Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico

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Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular su art韈ulo 114,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

Previa consulta al Comit� de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) La Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) ha sido modificada de forma sustancial. Dado que deben hacerse nuevas modificaciones y en aras de la claridad, conviene proceder a la refundici髇 de dicha Directiva.
• (2) Con arreglo al art韈ulo 13 de la Directiva 2003/98/CE y cinco a駉s despu閟 de la adopci髇 de la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) , que modific� la Directiva 2003/98/CE, la Comisi髇, tras consultar a las partes interesadas pertinentes, ha evaluado y revisado el funcionamiento de la Directiva 2003/98/CE en el marco del programa de adecuaci髇 y eficacia de la reglamentaci髇.
• (3) Tras la consulta a las partes interesadas y en vista de los resultados de la evaluaci髇 de impacto, la Comisi髇 consider� que era necesario actuar a escala de la Uni髇 para afrontar los obst醕ulos restantes y emergentes a una amplia reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico y financiada con fondos p鷅licos en toda la Uni髇 y actualizar el marco legislativo con los avances en las tecnolog韆s digitales, y estimular a鷑 m醩 la innovaci髇 digital, en especial en lo que respecta a inteligencia artificial.
• (4) Los cambios de fondo introducidos en el texto legislativo con el fin de explotar plenamente el potencial de la informaci髇 del sector p鷅lico para la econom韆 y la sociedad europeas se centran en los siguientes aspectos: la prestaci髇 de acceso en tiempo real a los datos din醡icos a trav閟 de medios t閏nicos adecuados, aumentando el suministro de datos p鷅licos valiosos para la reutilizaci髇, incluidos los de las empresas p鷅licas, organizaciones que financian la investigaci髇 y organizaciones que realizan actividades de investigaci髇, haciendo frente a la aparici髇 de nuevas formas de acuerdos exclusivos, el uso de excepciones al principio de tarificaci髇 del coste marginal y la relaci髇 entre la presente Directiva y determinados instrumentos jur韉icos conexos, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y las Directivas 96/9/CE (6) , 2003/4/CE (7) y 2007/2/CE (8) del Parlamento Europeo y del Consejo.
• (5) El acceso a la informaci髇 es un derecho fundamental. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea (en lo sucesivo, 獵arta�) establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresi髇, que comprende la libertad de opini髇 y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades p鷅licas y sin consideraci髇 de fronteras.
• (6) El art韈ulo 8 de la Carta garantiza el derecho a la protecci髇 de los datos de car醕ter personal y establece que dichos datos se tratar醤 de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento leg韙imo previsto por la ley y sometido al control de una autoridad independiente.
• (7) El Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE) prev� la creaci髇 de un mercado interior y de un sistema que impida el falseamiento de la competencia en dicho mercado. La armonizaci髇 de las normas y pr醕ticas de los Estados miembros en relaci髇 con la explotaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico contribuye a la consecuci髇 de estos objetivos.
• (8) El sector p鷅lico de los Estados miembros recoge, produce, reproduce y difunde una amplia gama de informaci髇 en numerosos 醡bitos de actividad, como el social, pol韙ico, econ髆ico, jur韉ico, geogr醘ico, medioambiental, meteorol骻ico, s韘mico, tur韘tico, empresarial, educativo y de las patentes. Los documentos elaborados por los organismos del sector p鷅lico de car醕ter ejecutivo, legislativo o judicial constituyen un conjunto amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la sociedad. Ofrecer esta informaci髇, que incluye los datos din醡icos, en un formato electr髇ico de uso habitual permite que los ciudadanos y las personas jur韉icas hallen nuevas formas de utilizarla y creen productos y servicios nuevos e innovadores. Los Estados miembros y los organismos del sector p鷅lico pueden beneficiarse y recibir un apoyo financiero adecuado de los fondos y programas de la Uni髇 pertinentes, garantizando un uso generalizado de las tecnolog韆s digitales o la transformaci髇 digital de las administraciones p鷅licas y los servicios p鷅licos en su empe駉 por facilitar la reutilizaci髇 de los datos.
• (9) La informaci髇 del sector p鷅lico representa una fuente extraordinaria de datos que pueden contribuir a mejorar el mercado 鷑ico y al desarrollo de nuevas aplicaciones para los consumidores y las personas jur韉icas. El empleo inteligente de los datos, incluido su tratamiento a trav閟 de aplicaciones de inteligencia artificial, puede tener un efecto transformador en todos los sectores de la econom韆.
• (10) La Directiva 2003/98/CE estableci� un conjunto de normas m韓imas que regula la reutilizaci髇 y los dispositivos pr醕ticos para facilitar la reutilizaci髇 de los documentos existentes que obran en poder de los organismos del sector p鷅lico de los Estados miembros, incluidos los 髍ganos ejecutivo, legislativo y judicial. Desde la adopci髇 del primer conjunto de normas sobre reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico, el volumen de datos, incluidos los p鷅licos, ha aumentado exponencialmente en todo el mundo, al tiempo que se est醤 generando y recopilando nuevos tipos de datos. Paralelamente, se est� produciendo una constante evoluci髇 de las tecnolog韆s para el an醠isis, la explotaci髇 y el tratamiento de datos, como el aprendizaje autom醫ico, la inteligencia artificial y el internet de las cosas. Esa r醦ida evoluci髇 tecnol骻ica permite la creaci髇 de nuevos servicios y aplicaciones basados en el uso, la agregaci髇 o la combinaci髇 de datos. Las normas originales de 2003, y modificadas en 2013 est醤 desfasadas con respecto a estos r醦idos cambios y, como consecuencia de ello, pueden perderse las oportunidades econ髆icas y sociales que ofrece la reutilizaci髇 de los datos p鷅licos.
• (11) La evoluci髇 hacia una sociedad basada en datos, que utiliza datos de distintos 醡bitos y actividades, afecta a la vida de todos los ciudadanos de la Uni髇, entre otras cosas al permitirles contar con nuevos medios para acceder y adquirir el conocimiento.
• (12) Los contenidos digitales desempe馻n un papel importante en esta evoluci髇. La producci髇 de contenidos ha dado lugar durante los 鷏timos a駉s, y sigue haci閚dolo actualmente, a un fen髆eno de r醦ida creaci髇 de empleo. La mayor parte de estos puestos de trabajo los crean empresas emergentes y peque馻s y medianas empresas (pymes) innovadoras.
• (13) Uno de los principales objetivos del establecimiento de un mercado interior es la creaci髇 de unas condiciones que favorezcan el desarrollo de algunos servicios y productos que abarquen toda la Uni髇 y los Estados miembros. La informaci髇 del sector p鷅lico o la informaci髇 recogida, producida, reproducida y difundida en el ejercicio de una misi髇 de servicio p鷅lico o un servicio de inter閟 general constituye una materia prima importante para diversos productos y servicios de contenidos digitales y se convertir� en un recurso cada vez m醩 importante con el desarrollo de tecnolog韆s digitales avanzadas como la inteligencia artificial, las tecnolog韆s de registro descentralizado y el internet de las cosas. En este contexto, ser� asimismo esencial una amplia cobertura geogr醘ica transfronteriza. Cabe esperar que una amplia posibilidad de reutilizaci髇 de esos documentos del sector p鷅lico permita, entre otras cosas, a todas las compa耥as europeas, incluidas las microem� presas y las pymes, as� como la sociedad civil, aprovechar su potencial y contribuir al desarrollo econ髆ico y a la creaci髇 y protecci髇 de empleo de calidad, en particular en beneficio de las comunidades locales, as� como a la materializaci髇 de importantes objetivos sociales como la rendici髇 de cuentas y la transparencia.
• (14) Autorizar la reutilizaci髇 de los documentos que obran en poder de un organismo del sector p鷅lico les confiere valor a馻dido para los reutilizadores, para los usuarios finales y para la sociedad en general y, en muchos casos, para el propio organismo p鷅lico, ya que el fomento de la transparencia y la responsabilidad y las aportaciones de reutilizadores y usuarios finales permiten al organismo del sector p鷅lico de que se trate mejorar la calidad de la informaci髇 recopilada y la realizaci髇 de sus misiones de servicio p鷅lico.
• (15) Existen considerables diferencias de un Estado miembro a otro en relaci髇 con las normas y pr醕ticas de explotaci髇 de los recursos de informaci髇 del sector p鷅lico. Estas diferencias constituyen barreras que obstaculizan el aprovechamiento pleno de las posibilidades econ髆icas de este recurso esencial. La explotaci髇 por organismos del sector p鷅lico de informaci髇 de dicho sector sigue variando de un Estado miembro a otro, lo que se ha de tener en cuenta. Debe perseguirse, por tanto, una armonizaci髇 m韓ima de las normas y pr醕ticas nacionales en materia de reutilizaci髇 de los documentos del sector p鷅lico en los casos en que las diferencias entre las normas y las pr醕ticas nacionales o la ausencia de claridad obstaculizan el buen funcionamiento del mercado interior y el adecuado desarrollo de la sociedad de la informaci髇 en la Uni髇.
• (16) Por datos abiertos como concepto se entiende en general los datos en formatos abiertos que puede utilizar, reutilizar y compartir libremente cualquier persona con cualquier fin. Las pol韙icas de apertura de la informaci髇, que propician la disponibilidad y la reutilizaci髇 generalizadas de la informaci髇 del sector p鷅lico con fines privados o comerciales, con restricciones m韓imas o nulas de car醕ter jur韉ico, t閏nico o econ髆ico, y que favorecen la circulaci髇 de la informaci髇 no solo para los agentes econ髆icos, sino principalmente para el p鷅lico, pueden desempe馻r una funci髇 importante a la hora de fomentar el compromiso social e impulsar y promover el desarrollo de nuevos servicios basados en formas novedosas de combinar y utilizar esa informaci髇. Por tanto, se anima a los Estados miembros a promover la creaci髇 de datos basados en el principio 玜biertos desde el dise駉 y por defecto�, con respecto a todos los documentos que entren en el 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva. Al hacerlo, deber醤 garantizar un nivel constante de protecci髇 de los objetivos de inter閟 p鷅lico, como la seguridad p鷅lica, inclusive cuando afecte a informaci髇 sensible sobre infraestructuras cr韙icas, y se garantiza la protecci髇 de los datos personales, tambi閚 cuando la informaci髇 de un conjunto de datos espec韋ico pueda no suponer un riesgo de identificaci髇 o individualizaci髇 de una persona f韘ica, pero s� suponerlo si se combina con otra informaci髇 disponible.
• (17) Adem醩, en ausencia de una armonizaci髇 m韓ima a nivel de la Uni髇, las actividades legislativas a nivel nacional, iniciadas ya en algunos Estados miembros ante la necesidad de dar respuesta a los retos tecnol骻icos, podr韆n dar lugar a discrepancias todav韆 m醩 importantes. Las consecuencias de estas discrepancias legislativas y de esta incertidumbre ir醤 acentu醤dose con el futuro desarrollo de la sociedad de la informaci髇, que ha ocasionado ya una fuerte intensificaci髇 de la explotaci髇 transfronteriza de la informaci髇.
• (18) Los Estados miembros han establecido pol韙icas de reutilizaci髇 en el marco de la Directiva 2003/98/CE y algunos de ellos han adoptado ambiciosos planteamientos en materia de apertura de la informaci髇 que superan el nivel m韓imo fijado en dicha Directiva con el fin de facilitar la reutilizaci髇 de los datos accesibles del sector p鷅lico a ciudadanos y personas jur韉icas. La divergencia de normas en diversos Estados miembros puede suponer un obst醕ulo para la oferta transfronteriza de productos y servicios e impedir que conjuntos de datos p鷅licos comparables puedan reutilizarse en aplicaciones paneuropeas basadas en ellos. As� pues, es preciso un nivel m韓imo de armonizaci髇 para determinar los tipos de datos p鷅licos que est醤 disponibles para su reutili� zaci髇 en el mercado interior de la informaci髇, de acuerdo con los reg韒enes de acceso pertinentes, tanto generales como sectoriales, como el que se define en la Directiva 2003/4/CE, y sin afectarles. Las disposiciones del Derecho nacional y de la Uni髇 que superen estos requisitos m韓imos, en particular en casos de legislaci髇 sectorial, deben seguir aplic醤dose. Entre los ejemplos de disposiciones que superan el nivel m韓imo de armonizaci髇 de la presente Directiva se incluyen umbrales en la presente Directiva m醩 bajos en el caso de los gastos admisibles para la reutilizaci髇 que los umbrales previstos en el art韈ulo 6 o condiciones de licencias menos restrictivas que las contempladas en el art韈ulo 8. En particular, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones que superen el nivel m韓imo de armonizaci髇 de esta establecidas en los Reglamentos Delegados de la Comisi髇 adoptados en virtud de la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) .
• (19) Adem醩, se anima a los Estados miembros a ir m醩 all� de los requisitos m韓imos establecidos por la presente Directiva aplicando los requisitos de esta a los documentos que obran en poder de empresas p鷅licas relacionados con actividades que, en virtud del art韈ulo 34 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) , est閚 sometidas directamente a la competencia. Los Estados miembros tambi閚 pueden decidir aplicar los requisitos de la presente Directiva a las empresas privadas, en particular las que presten servicios de inter閟 general.
• (20) Se necesita disponer de un marco general para las condiciones de reutilizaci髇 de los documentos del sector p鷅lico con el fin de garantizar que dichas condiciones sean equitativas, proporcionadas y no discriminatorias. Los organismos del sector p鷅lico recogen, producen, reproducen y difunden documentos para llevar a cabo su labor de servicio p鷅lico. Las empresas p鷅licas recogen, producen, reproducen y difunden documentos para prestar servicios de inter閟 general. La utilizaci髇 de dichos documentos por otros motivos constituye una reutilizaci髇. Las pol韙icas de los Estados miembros pueden ir m醩 all� de las normas m韓imas establecidas en la presente Directiva, permitiendo as� una reutilizaci髇 m醩 amplia. Al transponer la presente Directiva, los Estados miembros pueden utilizar t閞minos distintos de 玠ocumentos�, siempre que se mantenga todo el alcance de la definici髇 del t閞mino 玠ocumento� tal que establecido en la presente Directiva.
• (21) La presente Directiva debe aplicarse a los documentos cuyo suministro sea una actividad que incida en el 醡bito de la misi髇 de servicio p鷅lico de los organismos del sector p鷅lico implicados, definida con arreglo a la legislaci髇 o a otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro. En ausencia de tales normas, la misi髇 de servicio p鷅lico debe definirse de conformidad con la pr醕tica administrativa com鷑 del Estado miembro, siempre y cuando el 醡bito de las misiones de servicio p鷅lico sea transparente y se someta a revisi髇. La misi髇 de servicio p鷅lico puede definirse con car醕ter general o caso por caso para los diferentes organismos del sector p鷅lico.
• (22) La presente Directiva debe ser aplicable a los documentos que se hagan accesibles con fines de reutilizaci髇 cuando los organismos del sector p鷅lico suministren con licencia, vendan, difundan, intercambien o proporcionen informaci髇. Para evitar las subvenciones cruzadas, la reutilizaci髇 incluye la utilizaci髇 posterior de los documentos dentro del propio organismo para actividades distintas de la misi髇 de servicio p鷅lico. Entre las actividades ajenas a la misi髇 de servicio p鷅lico, un ejemplo t韕ico es el suministro de documentos producidos y por los que se haya pagado un precio en un marco exclusivamente comercial y en competencia con otros actores del mercado.
• (23) La presente Directiva no debe restringir ni afectar en modo alguno el desempe駉 de las funciones legales de las autoridades p鷅licas y otros organismos del sector p鷅lico. La presente Directiva debe imponer a los Estados miembros la obligaci髇 de permitir la reutilizaci髇 de todos los documentos existentes, salvo si el acceso est� restringido o excluido en virtud de normas nacionales sobre el acceso a los documentos o sometido a las dem醩 excepciones establecidas en la presente Directiva. La presente Directiva se basa en los actuales reg韒enes de acceso de los Estados miembros y no modifica las normas nacionales de acceso a documentos. No es aplicable a aquellos casos en que, con arreglo al r間imen pertinente de acceso, los ciudadanos o personas jur韉icas puedan obtener un documento solo si pueden demostrar un inter閟 particular. A nivel de la Uni髇, el art韈ulo 41 sobre el derecho a una buena administraci髇 y el art韈ulo 42 sobre el derecho de acceso a los documentos en la Carta reconocen el derecho de todo ciudadano de la Uni髇 y de toda persona f韘ica o jur韉ica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro a tener acceso a los documentos que obren en poder del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisi髇. Se debe instar a los organismos del sector p鷅lico a poner a disposici髇, con vistas a su reutilizaci髇, todos los documentos que conserven. Los organismos del sector p鷅lico deben promover y alentar la reutilizaci髇 de documentos, inclusive los textos oficiales de car醕ter legislativo y adminis� trativo, en los casos en los que el organismo del sector p鷅lico tiene el derecho a autorizar su reutilizaci髇.
• (24) Los Estados miembros a menudo conf韆n la prestaci髇 de servicios de inter閟 general a entidades ajenas al sector p鷅lico, aunque mantienen un grado elevado de control sobre estas. Al mismo tiempo, la Directiva 2003/98/CE solo se aplica a los documentos conservados por organismos del sector p鷅lico, mientras que excluyen de su 醡bito de aplicaci髇 a las empresas p鷅licas. Esto origina una escasez de documentos disponibles para su reutili� zaci髇 elaborados durante la prestaci髇 de servicios de inter閟 general en una serie de 醡bitos, en particular en el sector de los servicios. Tambi閚 reduce considerablemente el potencial de creaci髇 de servicios transfronterizos basados en documentos conservados por empresas p鷅licas que prestan servicios de inter閟 general.
• (25) La Directiva 2003/98/CE debe, por lo tanto, modificarse para garantizar que pueda aplicarse a la reutilizaci髇 de documentos existentes elaborados durante la prestaci髇 de servicios de inter閟 general por parte de las empresas p鷅licas que realizan alguna de las actividades contempladas en los art韈ulos 8 a14 de la Directiva 2014/25/UE, as� como por las empresas p鷅licas que act鷄n como operadores de servicio p鷅lico con arreglo al art韈ulo 2 del Reglamento (CE) n.� 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) , las empresas p鷅licas que act鷄n como compa耥as a閞eas que cumplen obligaciones de servicio p鷅lico con arreglo al art韈ulo 16 del Reglamento (CE) n.� 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) , y las empresas p鷅licas que act鷄n como armadores comunitarios que cumplen obligaciones de servicio p鷅lico con arreglo al art韈ulo 4 del Reglamento (CEE) n.� 3577/92 del Consejo (13) .
• (26) La presente Directiva no debe contener una obligaci髇 general para permitir la reutilizaci髇 de documentos elaborados por empresas p鷅licas. La decisi髇 de autorizar o no la reutilizaci髇 debe corresponder a la empresa p鷅lica de que se trate, salvo si se exige otra cosa en la presente Directiva, el Derecho de la Uni髇 o el Derecho nacional. Solo una vez que la empresa p鷅lica haya puesto a disposici髇 un documento para su reutilizaci髇, debe respetar las obligaciones pertinentes establecidas en los cap韙ulos III y IV de la presente Directiva, en particular en materia de formatos, tarificaci髇, transparencia, licencias, no discriminaci髇 y prohibici髇 de acuerdos exclusivos. Por otra parte, las empresas p鷅licas no est醤 obligadas a cumplir los requisitos establecidos en el cap韙ulo II, como las normas aplicables a la tramitaci髇 de solicitudes. Al permitir la reutilizaci髇 de documentos, debe prestarse especial atenci髇 a la protecci髇 de informaci髇 sensible sobre infraestructuras cr韙icas definidas en la Directiva 2008/114/CE del Consejo (14) y de servicios esenciales en el sentido de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) .
• (27) El volumen de datos de investigaci髇 generados est� creciendo exponencialmente y pueden ser reutilizados por otros usuarios ajenos a la comunidad cient韋ica. Para poder afrontar con eficacia y de manera global los crecientes desaf韔s sociales, la posibilidad de acceder a datos de diferentes fuentes y de todo tipo de sectores y disciplinas, de combinarlos y reutilizarlos ha pasado a ser algo crucial y urgente. Los datos de investigaci髇 incluyen estad韘ticas, resultados de experimentos, mediciones, observaciones derivadas del trabajo de campo, resultados de encuestas, grabaciones e im醙enes de entrevistas. Tambi閚 incluyen metadatos, especificaciones y otros objetos digitales. Los datos de investigaci髇 son diferentes de los art韈ulos cient韋icos que divulgan y comentan las conclusiones resultantes de sus investigaciones cient韋icas. Durante muchos a駉s, la libre disponibilidad y la posibilidad de reutilizar los datos de investigaciones cient韋icas propiciadas por la financiaci髇 p鷅lica han sido objeto de iniciativas pol韙icas espec韋icas. Por acceso abierto se entiende la pr醕tica de ofrecer a los usuarios finales el acceso en l韓ea y gratuito a los resultados de investigaciones, sin m醩 restricciones de la utilizaci髇 y reutilizaci髇 que la posibilidad de exigir que se reconozca la autor韆. Las pol韙icas de acceso abierto se proponen, en particular, proporcionar a los investigadores y al p鷅lico en general, tan pronto como sea posible en el proceso de divulgaci髇, el acceso a datos de investigaci髇 y facilitar su uso y reutilizaci髇. El acceso abierto mejora la calidad, reduce la necesidad de duplicaciones innecesarias en la investigaci髇, acelera el progreso cient韋ico, combate el fraude cient韋ico y puede favorecer de manera general el crecimiento econ髆ico y la innovaci髇. Adem醩 del acceso abierto, es encomiable que se est� procurando garantizar que la planificaci髇 de la gesti髇 de datos se convierta en una pr醕tica cient韋ica est醤dar y apoyar la divulgaci髇 de datos de investigaci髇 que sean f醕iles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables (principios FAIR).
• (28) Por las razones antes expuestas, procede imponer a los Estados miembros la obligaci髇 de adoptar pol韙icas de acceso abierto con respecto a los datos de la investigaci髇 financiada p鷅licamente y garantizar que dichas pol韙icas son ejecutadas por todas las organizaciones que realizan actividades de investigaci髇 y las organizaciones que financian la investigaci髇. Las organizaciones que realizan actividades de investigaci髇 y las organizaciones que financian la investigaci髇 tambi閚 se pueden organizar como organismos del sector p鷅lico y como empresas p鷅licas. La presente Directiva se aplica a dichas organizaciones h韇ridas 鷑icamente en su condici髇 de organizaciones que realizan actividades de investigaci髇 y a sus datos de investigaci髇. Las pol韙icas de acceso abierto permiten normalmente una serie de excepciones a la hora de poner a disposici髇 del p鷅lico los resultados de la investigaci髇 cient韋ica. La Recomendaci髇 de la Comisi髇 de 25 de abril de 2018 relativa al acceso a la informaci髇 cient韋ica y a su preservaci髇 describe, entre otras cosas, elementos pertinentes de las pol韙icas de acceso abierto. Adem醩, deben mejorarse las condiciones en las cuales pueden reutilizarse determinados datos de la investigaci髇. Por este motivo, algunas obligaciones derivadas de la presente Directiva deben ampliarse a los datos de investigaci髇 resultantes de actividades de investigaci髇 cient韋ica subvencionadas mediante financiaci髇 p鷅lica o cofinanciadas por entidades de los sectores p鷅lico y privado. Con arreglo a las pol韙icas nacionales de acceso abierto, los datos de la investigaci髇 financiada p鷅licamente ser醤 abiertos por defecto. Sin embargo, en este contexto, deben tenerse debidamente en cuenta las inquietudes relacionadas con la privacidad, la protecci髇 de datos personales, la confidencialidad, la seguridad nacional, los intereses comerciales leg韙imos, como los secretos comerciales, y los derechos de propiedad intelectual de terceros, conforme al principio 玹an abiertos como sea posible, tan cerrados como sea necesario�. Por otra parte, los datos de investi� gaci髇 a los que no puede accederse por motivos de seguridad nacional, defensa o seguridad p鷅lica no deben estar cubiertos por la presente Directiva. Para evitar cualquier carga administrativa, las obligaciones derivadas de la presente Directiva solo deben aplicarse a aquellos datos de investigaci髇 que ya hayan sido puestos a disposici髇 del p鷅lico por investigadores, organizaciones que realizan actividades de investigaci髇 u organiza� ciones que financian la investigaci髇 a trav閟 de un registro institucional o tem醫ico, y no deben imponer costes adicionales para la obtenci髇 de los conjuntos de datos ni requerir una selecci髇 adicional de los datos. Los Estados miembros pueden hacer extensiva la aplicaci髇 de la presente Directiva a los datos de investigaci髇 puestos a disposici髇 del p鷅lico a trav閟 de infraestructuras de datos distintas de los registros, a trav閟 de publicaciones de acceso abierto o en forma de fichero adjunto a un art韈ulo, a un art韈ulo de datos o a un art韈ulo en una revista especializada en datos. Los documentos distintos de los datos de investigaci髇 deben seguir estando excluidos del 醡bito de la presente Directiva.
• (29) La definici髇 de 玱rganismo del sector p鷅lico� se basa en la definici髇 del punto 1 del art韈ulo 2, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (16) . La definici髇 de organismo de Derecho p鷅lico y la de empresa p鷅lica establecidas en la Directiva 2014/25/UE deben aplicarse a la presente Directiva.
• (30) La presente Directiva establece una definici髇 del t閞mino documento y esa definici髇 debe incluir cualquiera de sus partes. El t閞mino documento debe abarcar todas las formas de representaci髇 de actos, hechos o informaci髇, y cualquier recopilaci髇 de los mismos, independientemente del soporte (escrito en papel, almacenado en forma electr髇ica o como grabaci髇 sonora, visual o audiovisual). La definici髇 de documento no pretende incluir los programas inform醫icos. Los Estados miembros pueden hacer extensiva la aplicaci髇 de la presente Directiva a los programas inform醫icos.
• (31) Cada vez es m醩 frecuente que los organismos del sector p鷅lico pongan a disposici髇 sus documentos para su reutilizaci髇 de una manera proactiva, garantizando la detectabilidad en l韓ea y la disponibilidad real de los documentos y los metadatos conexos en formatos abiertos, legibles por m醧uina y que garantizan la interopera� bilidad, la reutilizaci髇 y la accesibilidad. Los documentos tambi閚 deben estar disponibles para su reutilizaci髇 a ra韟 de una solicitud presentada por un reutilizador. En tales casos, los plazos de respuesta a las solicitudes de reutilizaci髇 de los documentos deben ser razonables y adecuarse a los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso al documento en virtud del r間imen correspondiente de acceso. Las empresas p鷅licas, los centros educativos, las organizaciones que realizan actividades de investigaci髇 y las organizaciones que financian la investigaci髇 deben, no obstante, quedar exentas de este requisito. La fijaci髇 de plazos razonables a escala de la Uni髇 estimular� la creaci髇 de nuevos productos y servicios de informaci髇 agregada a escala paneuropea. Esto es particularmente importante para los datos din醡icos (incluidos los datos medioambientales, la informaci髇 sobre el tr醘ico, los datos obtenidos v韆 sat閘ite, los datos meteorol骻icos y los datos generados por sensores), cuyo valor econ髆ico depende de su puesta a disposici髇 inmediata y de una actualizaci髇 regular. Por lo tanto, los datos din醡icos deben ponerse a disposici髇 inmediatamente despu閟 de su recopilaci髇 o, cuando se trate de una actualizaci髇 manual, inmediatamente despu閟 de la modificaci髇 del conjunto de datos, a trav閟 de una interfaz de programaci髇 de aplicaciones (API) con el fin de facilitar el desarrollo de aplicaciones de internet, de telefon韆 m髒il y en la nube basadas en dichos datos. Cuando ello no sea posible debido a limitaciones t閏nicas o financieras, los organismos del sector p鷅lico deben poner a disposici髇 los documentos en un plazo que permita aprovechar plenamente el potencial econ髆ico de dichos documentos. Se deben tomar medidas espec韋icas para eliminar las limitaciones t閏nicas y financieras pertinentes. Cuando se utilice una licencia, el plazo en que los documentos se ponen a disposici髇 puede ser parte integrante de las condiciones de la licencia. Cuando la verificaci髇 de los datos sea esencial por razones justificadas de inter閟 p鷅lico, en particular por motivos de salud y seguridad p鷅licas, los datos din醡icos deben ponerse a disposici髇 inmediatamente despu閟 de su verificaci髇. Dicha verificaci髇 esencial no debe afectar a la frecuencia de las actualizaciones.
• (32) Para obtener acceso a los datos abiertos para su reutilizaci髇 por la presente Directiva, resulta 鷗il garantizar el acceso a los datos din醡icos a trav閟 de API bien dise馻das. Una API es un conjunto de funciones, procedi� mientos, definiciones y protocolos para la comunicaci髇 de m醧uina a m醧uina y el intercambio fluido de datos. Las API deben estar respaldadas por documentaci髇 t閏nica clara, completa y disponible en l韓ea. Cuando sea posible, deben utilizarse API abiertas. Cuando proceda, deben aplicarse protocolos est醤dar reconocidos a escala de la Uni髇 o internacional y emplearse normas internacionales para los conjuntos de datos. Las API pueden tener diferentes niveles de complejidad y pueden adoptar la forma de un simple enlace a una base de datos para obtener conjuntos de datos espec韋icos, de una interfaz web o de estructuras m醩 complejas. La reutili� zaci髇 y el intercambio de datos a trav閟 de un uso adecuado de API crean valor general, dado que ayudar醤 a los desarrolladores y a las empresas emergentes a crear nuevos servicios y productos. Tambi閚 es un elemento decisivo a la hora de crear ecosistemas valiosos alrededor de activos de datos que est醤 a menudo sin utilizar. La creaci髇 y la utilizaci髇 de API ha de basarse en varios principios: disponibilidad, estabilidad, mantenimiento durante la vida 鷗il, uniformidad de uso y normas, facilidad de uso y seguridad. En el caso de los datos din醡icos, a saber, los datos que se actualizan con frecuencia, a menudo en tiempo real, los organismos del sector p鷅lico y las empresas p鷅licas deben ponerlos a disposici髇 para su reutilizaci髇 inmediatamente despu閟 de su recopilaci髇 por medio de API adecuadas y, cuando proceda, en forma de descarga masiva, excepto en los casos en los que esto supondr韆 un esfuerzo desproporcionado. Al evaluar la proporcionalidad del esfuerzo debe tenerse en cuenta el tama駉 y el presupuesto de funcionamiento del organismo del sector p鷅lico o de la empresa p鷅lica de que se trate.
• (33) Las posibilidades de reutilizaci髇 pueden mejorarse si se limita la necesidad de digitalizar documentos existentes en papel o de procesar los archivos digitales para hacerlos mutuamente compatibles. As� pues, los organismos del sector p鷅lico deben ofrecer los documentos en todos los formatos o lenguas preexistentes, por medios electr髇icos cuando resulte posible y oportuno. Tambi閚 deben contemplar favorablemente las solicitudes de expedici髇 de extractos de un documento existente, siempre que no conlleven m醩 que una operaci髇 simple. Sin embargo, los organismos del sector p鷅lico no deben estar obligados a proporcionar extractos de documentos o a modificar el formato de la informaci髇 solicitada cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado. Con el fin de facilitar la reutilizaci髇, los organismos del sector p鷅lico deben poner a disposici髇 sus propios documentos en un formato que, en la medida de lo posible y si es adecuado, no dependa de la utilizaci髇 de programas espec韋icos. Siempre que sea posible y adecuado, los organismos del sector p鷅lico deben tener en cuenta las posibilidades de reutilizaci髇 de los documentos por personas con discapacidad y a ellas destinados ofreciendo la informaci髇 en formatos accesibles de conformidad con los requisitos de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo (17) .
• (34) Para facilitar la reutilizaci髇, los organismos del sector p鷅lico deben poner, siempre que sea posible y apropiado, los documentos, incluidos los publicados en p醙inas web, a disposici髇 del p鷅lico mediante formatos abiertos y legibles por m醧uina junto con sus metadatos, con los niveles m醩 elevados de precisi髇 y granularidad, en un formato que garantice su interoperabilidad; por ejemplo, proces醤dolos de forma coherente con los principios que rigen los requisitos de facilidad de utilizaci髇 y compatibilidad de la informaci髇 espacial en virtud de la Directiva 2007/2/CE.
• (35) Debe considerarse que un documento se presenta en formato legible por m醧uina si tiene un formato de archivo estructurado de tal forma que permite a las aplicaciones inform醫icas identificar, reconocer y extraer con facilidad los datos espec韋icos que contiene. Los datos codificados en archivos estructurados en un formato legible por m醧uina deben considerarse datos legibles por m醧uina. Los formatos legibles por m醧uina pueden ser abiertos o propietarios; pueden ser normas formales o no serlo. Los documentos codificados en un formato de archivo que limita este procesamiento autom醫ico, por el hecho de que los datos no pueden extraerse o no pueden extraerse f醕ilmente de ellos, no deben considerarse documentos en un formato legible por m醧uina. Cuando sea posible y proceda, los Estados miembros deben fomentar el uso de formatos abiertos y legibles por m醧uina reconocidos a escala de la Uni髇 o internacional. Al elaborar soluciones t閏nicas para la reutilizaci髇 de documentos, debe tenerse en cuenta, cuando proceda, el Marco Europeo de Interoperabilidad.
• (36) Las tarifas por la reutilizaci髇 de documentos constituyen una importante barrera de entrada al mercado para las empresas emergentes y las pymes. Los documentos deben, por consiguiente, ponerse a disposici髇 para su reutili� zaci髇 gratuitamente y, cuando sea necesario aplicar una tarifa, esta debe limitarse en principio a los costes marginales. En los casos en que los organismos del sector p鷅lico busquen la informaci髇 solicitada de manera especialmente exhaustiva o realicen modificaciones extremadamente costosas del formato de la informaci髇 solicitada, ya sea voluntariamente o con arreglo a lo dispuesto en la legislaci髇 nacional, los costes marginales pueden abarcar los costes relacionados con dichas actividades. En casos excepcionales debe tomarse en conside� raci髇 muy especialmente la necesidad de no entorpecer el funcionamiento normal de los organismos del sector p鷅lico a los que se exige generar ingresos para cubrir una parte considerable de sus gastos derivados de la realizaci髇 de sus misiones de servicio p鷅lico. Lo anterior tambi閚 es aplicable en los casos en que un organismo del sector p鷅lico haya puesto a disposici髇 datos en forma de datos abiertos, pero se le exija generar ingresos para sufragar una parte considerable de sus gastos derivados de la realizaci髇 de otras misiones de servicio p鷅lico. Tambi閚 debe reconocerse la funci髇 de las empresas p鷅licas en un entorno econ髆ico competitivo. En tales casos, los organismos del sector p鷅lico y las empresas p鷅licas deben, por lo tanto, poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales. Dichas tarifas superiores a los costes marginales deben establecerse de acuerdo con criterios objetivos, transparentes y verificables, y los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilizaci髇 de documentos no deben superar el coste de recogida y producci髇, incluida la compra a terceros, reproducci髇, mantenimiento, almacenamiento y difusi髇, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversi髇. En su caso, los costes de anonimizaci髇 de datos personales y los costes de las medidas tomadas para proteger la confidencialidad de los datos tambi閚 deben poder incluirse en los costes elegibles. Los Estados miembros pueden exigir a los organismos del sector p鷅lico y a las empresas p鷅licas que den a conocer dichos costes. El requisito de generar ingresos para cubrir una parte considerable de los gastos de los organismos del sector p鷅lico derivados de la realizaci髇 de sus misiones de servicio p鷅lico o del 醡bito de aplicaci髇 de los servicios de inter閟 general confiados a empresas p鷅licas no ha de estar incluido en la legislaci髇 y puede derivarse, por ejemplo, de las pr醕ticas administrativas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben revisar peri骴icamente dicho requisito.
• (37) El margen de beneficio de la inversi髇 puede entenderse como un porcentaje, aparte de los costes marginales, que permite recuperar el coste del capital e incluir una tasa de rentabilidad real. Puesto que el coste del capital est� estrechamente vinculado a los tipos de inter閟 de las entidades de cr閐ito, basados en el inter閟 fijo del Banco Central Europeo (BCE) sobre las operaciones principales de financiaci髇, el margen de beneficio razonable de la inversi髇 no deber韆 ser superior al 5 % del tipo de inter閟 fijo del BCE.
• (38) Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos deben poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales con objeto de no entorpecer su funcionamiento normal. En el caso de esos organismos del sector p鷅lico, los ingresos totales obtenidos por el suministro y por autorizar la reutilizaci髇 de documentos durante el ejercicio contable apropiado no han de superar el coste de recogida, producci髇, reproducci髇, difusi髇, conservaci髇 y compensaci髇 de derechos, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversi髇. En su caso, los costes de anonimizaci髇 de datos personales o de informaci髇 comercial sensible tambi閚 deben incluirse en los costes elegibles. Por lo que respecta a las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos, y atendiendo a sus particularidades, los precios aplicados por el sector privado para la reutilizaci髇 de documentos id閚ticos o similares pueden tenerse en cuenta al calcular el beneficio razonable de la inversi髇.
• (39) Los l韒ites superiores para las tarifas establecidos en la presente Directiva se entienden sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de aplicar tarifas inferiores o no aplicarlas en absoluto.
• (40) Los Estados miembros deben establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores a los costes marginales. Deben poder, por ejemplo, establecer tales criterios en normas nacionales o designar al organismo u organismos apropiados, distintos del propio organismo del sector p鷅lico de que se trate, con competencia para establecer dichos criterios. La organizaci髇 de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas constitucionales y jur韉icos de los Estados miembros. Puede tratarse de un organismo existente con competencias de ejecuci髇 presupuestaria y bajo una responsabilidad pol韙ica.
• (41) Garantizar que las condiciones de reutilizaci髇 de los documentos del sector p鷅lico sean claras y est閚 a disposici髇 del p鷅lico constituye una condici髇 previa para el desarrollo de un mercado de la informaci髇 que abarque la totalidad de la Uni髇. Por consiguiente, debe informarse claramente a los reutilizadores potenciales de todas las condiciones aplicables a la reutilizaci髇 de documentos. Los Estados miembros deben alentar la creaci髇 de 韓dices accesibles en l韓ea, cuando sea oportuno, de los documentos disponibles para fomentar y facilitar las solicitudes de reutilizaci髇. Los solicitantes de la reutilizaci髇 de documentos que obran en poder de entidades distintas de las empresas p鷅licas, centros de ense馻nza, organizaciones que realizan actividades de investigaci髇 y organizaciones que financian la investigaci髇 deben estar informados de las v韆s de recurso de las que disponen para impugnar las decisiones y las pr醕ticas que les afecten. Ello es particularmente importante para las empresas emergentes y pymes, que pueden no estar acostumbradas a relacionarse con organismos del sector p鷅lico de otros Estados miembros y desconocen las v韆s de recurso de las que disponen.
• (42) Las v韆s de recurso deben incluir la posibilidad de revisi髇 por un 髍gano de revisi髇 imparcial. Dicho 髍gano puede ser una autoridad nacional ya existente, como la autoridad nacional de competencia, la autoridad de control establecida de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, la autoridad nacional reguladora del acceso a los documentos o una autoridad judicial nacional. La organizaci髇 de ese organismo debe estar en consonancia con los sistemas constitucionales y jur韉icos de los Estados miembros. El recurso a dicho organismo no debe prejuzgar ninguna v韆 de recurso disponible de otra forma para los solicitantes de reutilizaci髇. Sin embargo, debe ser distinto del mecanismo del Estado miembro encargado de establecer los criterios para el cobro de tarifas superiores a los costes marginales. Las v韆s de recurso deben incluir la posibilidad de revisi髇 de las decisiones negativas, pero tambi閚 de aquellas decisiones que, aunque permitan la reutilizaci髇, puedan tambi閚 afectar a los solicitantes por otros motivos, en particular por lo que se refiere a las normas de tarifaci髇 aplicadas. El proceso de revisi髇 debe ser r醦ido, de conformidad con las necesidades de un mercado en r醦ida evoluci髇.
• (43) La publicidad de todos los documentos de libre disposici髇 que obran en poder del sector p鷅lico -referentes no solo a los procedimientos pol韙icos, sino tambi閚 a los judiciales y administrativos- es un instrumento esencial para el desarrollo del derecho al conocimiento, que constituye un principio b醩ico de la democracia. Este objetivo es aplicable a las instituciones tanto a nivel local como nacional o internacional.
• (44) En determinados casos, la reutilizaci髇 de documentos se har� sin que se haya concedido una licencia. En otros casos, se puede expedir una licencia que imponga a su titular una serie de condiciones de reutilizaci髇 referidas a cuestiones como la responsabilidad, la protecci髇 de los datos personales, el uso correcto de los documentos, la garant韆 de que los documentos no ser醤 modificados y la indicaci髇 de la fuente. Si los organismos del sector p鷅lico conceden licencias para la reutilizaci髇 de documentos, las condiciones de la licencia deben ser justas y transparentes. Las licencias tipo disponibles en l韓ea pueden desempe馻r asimismo un papel importante al respecto. Por consiguiente, los Estados miembros deben procurar que est閚 a disposici髇 licencias tipo. En cualquier caso, las licencias para la reutilizaci髇 de informaci髇 del sector p鷅lico deben plantear las m韓imas restricciones posibles sobre la reutilizaci髇, limit醤dolas, por ejemplo, a una indicaci髇 de la fuente. Las licencias abiertas en forma de licencias tipo p鷅licas disponibles en l韓ea, que permiten a cualquier persona y para cualquier fin acceder a datos y contenido, as� como utilizarlos, modificarlos y compartirlos de manera gratuita, y que se basan en formatos de datos abiertos, deben desempe馻r una importante funci髇 en este aspecto. Por consiguiente, los Estados miembros deben fomentar el uso de licencias abiertas, que, en su momento, debe pasar a ser pr醕tica com鷑 en toda la Uni髇. Sin perjuicio de los requisitos en materia de responsabilidad impuestos por el Derecho de la Uni髇 o el Derecho nacional, cuando un organismo del sector p鷅lico o una empresa p鷅lica ponga a disposici髇 documentos para su reutilizaci髇 sin condiciones ni restricciones, dicho organismo del sector p鷅lico o empresa p鷅lica puede eximirse de toda responsabilidad con respecto a los documentos puestos a disposici髇 para su reutilizaci髇.
• (45) Cuando la autoridad competente decida no seguir permitiendo la reutilizaci髇 de determinados documentos, o dejar de actualizarlos, debe hacer p鷅licas estas decisiones en el plazo m醩 breve y, si ello es posible, por v韆 electr髇ica.
• (46) Las condiciones de reutilizaci髇 no deben ser discriminatorias para tipos comparables de reutilizaci髇. A este respecto la prohibici髇 de discriminaci髇 no debe impedir, por ejemplo, el intercambio gratuito de informaci髇 entre organismos del sector p鷅lico cuando estos organismos desempe馿n sus misiones de servicio p鷅lico, mientras que otras partes deban abonar una tarifa por la reutilizaci髇 de los mismos documentos. Tampoco debe impedir la adopci髇 de una pol韙ica de tarifas diferenciada para la reutilizaci髇 comercial y no comercial.
• (47) En particular, los Estados miembros deber醤 asegurarse de que la reutilizaci髇 de documentos de empresas p鷅licas no d� lugar a la distorsi髇 del mercado y de que no se menoscabe la competencia leal.
