miembros deben adoptar disposiciones pr醕ticas relativas a la presencia del menor en el juicio. Esas disposiciones podr韆n incluir normas sobre las condiciones en las que se puede excluir temporalmente del juicio a un menor.
• (61) Determinados derechos previstos en la presente Directiva deben aplicarse a los menores que sean personas buscadas a partir del momento de su detenci髇 en el Estado miembro de ejecuci髇.
• (62) El procedimiento relativo a la orden de detenci髇 europea es crucial para la cooperaci髇 entre Estados miembros en materia penal. El cumplimiento de los plazos previstos en la Decisi髇 Marco 2002/584/JAI es esencial para dicha cooperaci髇. Por consiguiente, si bien los menores que son personas buscadas deben tener la posibilidad de ejercer plenamente los derechos que les confiere la presente Directiva en procedimientos relativos a la orden de detenci髇 europea, dichos plazos deben respetarse.
• (63) Los Estados miembros deben adoptar medidas adecuadas para garantizar que los jueces y fiscales que intervengan en procesos penales en que est閚 involucrados menores dispongan de aptitudes espec韋icas en esa materia o tengan acceso efectivo a una formaci髇 espec韋ica, en particular en materia de derechos de los menores, t閏nicas adecuadas de interrogatorio, psicolog韆 infantil y comunicaci髇 mediante un lenguaje adaptado a los menores. Los Estados miembros tambi閚 deben adoptar medidas adecuadas para promover que reciban ese tipo de formaci髇 los letrados que intervengan en procesos penales en que est閚 involucrados menores.
• (64) A fin de supervisar y evaluar la efectividad de la presente Directiva, es necesario que los Estados miembros recopilen los datos pertinentes, del conjunto de datos disponibles, sobre el ejercicio de los derechos establecidos en la misma. Tales datos incluyen los datos registrados por las autoridades judiciales y policiales y, en la medida de lo posible, los datos administrativos compilados por los servicios de asistencia sanitaria y social respecto a los derechos establecidos en la presente Directiva, en particular en relaci髇 con el n鷐ero de menores a los que se ha prestado la asistencia de un letrado, el n鷐ero de evaluaciones individuales realizadas, el n鷐ero de grabaciones audiovisuales de interrogatorios y el n鷐ero de menores privados de libertad.
• (65) Los Estados miembros deben respetar y garantizar los derechos establecidos en la presente Directiva, sin discriminaci髇 alguna por motivo alguno, como la raza, el color, sexo, orientaci髇 sexual, idioma, religi髇, opini髇 pol韙ica o de otra 韓dole, nacionalidad, origen 閠nico o social, patrimonio, discapacidad o nacimiento.
• (66) La presente Directiva promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta y por el CEDH, incluidos la prohibici髇 de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la integridad de la persona, los derechos del menor, la integraci髇 de las personas discapacitadas, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunci髇 de inocencia y el derecho de defensa. La presente Directiva debe aplicarse de conformidad con esos derechos y principios.
• (67) La presente Directiva establece normas m韓imas. Los Estados miembros deben poder ampliar los derechos establecidos en ella para ofrecer un mayor nivel de protecci髇. Este mayor nivel de protecci髇 no debe ser 骲ice al reconocimiento rec韕roco de las resoluciones judiciales que esas normas m韓imas pretenden facilitar. El nivel de protecci髇 que proporcionen los Estados miembros nunca debe ser inferior al dispensado por la Carta o el CEDH, seg鷑 la interpretaci髇 del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
• (68) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de normas m韓imas comunes aplicables a los menores sospechosos o acusados en procesos penales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensi髇 y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
• (69) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n.� 21 sobre la posici髇 del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del art韈ulo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopci髇 de la presente Directiva y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicaci髇.
• (70) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n.� 22 sobre la posici髇 de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopci髇 de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicaci髇.
• (71) De conformidad con la Declaraci髇 pol韙ica conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisi髇 sobre los documentos explicativos (10) , en casos justificados, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificaci髇 de sus medidas de transposici髇 uno o varios documentos que expliquen la relaci髇 entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposici髇. Trat醤dose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisi髇 de dichos documentos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: