Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democr醫ica

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• PRE罬BULO
• T蚑ULO PRELIMINAR.�Disposiciones generales
  • Art韈ulo 1燨bjeto y finalidad
  • Art韈ulo 2燩rincipios generales
• T蚑ULO I.�De las v韈timas
  • Art韈ulo 3燰韈timas
  • Art韈ulo 4燫econocimiento general
  • Art韈ulo 5燚eclaraci髇 de ilegalidad e ilegitimidad de 髍ganos y nulidad de sus resoluciones
  • Art韈ulo 6燚eclaraci髇 de reconocimiento y reparaci髇 personal
  • Art韈ulo 7燚韆 de recuerdo y homenaje a todas las v韈timas
  • Art韈ulo 8燚韆 de homenaje a las v韈timas del exilio
  • Art韈ulo 9燫egistro y Censo Estatal de V韈timas
• T蚑ULO II.�Pol韙icas integrales de memoria democr醫ica
  • Art韈ulo 10燩ol韙icas de memoria democr醫ica
  • Art韈ulo 11燫econocimiento de la memoria democr醫ica de las mujeres
  • Art韈ulo 12燩lan de Memoria Democr醫ica
  • Art韈ulo 13燙onsejo Territorial de Memoria Democr醫ica
  • Art韈ulo 14燙olaboraci髇 entre administraciones p鷅licas
  • CAP蚑ULO I.�Del derecho de las v韈timas a la verdad
    • Art韈ulo 15燚erecho de las v韈timas a la verdad
    • SECCI覰 1.�Localizaci髇 e identificaci髇 de personas desaparecidas
      • Art韈ulo 16燘鷖queda de personas desaparecidas
      • Art韈ulo 17燤apa integrado de localizaci髇 de personas desaparecidas
      • Art韈ulo 18燗utorizaci髇 de las actividades de localizaci髇, exhumaci髇 e identificaci髇 de personas desaparecidas
      • Art韈ulo 19燩rotocolos de actuaci髇
      • Art韈ulo 20燗cceso a los terrenos afectados por trabajos de localizaci髇 e identificaci髇
      • Art韈ulo 21燞allazgo casual de restos humanos
      • Art韈ulo 22燫esultado de las intervenciones
      • Art韈ulo 23燙reaci髇 del Banco Estatal de ADN de V韈timas de la Guerra y la Dictadura
      • Art韈ulo 24燙omunicaci髇 al Ministerio Fiscal
    • SECCI覰 2.�Archivos, documentos de archivo y otros recursos de informaci髇 para la recuperaci髇 de la memoria democr醫ica
      • Art韈ulo 25燙entro Documental de la Memoria Hist髍ica
      • Art韈ulo 26燗dquisici髇, protecci髇 y difusi髇 de los documentos de archivo y de otros documentos con informaci髇 sobre el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura
      • Art韈ulo 27燚erecho de acceso y consulta de los documentos de archivo sobre el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura
  • CAP蚑ULO II.�De la justicia
    • Art韈ulo 28燜iscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democr醫ica
    • Art韈ulo 29燚erecho a la investigaci髇
  • CAP蚑ULO III.�De la reparaci髇
    • Art韈ulo 30燫eparaci髇 integral
    • Art韈ulo 31營ncautaciones de bienes y sanciones econ髆icas
    • Art韈ulo 32燭rabajos forzados
    • Art韈ulo 33燙oncesi髇 de la nacionalidad espa駉la a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales
  • CAP蚑ULO IV.�Del deber de memoria democr醫ica
    • Art韈ulo 34燚eber de memoria
    • SECCI覰 1.�S韒bolos, elementos y actos contrarios a la memoria democr醫ica
      • Art韈ulo 35燬韒bolos y elementos contrarios a la memoria democr醫ica
      • Art韈ulo 36燙at醠ogo de s韒bolos y elementos contrarios a la memoria democr醫ica
      • Art韈ulo 37燩rocedimiento de retirada o eliminaci髇 de elementos contrarios a la memoria democr醫ica
      • Art韈ulo 38燗ctos p鷅licos contrarios a la memoria democr醫ica
      • Art韈ulo 39燩rivaci髇 de subvenciones
    • SECCI覰 2.�Distinciones, condecoraciones y t韙ulos
      • Art韈ulo 40燫evisi髇 de reconocimientos, honores y distinciones
      • Art韈ulo 41燬upresi髇 de t韙ulos nobiliarios
      • Art韈ulo 42燫evisi髇 y revocaci髇 de condecoraciones y recompensas
    • SECCI覰 3.�Conocimiento y divulgaci髇
      • Art韈ulo 43燜inalidad de fomento de las pol韙icas de memoria democr醫ica
      • Art韈ulo 44燤edidas en materia educativa y de formaci髇 del profesorado
      • Art韈ulo 45燤edidas en materia de investigaci髇
      • Art韈ulo 46營nvestigaci髇 sobre el exilio y la memoria democr醫ica de las mujeres
      • Art韈ulo 47燩lanes de formaci髇 en la Administraci髇 General del Estado
      • Art韈ulo 48燗cciones de divulgaci髇, reconocimiento y reparaci髇 simb髄ica
    • SECCI覰 4.�Lugares de memoria democr醫ica
      • Art韈ulo 49燣ugares de memoria democr醫ica
      • Art韈ulo 50燚eclaraci髇 de lugares de memoria democr醫ica
      • Art韈ulo 51營nventario Estatal de Lugares de Memoria Democr醫ica
      • Art韈ulo 52燩rotecci髇 de los lugares de memoria democr醫ica
      • Art韈ulo 53燚ifusi髇, interpretaci髇 y promoci髇 ciudadana
      • Art韈ulo 54燰alle de los Ca韉os
      • Art韈ulo 55燩ante髇 de Espa馻
• T蚑ULO III.�Movimiento memorialista
  • Art韈ulo 56燫econocimiento a las asociaciones memorialistas
  • Art韈ulo 57燙onsejo de la Memoria Democr醫ica
  • Art韈ulo 58燙entro de la Memoria Democr醫ica
  • Art韈ulo 59燫egistro Estatal de Entidades de Memoria Democr醫ica
• T蚑ULO IV.�R間imen sancionador
  • Art韈ulo 60燫間imen jur韉ico
  • Art韈ulo 61燫esponsables de la infracci髇
  • Art韈ulo 62營nfracciones
  • Art韈ulo 63燬anciones y medidas de restablecimiento de la legalidad
  • Art韈ulo 64燩rocedimiento
  • Art韈ulo 65燙ompetencia sancionadora
  • Art韈ulo 66燩rescripci髇 de infracciones y sanciones
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera燙ompatibilidad de acciones
  • Disposici髇 adicional segunda燩rocedimiento para el cumplimiento de lo dispuesto en el art韈ulo 54.4
  • Disposici髇 adicional tercera燫evisi髇 y revocaci髇 de las recompensas previstas en la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, y de la Ley 19/1976, de 29 de mayo, sobre creaci髇 de la Orden del M閞ito del Cuerpo de la Guardia Civil
  • Disposici髇 adicional cuarta燗cceso a la consulta de los libros de actas de defunciones de los Registros Civiles
  • Disposici髇 adicional quinta燛xtinci髇 de fundaciones
  • Disposici髇 adicional sexta燚eclaraci髇 de utilidad p鷅lica de asociaciones
  • Disposici髇 adicional s閜tima燚isoluci髇 de asociaciones
  • Disposici髇 adicional octava燗dquisici髇 de la nacionalidad espa駉la
  • Disposici髇 adicional novena燘ienes y derechos incautados en el extranjero
  • Disposici髇 adicional d閏ima燩rotecci髇 de datos de car醕ter personal
  • Disposici髇 adicional und閏ima燫econocimiento a las personas afectadas por el poliovirus durante la dictadura franquista
  • Disposici髇 adicional duod閏ima燙omisi髇 de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliaci髇 con el Pueblo Gitano en Espa馻
  • Disposici髇 adicional decimotercera燩reservaci髇 y custodia de los archivos de las Presidencias de los Gobiernos democr醫icos
  • Disposici髇 adicional decimocuarta燙onferencia Sectorial de Memoria Democr醫ica
  • Disposici髇 adicional decimoquinta
  • Disposici髇 adicional decimosexta
  • Disposici髇 adicional decimos閜tima燚eclaraci髇 del Fuerte de San Crist骲al como Lugar de Memoria
  • Disposici髇 adicional decimoctava燙esi髇 del Palacio de la Cumbre de Donostia al Ayuntamiento de Donostia
  • Disposici髇 adicional decimonovena燫estituci髇 o compensaci髇 a los partidos pol韙icos de bienes y derechos incautados
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria primera燜undaci髇 de la Santa Cruz del Valle los Ca韉os
  • Disposici髇 transitoria segunda燫間imen transitorio de las declaraciones de reconocimiento y reparaci髇 personal
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica燚erogaci髇 normativa
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final primera燤odificaci髇 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Org醤ico del Ministerio Fiscal
  • Disposici髇 final segunda燤odificaci髇 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
  • Disposici髇 final tercera燤odificaci髇 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicci髇 Voluntaria
  • Disposici髇 final cuarta燭韙ulo competencial
  • Disposici髇 final quinta燞abilitaci髇 normativa
  • Disposici髇 final sexta燗cceso a la informaci髇 p鷅lica de los archivos de la Administraci髇 General del Estado
  • Disposici髇 final s閜tima燩lazo para la restituci髇 a personas naturales o jur韉icas de car醕ter privado, de documentos, fondos documentales y otros efectos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restituci髇 a la Generalidad de Catalu馻 de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Espa駉la y de creaci髇 del Centro Documental de la Memoria Hist髍ica
  • Disposici髇 final octava
  • Disposici髇 final novena燛ntrada en vigor

Art韈ulo 1 Objeto y finalidad

1. La presente ley tiene por objeto la recuperaci髇, salvaguarda y difusi髇 de la memoria democr醫ica, entendida 閟ta como conocimiento de la reivindicaci髇 y defensa de los valores democr醫icos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contempor醤ea de Espa馻, con el fin de fomentar la cohesi髇 y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.

2. Asimismo, es objeto de la ley el reconocimiento de quienes padecieron persecuci髇 o violencia, por razones pol韙icas, ideol骻icas, de pensamiento u opini髇, de conciencia o creencia religiosa, de orientaci髇 e identidad sexual, durante el per韔do comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de Espa馻 y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constituci髇 Espa駉la de 1978, as� como promover su reparaci髇 moral y la recuperaci髇 de su memoria personal, familiar y colectiva, adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de divisi髇 entre la ciudadan韆 y promover lazos de uni髇 en torno a los valores, principios y derechos constitucionales.

3. Se repudia y condena el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista, en afirmaci髇 de los principios y valores democr醫icos y la dignidad de las v韈timas. Se declara ilegal el r間imen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar y que, como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores pol韙icos, fue sustituido con la proclamaci髇 de un Estado Social y Democr醫ico de Derecho a la entrada en vigor de la Constituci髇 el 29 de diciembre de 1978, tras la Transici髇 democr醫ica.

Art韈ulo 2 Principios generales

1. Esta ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparaci髇 y garant韆 de no repetici髇, as� como en los valores democr醫icos de concordia, convivencia, pluralismo pol韙ico, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres.

2. De acuerdo con el art韈ulo 10.2 de la Constituci髇 Espa駉la, los poderes p鷅licos interpretar醤 la presente ley de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia ratificados por Espa馻, sin perjuicio de su aplicaci髇 directa cuando correspondiera.

3. Todas las leyes del Estado espa駉l, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist韆, se interpretar醤 y aplicar醤 de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, seg鷑 el cual los cr韒enes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideraci髇 de imprescriptibles y no amnistiables.

Art韈ulo 3 V韈timas

1. A los efectos de esta ley se considera v韈tima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, da駉 f韘ico, moral o psicol骻ico, da駉s patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constituci髇 espa駉la de 1978, y en particular a:

• a) Las personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia de la Guerra y la Dictadura.
• b) Las personas que sufrieron privaciones de libertad o detenciones arbitrarias, torturas o malos tratos como consecuencia de la Guerra, la lucha sindical y actividades de oposici髇 a la Dictadura.
• c) Las personas que padecieron deportaci髇, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentraci髇, colonias penitenciarias militarizadas, dentro o fuera de Espa馻, y padecieron torturas, malos tratos o incluso fallecieron como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, especialmente los espa駉les y espa駉las deportados en los campos de concentraci髇 nazis.
• d) Las personas que se exiliaron como consecuencia de la Guerra y la Dictadura.
• e) Las personas que padecieron la represi髇 econ髆ica con incautaciones y p閞dida total o parcial de bienes, multas, inhabilitaci髇 y extra馻miento.
• f) Las personas LGTBI que sufrieron represi髇 por raz髇 de su orientaci髇 o identidad sexual.
• g) Las personas que fueron depuradas o represaliadas profesionalmente por ejercer cargos y empleos o trabajos p鷅licos durante la Segunda Rep鷅lica o por su oposici髇 a la Dictadura.
• h) Las ni馻s y ni駉s sustra韉os y adoptados sin leg韙imo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, as� como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas.
• i) Las personas que participaron en la guerrilla antifranquista, as� como quienes les prestaron apoyo activo como colaboradores, en defensa de la Rep鷅lica o por su resistencia al r間imen franquista en pro de la recuperaci髇 de la democracia.
• j) Las personas represaliadas o perseguidas por el uso o difusi髇 de su lengua propia.
• k) Las personas represaliadas y expulsadas de las Fuerzas Armadas por pertenecer a la Uni髇 Militar Democr醫ica.
• l) Las personas que sufrieron persecuci髇 o violencia por raz髇 de conciencia o creencias religiosas, as� como aquellas personas represaliadas o perseguidas por pertenecer a la masoner韆 o a las sociedades teos骹icas y similares.
• m) Las personas que hayan sufrido da駉s o represalias al intervenir para prestar asistencia a v韈timas en peligro o para impedir la victimizaci髇.

2. Una persona ser� considerada v韈tima con independencia de que exista o no autor韆 conocida de la violaci髇 de sus derechos.

3. Asimismo, en los t閞minos establecidos por esta ley, se considerar醤 v韈timas a los familiares de las personas que padecieron algunas de las circunstancias recogidas en el apartado 1, entendi閚dose por tales a la persona que haya sido c髇yuge de la v韈tima o persona ligada por an醠oga relaci髇 de afectividad, sus descendientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta el cuarto grado. En caso de controversia en el ejercicio de las acciones previstas en esta ley, tendr� preferencia quien haya sido c髇yuge de la v韈tima o persona ligada por an醠oga relaci髇 de afectividad. En caso de fallecimiento de 閟te, los descendientes por orden de su mayor proximidad a la v韈tima tendr醤 preferencia frente a los familiares en l韓ea colateral, cuya preferencia se establecer� por orden de su mayor proximidad.

4. La consideraci髇 de v韈tima de conformidad con los apartados anteriores implicar� la aplicaci髇 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la v韈tima del delito, en cuanto sea procedente.

5. Los partidos pol韙icos, sindicatos, las instituciones de autogobierno catalanas y vasca y las corporaciones locales, minor韆s 閠nicas, asociaciones feministas de mujeres, instituciones educativas, as� como agrupaciones culturales y otras personas jur韉icas represaliadas por la Dictadura ser醤 objeto de las medidas espec韋icas de reconocimiento y reparaci髇 contempladas en la ley, en cuanto les resulten de aplicaci髇.

6. Se consideran v韈timas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus 醡bitos territoriales lingsticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas.

Art韈ulo 4 Reconocimiento general

1. Como expresi髇 del derecho de la ciudadan韆 a la reparaci髇 moral y a la recuperaci髇 de su memoria personal, familiar y colectiva, se reconoce y declara el car醕ter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones producidas por razones pol韙icas, ideol骻icas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra, as� como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura, independientemente de la calificaci髇 jur韉ica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones.

2. Las razones a que se refiere el apartado anterior incluyen la pertenencia, colaboraci髇 o relaci髇 con partidos pol韙icos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minor韆s 閠nicas, movimiento feminista, sociedades secretas, logias mas髇icas, sociedades teos骹icas y similares, y grupos de resistencia guerrillera, as� como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingsticas, de g閚ero, de orientaci髇 o identidad sexual.

3. Se reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio de muchos espa駉les y espa駉las durante la Guerra y la Dictadura, as� como de cualesquiera otras formas de violencia personal.