• (48) Los organismos del sector p鷅lico deben tomar en consideraci髇 las normas de competencia al establecer los principios para la reutilizaci髇 de documentos, evitando en la medida de lo posible acuerdos exclusivos entre ellos mismos y socios particulares. No obstante, con vistas a la prestaci髇 de un servicio de inter閟 econ髆ico general, puede resultar a veces necesario conceder un derecho exclusivo a la reutilizaci髇 de determinados documentos del sector p鷅lico. Tal puede ser el caso si ning鷑 editor comercial est� dispuesto a publicar la informaci髇 de no conced閞sele derechos exclusivos. A este respecto procede tener en cuenta los contratos de servicios p鷅licos excluidos del 醡bito de aplicaci髇 de la Directiva 2014/24/UE en virtud de su art韈ulo 11, y las asociaciones para la innovaci髇 a que se refiere el art韈ulo 31 de la Directiva 2014/24/UE.
• (49) Existen numerosos acuerdos de cooperaci髇 entre bibliotecas, incluidas las universitarias, museos, archivos y socios privados que implican la digitalizaci髇 de recursos culturales y por los que se otorgan derechos exclusivos a socios privados. La experiencia ha demostrado que tales asociaciones p鷅lico-privadas pueden facilitar una utilizaci髇 adecuada de los fondos culturales y aceleran al mismo tiempo el acceso de los ciudadanos al patrimonio cultural. Conviene, por lo tanto, atender a las actuales divergencias de los Estados miembros en cuanto a la digitalizaci髇 de los recursos culturales, mediante un conjunto de normas espec韋ico relativo a los acuerdos sobre la digitalizaci髇 de tales recursos. Cuando exista un derecho exclusivo relacionado con la digitali� zaci髇 de los recursos culturales, es posible que se requiera un per韔do de exclusividad para dar al socio privado la posibilidad de amortizar su inversi髇. Dicho per韔do debe tener un l韒ite temporal lo m醩 corto posible con el fin de respetar el principio seg鷑 el cual el material de dominio p鷅lico debe permanecer en el dominio p鷅lico tras su digitalizaci髇. El per韔do de vigencia de un derecho exclusivo para la digitalizaci髇 de recursos culturales no debe ser superior, por regla general, a diez a駉s. Los per韔dos de vigencia del derecho exclusivo superiores a diez a駉s deben estar sometidos a revisi髇, teniendo en cuenta los cambios tecnol骻icos, econ髆icos y administrativos que se produzcan en el entorno desde la celebraci髇 del acuerdo. Adem醩, toda asociaci髇 p鷅lico-privada para la digitalizaci髇 de recursos culturales debe otorgar a la instituci髇 cultural socia plenos derechos respecto de la utilizaci髇 de recursos culturales digitalizados posterior a la terminaci髇 del acuerdo.
• (50) Los acuerdos entre titulares de datos y reutilizadores de datos que no concedan expresamente derechos exclusivos pero de los que pueda esperarse razonablemente que restringen la disponibilidad de documentos para su reutili� zaci髇 deben someterse a un control p鷅lico suplementario. Por lo tanto, los aspectos esenciales de dichos acuerdos deben publicarse en l韓ea al menos dos meses antes de su entrada en vigor, es decir, dos meses antes de la fecha acordada para que se inicie la prestaci髇 de las obligaciones de las partes. La publicaci髇 debe ofrecer a las partes interesadas la posibilidad de solicitar la reutilizaci髇 de los documentos cubiertos por los acuerdos y prevenir el riesgo de restringir el n鷐ero de reutilizadores potenciales. En cualquier caso, los aspectos esenciales de dichos acuerdos en su forma definitiva acordada por las partes tambi閚 deben hacerse p鷅licos en l韓ea y sin demora indebida tras su celebraci髇.
• (51) La presente Directiva tiene por objeto reducir al m韓imo el riesgo de ventaja excesiva del pionero que podr韆 limitar el n鷐ero de reutilizadores potenciales de los datos. Cuando los acuerdos contractuales puedan implicar, adem醩 de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la presente Directiva para conceder documentos, una transferencia de recursos del Estado en el sentido del art韈ulo 107, apartado 1, del TFUE, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la aplicaci髇 de las ayudas estatales y otras normas de competencia establecidas en los art韈ulos 101 a109 del TFUE. De las normas sobre ayudas estatales establecidas en los art韈ulos 107, 108 y 109 del TFUE se desprende que el Estado miembro debe comprobar previamente si una ayuda estatal puede estar incluida en el correspondiente acuerdo contractual y garantizar que cumple las normas en materia de ayudas estatales.
• (52) La presente Directiva no afecta a la protecci髇 de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales de conformidad con el Derecho nacional y de la Uni髇, en particular de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (18) , e incluida toda disposici髇 de Derecho nacional adicional. Ello significa, entre otras cosas, que la reutilizaci髇 de datos personales solo es admisible si se cumple el principio de limitaci髇 de la finalidad previsto en el art韈ulo 5, apartado 1, letra b), y en el art韈ulo 6 del Reglamento (UE) 2016/679. Informaci髇 an髇ima es informaci髇 que no se refiere a una persona f韘ica identificada o identificable ni a datos personales que se hayan anonimizado de forma que el interesado no sea identificable o haya dejado de serlo. Anonimizar la informaci髇 constituye un medio para conciliar los intereses a la hora de hacer la informaci髇 del sector p鷅lico tan reutilizable como sea posible con las obligaciones contra韉as en virtud de la normativa sobre la protecci髇 de datos, pero tiene un coste. Procede considerar este coste como un elemento del coste que debe tenerse en cuenta como parte de los costes marginales de difusi髇 a que se refiere la presente Directiva.
• (53) A la hora de tomar decisiones sobre el alcance y las condiciones de la reutilizaci髇 de documentos del sector p鷅lico que contengan datos personales, por ejemplo en el sector de la salud, podr� ser necesario efectuar evaluaciones de impacto en materia de protecci髇 de datos de conformidad con el art韈ulo 35 del Reglamento (UE) 2016/679.
• (54) La presente Directiva no afecta a los derechos de propiedad intelectual de terceros. Para evitar confusiones, se entender� por derechos de propiedad intelectual 鷑icamente los derechos de autor y derechos afines (incluidas las formas de protecci髇 sui generis). La presente Directiva no se aplica a los documentos sometidos a derechos de propiedad industrial como las patentes y marcas registradas, y los dise駉s o dibujos y modelos. La presente Directiva tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de los organismos del sector p鷅lico ni a su posesi髇 por estos, ni restringe en modo alguno el ejercicio de esos derechos fuera de los l韒ites establecidos por la presente Directiva. Las obligaciones impuestas de conformidad con la presente Directiva solo deben aplicarse en la medida en que sean compatibles con los acuerdos internacionales sobre protecci髇 de los derechos de propiedad intelectual, en particular el Convenio de Berna para la protecci髇 de las obras literarias y art韘ticas (Convenio de Berna), el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC) y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. No obstante, los organismos del sector p鷅lico deben ejercer sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilizaci髇.
• (55) Habida cuenta del Derecho de la Uni髇 y de las obligaciones internacionales de los Estados miembros y de la Uni髇, en particular con arreglo al Convenio de Berna y al Acuerdo sobre los ADPIC, los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual por parte de terceros deben quedar excluidos del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva. En caso de que un tercero fuese el titular inicial de los derechos de propiedad intelectual de un documento que obra en poder de una biblioteca (incluidas las universitarias), museo o archivo, y el per韔do de protecci髇 est� a鷑 vigente, a los efectos de la presente Directiva debe considerarse que sobre dicho documento existen derechos de propiedad intelectual por parte de terceros.
• (56) La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los derechos, incluidos los derechos econ髆icos y morales, que puedan asistir a los empleados de los organismos del sector p鷅lico en virtud de la normativa nacional.
• (57) Adem醩, cuando un documento se ponga a disposici髇 del p鷅lico para su reutilizaci髇, el organismo del sector p鷅lico interesado ha de conservar el derecho a explotar dicho documento.
• (58) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la Directiva 2014/24/UE.
• (59) Los instrumentos auxiliares de b鷖queda por los reutilizadores potenciales de los documentos disponibles para su reutilizaci髇, as� como las condiciones de reutilizaci髇, pueden facilitar considerablemente la utilizaci髇 transfronteriza de los documentos del sector p鷅lico. Por ello, los Estados miembros deben asegurar la existencia de dispositivos pr醕ticos que ayuden a los reutilizadores en su b鷖queda de documentos para su reutilizaci髇. Listados, de acceso en l韓ea preferentemente, de los principales documentos (documentos que se reutilizan ampliamente, o que pueden ser reutilizados ampliamente) y portales conectados a listados descentralizados constituyen ejemplos de los dispositivos pr醕ticos mencionados. Los Estados miembros tambi閚 deben facilitar la disponibilidad a largo plazo para la reutilizaci髇 de informaci髇 del sector p鷅lico, de conformidad con las pol韙icas de conservaci髇 aplicables.
• (60) La Comisi髇 debe facilitar la cooperaci髇 entre los Estados miembros y apoyar la concepci髇, el ensayo, la ejecuci髇 y el despliegue de interfaces electr髇icas interoperables que permitan la prestaci髇 de servicios p鷅licos m醩 eficientes y seguros.
• (61) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (19) . Dispone las condiciones en las que los organismos del sector p鷅lico pueden ejercer sus derechos de propiedad intelectual en el mercado interior de la informaci髇 cuando permitan la reutilizaci髇 de documentos. Cuando los organismos del sector p鷅lico sean titulares del derecho previsto en el art韈ulo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, no deben ejercer dicho derecho para impedir la reutilizaci髇 o restringir la reutilizaci髇 de los documentos existentes m醩 all� de los l韒ites previstos en la presente Directiva.
• (62) La Comisi髇 ha respaldado la elaboraci髇 de un informe sobre el desarrollo de los datos abiertos en l韓ea con indicadores de resultados pertinentes para la reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico en todos los Estados miembros. La actualizaci髇 peri骴ica de dicho informe contribuir� al intercambio de informaci髇 entre Estados miembros y a la disponibilidad de informaci髇 sobre pol韙icas y pr醕ticas en toda la Uni髇.
• (63) Es necesario velar por que los Estados miembros controlen la reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico, las condiciones que rigen su disponibilidad y las pr醕ticas en materia de recurso.
• (64) La Comisi髇 puede ayudar a los Estados miembros a aplicar la presente Directiva de forma coherente formulando y actualizando las directrices vigentes, especialmente en lo que respecta a las licencias normalizadas recomendadas, los conjuntos de datos y el cobro por la reutilizaci髇 de los documentos, previa consulta de las partes interesadas.
• (65) Uno de los principales objetivos del establecimiento del mercado interior es la creaci髇 de unas condiciones que favorezcan el desarrollo de servicios que abarquen toda la Uni髇. Las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos contienen una considerable cantidad de valiosos recursos de informaci髇 del sector p鷅lico, dado en particular que los proyectos de digitalizaci髇 han multiplicado la cantidad de material digital de dominio p鷅lico. Estos fondos de patrimonio cultural y metadatos conexos constituyen una base potencial para productos y servicios de contenidos digitales y tienen un enorme potencial de reutilizaci髇 innovadora en sectores tales como el aprendizaje y el turismo. Otros tipos de instituciones culturales (como orquestas, 髉eras, ballets y teatros), incluidos los archivos que forman parte de las mismas, deben permanecer excluidas del 醡bito de aplicaci髇 de la presente Directiva debido a su especificidad respecto de las artes esc閚icas y dado que la pr醕tica totalidad de su material est� sujeto a derechos de propiedad intelectual de terceros.
• (66) Con el fin de proporcionar condiciones favorables a la reutilizaci髇 de documentos, que conlleva importantes beneficios socioecon髆icos pues tiene un valor especialmente elevado para la econom韆 y la sociedad, se debe establecer en un anexo una lista de categor韆s tem醫icas de conjuntos de datos de alto valor. A modo ilustrativo y sin perjuicio de los actos de ejecuci髇 que determinen conjuntos de datos de alto valor a los cuales son de aplicaci髇 los requisitos espec韋icos establecidos en la presente Directiva, tomando en consideraci髇 las directrices de la Comisi髇 sobre las licencias normalizadas recomendadas, los conjuntos de datos y el cobro por la reutili� zaci髇 de los documentos, las categor韆s tem醫icas podr韆n abarcar, entre otras cosas, c骴igos postales, mapas nacionales y locales (獹eoespacial�), consumo de energ韆 e im醙enes de sat閘ite (玂bservaci髇 de la Tierra y medio ambiente�), datos in situ procedentes de instrumentos y previsiones meteorol骻icas (玀eteorolog韆�), indicadores demogr醘icos y econ髆icos (獷stad韘tica�), registros mercantiles e identificadores de registro (玈ociedades y propiedad de sociedades�), se馻lizaci髇 vial y v韆s de navegaci髇 interior (玀ovilidad�).
• (67) Deben delegarse en la Comisi髇 los poderes para adoptar actos, con arreglo al art韈ulo 290 del TFUE, a fin de modificar la lista de categor韆s tem醫icas de conjuntos de datos de alto valor a馻diendo nuevas categor韆s tem醫icas. Reviste especial importancia que la Comisi髇 lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislaci髇 (20) . En particular, a fin de garantizar una participaci髇 equitativa en la preparaci髇 de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentaci髇 al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistem醫icamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisi髇 que se ocupen de la preparaci髇 de actos delegados.
• (68) Una lista a escala de la Uni髇 de conjuntos de datos con un potencial particular para generar beneficios socioeco� n髆icos, junto con condiciones de reutilizaci髇 armonizadas, constituye un importante factor de aplicaciones y servicios de datos transfronterizos. A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecuci髇 de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisi髇 competencias de ejecuci髇 para apoyar la reutilizaci髇 de documentos asociados a importantes beneficios socioecon髆icos adoptando una lista de conjuntos espec韋icos de datos de alto valor a los que se apliquen los requisitos espec韋icos de la presente Directiva, as� como las modalidades de su publicaci髇 y reutilizaci髇. Por tanto, no ser醤 de aplicaci髇 tales requisitos espec韋icos antes de que la Comisi髇 adopte los actos de ejecuci髇. La lista debe tener en cuenta los actos jur韉icos de la Uni髇 sobre el sector, que ya regula la publicaci髇 de conjuntos de datos, como las Directivas 2007/2/CE y 2010/40/UE, para garantizar que los conjuntos de datos se ponen a disposici髇 de conformidad con las normas y conjuntos de metadatos corres� pondientes. La lista se basar� en las categor韆s conforme a la presente Directiva. Al elaborar la lista, la Comisi髇 debe efectuar las consultas pertinentes, tambi閚 a nivel de expertos. Adem醩, al decidir sobre la inclusi髇 en la lista de datos que obran en poder de empresas p鷅licas o sobre su disponibilidad gratuita, se deben tener en cuenta los efectos sobre la competencia en los mercados correspondientes. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.� 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (21) .
• (69) A fin de garantizar su m醲ima repercusi髇 y facilitar la reutilizaci髇, los conjuntos de datos de alto valor deben ponerse a disposici髇 para su reutilizaci髇 con muy pocas restricciones legales y sin coste alguno. Tambi閚 deben ser publicados a trav閟 de API. Sin embargo, ello no impide que los organismos del sector p鷅lico cobren por servicios que proporcionan en relaci髇 con los conjuntos de datos de alto valor en el ejercicio de su autoridad p鷅lica, concretamente al certificar la autenticidad o la veracidad de los documentos.
• (70) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, facilitar la creaci髇 de productos y servicios de informaci髇 basados en documentos del sector p鷅lico que cubran la totalidad de la Uni髇, garantizar la eficacia del uso transfronterizo de documentos del sector p鷅lico por las compa耥as privadas, de una parte, en particular por las peque馻s y medianas empresas, para que ofrezcan productos y servicios de informaci髇 de valor a馻dido y por los ciudadanos, de otra parte, para facilitar la libre circulaci髇 de la informaci髇 y la comunicaci髇, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros pero, debido a la dimensi髇 paneuropea de la acci髇 propuesta, pueden lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el art韈ulo 5 del Tratado de la Uni髇 Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
• (71) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta, incluidos el derecho a la privacidad, la protecci髇 de los datos de car醕ter personal, el derecho a la propiedad y la integraci髇 de personas con discapacidad. Nada de lo contenido en la presente Directiva debe interpretarse o aplicarse en un sentido que no sea acorde con el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo Europeo.
• (72) El Supervisor Europeo de Protecci髇 de Datos fue consultado de conformidad con el art韈ulo 28, apartado 2 del Reglamento (CE) n.� 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (22) y emiti� un dictamen el 10 de julio de 2018 (23) .
• (73) La Comisi髇 debe realizar una evaluaci髇 de la presente Directiva. De conformidad con el Acuerdo interinstitu� cional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislaci髇 esta evaluaci髇 debe basarse en los cinco criterios siguientes: la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, la coherencia y el valor a馻dido, y deben servir de base para las evaluaciones de impacto de otras posibles medidas.
• (74) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transpo� sici髇 al Derecho interno de las Directivas que se indica en el anexo II, parte B.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAP蚑ULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAP蚑ULO II
SOLICITUDES DE REUTILIZACI覰