4. Se reconoce la pol韙ica de persecuci髇 y represi髇 contra las lenguas y culturas catalana, gallega, vasca, aragonesa, occitana y asturiana perpetradas por el r間imen dictatorial franquista durante el periodo de guerra, as� como en las d閏adas posteriores de dictadura.

Art韈ulo 5 Declaraci髇 de ilegalidad e ilegitimidad de 髍ganos y nulidad de sus resoluciones

1. Se declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros 髍ganos penales o administrativos que, a partir del Golpe de Estado de 1936, se hubieran constituido para imponer, por motivos pol韙icos, ideol骻icos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de car醕ter personal, as� como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones.

2. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las m醩 elementales exigencias del derecho a un juicio justo, as� como la concurrencia en estos procesos de intimidaci髇 e indefensi髇, se declara en todo caso la nulidad de las condenas y sanciones y la ilegalidad e ilegitimidad del Tribunal Especial para la Represi髇 de la Masoner韆 y el Comunismo, el Tribunal de Orden P鷅lico, as� como los Tribunales de Responsabilidades Pol韙icas y Consejos de Guerra constituidos por motivos pol韙icos, ideol骻icos, de conciencia o creencia religiosa, de acuerdo con lo dispuesto en el art韈ulo 4 de la presente ley.

3. Igualmente, se declaran ileg韙imas y nulas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos pol韙icos, ideol骻icos o de creencia por cualesquiera tribunales u 髍ganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un r間imen democr醫ico en Espa馻 o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constituci髇, independientemente de la calificaci髇 jur韉ica utilizada para establecer dichas condenas y sanciones.

4. La declaraci髇 de nulidad que se contiene en los apartados anteriores dar� lugar al derecho a obtener una declaraci髇 de reconocimiento y reparaci髇 personal. En todo caso, esta declaraci髇 de nulidad ser� compatible con cualquier otra f髍mula de reparaci髇 prevista en el ordenamiento jur韉ico, sin que pueda producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, de cualquier administraci髇 p鷅lica o de particulares, ni dar lugar a efecto, reparaci髇 o indemnizaci髇 de 韓dole econ髆ica o profesional. Dicha declaraci髇 de nulidad deber� hacerse constar en el expediente judicial de la causa anulada.

Art韈ulo 6 Declaraci髇 de reconocimiento y reparaci髇 personal

1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaraci髇 de reparaci髇 y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra y la Dictadura padecieron las circunstancias a que se refiere el art韈ulo 3.1 y los efectos de las condenas y sanciones a que se refieren los art韈ulos 4 y 5. Este derecho es plenamente compatible con los dem醩 derechos y medidas reparadoras reconocidas en el resto de normas del ordenamiento jur韉ico, as� como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia, sin que pueda producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, de cualquier administraci髇 p鷅lica o de particulares, ni dar lugar a efecto, reparaci髇 o indemnizaci髇 de 韓dole econ髆ica o profesional.

2. Tendr醤 derecho a solicitar la Declaraci髇 las personas afectadas y, en caso de que las mismas hubieran fallecido, las personas indicadas en el art韈ulo 3.3.

3. Asimismo, podr醤 solicitar la Declaraci髇 las instituciones p鷅licas, los partidos pol韙icos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares y similares recogidas en el art韈ulo 4.2, previo acuerdo de su 髍gano colegiado de gobierno, respecto de quienes hubiesen desempe馻do cargo o actividad en las mismas.

4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podr醤 interesar del departamento competente en materia de memoria democr醫ica la expedici髇 de la Declaraci髇. A tal fin, podr醤 aportar toda la documentaci髇 que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder, as� como todos aquellos antecedentes que se consideren oportunos. El departamento competente en materia de memoria democr醫ica denegar� la expedici髇 de la Declaraci髇 cuando no se ajuste a lo dispuesto en esta ley.

Art韈ulo 7 D韆 de recuerdo y homenaje a todas las v韈timas

Se declara el d韆 31 de octubre de cada a駉 como d韆 de recuerdo y homenaje a todas las v韈timas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura.

Art韈ulo 8 D韆 de homenaje a las v韈timas del exilio

Se declara el d韆 8 de mayo de cada a駉 como d韆 de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra y la Dictadura.

Art韈ulo 9 Registro y Censo Estatal de V韈timas

1. El departamento que asuma las competencias en materia de memoria democr醫ica con el fin de garantizar la efectividad de los principios de verdad, justicia, reparaci髇 y no repetici髇, y al objeto de poder desarrollar sus funciones ser� el responsable de mantener un registro de las v韈timas a que se refiere el art韈ulo 3.1 con datos recabados de archivos, de bases de datos documentales y obras de referencia especializadas, as� como suministrados por las diferentes administraciones p鷅licas y por los organismos y entidades del sector p鷅lico institucional, v韈timas, organizaciones memorialistas, grupos de investigaci髇 universitarios y cualquier otra fuente, nacional o internacional, que cuente con informaci髇 relevante para el mismo.

En particular, en este registro se anotar醤 las circunstancias respecto de la represi髇 padecida, del fallecimiento o desaparici髇, en los t閞minos del art韈ulo 3.1, as� como el lugar y la fecha en que ocurrieron los hechos, de ser posible, y la fuente de la que procede la informaci髇.

La informaci髇 se incorporar� de oficio por parte de la Administraci髇 o a instancia de las v韈timas, de los familiares de estas o de las entidades memorialistas, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente.

2. A partir del registro de v韈timas regulado en el apartado anterior, el departamento competente en materia de memoria democr醫ica elaborar� un censo p鷅lico de todas las v韈timas de la Guerra y la Dictadura, as� como de quienes murieron en combate durante la Guerra, con independencia de su nacionalidad.

3. Este censo incluir� tanto a las personas fallecidas y declaradas fallecidas como a las supervivientes que presten su expreso consentimiento. En ning鷑 caso se incluir醤 en el censo categor韆s especiales de datos.

Art韈ulo 10 Pol韙icas de memoria democr醫ica

1. La Administraci髇 General del Estado adoptar� las medidas y actuaciones necesarias para el conocimiento y conmemoraci髇 de los hechos representativos de la memoria democr醫ica y el reconocimiento de las personas que lucharon por la libertad y la democracia, especialmente de todas las v韈timas a que se refiere el art韈ulo 3.

2. El departamento competente en materia de memoria democr醫ica contar� con una oficina de v韈timas para el apoyo t閏nico de las mismas y recogida de los testimonios de las personas que padecieron persecuci髇 y de sus familiares, as� como para realizar labores de divulgaci髇 y sensibilizaci髇 sobre los padecimientos y luchas que protagonizaron las v韈timas de la Guerra y de la Dictadura.

Art韈ulo 11 Reconocimiento de la memoria democr醫ica de las mujeres

1. Las administraciones p鷅licas adoptar醤 las medidas y actuaciones necesarias para el reconocimiento del papel activo de las mujeres en la vida intelectual y pol韙ica, en la promoci髇, avance y defensa de los valores democr醫icos y los derechos fundamentales.

2. Las administraciones p鷅licas adoptar醤 las medidas y acciones necesarias para la difusi髇 y conocimiento de las limitaciones y discriminaciones educativas, econ髆icas, sociales y culturales que las mujeres soportaron espec韋icamente durante la guerra y la dictadura y para reconocer a aquellas que las sufrieron.

3. Las administraciones p鷅licas adoptar醤 las medidas necesarias para reparar las formas especiales de represi髇 o violencia de cualquier tipo sufrida por las mujeres como consecuencia de su actividad p鷅lica, pol韙ica, sindical o intelectual, durante la Guerra y la Dictadura, o como madres, compa馿ras o hijas de represaliados o asesinados. Igualmente, se llevar醤 a cabo actuaciones de reconocimiento y reparaci髇 de las mujeres que durante la Guerra y la Dictadura sufrieron privaci髇 de libertad u otras penas como consecuencia de los delitos de adulterio e interrupci髇 voluntaria del embarazo.

Art韈ulo 12 Plan de Memoria Democr醫ica

1. Las actuaciones de la Administraci髇 General del Estado en materia de memoria democr醫ica se articular醤 mediante un Plan de Memoria Democr醫ica, que tendr� car醕ter cuatrienal, y que ser� aprobado por el Gobierno.

2. El Plan contendr� los objetivos y prioridades que deben regir esta pol韙ica durante su per韔do de vigencia y determinar� los recursos financieros que se estimen necesarios para su ejecuci髇.

3. Mediante planes anuales, el departamento competente en materia de memoria democr醫ica desarrollar� los objetivos, prioridades y recursos contenidos en el Plan para el ejercicio correspondiente.

Art韈ulo 13 Consejo Territorial de Memoria Democr醫ica

1. Se crea el Consejo Territorial de Memoria Democr醫ica como 髍gano de cooperaci髇 para la articulaci髇 de la pol韙ica de memoria democr醫ica, en el marco de lo establecido en los art韈ulos 145 a152 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, adscrito al Ministerio competente en materia de memoria democr醫ica.

2. El Consejo Territorial estar� constituido por la persona titular del mencionado Ministerio, que ostentar� su presidencia, y por los Consejeros competentes en materia de memoria democr醫ica de cada una de las comunidades aut髇omas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, y contar� con la participaci髇 de representantes designados por la Federaci髇 Espa駉la de Municipios y Provincias. Su organizaci髇 y funcionamiento se aprobar� por los miembros del Consejo mediante reglamento de r間imen interno.

3. Adem醩 de las funciones del art韈ulo 148.2 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico, y sin perjuicio de las competencias de cada una de las administraciones p鷅licas integrantes, corresponde al Consejo Territorial ejercer las siguientes funciones:

• a) Debatir y, en su caso, acordar el marco de cooperaci髇 interadministrativa para el desarrollo de la ley.
• b) Debatir y, en su caso, acordar planes, proyectos y programas conjuntos.
• c) Facilitar la puesta a disposici髇 de documentos, datos y estad韘ticas comunes.
• d) Informar la normativa estatal de desarrollo de esta ley.
• e) Servir de cauce de cooperaci髇, comunicaci髇 e informaci髇 entre las administraciones p鷅licas.

4. Asimismo, corresponde al Consejo Territorial conseguir la m醲ima coherencia en la determinaci髇 y aplicaci髇 de las diversas pol韙icas ejercidas en materia de memoria democr醫ica por la Administraci髇 General del Estado y las comunidades aut髇omas mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en com鷑 de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos.

Art韈ulo 14 Colaboraci髇 entre administraciones p鷅licas

1. Las actuaciones que lleven a cabo las administraciones p鷅licas en materia de memoria democr醫ica, en sus respectivos 醡bitos competenciales, se regir醤 por el principio de colaboraci髇 y subsidiariedad, y en todo caso respetar醤 el ejercicio leg韙imo por las otras Administraciones de sus competencias.

2. En el marco de colaboraci髇 entre la Administraci髇 General del Estado y las comunidades aut髇omas, se establecer醤 las medidas necesarias para asegurar el intercambio de informaci髇 y la actuaci髇 conjunta en la gesti髇 relativa a la elaboraci髇 y actualizaci髇 de los mapas de fosas y el registro de v韈timas.

Art韈ulo 15 Derecho de las v韈timas a la verdad

1. A efectos de esta ley, se reconoce el derecho de las v韈timas, sus familiares y la sociedad en general, a la verificaci髇 de los hechos y la revelaci髇 p鷅lica y completa de los motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones del Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de los derechos humanos ocurridas con ocasi髇 de la Guerra y de la Dictadura y, en caso de fallecimiento o desaparici髇, acerca de la suerte que corri� la v韈tima y al esclarecimiento de su paradero.

2. Con la finalidad de fomentar el conocimiento cient韋ico imprescindible para el desarrollo de la memoria democr醫ica en los t閞minos definidos en esta ley, la Administraci髇 General del Estado impulsar� la investigaci髇 de todos los aspectos relativos a la Guerra y la Dictadura, as� como de los procesos memoriales que han tenido lugar en el pa韘. Se impulsar醤 investigaciones comparadas que conecten el caso espa駉l con procesos europeos y globales afines.

3. En el fomento de la investigaci髇 hist髍ica sobre los aspectos se馻lados en el apartado anterior, en cumplimiento del mandato establecido en el art韈ulo 44.2 de la Constituci髇, se tendr� en cuenta el papel esencial que desempe馻 el debate hist髍ico para la formaci髇 de una conciencia hist髍ica adecuada a la dignidad de los ciudadanos de una sociedad libre y democr醫ica y la contribuci髇 al mismo de las conclusiones que sean resultado de la aplicaci髇 en la verificaci髇 e interpretaci髇 de los hechos de los usos y m閠odos caracter韘ticos de la ciencia historiogr醘ica. Ello se entender� sin perjuicio de la incertidumbre consustancial al citado debate que deriva del hecho de referirse a sucesos del pasado sobre los que el investigador puede formular hip髏esis o conjeturas al amparo de la libertad de creaci髇 cient韋ica reconocida en el art韈ulo 20.1.b) del Texto Fundamental.

Art韈ulo 16 B鷖queda de personas desaparecidas

1. Corresponder� a la Administraci髇 General del Estado la b鷖queda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones p鷅licas relacionadas con dicha actividad.

2. Dichas tareas se llevar醤 a cabo de forma gradual y se apoyar醤 en mapas de localizaci髇 de personas desaparecidas. Para su desarrollo, el departamento competente en materia de memoria democr醫ica elaborar� planes plurianuales de b鷖queda, localizaci髇, exhumaci髇 e identificaci髇 de los mismos.

3. Se har醤 p鷅licos en el portal de internet del departamento competente en materia de memoria democr醫ica los datos de exhumaci髇 anual, que incluir醤 la cifra de peticiones registradas, el n鷐ero de fosas y restos de personas localizadas, as� como el n鷐ero de prospecciones sin resultado positivo.

4. Las actividades de indagaci髇, localizaci髇 e identificaci髇 de las personas desaparecidas durante la Guerra o la represi髇 pol韙ica posterior y cuyo paradero se ignore, realizadas por las v韈timas o aquellas entidades que incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus fines, podr醤 contar con la colaboraci髇 de las administraciones p鷅licas, en el marco de la pol韙ica p鷅lica de b鷖queda de personas desaparecidas y la planificaci髇 establecida, a trav閟 de los mecanismos de financiaci髇 y ayuda que se establezcan.

Art韈ulo 17 Mapa integrado de localizaci髇 de personas desaparecidas

1. La Administraci髇 General del Estado confeccionar� un mapa integrado de localizaci髇 de personas desaparecidas que comprenda todo el territorio espa駉l, al que se incorporar醤 los datos remitidos por las distintas administraciones p鷅licas competentes.

2. La documentaci髇 cartogr醘ica y geogr醘ica ser� actualizada peri骴icamente y tendr� car醕ter p鷅lico.

3. Las zonas incluidas en los mapas de localizaci髇 de restos ser醤 objeto de una preservaci髇 especial en los t閞minos que reglamentariamente se establezcan y de acuerdo con la normativa aplicable.

4. Toda georreferenciaci髇, cartograf韆 o geolocalizaci髇 realizada al amparo de la presente ley se efectuar� en el sistema geod閟ico de referencia oficial en Espa馻.

Art韈ulo 18 Autorizaci髇 de las actividades de localizaci髇, exhumaci髇 e identificaci髇 de personas desaparecidas

1. Las actividades de localizaci髇, exhumaci髇 e identificaci髇 de personas desaparecidas requerir醤 la previa obtenci髇 de una autorizaci髇 administrativa.

2. En el ejercicio de las competencias respectivas, el procedimiento se incoar� de oficio por la Administraci髇 General del Estado, en defecto de normativa auton髆ica sectorial aplicable, o por la comunidad aut髇oma en cuyo territorio se ubiquen los restos, o bien a instancia de las entidades locales, o de las siguientes personas y entidades:

• a) La persona que fue c髇yuge o persona ligada por an醠oga relaci髇 de afectividad, sus descendientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta el cuarto grado.
• b) Las entidades memorialistas y las asociaciones de familiares de v韈timas.
• c) Cualesquiera otras personas y entidades que acrediten un inter閟 leg韙imo.

3. En el caso de las personas y entidades referidas en el apartado anterior, la solicitud razonada deber� acompa馻rse de las pruebas documentales o de la relaci髇 de indicios que la justifiquen.

4. Con car醕ter previo a la correspondiente resoluci髇 de autorizaci髇, la administraci髇 competente deber� acordar un periodo de informaci髇 p鷅lica, en los t閞minos del art韈ulo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. La administraci髇 que tramite el procedimiento deber� ponderar la existencia de oposici髇 a la exhumaci髇 por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyos restos deban en su caso ser trasladados.

5. La falta de resoluci髇 expresa en el plazo de seis meses desde la iniciaci髇 del procedimiento habilita a los interesados a tener por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

6. En todo lo no previsto por la presente ley, el procedimiento de localizaci髇, y en su caso exhumaci髇 e identificaci髇 se regir� por las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

Art韈ulo 19 Protocolos de actuaci髇

Las actividades de localizaci髇, exhumaci髇 e identificaci髇 de restos de personas desaparecidas se realizar醤 siguiendo los oportunos protocolos adoptados por las administraciones p鷅licas competentes.

Art韈ulo 20 Acceso a los terrenos afectados por trabajos de localizaci髇 e identificaci髇

1. En el caso de terrenos de titularidad privada, los descendientes, o las organizaciones legitimadas, deber醤 solicitar el consentimiento de los titulares de derechos afectados sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si no se obtuviere dicho consentimiento, las administraciones p鷅licas podr醤 autorizar la ocupaci髇 temporal, conforme a la normativa aplicable, y siempre tras audiencia de los titulares de derechos afectados, con consideraci髇 de sus alegaciones, y fijando la correspondiente indemnizaci髇 a cargo de los ocupantes.

2. La realizaci髇 de las actividades de localizaci髇 y eventual identificaci髇 o traslado de los restos de las personas desaparecidas se constituye en fin de utilidad p鷅lica e inter閟 social, a los efectos de permitir, en su caso y de acuerdo con los art韈ulos 108 a119 de la Ley de Expropiaci髇 Forzosa, la ocupaci髇 temporal de los terrenos donde deban realizarse.

3. Para las actividades determinadas en el apartado anterior, las autoridades competentes autorizar醤, salvo causa justificada de inter閟 p鷅lico, la ocupaci髇 temporal de los terrenos de titularidad p鷅lica conforme a la normativa aplicable.

4. En el 醡bito de las competencias de la Administraci髇 General del Estado, los procedimientos administrativos para autorizar las actividades de localizaci髇 e identificaci髇 o para el acceso a los terrenos afectados por trabajos de localizaci髇 e identificaci髇, no estar醤 sujetos a ning鷑 tipo de tasa, canon o gravamen.

Art韈ulo 21 Hallazgo casual de restos humanos

1. En el caso de que por azar una persona descubra restos que puedan corresponder a las personas desaparecidas a las que se refiere el art韈ulo 16, deber� comunicarlo de forma inmediata bien a la autoridad administrativa, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o al Juzgado, quienes deber醤 ponerlo en conocimiento, a la mayor brevedad posible, de las autoridades competentes en materia de memoria democr醫ica.

2. Corresponde a las administraciones competentes preservar, delimitar y vigilar la zona de aparici髇 de los restos.

Art韈ulo 22 Resultado de las intervenciones

1. Los hallazgos de restos se pondr醤 inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal y las autoridades administrativas y judiciales competentes.

2. El traslado de restos humanos como consecuencia de los procedimientos de localizaci髇 o por hallazgo casual requerir� autorizaci髇 de la administraci髇 competente, sin perjuicio de lo que la autoridad judicial pueda disponer.

3. La Administraci髇 General del Estado o, en su caso, las administraciones competentes, realizar醤 los estudios antropol骻icos forenses y las pruebas gen閠icas que permitan la identificaci髇 de los restos 髎eos exhumados.

4. Los restos que hayan sido objeto de exhumaci髇 y no fuesen reclamados, ser醤 inhumados en el cementerio correspondiente del t閞mino municipal en que se encontraran, salvo imposibilidad justificada.

5. El Ministerio Fiscal promover� la inscripci髇 de fallecimiento con arreglo a lo establecido en la legislaci髇 aplicable en materia de registro civil.

6. La restituci髇 de los restos exhumados a sus familiares se realizar� en todo caso en presencia de un representante de los poderes p鷅licos designado por la administraci髇 competente.

7. Se guardar� el debido respeto en todo momento al derecho a la intimidad, la dignidad, las convicciones 閠icas, filos骹icas, culturales o religiosas de la v韈tima que sean conocidas por sus familiares y al dolor de estos y su necesario y correcto acompa馻miento.

8. Cuando no sea posible la recuperaci髇 de los restos de la persona desaparecida, las administraciones competentes garantizar醤 que las v韈timas reciban un trato digno y toda la informaci髇 sobre el resultado de las actuaciones.

Art韈ulo 23 Creaci髇 del Banco Estatal de ADN de V韈timas de la Guerra y la Dictadura

1. Se crea el Banco Estatal de ADN de V韈timas de la Guerra y la Dictadura como una Base de datos de ADN de car醕ter estatal, adscrito al Ministerio de Justicia, que tendr� por funci髇 la recepci髇 y almacenamiento de los perfiles de ADN de v韈timas de la Guerra y la Dictadura y sus familiares, as� como de las personas afectadas por la sustracci髇 de reci閚 nacidos, a fin de poder comparar dichos perfiles de ADN con vistas a la identificaci髇 gen閠ica de las v韈timas. Su actividad contar� con las suficientes garant韆s de privacidad. Al crearla, se garantizar� que en la misma se incluir醤 los datos de inter閟 ya existentes en la base de datos 玃erfiles de ADN de personas afectadas por la sustracci髇 de reci閚 nacidos� del Ministerio de Justicia.

2. La aportaci髇 de muestras biol骻icas por parte de los familiares para la obtenci髇 de los perfiles de ADN, previa acreditaci髇 de tal condici髇, ser� en todo caso voluntaria y gratuita.

3. Se garantizar� la colaboraci髇 entre este Banco Estatal de ADN, el Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses, los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y los laboratorios de ADN designados por las distintas comunidades aut髇omas. Para su funcionamiento podr醤 colaborar los representantes de las asociaciones de v韈timas legalmente constituidas, facilitando la obtenci髇 de muestras dentro de su 醡bito de actuaci髇. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podr醤 colaborar informando a las personas interesadas sobre la existencia de la base de datos de ADN y en los tr醡ites de inclusi髇 de muestras.

4. Las personas afectadas por una posible sustracci髇 de un ni駉 o ni馻 cuya denuncia haya sido admitida por los hechos objeto de esta ley, podr醤 solicitar que les sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y compararlas con los datos que se almacenen en la Base de datos. En la Base de datos de ADN tambi閚 se conservar醤 las muestras de restos 髎eos de las distintas exhumaciones llevadas a cabo, con su secuencia de ADN, y los perfiles gen閠icos de las personas afectadas por la sustracci髇 de reci閚 nacidos: familiares, fundamentalmente madres y padres biol骻icos, que buscan a sus hijas e hijos, as� como hijos e hijas adoptivos que buscan a sus familiares biol骻icos.

5. Reglamentariamente se establecer醤 los requisitos y procedimientos para asegurar los aspectos 閠icos y de bioseguridad, as� como el r間imen de organizaci髇 y funcionamiento del Banco Estatal de ADN.

Art韈ulo 24 Comunicaci髇 al Ministerio Fiscal

La Administraci髇 General del Estado pondr� en conocimiento del Ministerio Fiscal la existencia de indicios de comisi髇 de delitos que se aprecien con ocasi髇 de las localizaciones e identificaciones a que se refiere esta ley.

Art韈ulo 25 Centro Documental de la Memoria Hist髍ica

1. El Centro Documental de la Memoria Hist髍ica, de titularidad y gesti髇 estatal, dependiente del Ministerio competente en materia de cultura, y con sede en la ciudad de Salamanca, tendr� la consideraci髇 de Lugar de Memoria Democr醫ica, de acuerdo con la definici髇 del art韈ulo 49 de la presente ley.

2. El Centro Documental de la Memoria Hist髍ica tiene el objetivo de custodiar, mantener, tratar t閏nicamente mediante las normas y est醤dares internacionales profesionales correspondientes para hacer accesibles y difundir adecuadamente los fondos documentales y bibliogr醘icos y el resto de los bienes muebles que posee, producidos y acumulados entre 1937 y 1977 e incluidos en el Archivo General de la Guerra Civil, as� como los incorporados en fechas posteriores e integrados, igualmente, en el mismo.

3. Adem醩, tiene la finalidad de reunir, recuperar, integrar, tratar y difundir los fondos documentales y bibliogr醘icos originales o copias fidedignas de los mismos, los testimonios orales y otros bienes que la Administraci髇 General del Estado pueda obtener por cualquier otro medio y que as� se determine, relativos al periodo hist髍ico comprendido entre 1936 y 1978, fundamentalmente para que sean puestos a disposici髇 de las personas interesadas en su consulta, de los investigadores e investigadoras y de la ciudadan韆 en general, mediante actividades muse韘ticas, archiv韘ticas, cient韋icas, pedag骻icas y cuantas sean necesarias para proporcionarles el conocimiento de nuestra historia reciente.

4. El Centro Documental de la Memoria Hist髍ica recibir� un ejemplar de los proyectos subvencionados en materia de memoria democr醫ica por la Administraci髇 General del Estado, as� como sus correspondientes resultados. Los beneficiarios de estas subvenciones estar醤 obligados a:

• a) Garantizar el acceso p鷅lico a los proyectos en las condiciones y plazos que se establezcan conjuntamente.
• b) Autorizar la difusi髇 a trav閟 de la plataforma institucional del Ministerio competente en materia de cultura y del sitio web, la plataforma o el recolector que en su caso disponga el Ministerio competente en materia de memoria democr醫ica de la informaci髇 proporcionada como resultado de la realizaci髇 de los proyectos subvencionados. La difusi髇 de la informaci髇 en ning鷑 caso supondr� merma o menoscabo de los derechos de propiedad intelectual.

5. Los fondos bibliogr醘icos del Centro Documental de la Memoria Hist髍ica se integrar醤 en el cat醠ogo colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales, con las descripciones bibliogr醘icas de los fondos de las bibliotecas que forman la Red.

6. Los fondos muse韘ticos y obras del patrimonio art韘tico del Centro Documental de la Memoria Hist髍ica se integrar醤 en la Red Digital de Colecciones de Museos de Espa馻.

7. El Centro Documental de la Memoria Hist髍ica fomentar� y contribuir� a la difusi髇 y divulgaci髇 nacional e internacional de sus fondos y de las actividades y proyectos en materia de memoria democr醫ica.

8. El Centro Documental de la Memoria Hist髍ica firmar� convenios de colaboraci髇 con comunidades aut髇omas, entidades y fundaciones ubicadas en territorio espa駉l o fuera de 閘, que trabajen en los mismos objetivos, contengan documentos o realicen actividades relacionadas con el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura a fin de crear un Centro Virtual de Documentaci髇, que recoja los documentos y archivos sobre esta etapa, independientemente del lugar en que se encuentren los archivos y documentos.

Art韈ulo 26 Adquisici髇, protecci髇 y difusi髇 de los documentos de archivo y de otros documentos con informaci髇 sobre el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura

1. La Administraci髇 General del Estado aprobar�, un programa de convenios y otros instrumentos jur韉icos para la adquisici髇 de documentos referidos al golpe de Estado, la Guerra o a la represi髇 pol韙ica subsiguiente que obren en archivos p鷅licos o privados, nacionales o extranjeros, ya sean originales o copias que puedan archivarse y dar a conocer o reproducir hechos, palabras, datos o cifras con fidelidad al original. Los mencionados fondos documentales se incorporar醤 al Archivo General de la Guerra Civil Espa駉la del Centro Documental de la Memoria Hist髍ica o al archivo que as� se determine de manera motivada. Asimismo, la Administraci髇 General del Estado firmar� Convenios de colaboraci髇 con los Centros Documentales que existan en las comunidades aut髇omas, as� como con entidades y fundaciones que trabajen en los objetivos recogidos en esta ley.

2. De conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 49.5 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l, los documentos obrantes en archivos p鷅licos y privados relativos al golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura se declaran constitutivos del Patrimonio Documental, sin perjuicio de lo dispuesto en el art韈ulo 27.

3. Los poderes p鷅licos adoptar醤 las medidas necesarias para la protecci髇, el inventario de los bienes, garantizar la integridad y el tratamiento t閏nico mediante la descripci髇 archiv韘tica de estos documentos y la catalogaci髇 bibliogr醘ica, seg鷑 corresponda, y su restauraci髇 en los casos de mayor deterioro o riesgo de p閞dida por su delicado estado de conservaci髇. Dentro de los programas de tratamiento archiv韘tico integral de los fondos documentales se potenciar� la conservaci髇 tanto preventiva como permanente.

4. Los documentos utilizados para la funci髇 investigadora y de reparaci髇 relacionados con la guerra y la dictadura, en base al inter閟 p鷅lico, ser醤 descritos, catalogados y digitalizados, d醤dose traslado de esta documentaci髇, a trav閟 de una copia aut閚tica y fidedigna en cualquier soporte incluido el electr髇ico, al Centro Documental de la Memoria Hist髍ica o al archivo o instituci髇 que as� se determine de manera motivada.

5. Para las actuaciones referidas en este art韈ulo, la Administraci髇 General del Estado habilitar� en el 醡bito de sus competencias dotaciones presupuestarias espec韋icas.

6. Los archivos y documentaci髇 del gobierno de la Dictadura, en particular del Jefe del Estado, que se encuentren en poder de entidades privadas o personas f韘icas, se incorporar醤, una vez superados los tr醡ites legales, al Centro Documental de la Memoria Hist髍ica o al archivo del organismo p鷅lico que se determine de manera motivada.

Art韈ulo 27 Derecho de acceso y consulta de los documentos de archivo sobre el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura

1. A los efectos de lo previsto en esta ley, se garantiza el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos p鷅licos y privados, as� como la consulta de documentos hist髍icos integrantes de series documentales o de colecciones de bienes del Patrimonio Documental sobre el golpe de Estado, la Guerra, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera antifranquista, el exilio, el internamiento de espa駉les en campos de concentraci髇 durante la Segunda Guerra Mundial y sobre la transici髇 hasta la entrada en vigor de la Constituci髇 de 1978, con independencia del tipo de archivo en que se custodien.

2. Cualquier persona tendr� derecho a consultar 韓tegramente la informaci髇 existente en los documentos que acrediten o puedan acreditar su condici髇 de v韈timas, pudiendo consultar tambi閚 los datos personales de terceros que puedan aparecer en dichos documentos con independencia de la fecha de los mismos. Estas personas tendr醤 derecho a obtener copia, exenta de tasas, de todos los documentos en que sean mencionadas y que vayan a incorporar al procedimiento de declaraci髇 de reconocimiento y reparaci髇 personal contemplada en el art韈ulo 6 de esta ley, as� como para cualquier otra demanda de reparaci髇 a la que tuvieran derecho.

3. La consulta de los documentos sobre el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura generados y reunidos por los diferentes departamentos ministeriales de la Administraci髇 General del Estado y dem醩 entidades del sector p鷅lico estatal, con independencia de la administraci髇 p鷅lica o de la instituci髇 que los gestione, se rige por lo establecido en el art韈ulo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, y las normas reglamentarias que regulan el Sistema de Archivos de la Administraci髇 General del Estado y de sus Organismos P鷅licos y su r間imen de acceso.

4. Los documentos de la Administraci髇 de Justicia y de los archivos judiciales sobre el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, una vez que cumplieron su funci髇 a disposici髇 del 髍gano jurisdiccional correspondiente por haber concluido el procedimiento, tienen la condici髇 de bienes del patrimonio documental estatal y su consulta se rige, igualmente, por las disposiciones se馻ladas en el apartado anterior.

5. Lo previsto en los apartados anteriores ser� de aplicaci髇, en lo que resulte procedente, a los archivos privados sostenidos, total o parcialmente, mediante fondos p鷅licos, de acuerdo con las leyes y normas que regulan el acceso a los documentos de los archivos de titularidad privada y resulten de aplicaci髇 a los centros de esta naturaleza en los Sistemas Archiv韘ticos de las Comunidades Aut髇omas que corresponda en cada caso, o en el Sistema Espa駉l de Archivos.

6. El derecho general de acceso a los documentos en los archivos comprende tanto el acceso directo a los documentos en cuesti髇 como el de obtener copias y certificados de los mismos. En el 醡bito de las competencias de la Administraci髇 General del Estado, la realizaci髇 de autocopias u obtenci髇 de copias electr髇icas en el desarrollo de trabajos de investigaci髇 no estar醤 sujetas a ning鷑 tipo de tasa, canon o gravamen.

7. El Ministerio competente en materia de cultura, en colaboraci髇 con el Ministerio competente en materia de memoria democr醫ica y con el resto de las administraciones p鷅licas, crear� en el plazo de un a駉 a partir de la aprobaci髇 de esta ley, en el Censo de los bienes integrantes del Patrimonio Documental que establece el art韈ulo 51.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, una secci髇 espec韋ica denominada Censo de fondos documentales para la Memoria Democr醫ica, que incluya todo lo relacionado con la represi髇 y la violaci髇 de los derechos humanos. A este Censo se incorporar醤:

• a) Los datos correspondientes a los archivos, fondos y colecciones documentales de titularidad p鷅lica o privada con documentos producidos o reunidos entre los a駉s 1936 y 1978 relativos al golpe de Estado, la Guerra y a la Dictadura.
• b) Los fondos documentales generados por las organizaciones clandestinas y los movimientos de resistencia a la dictadura franquista, as� como los fondos documentales de organismos de investigaci髇 sobre el pasado, de asociaciones de defensa de los derechos humanos o de organizaciones y movimientos feministas y pacifistas relacionados con el per韔do de la Guerra y la Dictadura, con independencia de las fechas a que correspondan sus documentos.

Gozar醤 de singular protecci髇 y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Documental que sean declarados de inter閟 cultural mediante Real Decreto de forma individualizada.

8. El mantenimiento del Censo de fondos documentales para la Memoria Democr醫ica conllevar� la puesta a disposici髇 online de toda la informaci髇 relativa a esos archivos y recursos documentales y la consulta unificada de los instrumentos de descripci髇 sobre los mismos, as� como la interoperabilidad con otros repositorios y recolectores de informaci髇 archiv韘tica en acceso abierto.

Art韈ulo 28 Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democr醫ica

Se crea un Fiscal de Sala para la investigaci髇 de los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasi髇 del golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura. A este Fiscal de Sala se le atribuir醤 asimismo funciones de impulso de los procesos de b鷖queda de las v韈timas de los hechos investigados, en coordinaci髇 con los 髍ganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia, para lograr su debida identificaci髇 y localizaci髇.

Art韈ulo 29 Derecho a la investigaci髇

1. El Estado garantizar� el derecho a la investigaci髇 de las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasi髇 de la Guerra y la Dictadura, as� como el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constituci髇 Espa駉la. El Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democr醫ica intervendr� en su caso en defensa de la legalidad y los derechos humanos.

2. Se garantizar� la tutela judicial en los procedimientos encaminados a la obtenci髇 de una declaraci髇 judicial sobre la realidad y las circunstancias de hechos pasados determinados relacionados con las v韈timas a que se refiere el art韈ulo 3.1.

3. El Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democr醫ica, en el ejercicio de sus funciones, promover� las inscripciones en el Registro Civil de las defunciones de las personas desaparecidas como consecuencia de la Guerra y la represi髇 ejercida en la Dictadura posterior.

Art韈ulo 30 Reparaci髇 integral

1. Las v韈timas de la Guerra y la Dictadura definidas en esta ley tienen derecho al reconocimiento y la reparaci髇 integral por parte del Estado.

2. La Administraci髇 General del Estado desarrollar� un conjunto de medidas de restituci髇, rehabilitaci髇 y satisfacci髇, orientadas al restablecimiento de los derechos de las v韈timas en sus dimensiones individual y colectiva.

Art韈ulo 31 Incautaciones de bienes y sanciones econ髆icas

1. Se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones econ髆icas producidas por razones pol韙icas, ideol骻icas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura, en los t閞minos que se establezcan legalmente, as� como en la normativa de desarrollo.

2. La Administraci髇 General del Estado promover� las iniciativas necesarias para la investigaci髇 de las incautaciones producidas por razones pol韙icas, ideol骻icas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura y, en particular, realizar� una auditor韆 de los bienes expoliados en dicho periodo, incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, as� como la imposici髇 de sanciones econ髆icas en aplicaci髇 de la normativa de responsabilidades pol韙icas. Esta auditor韆 incluir� un inventario de bienes y derechos incautados. La auditor韆 deber� llevarse a cabo en el plazo de un a駉 desde la entrada en vigor de la presente ley. La referida auditor韆 incluir� los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial de los que fueran titulares los Ateneos, Cooperativas y entes asimilados.

3. Una vez finalizada la auditor韆 a que se refiere el apartado anterior, se implementar醤 las posibles v韆s de reconocimiento a los afectados, independientemente de lo previsto a este respecto en el art韈ulo 5.4 de la presente ley.

Art韈ulo 32 Trabajos forzados

1. La Administraci髇 General del Estado impulsar� actuaciones para el reconocimiento y reparaci髇 a las v韈timas que realizaron trabajos forzados, como la se馻lizaci髇 de los lugares directamente relacionados con los trabajos forzados, de forma que se permitan su identificaci髇 y el recuerdo de lo sucedido, as� como impulsar iniciativas por parte de las organizaciones o empresas respecto de las que se constate, a trav閟 de la realizaci髇 de un censo, que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio para que adopten medidas en ese sentido.

2. La Administraci髇 General del Estado, en colaboraci髇 con las dem醩 administraciones p鷅licas, confeccionar� un inventario de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, as� como por prisioneros en campos de concentraci髇, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas.

Art韈ulo 33 Concesi髇 de la nacionalidad espa駉la a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales

1. A los efectos del art韈ulo 21.1 del C骴igo Civil se entiende que concurren circunstancias excepcionales en los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra de 1936 a 1939 para la adquisici髇 de la nacionalidad espa駉la por carta de naturaleza, no si閚doles de aplicaci髇 la exigencia de renuncia a su anterior nacionalidad requerida en el art韈ulo 23.b) del C骴igo Civil. Asimismo se entender� que concurren las mismas circunstancias en los descendientes de los brigadistas que acrediten una labor continuada de difusi髇 de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en Espa馻.

2. Los requisitos y el procedimiento a seguir para la adquisici髇 de la nacionalidad espa駉la por parte de las personas mencionadas en el apartado anterior ser醤 los establecidos reglamentariamente.

Art韈ulo 34 Deber de memoria

Con el objeto de preservar en la memoria colectiva los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismo, las administraciones p鷅licas desarrollar醤 todas aquellas medidas destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, puedan volver a repetirse.

Art韈ulo 35 S韒bolos y elementos contrarios a la memoria democr醫ica

1. Se consideran elementos contrarios a la memoria democr醫ica las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios p鷅licos o situados en la v韆 p鷅lica en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltaci髇, personal o colectiva, de la sublevaci髇 militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboraci髇 entre el r間imen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.

2. Asimismo, ser醤 considerados elementos contrarios a la memoria democr醫ica las referencias realizadas en top髇imos, en el callejero o en las denominaciones de centros p鷅licos, de la sublevaci髇 militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboraci髇 entre el r間imen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.

3. Las administraciones p鷅licas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptar醤 las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos.

4. Cuando los elementos contrarios a la memoria democr醫ica est閚 ubicados o colocados en edificios de car醕ter p鷅lico, las instituciones o personas jur韉icas titulares de los mismos ser醤 responsables de su retirada o eliminaci髇. Carecer醤 de visibilidad los retratos u otras manifestaciones art韘ticas de militares y ministros asociados a la sublevaci髇 militar o al sistema represivo de la Dictadura. A tal efecto, no podr醤 mostrarse en lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en 醨eas de acceso al p鷅lico.

5. Cuando los elementos contrarios a la memoria democr醫ica est閚 ubicados en edificios de car醕ter privado o religioso, pero con proyecci髇 a un espacio o uso p鷅lico, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deber醤 retirarlos o eliminarlos, en la forma establecida en el presente art韈ulo.

6. Lo previsto en los apartados anteriores no ser� de aplicaci髇 cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltaci髇 de los enfrentados, o cuando concurran razones art韘ticas o arquitect髇icas protegidas por la ley.

A efectos de lo dispuesto en el p醨rafo anterior, concurrir醤 razones art韘ticas cuando se trate de elementos con singular valor art韘tico que formen parte de un bien integrante del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l. 趎icamente se considerar� que concurren razones arquitect髇icas cuando el elemento sea fundamental para la estructura del inmueble, de tal modo que su retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del inmueble o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservaci髇.

En el caso de que concurran razones art韘ticas o arquitect髇icas que obliguen al mantenimiento de los referidos elementos, habr� de incorporarse una menci髇 orientada a la reinterpretaci髇 de dicho elemento conforme a la memoria democr醫ica.

7. Los elementos retirados de los edificios de titularidad p鷅lica se depositar醤, garantizando el cese de su exhibici髇 p鷅lica, en dependencias que habr醤 de comunicarse al departamento competente en materia de memoria democr醫ica, debi閚dose realizar y actualizar un registro de los mismos.

Art韈ulo 36 Cat醠ogo de s韒bolos y elementos contrarios a la memoria democr醫ica

1. La Administraci髇 General del Estado confeccionar� en colaboraci髇 con el resto de las administraciones p鷅licas un cat醠ogo de s韒bolos y elementos contrarios a la memoria democr醫ica, al que se incorporar醤 en todo caso los datos suministrados por las comunidades aut髇omas, y contendr� la relaci髇 de elementos que deban ser retirados o eliminados, en los t閞minos del art韈ulo 35.

2. Podr醤 incluirse en el mismo aquellos elementos que se soliciten por las v韈timas, sus familiares o las entidades memorialistas, en defensa de su derecho al honor y la dignidad, o resulten de estudios y trabajos de investigaci髇.

3. Las solicitudes contendr醤 la descripci髇 f韘ica del elemento, con fotograf韆 y exacta ubicaci髇 del mismo, as� como las razones fundamentalmente historiogr醘icas por las que debe considerarse contrario a la memoria democr醫ica.

4. El procedimiento para la confecci髇 del cat醠ogo de s韒bolos y elementos contrarios a la memoria democr醫ica ser� establecido reglamentariamente.

5. Anualmente la Administraci髇 General del Estado publicar� las actualizaciones del cat醠ogo, as� como las actuaciones realizadas.

Art韈ulo 37 Procedimiento de retirada o eliminaci髇 de elementos contrarios a la memoria democr醫ica

1. No habi閚dose producido la retirada o eliminaci髇 de los elementos incluidos en el cat醠ogo a que se refiere el art韈ulo anterior, de manera voluntaria, la administraci髇 p鷅lica competente incoar� de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos.

2. En todo caso se dar� tr醡ite de audiencia a las personas interesadas por un plazo de quince d韆s h醔iles.

3. El procedimiento se resolver� y se notificar� su resoluci髇 en el plazo m醲imo de seis meses desde la fecha de su incoaci髇.

La resoluci髇 por la que se acuerde la retirada de elementos y s韒bolos contrarios a la memoria democr醫ica recoger� siempre el plazo para efectuarla, no siendo este superior a tres meses.

4. Para la ejecuci髇 de lo ordenado, la administraci髇 competente podr� imponer multas coercitivas, hasta diez sucesivas por per韔dos de un mes y en cuant韆 de 200 a 1.000 euros, seg鷑 la entidad del elemento a retirar, con sujeci髇 a lo establecido en el art韈ulo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

5. Alternativamente, o una vez impuestas las multas del apartado anterior, la administraci髇 competente podr� realizar la retirada subsidiariamente, de acuerdo con lo previsto en el art韈ulo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

Art韈ulo 38 Actos p鷅licos contrarios a la memoria democr醫ica

1. Sin perjuicio de derecho de reuni髇 pac韋ica y sin armas, regulado por la Ley Org醤ica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reuni髇, se considerar醤 actos contrarios a la memoria democr醫ica la realizaci髇 de actos efectuados en p鷅lico que entra馿n descr閐ito, menosprecio o humillaci髇 de las v韈timas o de sus familiares, y supongan exaltaci髇 personal o colectiva, de la sublevaci髇 militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al r間imen dictatorial.

A tal efecto, si en la celebraci髇 de un acto p鷅lico de esa naturaleza se advirtieran hechos que pudieran ser constitutivos de delito, las autoridades competentes pondr醤 los mismos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

2. En los casos en los que la convocatoria comunicada vaya a producirse en la proximidad de las zonas incluidas en los mapas de fosas, los lugares de memoria democr醫ica, as� como de los monumentos o elementos an醠ogos erigidos en recuerdo y reconocimiento de las v韈timas, los ayuntamientos informar醤 sobre este extremo a los efectos de las previsiones del art韈ulo 9.2 de la Ley Org醤ica 9/1983, de 15 de julio.

3. Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podr醤 ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso p鷅lico, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realizaci髇 de actos p鷅licos de exaltaci髇, enaltecimiento o conmemoraci髇 de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura. Corresponder� a las administraciones p鷅licas garantizar lo dispuesto en este apartado.

Art韈ulo 39 Privaci髇 de subvenciones

1. Conforme al ordenamiento jur韉ico, las administraciones p鷅licas no subvencionar醤 a aquellas personas f韘icas o jur韉icas, p鷅licas o privadas, sancionadas por resoluci髇 administrativa firme por atentar, alentar o tolerar pr醕ticas en contra de la memoria democr醫ica, en los t閞minos y plazos previstos en el t韙ulo IV de esta ley.

2. Las administraciones p鷅licas en ning鷑 caso podr醤 otorgar subvenciones que tengan por objeto la realizaci髇 de una actividad o el cumplimiento de una finalidad que atente, aliente o tolere pr醕ticas calificadas como infracciones en el t韙ulo IV de esta ley.

3. A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en este art韈ulo, por el departamento competente en materia de memoria democr醫ica se establecer� una base de datos para el seguimiento y comprobaci髇 de los supuestos de aquellas personas f韘icas o jur韉icas, p鷅licas o privadas, que hayan sido sancionadas por resoluci髇 administrativa firme en aplicaci髇 de esta ley.

Art韈ulo 40 Revisi髇 de reconocimientos, honores y distinciones

Las administraciones p鷅licas, en el ejercicio de sus competencias y con arreglo a los correspondientes procedimientos, adoptar醤 las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesi髇 de reconocimientos, honores y distinciones anteriores a la entrada en vigor de esta ley que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democr醫icos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltaci髇 o enaltecimiento de la sublevaci髇 militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represi髇 de la dictadura franquista.

Art韈ulo 41 Supresi髇 de t韙ulos nobiliarios

1. En atenci髇 al objeto de esta ley quedan suprimidos los siguientes t韙ulos nobiliarios y grandezas de Espa馻 concedidos entre 1948 y 1978:

• 1. Duque de Primo de Rivera, con Grandeza de Espa馻.
• 2. Duque de Calvo Sotelo, con Grandeza de Espa馻.
• 3. Duque de Mola, con Grandeza de Espa馻.
• 4. Conde del Alc醶ar de Toledo, con Grandeza de Espa馻.
• 5. Conde de Labajos.
• 6. Marqu閟 de D醰ila y la Grandeza de Espa馻 que se le une.
• 7. Marqu閟 de Saliquet.
• 8. Marqu閟 de Queipo de Llano.
• 9. Marqu閟 de Albor醤.
• 10. Conde del Jarama.
• 11. Marqu閟 de Varela de San Fernando.
• 12. Conde de Benjumea.
• 13. Marqu閟 de Somosierra.
• 14. Grandeza de Espa馻 otorgada al conde de Rodezno.
• 15. Marqu閟 de San Leonardo de Yag黣.
• 16. Conde de la Cierva.
• 17. Marqu閟 de Vig髇.
• 18. Conde de Fenosa.
• 19. Conde del Castillo de la Mota.
• 20. Marqu閟 de Suanzes.
• 21. Marqu閟 de Kindel醤.
• 22. Conde de Pallasar.
• 23. Marqu閟 de Casa Cervera.
• 24. Conde de Mart韓 Moreno.
• 25. Marqu閟 de Bilbao Egu韆.
• 26. Grandeza de Espa馻 a don Fernando Su醨ez de Tangil y de Angulo.
• 27. Conde de Bau.
• 28. Duque de Carrero Blanco, con Grandeza de Espa馻.
• 29. Se駉r韔 de Meir醩, con Grandeza de Espa馻.
• 30. Duque de Franco, con Grandeza de Espa馻.
• 31. Marqu閟 de Arias Navarro, con Grandeza de Espa馻.
• 32. Conde de Rodr韌uez de Valc醨cel.
• 33. Conde de lturmendi.

2. Queda suprimida la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.

Art韈ulo 42 Revisi髇 y revocaci髇 de condecoraciones y recompensas

1. Las condecoraciones y recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, podr醤 revisarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes o despu閟 de la concesi髇, con motivo de haber formado parte del aparato de represi髇 de la dictadura franquista, hubiera realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democr醫icos y los principios rectores de protecci髇 de los derechos humanos, as� como con los requisitos para su concesi髇.

2. Dichos actos o conductas podr醤 resultar de sentencia penal firme, de diligencias judiciales, de la Fiscal韆 o policiales, de la imposici髇 de sanci髇 disciplinaria firme o de cualquier otro medio de prueba admisible en derecho.

3. La revocaci髇 de las recompensas concedidas antes de la entrada en vigor de esta ley exigir� la tramitaci髇 de un procedimiento contradictorio, que solo podr� iniciarse de oficio y a iniciativa del titular del departamento competente, y se instruir� y resolver� por los 髍ganos competentes para tramitar los procedimientos de concesi髇.

4. La revisi髇 y revocaci髇 tambi閚 podr� llevarse a cabo a t韙ulo p髎tumo cuando la persona condecorada ya hubiera fallecido. En todo caso, la retirada determinar� la p閞dida de todos los derechos anejos a la recompensa, incluso los econ髆icos, y producir� efectos a partir de la notificaci髇 de la resoluci髇 que la declare.

Art韈ulo 43 Finalidad de fomento de las pol韙icas de memoria democr醫ica

Las acciones de la Administraci髇 General del Estado en materia de memoria democr醫ica se orientar醤 en todo caso al fomento de los valores democr醫icos y de convivencia. En todo caso, se garantizar� que cuenten con un componente pedag骻ico adecuado al 醡bito en el que se desarrollen.

Art韈ulo 44 Medidas en materia educativa y de formaci髇 del profesorado

1. El sistema educativo espa駉l incluir� entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democr醫ica espa駉la y la lucha por los valores y libertades democr醫icas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represi髇 que se produjo durante la Guerra y la Dictadura.

A tal efecto, se proceder� a la actualizaci髇 de los contenidos curriculares para Educaci髇 Secundaria Obligatoria, Formaci髇 Profesional y Bachillerato.

2. Las administraciones educativas adoptar醤 las medidas necesarias para que en los planes de formaci髇 inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualizaci髇 cient韋ica, did醕tica y pedag骻ica en relaci髇 con el tratamiento escolar de la memoria democr醫ica, impulsando asimismo en la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparaci髇 y la no repetici髇.

Art韈ulo 45 Medidas en materia de investigaci髇

La Administraci髇 General del Estado, en colaboraci髇 con las universidades, los organismos p鷅licos de investigaci髇 y las corporaciones de derecho p鷅lico con competencias en la materia, incluidas las Reales Academias de 醡bito nacional, fomentar� en todos los 醡bitos acad閙icos la formaci髇, docencia e investigaci髇 en materia de memoria democr醫ica, resaltando el componente europeo y global de la memoria democr醫ica en Espa馻.

Art韈ulo 46 Investigaci髇 sobre el exilio y la memoria democr醫ica de las mujeres

1. La Administraci髇 General del Estado impulsar� actividades de investigaci髇 y difusi髇 sobre el exilio, la resistencia fuera de Espa馻 y la deportaci髇 espa駉la a los campos de concentraci髇 nazis, con el fin de dar a conocer las trayectorias individuales y colectivas de quienes lo padecieron y sus lugares de memoria, as� como su aportaci髇 a la restauraci髇 de la democracia espa駉la y al desarrollo de los pa韘es en los que residieron, especialmente de los artistas y trabajadores de la cultura.

2. Asimismo, fomentar� las investigaciones relativas a la contribuci髇 de las mujeres en el 醡bito de la memoria democr醫ica, tanto en su condici髇 de v韈timas de una represi髇 espec韋ica, como en lo relativo a su participaci髇 en la vida pol韙ica, econ髆ica, social y cultural.

Art韈ulo 47 Planes de formaci髇 en la Administraci髇 General del Estado

En el marco de los planes de formaci髇 continua de la Administraci髇 General del Estado, as� como en las actividades formativas que integran los procesos de selecci髇, se incorporar醤 contenidos espec韋icos de capacitaci髇 y sensibilizaci髇 en relaci髇 con la memoria democr醫ica, especialmente en el caso de la formaci髇 dirigida al personal que en el desempe駉 de sus funciones se relacione con v韈timas de la Guerra y de la Dictadura. Dichos contenidos se elaborar醤 teniendo en cuenta la perspectiva de g閚ero.

Art韈ulo 48 Acciones de divulgaci髇, reconocimiento y reparaci髇 simb髄ica

1. La Administraci髇 General del Estado promover� el conocimiento de la memoria democr醫ica espa駉la mediante programas espec韋icos de divulgaci髇 que incluir醤 el relato de las v韈timas y espec韋icamente la memoria de las mujeres.

2. Asimismo, realizar� acciones tendentes a restablecer la dignidad de las v韈timas y a difundir lo sucedido mediante:

• a) Reconocimiento p鷅lico del car醕ter de v韈tima, de su dignidad, nombre y honor.
• b) Actos conmemorativos y homenajes p鷅licos.
• c) Reconocimientos p鷅licos y solicitudes de perd髇.
• d) Dise駉 e instalaci髇 de lugares de memoria p鷅licos, con perspectiva de reparaci髇 a las v韈timas y profundizaci髇 y consolidaci髇 de la memoria democr醫ica.
• e) Impulso permanente del conocimiento del exilio, la resistencia fuera de Espa馻 y la deportaci髇 espa駉la en campos de concentraci髇 nazis, as� como sus lugares de memoria.

3. Para favorecer la difusi髇 de los valores y del conocimiento de la Memoria democr醫ica a trav閟 de proyectos de investigaci髇, cinematogr醘icos, artes esc閚icas y artes visuales realizados por profesionales, especialmente el de j髒enes creadores, se facilitar� el acceso a los archivos sonoros, fotogr醘icos, audiovisuales y documentales.

4. Las administraciones competentes en materia de memoria democr醫ica articular醤 todos los mecanismos, procedimientos y recursos necesarios para realizar una evaluaci髇 exhaustiva y profunda de la represi髇 y persecuci髇 cultural y lingstica del franquismo, as� como de sus efectos sobre la realidad sociolingstica del Estado, cuyos contenidos y conclusiones ser醤 divulgados a trav閟 de acciones espec韋icas.

Art韈ulo 49 Lugares de memoria democr醫ica

Lugar de Memoria Democr醫ica es aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significaci髇 hist髍ica, simb髄ica o por su repercusi髇 en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democr醫ica, la lucha de la ciudadan韆 espa駉la por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, as� como con la represi髇 y violencia sobre la poblaci髇 como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperaci髇 y profundizaci髇 de los valores democr醫icos.

Art韈ulo 50 Declaraci髇 de lugares de memoria democr醫ica

1. El procedimiento de declaraci髇 de Lugar de Memoria Democr醫ica podr� incoarse de oficio por la Direcci髇 General competente en materia de memoria democr醫ica, o a instancia de entidades que promuevan y difundan la memoria democr醫ica. En este caso, la solicitud incluir� como m韓imo la identificaci髇 del bien, as� como de los valores materiales, hist髍icos intangibles o simb髄icos que justifican su declaraci髇, y en el caso de patrimonio material, su delimitaci髇 cartogr醘ica con sus correspondientes coordenadas geogr醘icas.

2. En los supuestos de incoaci髇 de oficio, el acuerdo de incoaci髇, que ser� motivado, incluir� adem醩 del contenido de la solicitud dispuesto en el p醨rafo anterior, el r間imen de protecci髇 y usos compatibles y, en su caso, las medidas provisionales necesarias para la protecci髇 y conservaci髇 del bien.

Dicho acuerdo de incoaci髇 se publicar� en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, siendo preceptivos en este procedimiento los tr醡ites de informaci髇 p鷅lica y de audiencia a los particulares directamente afectados y al ayuntamiento en cuyo t閞mino municipal radique el lugar.

3. La incoaci髇 llevar� aparejada la anotaci髇 preventiva del bien en el Inventario de Lugares de Memoria Democr醫ica y determinar� la aplicaci髇 provisional del r間imen de protecci髇 previsto para los lugares inscritos en el mismo.

4. La resoluci髇 del procedimiento corresponder� a la Secretar韆 de Estado de Memoria Democr醫ica, a propuesta de la persona titular de la Direcci髇 General competente en materia de memoria democr醫ica. El acuerdo ser� notificado a los interesados directamente afectados y publicado en el 獴olet韓 Oficial del Estado�, e inscrito en el Inventario de Lugares de Memoria Democr醫ica.

5. El expediente se resolver� y notificar� en el plazo m醲imo de doce meses desde la fecha de su incoaci髇 o desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del 髍gano competente para su tramitaci髇.

Art韈ulo 51 Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democr醫ica

1. Se crea el Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democr醫ica, como instrumento de publicidad y conocimiento de los mismos, donde se incluir醤 los espacios, inmuebles o parajes que re鷑an las caracter韘ticas definidas en el art韈ulo anterior. El inventario se plasmar� en un mapa integrado, con finalidad informativa, conmemorativa y did醕tica.

2. El Inventario es p鷅lico y su consulta, electr髇ica o presencial, ser� gratuita, correspondiendo su organizaci髇, gesti髇 y divulgaci髇 al departamento competente en materia de memoria democr醫ica.

3. Los lugares que hayan sido declarados con base en circunstancias an醠ogas o caracter韘ticas similares a las definidas en el art韈ulo anterior por comunidades aut髇omas o entidades locales conforme a su normativa propia, podr醤 incorporarse al inventario a efectos de su divulgaci髇 y publicidad, de acuerdo con las administraciones que los hubieran declarado.

4. Cada lugar de la memoria inscrito tendr� su correspondiente ficha registral, en la que constar� la identificaci髇 del bien, informaci髇 debidamente documentada de los valores materiales, hist髍icos o simb髄icos que justifican su inscripci髇, as� como delimitaci髇 cartogr醘ica con sus correspondientes coordenadas geogr醘icas, en su caso.

Respecto de los bienes inmateriales o intangibles, el inventario deber� contener la identificaci髇 de los bienes y la informaci髇 m醩 completa posible sobre los mismos, en los soportes documentales m醩 adecuados.

Art韈ulo 52 Protecci髇 de los lugares de memoria democr醫ica

1. Sin perjuicio del r間imen de protecci髇 que pueda corresponderles en su caso de conformidad con la normativa de patrimonio hist髍ico, urban韘tica u otra sectorial, las administraciones p鷅licas que sean titulares de bienes declarados lugares de memoria democr醫ica en base a la presente ley, con car醕ter general, estar醤 obligadas a garantizar su perdurabilidad, identificaci髇, explicaci髇 y se馻lizaci髇 adecuada. En todo caso, las administraciones p鷅licas evitar醤 la remoci髇 o desaparici髇 de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democr醫ica y la lucha de la ciudadan韆 espa駉la por sus derechos y libertades en cualquier 閜oca.

En los casos en que los titulares sean privados, se procurar� conseguir estos objetivos mediante acuerdos entre el departamento competente en materia de memoria democr醫ica y las personas o entidades titulares.

2. Aquellos lugares declarados por otras administraciones p鷅licas incluidos en el inventario, conforme al art韈ulo 51.3, se regir醤 en cuanto a los deberes de protecci髇, conservaci髇 y uso a lo establecido en la normativa conforme a la que fueron declarados.

Art韈ulo 53 Difusi髇, interpretaci髇 y promoci髇 ciudadana

1. Los lugares de memoria democr醫ica tienen una funci髇 conmemorativa, de homenaje, did醕tica y reparadora. Para cada uno de ellos, el departamento competente en esta materia establecer� medios de difusi髇 e interpretaci髇 de lo acaecido en el mismo. Reglamentariamente se determinar醤 los materiales, condiciones y medios de difusi髇 apropiados, as� como la participaci髇 y colaboraci髇 de las entidades locales del entorno, las universidades p鷅licas, los organismos p鷅licos de investigaci髇, las entidades memorialistas y las asociaciones del exilio con sede en otros pa韘es.

2. La Administraci髇 General del Estado impulsar� la realizaci髇 de recursos audiovisuales y digitales explicativos de los lugares de memoria democr醫ica y promover� la instalaci髇 de placas, paneles o alg鷑 distintivo memorial interpretativo en los mismos. En el supuesto de que en dicho espacio se hubieran podido cometer cr韒enes de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos, o bien hubieran sido lugares donde se realizaron trabajos forzosos, se se馻lizar� un punto de reconocimiento de las v韈timas indicando cuantos datos sean de inter閟 para el conocimiento p鷅lico de los hechos.

3. El departamento competente en materia de memoria democr醫ica presentar� los emplazamientos m醩 emblem醫icos de la memoria a trav閟 de su geolocalizaci髇 en su portal web. Cada espacio o lugar identificado incluir� una ficha con fotograf韆s y audiovisuales.

4. El departamento competente en materia de memoria democr醫ica establecer� la identidad gr醘ica de los lugares de memoria democr醫ica para su se馻lizaci髇 y difusi髇 oficial, en su caso, de acuerdo con la normativa vigente en materia de imagen institucional.

5. El departamento competente en materia de memoria democr醫ica impulsar�, mediante convenios con las comunidades aut髇omas, entidades locales implicadas, asociaciones con sede en otros pa韘es del exilio y la resistencia fuera de Espa馻 y en colaboraci髇 con los departamentos con competencias en patrimonio hist髍ico, educaci髇, medio ambiente y turismo, la adecuada promoci髇 de lugares e itinerarios, f韘icos y virtuales, de memoria y democr醫ica con el objeto de que puedan ser debidamente conocidos y visitados.

A estos efectos, se entiende por itinerarios de memoria democr醫ica el conjunto formado por dos o m醩 lugares de memoria democr醫ica, materiales o inmateriales, que coincidan en el espacio y tengan criterios interpretativos comunes de car醕ter hist髍ico o simb髄ico, sin perjuicio de que concurran otros valores relevantes de car醕ter arquitect髇ico, paisaj韘tico o de tipo ambiental, etnogr醘ico o antropol骻ico.

6. Se desarrollar醤 mecanismos institucionales para integrar los lugares de memoria democr醫ica en los circuitos internacionales que respondan a situaciones de construcci髇 de memoria democr醫ica semejantes, vinculados con conflictos y violaciones de los derechos humanos, especialmente en el 醡bito europeo e iberoamericano. Particularmente, se potenciar� el conocimiento y protecci髇 de los campos de exterminio o trabajo forzoso en los que fueron confinados miles de exiliados o disidentes, en coordinaci髇 con los estados en los que se encuentren ubicados.

Art韈ulo 54 Valle de los Ca韉os

1. Se modifica la denominaci髇 del 玍alle de los Ca韉os�, para ser denominado Valle de Cuelgamuros, como un lugar de memoria democr醫ica cuya resignificaci髇 ir� destinada a dar a conocer, a trav閟 de planes y mecanismos de investigaci髇 y difusi髇, las circunstancias de su construcci髇, el periodo hist髍ico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democr醫icos.

2. En ning鷑 lugar del recinto podr醤 llevarse a cabo actos de naturaleza pol韙ica ni de exaltaci髇 de la Guerra, de sus protagonistas o de la Dictadura.

3. Las criptas adyacentes a la Bas韑ica y los enterramientos existentes en la misma tienen el car醕ter de cementerio civil.

4. En el Valle de Cuelgamuros solo podr醤 yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoraci髇, recuerdo y homenaje a las v韈timas all� inhumadas.

Asimismo, se proceder� a la reubicaci髇 de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto.

5. Se declara extinguida la Fundaci髇 de la Santa Cruz del Valle de los Ca韉os, por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales. La extinci髇 producir� efectos en la fecha de entrada en vigor del real decreto al que se refiere el apartado siguiente.

6. Mediante real decreto se establecer� el nuevo marco jur韉ico aplicable al Valle de Cuelgamuros que determine la organizaci髇, funcionamiento y r間imen patrimonial.

Se atender醤 las reclamaciones y peticiones de los familiares que tengan por objeto instar la exhumaci髇 y entrega de los restos de las v韈timas inhumadas en el Valle de Cuelgamuros. Para el caso de imposibilidad t閏nica de exhumaci髇, se acordar醤 medidas de reparaci髇 de car醕ter simb髄ico y moral.

Art韈ulo 55 Pante髇 de Espa馻

1. Se modifica la denominaci髇 tradicional del llamado 玃ante髇 de Hombres Ilustres�, para ser denominado Pante髇 de Espa馻.

2. El Pante髇 de Espa馻 es un lugar de memoria democr醫ica que tendr� por finalidad mantener el recuerdo y proyecci髇 de los representantes de la historia de la democracia espa駉la, as� como de aquellas personas que hayan destacado por sus excepcionales servicios a Espa馻 en la garant韆 de la convivencia democr醫ica, la defensa de la paz y los derechos humanos, as� como el progreso de la ciencia o la cultura en todas sus manifestaciones.

Art韈ulo 56 Reconocimiento a las asociaciones memorialistas

1. A efectos de esta ley, se entiende por entidades memorialistas aquellas asociaciones, fundaciones y otras entidades y organizaciones de car醕ter social que tengan entre sus fines la defensa de la memoria democr醫ica.

2. Se reconoce la labor de las asociaciones, fundaciones y organizaciones que hayan destacado en la defensa de la memoria democr醫ica y la dignidad de las v韈timas de la Guerra y la Dictadura. Conforme a la normativa aplicable, las autoridades competentes podr醤 conceder las distinciones que consideren oportunas a las referidas entidades.

Art韈ulo 57 Consejo de la Memoria Democr醫ica

1. Se crea el Consejo de la Memoria Democr醫ica adscrito al Ministerio competente en materia de memoria democr醫ica, como 髍gano colegiado consultivo y de participaci髇 de las entidades memorialistas espa駉las.

2. El Consejo, cuya presidencia corresponder� a la persona titular del ministerio competente en materia de memoria democr醫ica, estar� compuesto por representantes de la Administraci髇 General del Estado, de las entidades memorialistas y de expertos en este 醡bito. Reglamentariamente se determinar� su composici髇 y r間imen de funcionamiento, que respetar� una representaci髇 equilibrada de hombres y mujeres.

3. El Consejo de la Memoria Democr醫ica tendr� las siguientes funciones:

• a) Informar el proyecto del Plan de Memoria Democr醫ica as� como el plan plurianual de b鷖queda, localizaci髇, exhumaci髇 e identificaci髇 y conocer los informes anuales de seguimiento y evaluaci髇 de los mismos.
• b) Informar las propuestas de disposiciones reglamentarias relacionadas con el desarrollo de esta ley.
• c) Elaborar, a propuesta de la presidencia o por iniciativa propia, informes y recomendaciones sobre la pol韙ica de memoria democr醫ica.
• d) Valorar y emitir dictamen acerca del informe sobre las ayudas y apoyos que anualmente realice la Administraci髇 General del Estado y sobre las medidas que contribuyan a la consecuci髇 de los objetivos de esta ley a trav閟 de la actuaci髇 de entidades memorialistas, a las que apoyar� en su creaci髇 y mantenimiento.

4. Para el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Consejo de Memoria podr醤 acceder a archivos y fondos documentales, tanto oficiales como no oficiales.

5. En relaci髇 con lo establecido en el art韈ulo 15, en el seno del Consejo de la Memoria Democr醫ica se constituir� una Comisi髇 de 醡bito estatal, de car醕ter acad閙ico, temporal y no judicial, independiente, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, como forma de favorecer la convivencia democr醫ica, mediante la recepci髇 de testimonios, informaci髇 y recopilaci髇 de documentos y de otros antecedentes que le permitan, con objetividad e imparcialidad, la elaboraci髇 de conclusiones y recomendaciones para la reparaci髇 de las v韈timas y evitar a que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro.

La Comisi髇 elaborar� un informe para sistematizar la informaci髇 existente sobre las violaciones de derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, con el objeto de superar la fragmentaci髇 y dispersi髇 de informaci髇 y esfuerzos. Igualmente, podr� proponer un plan ordenado de investigaciones, as� como la promoci髇 de metodolog韆s y protocolos de actuaci髇 en este 醡bito.

Reglamentariamente se establecer� la composici髇 de la Comisi髇, que contar� con personas de reconocido prestigio en el mundo acad閙ico y en el 醡bito de los derechos humanos, el plazo en que deber� dar cumplimiento a su cometido, as� como las condiciones para que el Consejo pueda contar con un mecanismo formal de validaci髇, presentaci髇 formal y difusi髇 de las conclusiones de sus informes, asegurando la participaci髇 y el reconocimiento oficial de las v韈timas y sus familiares.

Art韈ulo 58 Centro de la Memoria Democr醫ica

1. Se crear� un Centro de la Memoria Democr醫ica cuya finalidad ser� la salvaguarda de la dignidad de las v韈timas de graves violaciones de derechos humanos sucedidas en el pasado en Espa馻 y la promoci髇 de la memoria democr醫ica de los derechos humanos y los valores democr醫icos en el marco de un impulso universal a los principios de verdad, justicia, reparaci髇 y garant韆s de no repetici髇.

2. En la programaci髇, realizaci髇 y evaluaci髇 de sus actividades se garantizar� la participaci髇 de las v韈timas de la Guerra y la Dictadura, atendi閚dose asimismo a las recomendaciones y propuestas del Consejo de la Memoria Democr醫ica. Los instrumentos de gesti髇 y participaci髇 se regular醤 reglamentariamente.

Art韈ulo 59 Registro Estatal de Entidades de Memoria Democr醫ica

1. Se crea el Registro Estatal de Entidades de Memoria Democr醫ica, de car醕ter p鷅lico.

2. Podr醤 inscribirse en el Registro las entidades memorialistas legalmente constituidas, entre cuyos objetivos y fines estatutarios figure la preservaci髇 y difusi髇 de la memoria democr醫ica, siempre que carezcan de 醤imo de lucro y act鷈n y tengan sede en el territorio espa駉l. Podr醤 asimismo inscribirse las entidades memorialistas vinculadas al exilio y la resistencia fuera de Espa馻 existentes en otros pa韘es.

3. El Registro depender� del Ministerio competente en la materia de memoria democr醫ica. Reglamentariamente se determinar� su organizaci髇, funcionamiento y procedimiento de inscripci髇.

Art韈ulo 60 R間imen jur韉ico

1. Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley ser醤 sancionadas conforme a lo previsto en este t韙ulo, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir.

2. La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en esta ley se ejercer� de conformidad con lo dispuesto en este t韙ulo y en las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, y 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico.

Art韈ulo 61 Responsables de la infracci髇

Ser醤 responsables como autores las personas f韘icas o jur韉icas que dolosa o negligentemente realicen las acciones u omisiones constitutivas de infracci髇 conforme a lo previsto en el art韈ulo siguiente.

Art韈ulo 62 Infracciones

1. Son infracciones muy graves:

• a) El traslado de los restos de v韈timas de la Guerra o la Dictadura sin la autorizaci髇 administrativa a que se refiere el art韈ulo 18.
• b) La destrucci髇 de fosas de v韈timas de la Guerra y la Dictadura.
• c) La destrucci髇 o menoscabo de lugares declarados como Lugar de Memoria Democr醫ica, de elementos simb髄icos en memoria u homenaje de las v韈timas de la dictadura franquista, as� como la remoci髇 o desaparici髇 de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democr醫ica y la lucha de la ciudadan韆 espa駉la por sus derechos y libertades en cualquier 閜oca, cuando las caracter韘ticas del lugar, elemento o vestigio, su valor art韘tico o la relevancia de los acontecimientos hist髍icos que tuvieron lugar en el mismo, o la gravedad de la alteraci髇 f韘ica perpetrada justifiquen su calificaci髇 como muy grave.
• d) La falta de adopci髇 de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realizaci髇, en espacios abiertos al p鷅lico o en locales y establecimientos p鷅licos, de actos de exaltaci髇 personal o colectiva, de la sublevaci髇 militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al r間imen dictatorial, cuando entra馿n descr閐ito, menosprecio o humillaci髇 de las v韈timas o de sus familiares por parte del titular o responsable del espacio donde se desarrollen dichos actos.
• e) Las convocatorias de actos, campa馻s de divulgaci髇 o publicidad que por cualquier medio de comunicaci髇 p鷅lica, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus im醙enes, inciten a la exaltaci髇 personal o colectiva, de la sublevaci髇 militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al r間imen dictatorial, cuando entra馿 descr閐ito, menosprecio o humillaci髇 de las v韈timas o de sus familiares.
• f) La destrucci髇 de documentos p鷅licos o privados a que se refieren los art韈ulos 25 a 27 de esta ley.
• g) La apropiaci髇 indebida de documentos de car醕ter p鷅lico por parte de personas f韘icas o instituciones privadas que ejercieron cargos p鷅licos durante la Guerra, la Dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constituci髇 de 1978.

2. Son infracciones graves:

• a) La destrucci髇 o menoscabo de lugares declarados como Lugar de Memoria Democr醫ica, de elementos simb髄icos en memoria u homenaje de las v韈timas de la Dictadura franquista, as� como la remoci髇 o desaparici髇 de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democr醫ica y la lucha de la ciudadan韆 espa駉la por sus derechos y libertades en cualquier 閜oca, cuando no constituya infracci髇 muy grave.
• b) La realizaci髇 de excavaciones para la localizaci髇 o exhumaci髇 de restos sin haber obtenido la autorizaci髇 administrativa correspondiente.
• c) La falta de comunicaci髇 a las autoridades competentes de los hallazgos de restos de v韈timas.
• d) El incumplimiento de la resoluci髇 por la que se acuerde la retirada de s韒bolos y elementos contrarios a la memoria democr醫ica prevista en el art韈ulo 37, cuando entra馿n descr閐ito, menosprecio o humillaci髇 de las v韈timas o de sus familiares.
• e) El incumplimiento, respecto de los bienes del patrimonio documental a que se refieren los art韈ulos 25 a 27 de la presente ley, de las obligaciones de protecci髇 y conservaci髇 establecidas en el art韈ulo 52 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist髍ico Espa駉l.

3. Son infracciones leves:

• a) El deterioro de las placas identificativas de los lugares de memoria democr醫ica, cuando no constituya infracci髇 grave o muy grave.
• b) La realizaci髇 de cualquier intervenci髇 en un Lugar de Memoria Democr醫ica sin autorizaci髇 o al margen de lo establecido en la misma, cuando no constituya infracci髇 grave o muy grave.

Art韈ulo 63 Sanciones y medidas de restablecimiento de la legalidad

1. Las infracciones previstas en esta ley se sancionar醤 mediante la imposici髇 de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones accesorias no pecuniarias.

2. Las infracciones tipificadas en esta ley se sancionar醤 con sanciones pecuniarias, que consistir醤 en multas de cuant韆s comprendidas entre los siguientes importes en funci髇 de la gravedad de la infracci髇, y respeto al principio de proporcionalidad:

• a) Para infracciones muy graves: Multa entre 10.001 a 150.000 euros.
• b) Para infracciones graves: Multa entre 2.001 a 10.000 euros.
• c) Para infracciones leves: Multa entre 200 y 2.000 euros.

3. En cada grado, para la individualizaci髇 de la multa se tendr醤 en cuenta los siguientes criterios:

• a) La trascendencia del perjuicio para la conservaci髇 y recuperaci髇 de la memoria democr醫ica.
• b) La cuant韆 del perjuicio causado.
• c) El grado de culpabilidad.
• d) La reincidencia. Existir� reincidencia por la comisi髇 en el t閞mino de un a駉 de m醩 de una infracci髇 de la misma naturaleza cuando as� haya sido declarado por resoluci髇 administrativa firme.
• e) La capacidad econ髆ica del infractor.

4. En el caso de las infracciones muy graves o graves, la resoluci髇 sancionadora podr� acordar motivadamente la imposici髇, junto a la sanci髇 econ髆ica, de alguna o algunas de las siguientes sanciones accesorias, atendiendo a la naturaleza de los hechos constitutivos:

• a) El cierre temporal, por un per韔do de seis meses a dos a駉s, de los locales o establecimientos p鷅licos donde se cometan las infracciones previstas en el art韈ulo 62.1.d).
• b) El comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracci髇, salvo que unos u otros pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable de dicha infracci髇 que los haya adquirido legalmente.
• c) Para las infracciones muy graves, la p閞dida durante un plazo de hasta cinco a駉s de la posibilidad de obtener subvenciones de las administraciones p鷅licas en materia de memoria democr醫ica y, en el caso de las infracciones graves, la p閞dida durante un plazo de hasta tres a駉s de la posibilidad de obtener subvenciones de las administraciones p鷅licas en materia de memoria democr醫ica. En ambos casos, podr� imponerse asimismo el reintegro total o parcial de las subvenciones obtenidas, durante los dos a駉s anteriores, en esa misma materia.

5. Asimismo, cuando proceda, podr� imponerse motivadamente al infractor la obligaci髇 de restauraci髇 de la realidad f韘ica alterada.

6. Ser� responsable solidario del pago de la sanci髇 y, en su caso, del cumplimiento de restauraci髇 de la realidad f韘ica alterada quien haya ordenado la realizaci髇 de las acciones u omisiones constitutivas de infracci髇, conforme a lo previsto en esta ley.

Art韈ulo 64 Procedimiento

1. Cualquier persona podr� denunciar los hechos susceptibles de ser constitutivos de las infracciones previstas en esta ley.

2. Las autoridades que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir infracci髇 con arreglo a lo previsto en esta ley estar醤 obligadas a comunicarlo al 髍gano competente para incoar el procedimiento sancionador.

3. La incoaci髇 del procedimiento se realizar� por acuerdo adoptado de oficio por el 髍gano competente previsto en el art韈ulo 65, bien por propia iniciativa, o como consecuencia de orden superior, petici髇 razonada de otros 髍ganos o denuncia de la ciudadan韆.

4. Para la imposici髇 de las sanciones establecidas en este t韙ulo se seguir醤 las disposiciones de procedimiento previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

Art韈ulo 65 Competencia sancionadora

Son competentes para la incoaci髇 y resoluci髇 de los expedientes sancionadores por las infracciones tipificadas en esta ley:

• a) Trat醤dose de infracciones muy graves, la Secretar韆 de Estado competente en materia de memoria democr醫ica.
• b) Trat醤dose de infracciones graves y leves, la Direcci髇 General competente en materia de memoria democr醫ica.

Art韈ulo 66 Prescripci髇 de infracciones y sanciones

1. Las infracciones administrativas previstas en la presente ley prescribir醤 en el plazo de tres a駉s las muy graves; en el de dos a駉s las graves, y en el de seis meses las leves.

2. Las sanciones impuestas por la comisi髇 de infracciones muy graves prescribir醤 a los tres a駉s, las impuestas por graves a los dos a駉s y las impuestas por leves lo har醤 al a駉.

3. Para el c髆puto de los plazos de prescripci髇 de infracciones y sanciones se estar� a lo dispuesto en el art韈ulo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de R間imen Jur韉ico del Sector P鷅lico.

En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracci髇 fueran desconocidos por carecer de signos externos, el plazo de prescripci髇 se computar� desde que 閟tos se manifiesten.

Disposici髇 adicional primera Compatibilidad de acciones

Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por Espa馻.

Disposici髇 adicional segunda Procedimiento para el cumplimiento de lo dispuesto en el art韈ulo 54.4

1. Corresponde al Gobierno garantizar el cumplimiento de lo establecido en el art韈ulo 54.4, asegurando en todo caso unas condiciones adecuadas de dignidad y respeto. A tal efecto, se declara de urgente y excepcional inter閟 p鷅lico, as� como de utilidad p鷅lica e inter閟 social, la exhumaci髇 y el traslado de los restos mortales distintos de los mencionados en dicho art韈ulo.

2. La decisi髇 de exhumaci髇 y traslado ser� adoptada por acuerdo de Consejo de Ministros, tras la tramitaci髇 del procedimiento regulado en los apartados siguientes.

3. El procedimiento se iniciar� de oficio por el Consejo de Ministros mediante acuerdo de incoaci髇, que designar� 髍gano instructor. Dicho acuerdo dar� un plazo de quince d韆s a los interesados a fin de que se personen en el procedimiento y aleguen lo que a sus derechos o intereses leg韙imos pudiese convenir. Los familiares podr醤 disponer en dicho plazo sobre el destino de los restos mortales indicando, en su caso, el lugar de reinhumaci髇, debiendo aportar en ese plazo los documentos y autorizaciones necesarias. En caso de discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidir� sobre el lugar de reinhumaci髇, asegurando una digna sepultura. A estos efectos, queda legitimado para solicitar la asignaci髇 del correspondiente t韙ulo de derecho funerario y para realizar el resto de actuaciones que procedan.

4. Transcurrido el plazo contemplado en el apartado anterior, el Consejo de Ministros ordenar� la continuaci髇 del procedimiento. A tal efecto, ordenar� al titular del Ministerio competente en materia de memoria democr醫ica que remita al ayuntamiento, en su caso, el proyecto necesario para llevar a cabo la exhumaci髇, para su tramitaci髇 con arreglo a lo previsto en la disposici髇 adicional d閏ima del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci髇 Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Asimismo, le ordenar� que solicite informe no vinculante al 髍gano de la Comunidad Aut髇oma competente en materia de sanidad mortuoria, que deber� ser emitido en el plazo m醲imo de un mes.

5. Concluidas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, se dar� traslado a los interesados antes de la resoluci髇 para que, en el plazo improrrogable de diez d韆s, aleguen lo que estimen oportuno sobre las mismas.

6. Transcurrido dicho plazo, el Consejo de Ministros, mediante acuerdo motivado, resolver� sobre si procede la exhumaci髇 y el traslado, con indicaci髇, en su caso, del destino que haya de darse a los restos mortales afectados.

7. El plazo de caducidad del procedimiento contemplado en esta disposici髇 adicional ser� de doce meses a contar desde el acuerdo de incoaci髇.

Disposici髇 adicional tercera Revisi髇 y revocaci髇 de las recompensas previstas en la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, y de la Ley 19/1976, de 29 de mayo, sobre creaci髇 de la Orden del M閞ito del Cuerpo de la Guardia Civil

1. El Consejo de Ministros o, en su caso, el Ministro del Interior podr醤 revisar de oficio o revocar las resoluciones de concesi髇 de las recompensas otorgadas para premiar los hechos o servicios meritorios realizados o prestados tanto por personas f韘icas como por personas jur韉icas al amparo de la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales, y de la Ley 19/1976, de 29 de mayo, sobre creaci髇 de la Orden del M閞ito del Cuerpo de la Guardia Civil.

La revisi髇 de oficio y la revocaci髇 a las que se refiere esta disposici髇 adicional ser醤 aplicables a las resoluciones de concesi髇 de recompensas anteriores a la entrada en vigor de esta ley.

2. Las resoluciones de concesi髇 ser醤 revisables de oficio cuando incurran en cualquiera de las causas de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad previstas en los art韈ulos 47.1 y 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. El procedimiento para la declaraci髇 de nulidad, o para la declaraci髇 de lesividad a efectos de su posterior impugnaci髇 ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo ser�, respectivamente, el regulado en los art韈ulos 106 y 107 de la mencionada ley.

3. Asimismo, las resoluciones de concesi髇 podr醤 revocarse cuando, con posterioridad a las mismas, dejen de concurrir en la persona o entidad las circunstancias personales o profesionales que en su momento fueron determinantes de la concesi髇 de la recompensa. Igualmente podr醤 revocarse cuando quede acreditada la realizaci髇 por el beneficiario, antes o despu閟 de la concesi髇, de actos manifiestamente incompatibles con el ingreso o la permanencia en la Orden del M閞ito Policial o en la Orden del M閞ito de la Guardia Civil.

Los actos manifiestamente incompatibles con el ingreso o la permanencia en las mencionadas 髍denes podr醤 resultar de sentencia penal firme, de diligencias judiciales, de la Fiscal韆 o policiales, de la imposici髇 de sanci髇 disciplinaria firme o de cualquier otro medio de prueba admisible en derecho.

4. La revisi髇 de oficio y la revocaci髇 de las resoluciones de concesi髇 de recompensas exigir醤 la tramitaci髇 de un procedimiento contradictorio que solo podr� iniciarse de oficio y a iniciativa del Ministerio del Interior, y se instruir� y resolver� por los 髍ganos competentes para tramitar los procedimientos de concesi髇.

La declaraci髇 de nulidad, la anulaci髇 y la revocaci髇 de las resoluciones por las que se concedieron las recompensas determinar� la p閞dida de los derechos anejos correspondientes, incluso los econ髆icos, y producir� efectos a partir de la notificaci髇 de la resoluci髇 que la declare.

Disposici髇 adicional cuarta Acceso a la consulta de los libros de actas de defunciones de los Registros Civiles

El Gobierno, a trav閟 del Ministerio de Justicia, en cuanto sea preciso para dar cumplimiento a las previsiones de esta ley, dictar� las disposiciones necesarias para facilitar el acceso a la consulta de los libros de las actas de defunciones de los Registros Civiles.

Disposici髇 adicional quinta Extinci髇 de fundaciones

Al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 31.f) de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, concurrir� causa de extinci髇 cuando las fundaciones no persigan fines de inter閟 general o realicen actividades contrarias al mismo. A estos efectos, se considera contraria al inter閟 general la apolog韆 del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillaci髇 de la dignidad de las v韈timas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitaci髇 directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condici髇 de tales.

Corresponder� al Protectorado instar judicialmente la extinci髇 de la fundaci髇 por concurrencia de esta causa, pudiendo en tal caso el 髍gano judicial, de oficio o a instancia de parte, con arreglo a los art韈ulos 721 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, acordar la suspensi髇 provisional de las actividades de la fundaci髇 hasta que se dicte sentencia, as� como adoptar las medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de la suspensi髇 de actividades.

Disposici髇 adicional sexta Declaraci髇 de utilidad p鷅lica de asociaciones

A los efectos del art韈ulo 32.1.a) de la Ley Org醤ica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociaci髇, se considera que no responden a la promoci髇 de fines de inter閟 general aquellas asociaciones que entre sus fines persigan o que con sus actividades lleven a cabo la apolog韆 del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillaci髇 de la dignidad de las v韈timas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitaci髇 directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condici髇 de tales. A estos efectos, las administraciones p鷅licas competentes proceder醤 a revocar la declaraci髇 de utilidad p鷅lica de aquellas asociaciones en que concurriera esta circunstancia, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

Disposici髇 adicional s閜tima Disoluci髇 de asociaciones

En el plazo de un a駉 a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se promover� la modificaci髇 de la Ley Org醤ica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociaci髇, con el objeto de incluir como causa de disoluci髇 de las asociaciones la realizaci髇 p鷅lica de apolog韆 del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillaci髇 de la dignidad de las v韈timas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitaci髇 directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condici髇 de tales.

Disposici髇 adicional octava Adquisici髇 de la nacionalidad espa駉la

1. Los nacidos fuera de Espa馻 de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido espa駉les, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones pol韙icas, ideol骻icas o de creencia o de orientaci髇 e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad espa駉la, podr醤 optar a la nacionalidad espa駉la, a los efectos del art韈ulo 20 del C骴igo Civil. Igualmente, podr醤 adquirir la nacionalidad espa駉la las personas que se encuentren en los siguientes supuestos:

• a) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres espa駉las que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constituci髇 de 1978.
• b) Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos espa駉les a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opci髇 de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposici髇 adicional s閜tima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

2. En todos los supuestos, esta declaraci髇 deber� formalizarse en el plazo de dos a駉s desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podr� acordar su pr髍roga por un a駉.

V閍se la Instrucci髇 de 25 de octubre de 2022, de la Direcci髇 General de Seguridad Jur韉ica y Fe P鷅lica, sobre el derecho de opci髇 a la nacionalidad espa駉la establecido en la disposici髇 adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democr醫ica (獴.O.E.� 26 octubre).LE0000740302_20221027

Disposici髇 adicional novena Bienes y derechos incautados en el extranjero

1. Las disposiciones previstas en la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restituci髇 o Compensaci髇 a los Partidos Pol韙icos de Bienes y Derechos Incautados en aplicaci髇 de la normativa sobre responsabilidades pol韙icas del per韔do 1936-1939, ser醤 de aplicaci髇 a los bienes y derechos obtenidos en el extranjero en ejecuci髇 del Acuerdo Internacional firmado entre el Estado Espa駉l y la Rep鷅lica de Francia, el 25 de febrero de 1939 (Acuerdo B閞ard-Jordana), la Ley de 30 de enero de 1940 y el Decreto de 6 de mayo de 1940; aun cuando el t韙ulo de propiedad del Reino de Espa馻 hubiera venido a ser atribuido por resoluciones administrativas o judiciales de estados extranjeros.

2. Adem醩 de los beneficiarios previstos en el art韈ulo 3 de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, lo ser醤 tambi閚 los partidos pol韙icos respecto a los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial o econ髆ico que hubiesen pertenecido a personas f韘icas o jur韉icas vinculadas a dichos partidos pol韙icos con car醕ter fiduciario o bajo cualquier forma de cobertura jur韉ica sustentada en negocios o pactos de interposici髇 personal.

En el caso de estos bienes inmuebles, se abre un plazo de un a駉 para el ejercicio de derechos y acciones de reclamaci髇 que comenzar� a partir del d韆 siguiente a la entrada en vigor de la presente ley, seg鷑 el procedimiento de tramitaci髇 y resoluci髇 previsto por el art韈ulo 6 de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre.

Disposici髇 adicional d閏ima Protecci髇 de datos de car醕ter personal

1. Los tratamientos de datos personales regulados en la presente ley se llevar醤 a cabo conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci髇 de las personas f韘icas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci髇 de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci髇 de Datos Personales y garant韆 de los derechos digitales.

Los derechos de acceso, rectificaci髇 y supresi髇 se ejercitar醤 conforme a la normativa referida en el p醨rafo anterior, sin perjuicio de las especificidades que se recojan en su caso en los apartados siguientes.

2. El tratamiento de los datos personales relativos al registro de v韈timas a que se refiere el art韈ulo 9.1 tendr� por finalidad la recopilaci髇 de datos de las v韈timas que se relacionan en el art韈ulo 3.1, con el objeto de gestionar las pol韙icas p鷅licas de reparaci髇 moral y recuperaci髇 de la memoria de las v韈timas reconocidas en esta ley.

Responsable y base jur韉ica del tratamiento: Es responsable del tratamiento el departamento que asuma las competencias en materia de conservaci髇, defensa, fomento y divulgaci髇 de Memoria Democr醫ica con el fin de garantizar la efectividad de los principios de verdad, justicia, reparaci髇 y no repetici髇, y al objeto de poder desarrollar sus funciones.

La base jur韉ica del tratamiento es el inter閟 p鷅lico con fines de archivo, de investigaci髇 cient韋ica o hist髍ica y con fines estad韘ticos, as� como de gesti髇 de las pol韙icas p鷅licas de memoria democr醫ica para el reconocimiento de las v韈timas y la garant韆 de la efectividad de los principios de verdad, justicia, reparaci髇 y no repetici髇.

En el caso de las investigaciones cient韋icas e hist髍icas y de los datos personales de autoridades y funcionarios p鷅licos relacionados con el ejercicio de sus funciones que revistan un claro inter閟 p鷅lico, la publicaci髇 de dichos datos no es contraria a la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

Minimizaci髇 de datos: Los datos recogidos se limitar醤 a los propiamente identificativos, a la represi髇 padecida, del fallecimiento o desaparici髇 de acuerdo con el art韈ulo 3.1, as� como el lugar y la fecha en que ocurrieron los hechos, de ser posible, ponder醤dose que no se imposibilite u obstaculice gravemente el logro de los fines cient韋icos. Los datos de las personas y entidades que en su caso suministren datos se limitar醤 a su nombre o denominaci髇 y contacto.

Fuentes y exactitud de los datos: Los datos personales ser醤 recabados de archivos, de bases de datos documentales y obras de referencia especializadas suministrados por las diferentes administraciones p鷅licas y por los organismos y entidades del sector p鷅lico institucional, v韈timas, organizaciones memorialistas, grupos de investigaci髇 universitarios y cualquier otra fuente, nacional o internacional, que cuente con informaci髇 relevante para el mismo.

El responsable del tratamiento garantizar� la exactitud de los datos tanto por la fuente de procedencia en virtud de lo establecido en la normativa de aplicaci髇 al patrimonio documental, como por aplicaci髇 para los facilitados por otras fuentes de un proceso de verificaci髇 historiogr醘ica.

Transparencia: en virtud de la referida procedencia de los datos obtenidos, las obligaciones de informaci髇 a los interesados a efectos de lo dispuesto en el art韈ulo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se ajustar醤 al hecho de que la misma sea conocida por el interesado cuando hubiera sido facilitada por el mismo.

Cuando la informaci髇 no se hubiera obtenido de los interesados se informar� en los t閞minos del art韈ulo 14 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que la comunicaci髇 de esta informaci髇 resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado, por referirse a tratamientos con fines de investigaci髇 hist髍ica o estad韘ticos, en cuyo caso se adoptar醤 las medidas adecuadas para hacerla p鷅lica, y espec韋icamente en la p醙ina web del Ministerio competente se realizar� la publicaci髇 o las formas de acceder a esa informaci髇.

Conservaci髇 y seguridad de los datos: en virtud de la finalidad del tratamiento, la conservaci髇 de los datos ser� indefinida, conforme a la Ley de Patrimonio Hist髍ico Espa駉l.

El responsable del tratamiento garantizar� la aplicaci髇 de las medidas de seguridad correspondientes en cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 醡bito de la Administraci髇 Electr髇ica.

Ejercicio de derechos: las personas vinculadas a las v韈timas fallecidas podr醤 solicitar el acceso y rectificaci髇 de los datos personales de su familiar conforme al art韈ulo 3.1 de la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre. Se limita la posibilidad de supresi髇 de los datos con fundamento al inter閟 p鷅lico de este tratamiento, y en particular, el derecho de las v韈timas y la sociedad en general, a que se garantice la verificaci髇 de los hechos y la revelaci髇 p鷅lica y completa de los motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones del Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de los derechos humanos ocurridas con ocasi髇 de la Guerra y de la Dictadura y, en caso de fallecimiento o desaparici髇, acerca de la suerte que corri� la v韈tima, y al esclarecimiento de su paradero.

En virtud del art韈ulo 2.1.b) de la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre, no estar醤 sujetos a la normativa de protecci髇 de datos los datos correspondientes a las v韈timas fallecidas.

El ejercicio de derechos para las personas f韘icas sujetas a la normativa de protecci髇 de datos se garantizar� conforme a la normativa general de protecci髇 de datos.

3. El tratamiento de los datos personales relativos al censo de v韈timas regulado en los apartados 2 y 3 del art韈ulo 9 tendr� por finalidad la recopilaci髇 de datos de las v韈timas de la Guerra y la Dictadura fallecidas o desaparecidas declaradas fallecidas durante la Dictadura franquista, con base en el inter閟 p鷅lico de investigaci髇 hist髍ica y fines estad韘ticos para el reconocimiento de las v韈timas, la recuperaci髇 de la memoria personal, familiar y colectiva que facilite el derecho a la verdad recogido en esta ley.

Los datos del censo, que ser醤 de acceso p鷅lico, ser醤 recabados del registro al que se refiere el apartado anterior, siendo una explotaci髇 del mismo, y regir醤 por ello lo dispuesto en el mismo en cuanto a limitaci髇 de datos inscritos, la conservaci髇 de los mismos y las obligaciones de informaci髇 a los interesados.

El responsable del tratamiento ser� el Ministerio competente en materia de memoria, que garantizar� la aplicaci髇 de las medidas de seguridad preceptivas, teniendo en cuenta que dichos tratamientos ser醤 realizados por administraciones p鷅licas obligadas al cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 醡bito de la Administraci髇 Electr髇ica.

Las personas vinculadas a las v韈timas fallecidas podr醤 solicitar el acceso y rectificaci髇 de los datos personales de su familiar conforme al art韈ulo 3.1 de la Ley Org醤ica 3/2018, de 5 de diciembre. Se limita la posibilidad de supresi髇 de los datos con fundamento al inter閟 p鷅lico de este tratamiento, y en particular, el derecho de las v韈timas y la sociedad en general, a que se garantice la verificaci髇 de los hechos y la revelaci髇 p鷅lica y completa de los motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones del Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de los derechos humanos ocurridas con ocasi髇 de la Guerra y de la Dictadura y, en caso de fallecimiento o desaparici髇, acerca de la suerte que corri� la v韈tima, y al esclarecimiento de su paradero.

4. El tratamiento de los datos personales relativos al Banco de ADN regulado en el art韈ulo 23, basado en el inter閟 p鷅lico de investigaci髇 hist髍ica y aplicaci髇 de las medidas comprendidas en la ley para la b鷖queda de desaparecidos e identificaci髇 de v韈timas, tendr� por finalidad la recepci髇 y almacenamiento de los perfiles de ADN a fin de poder compararlos para la identificaci髇 gen閠ica de las v韈timas de la Guerra y la Dictadura franquista.

Se inscribir醤 en la base de datos los patrones identificativos obtenidos a partir del ADN en los procedimientos de identificaci髇 de restos cadav閞icos hallados en fosas o de averiguaci髇 de personas desaparecidas que proporcionen, exclusivamente, informaci髇 gen閠ica reveladora de la identidad de la persona y de su sexo.

Los identificadores obtenidos a partir del ADN, respecto de los que se desconozca la identidad de la persona a la que corresponden, permanecer醤 inscritos en tanto se mantenga dicho anonimato. Una vez identificados, se aplicar� lo dispuesto en este art韈ulo a efectos de su cancelaci髇.

Para la recogida de muestras biol骻icas de familiares y almacenamiento y custodia de las mismas, con car醕ter previo a la toma de la muestra, la persona donante, familiar de la v韈tima, deber� firmar el consentimiento para que la misma le sea tomada, inform醤dosele en ese tr醡ite sobre el alcance del tratamiento y los aspectos recogidos en los p醨rafos siguientes.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificaci髇 y cancelaci髇 en relaci髇 con los datos de identificadores obtenidos a partir del ADN de familiares se podr� efectuar en los t閞minos establecidos en la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

Los datos s髄o podr醤 ser utilizados para la investigaci髇 y la identificaci髇 gen閠ica de restos humanos de personas desaparecidas en la guerra espa駉la. Los datos se conservar醤 mientras sean necesarios para la finalizaci髇 de los correspondientes procedimientos.

Las muestras o vestigios tomados respecto de los que deban realizarse an醠isis biol骻icos, se remitir醤 a los laboratorios debidamente acreditados. S髄o podr醤 realizar an醠isis del ADN para identificaci髇 gen閠ica en los casos contemplados en esta ley los laboratorios acreditados a tal fin por la Comisi髇 Nacional para el uso forense del ADN que superen los controles peri骴icos de calidad a que deban someterse.

El responsable del tratamiento ser� el Instituto Nacional de Toxicolog韆 y Ciencias Forenses, que garantizar� la aplicaci髇 de las medidas de seguridad preceptivas que resulten del correspondiente an醠isis de riesgos, teniendo en cuenta que dichos tratamientos ser醤 realizados por administraciones p鷅licas obligadas al cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 醡bito de la Administraci髇 Electr髇ica.

5. El tratamiento de los datos relativos a la base de datos a que se refiere el art韈ulo 39.3 de la presente ley tiene como fundamento el cumplimiento de una obligaci髇 legal que corresponde al Ministerio competente en materia de memoria democr醫ica.

Estos datos s髄o ser醤 comunicados a las administraciones p鷅licas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitaci髇 y resoluci髇 de sus procedimientos, y se limitar醤 al n鷐ero de identificaci髇 fiscal.

El responsable del tratamiento ser� el Ministerio competente en materia de memoria democr醫ica, que garantizar� la aplicaci髇 de las medidas de seguridad preceptivas que resulten del correspondiente an醠isis de riesgos, teniendo en cuenta que dichos tratamientos ser醤 realizados por administraciones p鷅licas obligadas al cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 醡bito de la Administraci髇 Electr髇ica.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificaci髇 y cancelaci髇 en relaci髇 con los datos de identificadores se podr� efectuar en los t閞minos establecidos en la normativa de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

Disposici髇 adicional und閏ima Reconocimiento a las personas afectadas por el poliovirus durante la dictadura franquista

En reconocimiento del sufrimiento padecido por las personas que fueron afectadas por el poliovirus durante la pandemia que asol� a Espa馻 a partir de los a駉s cincuenta del siglo XX, el Gobierno promover� investigaciones y estudios que esclarezcan la verdad de lo acaecido respecto de la expansi髇 de la epidemia durante la dictadura franquista, as� como las medidas de car醕ter sanitario y social en favor de las personas afectadas por la polio, efectos tard韔s de la polio y post-polio, que posibiliten su calidad de vida, contando con la participaci髇 de las entidades representativas de los afectados sobrevivientes a la polio.

Disposici髇 adicional duod閏ima Comisi髇 de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliaci髇 con el Pueblo Gitano en Espa馻

En el plazo de seis meses, y a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de memoria democr醫ica, se constituir� una comisi髇 de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliaci髇 con el Pueblo Gitano en Espa馻, que deber� elaborar un informe sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparaci髇 y no repetici髇 en lo relacionado con la situaci髇 hist髍ica del pueblo gitano en Espa馻. En todo caso, se garantizar� la participaci髇 del Consejo de la Memoria Democr醫ica, del conjunto de las administraciones p鷅licas y de las asociaciones y organizaciones representativas del pueblo gitano de 醡bito estatal, a trav閟 del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.

Disposici髇 adicional decimotercera Preservaci髇 y custodia de los archivos de las Presidencias de los Gobiernos democr醫icos

En el plazo de un a駉 a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se llevar醤 a cabo las acciones necesarias para garantizar el mantenimiento, preservaci髇 y custodia de los archivos y cualesquiera otros documentos y bienes de las Presidencias del Gobierno elegidas democr醫icamente desde el 15 de junio de 1977, para contribuir al conocimiento, difusi髇 y promoci髇 de la historia de la democracia en Espa馻 a trav閟 de sus instituciones y las aportaciones de sus representantes.

Disposici髇 adicional decimocuarta Conferencia Sectorial de Memoria Democr醫ica

A los efectos del art韈ulo 13 de esta ley, la Conferencia Sectorial de Memoria Democr醫ica pasar� a denominarse Consejo Territorial de Memoria Democr醫ica.

Disposici髇 adicional decimoquinta

Mediante acuerdo del Consejo de Ministros se designar� una comisi髇 t閏nica que, en el plazo de un a駉 desde la entrada en vigor de esta ley, elabore y presente un estudio que describa el conjunto de medidas y reparaci髇 de car醕ter econ髆ico dirigidas a las v韈timas de la Guerra y la Dictadura, y reconocidas tanto en la normativa estatal como en la auton髆ica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y d閒icits subsanables.

Disposici髇 adicional decimosexta

El Gobierno, en el plazo de un a駉, designar� una comisi髇 t閏nica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneraci髇 de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidaci髇 de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democr醫icos, entre la entrada en vigor de la Constituci髇 de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que se馻le posibles v韆s de reconocimiento y reparaci髇 a las mismas.

Disposici髇 adicional decimos閜tima Declaraci髇 del Fuerte de San Crist骲al como Lugar de Memoria

Conforme a lo establecido en la secci髇 4.� del cap韙ulo IV del t韙ulo II, en el plazo de un a駉 desde la aprobaci髇 de esta ley se promover醤 los mecanismos necesarios para, mediante convenio de colaboraci髇 con el Gobierno de Navarra y, en su caso, las entidades locales concernidas, proceder a la declaraci髇 del Fuerte de San Crist骲al como Lugar de Memoria, estableciendo la financiaci髇 y las actividades acordes con la recuperaci髇, salvaguarda y difusi髇 de la memoria democr醫ica en los t閞minos que asimismo se recojan en la normativa foral correspondiente.

Disposici髇 adicional decimoctava Cesi髇 del Palacio de la Cumbre de Donostia al Ayuntamiento de Donostia

En el plazo de un a駉 de la entrada en vigor de la presente ley, se promover� un convenio de cesi髇 del Palacio de la Cumbre de Donostia al Ayuntamiento de Donostia para actividades acordes con la finalidad propia de esta ley de recuperaci髇, salvaguarda y difusi髇 de la memoria democr醫ica.

Disposici髇 adicional decimonovena Restituci髇 o compensaci髇 a los partidos pol韙icos de bienes y derechos incautados

En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno aprobar� el Reglamento de desarrollo de la Ley 50/2007, de 26 de diciembre, de modificaci髇 de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restituci髇 o compensaci髇 a los partidos pol韙icos de bienes y derechos incautados en aplicaci髇 de la normativa sobre responsabilidades pol韙icas del periodo 1936-1939, el cual fijar� un nuevo plazo para la presentaci髇 de las solicitudes de restituci髇 o compensaci髇.

Disposici髇 transitoria primera Fundaci髇 de la Santa Cruz del Valle los Ca韉os

Hasta la aprobaci髇 del real decreto contemplado en el art韈ulo 54.6, el Consejo de Administraci髇 del Patrimonio Nacional continuar� ejerciendo las funciones de patronato y representaci髇 de la Fundaci髇 de la Santa Cruz del Valle los Ca韉os, rigi閚dose para ello transitoriamente por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y por el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal.

Dichas funciones se orientar醤, adem醩 de a la conservaci髇 y mantenimiento de la finca y de los edificios e instalaciones, a la preparaci髇 de la liquidaci髇 de la actual fundaci髇 al objeto de determinar los inventarios, presupuesto y cuentas de la misma, considerando de forma integral la totalidad de la gesti髇 econ髆ica de las actividades desarrolladas en el Valle de los Ca韉os por la fundaci髇 o por su administrador delegado. A estos efectos, el Consejo de Administraci髇 del Patrimonio Nacional contar� con la colaboraci髇 de los 髍ganos de la Administraci髇 General del Estado competentes por raz髇 de la materia.

LE0000008144_20221021

LE0000008309_20230727

Disposici髇 transitoria segunda R間imen transitorio de las declaraciones de reconocimiento y reparaci髇 personal

Las declaraciones de reparaci髇 y reconocimiento personal solicitadas con anterioridad al amparo del art韈ulo 4 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, no se ver醤 afectadas en su tramitaci髇 por la entrada en vigor de esta ley.

Hasta la aprobaci髇 de una nueva regulaci髇, las solicitudes de reconocimiento y reparaci髇 personal que se presenten con amparo al art韈ulo 6 de esta ley se tramitar醤 conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, sobre la declaraci髇 de reparaci髇 y reconocimiento personal a quienes padecieron persecuci髇 o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 normativa

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

• a) La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y ampl韆n derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecuci髇 o violencia durante la guerra civil y la dictadura.LE0000253344_20180826
• b) Las disposiciones adicionales trig閟ima tercera y trig閟ima sexta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a駉 2013.LE0000495586_20221021
• c) Sin perjuicio de lo establecido en la disposici髇 transitoria primera, quedan derogados el Decreto de 1 de abril de 1940; el Decreto-ley de 23 de agosto de 1957 por el que se establece la Fundaci髇 de la Santa Cruz del Valle de los Ca韉os; la disposici髇 final tercera de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, y el art韈ulo 58 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, que asignan al Consejo de Administraci髇 del Patrimonio Nacional las funciones de patronato y representaci髇 de la fundaci髇 creada por el Decreto-ley de 23 de agosto de 1957.LE0000008144_20221021LE0000008309_20230727

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Org醤ico del Ministerio Fiscal

Se modifica el art韈ulo veinte de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Org醤ico del Ministerio Fiscal, en los siguientes t閞minos:

Se introduce un nuevo apartado dos ter en el art韈ulo veinte, con la siguiente redacci髇:

LE0000007669_20240822

Disposici髇 final segunda Modificaci髇 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones

Se modifica el art韈ulo 33 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que queda redactado como sigue:

LE0000182534_20240822

Disposici髇 final tercera Modificaci髇 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicci髇 Voluntaria

Se introduce un nuevo cap韙ulo XI en el t韙ulo II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicci髇 Voluntaria, con el siguiente contenido:

LE0000555976_20240320

Disposici髇 final cuarta T韙ulo competencial

La presente ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para dictar la regulaci髇 de las condiciones b醩icas que garanticen la igualdad de todos los espa駉les en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, atribuida por el art韈ulo 149.1.1.� de la Constituci髇 Espa駉la.

Los art韈ulos 5 y 29 y la disposici髇 final tercera se dictan al amparo del art韈ulo 149.1.6.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar legislaci髇 procesal.

Los art韈ulos 15.2, 45 y 46 se dictan al amparo del art韈ulo 149.1.15.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva de fomento y coordinaci髇 general de la investigaci髇 cient韋ica y t閏nica.

Los art韈ulos 18 y 20 se dictan al amparo del art韈ulo 149.1.18.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de procedimiento administrativo com鷑 y legislaci髇 sobre expropiaci髇 forzosa, respectivamente.

Los art韈ulos 26 y 27 se dictan al amparo del art韈ulo 149.1.28.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al estado la competencia exclusiva sobre archivos de titularidad estatal.

El art韈ulo 28 y la disposici髇 final primera se dictan al amparo del art韈ulo 149.1.5.� de la Constituci髇 Espa駉la que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administraci髇 de Justicia.

El art韈ulo 33 y la disposici髇 adicional octava se dictan al amparo del art韈ulo 149.1.8.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislaci髇 civil.

El art韈ulo 44 se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.30.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer la normativa b醩ica para el desarrollo del art韈ulo 27 de la Constituci髇 Espa駉la.

Los art韈ulos 44.2 y 47 se dictan al amparo de los art韈ulos 149.1.18.� de la Constituci髇 Espa駉la, que reserva al Estado la competencia en cuanto a las bases del r間imen estatutario de los funcionarios, y en el art韈ulo 149.1.7.�, sobre la legislaci髇 laboral, en lo que se refiere al personal no funcionario.

La disposici髇 adicional primera se dicta al amparo del art韈ulo 149.1.6.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar legislaci髇 procesal, y del art韈ulo 149.1.18.�, que atribuye al estado la competencia sobre procedimiento administrativo com鷑.

Disposici髇 final quinta Habilitaci髇 normativa

Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicaci髇 de lo establecido en esta ley.

Disposici髇 final sexta Acceso a la informaci髇 p鷅lica de los archivos de la Administraci髇 General del Estado

En el plazo de un a駉 a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno presentar� a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificaci髇 de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la informaci髇 p鷅lica de todos los archivos pertenecientes a la Administraci髇 General del Estado, y especialmente los referidos a la Guerra de Espa馻 y la Dictadura, en los t閞minos que prevea dicha ley.

Disposici髇 final s閜tima Plazo para la restituci髇 a personas naturales o jur韉icas de car醕ter privado, de documentos, fondos documentales y otros efectos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restituci髇 a la Generalidad de Catalu馻 de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Espa駉la y de creaci髇 del Centro Documental de la Memoria Hist髍ica

1. El plazo para el ejercicio del derecho de restituci髇 por personas naturales o jur韉icas de car醕ter privado a que se refiere el art韈ulo 3 del Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, ser� de un a駉 a contar desde la identificaci髇 a que se refiere el apartado 3 de la presente disposici髇. En cualquier caso, las personas a que se refiere esta disposici髇 podr醤 ejercitar su derecho de restituci髇 antes de la identificaci髇 de documentos y efectos a realizar por el Estado.

2. El derecho de restituci髇 respecto a los partidos pol韙icos, organizaciones sindicales y a sus organizaciones vinculadas, tales como unidades militares o cualesquiera otras, alcanzar� a todo tipo de efectos, entre otros ense馻s, emblemas y banderas que se conserven en cualquier dependencia u 髍gano de la Administraci髇 General del Estado y su sector p鷅lico.

3. El Estado dispondr�, en el plazo de un a駉 a contar desde el d韆 siguiente a la entrada en vigor de esta ley las medidas necesarias para identificar todos los documentos y efectos que deban ser restituidos, a fin de que las personas puedan materializar su derecho a la recuperaci髇 de forma efectiva.

4. Se habilita al Gobierno para modificar los plazos dispuestos en esta disposici髇, una vez se cumplan los plazos en ella dispuestos.

Disposici髇 final octava

1. A los efectos de lo previsto en esta ley, se garantizar� a los interesados y a sus herederos el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos p鷅licos y la obtenci髇 de la copia que soliciten de los documentos que les conciernan. El acceso a los fondos documentales existentes en los archivos hist髍icos se regir� por la Ley de Patrimonio Hist髍ico Espa駉l. Sin embargo, no ser� de aplicaci髇 para los casos previstos en el art韈ulo 27.1 de esta ley lo dispuesto en el apartado c) del art韈ulo 57.1 de la Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Hist髍ico Espa駉l.

2. Lo previsto en el apartado anterior ser� de aplicaci髇, en sus propios t閞minos, a los archivos privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos p鷅licos.

Disposici髇 final novena Entrada en vigor

Esta ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el 獴olet韓 Oficial del Estado�.

Por tanto,

Mando a todos los espa駉les, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.