CAP蚑ULO III
CONDICIONES DE REUTILIZACI覰

CAP蚑ULO IV
NO DISCRIMINACI覰 Y PR罜TICAS COMERCIALES JUSTAS

CAP蚑ULO V
CONJUNTOS DE DATOS DE ALTO VALOR

Art韈ulo 14 Conjuntos de datos de alto valor y modalidades de publicaci髇 y reutilizaci髇

1. La Comisi髇 adoptar� actos de ejecuci髇 que establezcan una lista de conjuntos de datos espec韋icos de alto valor que se engloben dentro de las categor韆s que figuran en el anexo I y que obren en poder de organismos del sector p鷅lico y de empresas p鷅licas entre los documentos a los que se aplica la presente Directiva.

Dichos datos de alto valor:

• a) estar醤 disponibles gratuitamente, a reserva de los apartados 3, 4 y 5;
• b) ser醤 legibles por m醧uina;
• c) se suministrar醤 a trav閟 de API, y
• d) se proporcionar醤 en forma de descarga masiva, cuando proceda.

Dichos actos de ejecuci髇 podr醤 especificar los acuerdos organizativos relativos a la publicaci髇 y de reutilizaci髇 de los tipos de conjuntos de datos de alto valor. Esos acuerdos ser醤 compatibles con las licencias tipo abiertas.

Los acuerdos podr醤 incluir condiciones aplicables a la reutilizaci髇, el formato de los datos y los metadatos, as� como acuerdos t閏nicos para la difusi髇. Las inversiones que hagan los Estados miembros en iniciativas en materia de datos abiertos, como las inversiones en el desarrollo y el despliegue de determinadas normas, se tendr醤 en cuenta y se ponderar醤 frente a los potenciales beneficios derivados de la inclusi髇 en la lista.

Dichos actos de ejecuci髇 se adoptar醤 de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el art韈ulo 16, apartado 2.

V閍se Reglamento de Ejecuci髇 (UE) 2023/138 de la Comisi髇, de 21 de diciembre de 2022, por el que se establecen una lista de conjuntos de datos espec韋icos de alto valor y modalidades de publicaci髇 y reutilizaci髇 (獶.O.U.E.L.� 20 enero 2023)LE0000746147_20230209

2. La definici髇 de conjuntos de datos espec韋icos de alto valor contemplados en el apartado 1 se basar� en la valoraci髇 de su potencial para:

• a) generar beneficios socioecon髆icos o medioambientales importantes y servicios innovadores;
• b) beneficiar a un gran n鷐ero de usuarios, en concreto pymes;
• c) contribuir a generar ingresos, y
• d) ser combinados con otros conjuntos de datos.

Al objeto de definir tales tipos espec韋icos de conjuntos de datos de alto valor, la Comisi髇 llevar� a cabo consultas adecuadas, tambi閚 a nivel de expertos, elaborar� una evaluaci髇 de impacto y garantizar� la complementariedad con los actos jur韉icos vigentes, como la Directiva 2010/40/UE, con respecto a la reutilizaci髇 de documentos. La evaluaci髇 de dicho impacto incluir� un an醠isis coste-beneficio y un an醠isis sobre si el hecho de que organismos del sector p鷅lico, a los que se exige generar ingresos para sufragar una parte importante de sus costes relativos a la realizaci髇 de sus misiones de servicio p鷅lico, proporcionen de manera gratuita conjuntos de datos de alto valor podr韆 tener un impacto sustancial en el presupuesto de dichos organismos. Cuando se vean afectados los conjuntos de datos de alto valor en posesi髇 de empresas p鷅licas, la evaluaci髇 de impacto prestar� especial consideraci髇 a la funci髇 de las empresas p鷅licas en un entorno econ髆ico competitivo.

3. Como excepci髇 a lo dispuesto en el apartado 1, p醨rafo segundo, letra a), los actos de ejecuci髇 a los que se refiere el apartado 1 establecer醤 que la disponibilidad gratuita de conjuntos de datos de alto valor no se aplicar� a conjuntos de datos espec韋icos que obren en poder empresas p鷅licas, cuando el hecho de poner a disposici髇 dichos conjuntos de datos de manera gratuita pudiera provocar una distorsi髇 de la competencia en los mercados correspon� dientes.

4. El requisito de poner a disposici髇 de forma gratuita conjuntos de datos de alto valor en virtud del apartado 1, p醨rafo segundo, letra a), no se aplicar� a las bibliotecas, incluidas las universitarias, los museos y los archivos.

5. Cuando el hecho de que organismos del sector p鷅lico a los que se exige generar ingresos para sufragar una parte importante de sus costes relativos a la realizaci髇 de sus misiones de servicio p鷅lico pongan a disposici髇 de forma gratuita conjuntos de datos de alto valor pueda tener un impacto sustancial en el presupuesto de los organismos implicados, los Estados miembros podr醤 eximir a dichos organismos del requisito de poner a disposici髇 de forma gratuita esos conjuntos de datos de alto valor por un per韔do que no superar� los dos a駉s a partir de la entrada en vigor del acto de ejecuci髇 correspondiente adoptado de conformidad con el apartado 1.

CAP蚑ULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Art韈ulo 17 Transposici髇

1. Los Estados miembros adoptar醤 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a m醩 tardar el 17 de julio de 2021. Comunicar醤 inmediatamente a la Comisi髇 el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluir醤 una referencia a la presente Directiva o ir醤 acompa馻das de dicha referencia en su publicaci髇 oficial. Incluir醤 asimismo una menci髇 que precise que las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor a las Directivas derogadas por la presente Directiva se entender醤 hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecer醤 las modalidades de la mencionada referencia y la formulaci髇 de dicha menci髇.

2. Los Estados miembros comunicar醤 a la Comisi髇 el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el 醡bito regulado por la presente Directiva.

V閍se la disposici髇 final octava del R.D.-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposici髇 de directivas de la Uni髇 Europea en las materias de bonos garantizados, distribuci髇 transfronteriza de organismos de inversi髇 colectiva, datos abiertos y reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en l韓ea y a las retransmisiones de programas de radio y televisi髇, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoci髇 de veh韈ulos de transporte por carretera limpios y energ閠icamente eficientes (獴.O.E.� 3 noviembre).LE0000710857_20220627

T閚gase en cuenta que la Directiva 2013/37/UE, derogada, con fecha de 17 de julio de 2021, por爈a presente Directiva, fue transpuesta al ordenamiento jur韉ico espa駉l por Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico (獴.O.E.� 10 julio).LE0000556376_20150711

T閚gase en cuenta que爈a Directiva 2003/98/CE,燿erogada, con fecha de 17 de julio de 2021, por el art韈ulo 19 de la presente Directiva, fue transpuesta al ordenamiento jur韉ico espa駉l por燣ey 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico (獴.O.E.� 17 noviembre).LE0000251825_20211104

Art韈ulo 19 Derogaci髇

La Directiva 2003/98/CE, modificada por la Directiva indicada en el anexo II, parte A, queda derogada con efectos a partir del 17 de julio de 2021, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposici髇 al Derecho nacional y las fechas de aplicaci髇 de las Directivas enumeradas en el anexo II, parte B.

Las referencias a la Directiva derogada se entender醤 hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspon� dencias que figura en el anexo III.

LE0000196333_20130717Directiva 2003/98 CE, de 17 Nov. (reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico)LE0000508519_20130717Directiva 2013/37/UE de 26 Jun. (modificaci髇 Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico)