Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura

• Expandir / Contraer 韓dice sistem醫ico
• INTRODUCCION
• T蚑ULO PRELIMINAR.�DISPOSICIONES GENERALES
  • Art韈ulo 1燨bjeto y 醡bito de aplicaci髇
  • Art韈ulo 2燚efiniciones
• T蚑ULO I.�DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS
  • CAP蚑ULO I.�Derechos b醩icos y principios generales
    • Art韈ulo 3燚erechos b醩icos de las personas consumidoras
    • Art韈ulo 4營rrenunciabilidad de los derechos reconocidos a las personas consumidoras
    • Art韈ulo 5燬upuestos de especial protecci髇
    • Art韈ulo 6營nterpretaci髇 a favor de la persona consumidora
    • Art韈ulo 7燙oordinaci髇, colaboraci髇 y cooperaci髇
  • CAP蚑ULO II.�Protecci髇 de la salud y la seguridad
    • Art韈ulo 8燚eber general de seguridad
    • Art韈ulo 9燨bligaciones de las empresas en relaci髇 con la protecci髇 de la salud y seguridad
    • Art韈ulo 10燗ctuaciones administrativas en materia de riesgos en la seguridad y salud
    • Art韈ulo 11燫ed de Alerta Extreme馻 de Bienes y Servicios de Consumo
  • CAP蚑ULO III.�Protecci髇 de los intereses econ髆icos y sociales
    • Art韈ulo 12燩rincipio general
    • Art韈ulo 13燚ocumento justificativo de la contrataci髇 realizada
    • Art韈ulo 14燙aracter韘ticas esenciales de los bienes y servicios contratados
    • Art韈ulo 15燩recio
    • Art韈ulo 16燨ferta, promoci髇 y publicidad
    • Art韈ulo 17燙lausulado de los contratos
    • Art韈ulo 18營nformaci髇 precontractual
    • Art韈ulo 19營nformaci髇 contractual
    • Art韈ulo 20燙onstancia de las condiciones de las ofertas
    • Art韈ulo 21燩r醕ticas comerciales agresivas y desleales
    • Art韈ulo 22燩resupuesto
    • Art韈ulo 23燫esguardo de dep髎ito
    • Art韈ulo 24燝arant韆
    • Art韈ulo 25燬ervicio t閏nico y suministro de repuesto
    • Art韈ulo 26燨bsolescencia programada
    • Art韈ulo 27燤orosidad de las personas consumidoras
    • Art韈ulo 28燙ontratos de tracto continuado
    • Art韈ulo 29燭itulizaci髇 de cr閐itos
  • CAP蚑ULO IV.�Indemnizaci髇 por da駉s y perjuicios
    • Art韈ulo 30燩rincipio general
    • SECCI覰 1.�De las quejas, reclamaciones y denuncias
      • Art韈ulo 31燪uejas
      • Art韈ulo 32燫eclamaciones
      • Art韈ulo 33燚enuncias
      • Art韈ulo 34燞ojas de reclamaciones
      • Art韈ulo 35燬ervicio de atenci髇 a la persona consumidora
      • Art韈ulo 36燙骴igos de buenas pr醕ticas
    • SECCI覰 2.�Resoluci髇 extrajudicial de conflictos
      • Art韈ulo 37燩rincipios generales
      • Art韈ulo 38燜omento de los sistemas voluntarios de resoluci髇 de conflictos
  • CAP蚑ULO V.�Derecho a la informaci髇 de la persona consumidora
    • Art韈ulo 39燚erecho a la informaci髇
  • CAP蚑ULO VI.�Educaci髇, formaci髇 y divulgaci髇 en materia de consumo
    • Art韈ulo 40燚erecho a la educaci髇
    • Art韈ulo 41燤edidas en materia de educaci髇
    • Art韈ulo 42燚erecho a la formaci髇
    • Art韈ulo 43燤edidas en materia de formaci髇
    • Art韈ulo 44燯tilizaci髇 de medios de comunicaci髇 social
    • Art韈ulo 45燗ctuaciones administrativas en materia de divulgaci髇
    • Art韈ulo 46燣a informaci髇 a la persona consumidora a trav閟 de las nuevas tecnolog韆s
    • Art韈ulo 47燙olaboraci髇 y cooperaci髇
    • Art韈ulo 48燨ficinas de informaci髇 y atenci髇 a las personas consumidoras
  • CAP蚑ULO VII.�Representaci髇, consulta y participaci髇 de las personas consumidoras
    • Art韈ulo 49燛jercicio del derecho
    • Art韈ulo 50燗sociaciones de personas consumidoras
    • Art韈ulo 51燜omento de las asociaciones de personas consumidoras y personas usuarias
    • Art韈ulo 52燜unciones y derechos de las asociaciones de personas consumidoras
    • Art韈ulo 53燫egistro de las Asociaciones de Personas Consumidoras y Personas Usuarias
    • Art韈ulo 54燙onsejo de Consumo de Extremadura
• T蚑ULO II.�INSPECCI覰 Y CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS
  • Art韈ulo 55營nspecci髇 general
  • Art韈ulo 56燩lan anual de vigilancia del mercado
  • Art韈ulo 57燩ersonal de la Inspecci髇 de Consumo
  • Art韈ulo 58燜unciones de la inspecci髇 de consumo
  • Art韈ulo 59燨bligaciones de los inspeccionados
  • Art韈ulo 60燙itaciones
  • Art韈ulo 61燚ocumentaci髇 de inspecciones
  • Art韈ulo 62燨tras actividades de control. Estudios y prospecci髇 de mercado
• T蚑ULO III.�POTESTAD SANCIONADORA
  • CAP蚑ULO I.�Disposiciones generales
    • Art韈ulo 63燙ar醕ter de las infracciones en materia de consumo
    • Art韈ulo 64燗tribuci髇 de la potestad sancionadora
    • Art韈ulo 65燗dministraci髇 competente
    • Art韈ulo 66燗ctuaciones u omisiones infractoras
    • Art韈ulo 67燦on bis in idem
    • Art韈ulo 68燙oncurrencia de procedimientos
    • Art韈ulo 69燗ctuaciones previas
    • Art韈ulo 70燤edidas provisionales
    • Art韈ulo 71燩rescripci髇 de infracciones y sanciones
  • CAP蚑ULO II.�Infracciones
    • Art韈ulo 72營nfracciones leves
    • Art韈ulo 73營nfracciones graves
    • Art韈ulo 74營nfracciones muy graves
  • CAP蚑ULO III.�Sanciones
    • Art韈ulo 75燬anciones
    • Art韈ulo 76燝raduaci髇 de las sanciones
    • Art韈ulo 77燫educci髇 de las sanciones
    • Art韈ulo 78燛jecutividad de la sanci髇
    • Art韈ulo 79燬anciones accesorias
    • Art韈ulo 79 bis燤ultas coercitivas
    • Art韈ulo 80燩ublicidad de las sanciones
  • CAP蚑ULO IV.�Responsabilidad
    • Art韈ulo 81燬ujetos responsables
    • Art韈ulo 82燨tros responsables
    • Art韈ulo 83燫esponsabilidad del receptor de la contraprestaci髇
• DISPOSICIONES ADICIONALES
  • Disposici髇 adicional primera營nstalaciones de venta al p鷅lico al por menor de gasolinas y gas髄eos de automoci髇
  • Disposici髇 adicional segunda燩romoci髇 interna de agentes de inspecci髇 de consumo
• DISPOSICIONES TRANSITORIAS
  • Disposici髇 transitoria primera燩rocedimientos administrativos sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley
  • Disposici髇 transitoria segunda燫間imen transitorio
• DISPOSICIONES DEROGATORIAS
  • Disposici髇 derogatoria 鷑ica燚erogaci髇 Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura
• DISPOSICIONES FINALES
  • Disposici髇 final 鷑ica燛ntrada en vigor

Art韈ulo 1 Objeto y 醡bito de aplicaci髇

1. La presente ley tiene por objeto garantizar la defensa, promoci髇 y protecci髇 de los derechos y leg韙imos intereses de las personas consumidoras en el 醡bito territorial de Extremadura, en cumplimiento del mandato establecido en los apartados 1 y 2 del art韈ulo 51 de la Constituci髇 espa駉la y en el ejercicio de la competencia exclusiva que el art韈ulo 9.1.18 de la Reforma del Estatuto de Autonom韆 confiere a la Comunidad Aut髇oma de Extremadura.

2. Esta ley ser� de aplicaci髇 a las relaciones entre personas consumidoras y empresas.

Art韈ulo 2 Definiciones

A los efectos de la presente ley, se entiende por:

• a) Persona consumidora:

  Son personas consumidoras las personas f韘icas que act鷈n con un prop髎ito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesi髇.

  Son tambi閚 personas consumidoras a efectos de esta ley las personas jur韉icas y las entidades sin personalidad jur韉ica que act鷈n sin 醤imo de lucro en un 醡bito ajeno a una actividad comercial o empresarial. Asimismo, ser醤 personas consumidoras los destinatarios finales de bienes y servicios fabricados, distribuidos o simplemente comercializados a trav閟 de un medio electr髇ico o telem醫ico.

  No tendr醤 la consideraci髇 de personas consumidoras los que integren los bienes y servicios en un proceso productivo, de comercializaci髇 o prestaci髇 de servicios, aun cuando dicha integraci髇 no implique un beneficio directo.

  Toda referencia a las personas consumidoras en la presente ley habr� de entenderse realizada a las personas consumidoras y a las personas usuarias.

• b) Empresa:

  Toda persona f韘ica o jur韉ica, as� como las entidades sin personalidad jur韉ica, ya sea p鷅lica o privada, que act鷈 directamente o a trav閟 de otra persona, en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un prop髎ito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesi髇, tanto en el 醡bito del comercio cl醩ico como en aquellos que ofrezcan o intercambien sus bienes y servicios por v韆s telem醫icas, inform醫icas o cualesquiera otras de las habituales en la sociedad de la informaci髇.

  Ser醤 tambi閚 consideradas empresas, en los t閞minos determinados en esta ley, con los l韒ites que imponen el derecho estatal y el derecho comunitario europeo, los concesionarios de se馻les electr髇icas, los operadores de redes y servicios de comunicaciones e intermediaci髇 electr髇icas y, en general, todos los proveedores de acceso a redes y enlaces de telecomunicaciones, incluyendo los titulares de los medios de pago que permiten la materializaci髇 de las transacciones electr髇icas, los registradores de dominio y proveedores de servicios de alojamiento de datos.

• c) Bienes y servicios:

  Son bienes y servicios los bienes muebles o inmuebles, productos o actividades utilizados o adquiridos por las personas consumidoras, o destinados a estas, con independencia del car醕ter individual o social, p鷅lico o privado, de quien los produce, suministra o presta.

• d) Precio:

  Se entender� por precio cualquier aportaci髇 que deba realizar la persona consumidora para la adquisici髇 de un bien o la prestaci髇 de un servicio. Es precio cualquier contraprestaci髇 que soporte la persona consumidora con independencia de su denominaci髇, tales como puntos, c醤ones, matr韈ulas u otras an醠ogas. El precio debe estar marcado y llevar desglosado los tributos, recargos, descuentos y costes adicionales por servicios, accesorios, financiaci髇, aplazamiento del pago o similares.

• e) Informaci髇 accesible:

Se entender� por informaci髇 accesible la enviada por los medios m醩 adecuados para asegurar su correcta percepci髇 y comprensi髇 por parte de las personas con discapacidades sensoriales.

Art韈ulo 3 Derechos b醩icos de las personas consumidoras

Son derechos b醩icos de las personas consumidoras:

• a) La protecci髇 contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.
• b) La protecci髇 de sus leg韙imos intereses econ髆icos y sociales.
• c) La indemnizaci髇 de los da駉s y la reparaci髇 de los perjuicios sufridos.
• d) La informaci髇 correcta sobre los diferentes bienes y servicios.
• e) La educaci髇, formaci髇 y divulgaci髇 en materia de consumo, as� como informaci髇 ayuda y orientaci髇 por parte de la Administraci髇 competente.
• f) La audiencia en consulta, la participaci髇 en el procedimiento de elaboraci髇 de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representaci髇 de sus intereses a trav閟 de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de personas consumidoras legalmente constituidas.
• g) Cualesquiera otros que puedan resultar reconocidos en el desarrollo reglamentario de esta ley o en cualesquiera leyes con incidencia directa o sectorial en materia de consumo.

Art韈ulo 4 Irrenunciabilidad de los derechos reconocidos a las personas consumidoras

La renuncia previa a los derechos que esta norma reconoce a las personas consumidoras es nula, siendo, asimismo, nulos los actos realizados en fraude de ley de acuerdo con lo establecido en el art韈ulo 6 del C骴igo Civil. Asimismo, se consideran nulas aquellas cl醬sulas contractuales que eximen de responsabilidad a la empresa por cualquier tipo de da駉 y perjuicio que pudiera causar a la persona consumidora.

Art韈ulo 5 Supuestos de especial protecci髇

1. Las Administraciones competentes en materia de consumo velar醤 de modo especial y prioritario respecto a aquellos colectivos de protecci髇 especial, como los que se encuentran en la etapa de la infancia, la adolescencia, o la tercera edad, mujeres v韈timas de violencia de g閚ero, personas con discapacidad f韘ica, ps韖uica o sensorial, personas con alergias e intolerancias alimentarias, personas consumidoras vulnerables por motivos econ髆icos o en riesgo de exclusi髇 social, inmigrantes y asilados, y que se encuentren en situaci髇 de inferioridad, subordinaci髇, vulnerabilidad y un mayor grado de desprotecci髇, o que una norma de rango legal o reglamentario as� lo disponga.

2. Se prestar� tambi閚 especial atenci髇 a la poblaci髇 residente en las entidades locales con una poblaci髇 igual o inferior a 5.000 habitantes, que constituyen la base del medio rural.

3. Asimismo se elaborar� y difundir� una gu韆 de lectura f醕il sobre los derechos y deberes de las personas consumidoras dirigida preferentemente a personas con discapacidad f韘ica o ps韖uica o que en general tengas dificultades para la comprensi髇 lectora.

4. Las personas con discapacidad, especialmente, deben tener garantizado el acceso adecuado a la informaci髇 accesible sobre los bienes y servicios y el pleno ejercicio y goce de los derechos y garant韆s recogidos por la presente ley, del mismo modo que el resto de las personas consumidoras.

5. Los derechos a los que se refieren las letras d, e y f del art韈ulo 3 deber醤 garantizarse mediante claridad, concisi髇 y accesibilidad para todas las personas, especialmente para los colectivos que presenten dificultades de compresi髇, utilizando los medios adecuados para asegurar el entendimiento.

Art韈ulo 6 Interpretaci髇 a favor de la persona consumidora

1. Las normas que afecten a las personas consumidoras se interpretar醤 a favor de la persona consumidora. Las excepciones a dichas normas de protecci髇 a las personas consumidoras deber醤 ser objeto de interpretaci髇 estricta.

2. En el supuesto de confusi髇 o diferencias interpretativas, toda publicidad, comunicaci髇 comercial, oferta, pr醕tica o cl醬sula que sean de aplicaci髇 a una relaci髇 de consumo ser醤 interpretadas a favor de la persona consumidora.

3. La Administraci髇 auton髆ica, en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de consumo, podr� interpretar, de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, las normas de protecci髇 de las personas consumidoras, la informaci髇 contenida en los documentos justificativos de la relaci髇 de consumo, as� como las cl醬sulas de esta relaci髇, especialmente en el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de su control por los tribunales de justicia.

Art韈ulo 7 Coordinaci髇, colaboraci髇 y cooperaci髇

1. Las Administraciones p鷅licas de la comunidad aut髇oma deber醤, en el marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinaci髇 y colaboraci髇 administrativa para asegurar una homog閚ea protecci髇 de los derechos de las personas consumidoras en Extremadura, garantizando la continuidad y la eficacia de esta protecci髇.

2. La cooperaci髇 econ髆ica, t閏nica y administrativa con las entidades locales se desarrollar� con car醕ter voluntario, bajo las formas y en los t閞minos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los convenios administrativos que se suscriban al efecto.

Art韈ulo 8 Deber general de seguridad

1. Los bienes y servicios puestos en el mercado deben ser seguros. El car醕ter gratuito de un bien o servicio no excluye la exigencia de que sea seguro.

2. Se consideran seguros los bienes y servicios que, en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles, incluida su duraci髇, no presenten riesgo alguno para la salud o seguridad de las personas, o 鷑icamente los riesgos m韓imos compatibles con el uso del bien o servicio y considerados admisibles dentro de un elevado nivel de protecci髇 de la salud y seguridad de las personas.

3. Las empresas pondr醤 en conocimiento previo de la persona consumidora, por medios apropiados, los riesgos derivados de una utilizaci髇 previsible de los bienes y servicios, especialmente aquellos que no sean inmediatamente perceptibles, habida cuenta de su naturaleza, caracter韘ticas, duraci髇 y de las personas a las que van destinados, con especial atenci髇 a las personas con discapacidad y a los menores de edad, conforme a lo previsto en la ley estatal y las normas reglamentarias que resulten de aplicaci髇.

Art韈ulo 9 Obligaciones de las empresas en relaci髇 con la protecci髇 de la salud y seguridad

Cualquier empresa que intervenga en la puesta a disposici髇 de bienes y servicios a las personas consumidoras debe actuar con la debida diligencia para proteger la salud y la seguridad de estas y est� obligada, dentro de los l韒ites de su actividad, a respetar las siguientes reglas:

• a. Adoptar las medidas adecuadas para neutralizar los riesgos de seguridad y salud de sus bienes y servicios, sin necesidad de requerimiento previo de la autoridad competente. Estas medidas podr醤 consistir en la comunicaci髇 a los 髍ganos competentes, la retirada de productos del mercado y, en la medida de lo posible, a las personas consumidoras que lo hubieran adquirido, la publicaci髇 de avisos especiales y aquellas otras que se consideren m醩 eficaces para la obtener la finalidad perseguida.
• b. Mantener el control necesario para que pueda comprobarse con rapidez y eficacia el origen, distribuci髇, destino y utilizaci髇 de los bienes potencialmente inseguros, los que contengan sustancias clasificadas como peligrosas o los sujetos a obligaciones de trazabilidad.
• c. Colaborar con los 髍ganos administrativos competentes para evitar los riesgos que presenten los bienes y servicios que suministren. En concreto, deber醤 facilitar toda la informaci髇 que se le exija en relaci髇 con un bien o servicio sospechoso o que est� siendo objeto de an醠isis.
• d. Conservar los datos y documentos necesarios para la comprobaci髇 del origen y destino de los bienes, as� como los relacionados con el lote de fabricaci髇, durante el periodo que establezca la normativa espec韋ica y, en cualquier caso, al menos durante los tres a駉s posteriores al cese de la actividad de la empresa. En los productos con fecha de caducidad o consumo preferente, este plazo podr� reducirse a un a駉 a partir del final de esa fecha, siempre y cuando la normativa de aplicaci髇 no establezca plazos m醩 amplios.
• e. Otras obligaciones establecidas en el Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, otras leyes complementarias y en el resto de normativa aplicable.

Art韈ulo 10 Actuaciones administrativas en materia de riesgos en la seguridad y salud

1. En situaciones de riesgo para la salud y seguridad de las personas consumidoras, las Administraciones p鷅licas, en el 醡bito de sus respectivas competencias, podr醤 adoptar las medidas que resulten necesarias y proporcionadas para la desaparici髇 del riesgo, incluida la intervenci髇 directa sobre las cosas y la compulsi髇 directa sobre las personas. En estos supuestos todos los gastos que se generen ser醤 a cargo de quien con su conducta los hubiera originado, con independencia de las sanciones que en su caso puedan imponerse. La exacci髇 de tales gastos y sanciones podr� llevarse a cabo por el procedimiento administrativo de apremio.

2. Las Administraciones p鷅licas, atendiendo a la naturaleza y gravedad de los riesgos detectados, podr醤 realizar las siguientes actuaciones:

• a) Informar convenientemente a las personas consumidoras afectadas o que pudieran estar expuestas al riesgo, por los medios m醩 apropiados en cada caso, incluidos avisos en prensa, radio, medios audiovisuales o cualesquiera otros. Esta informaci髇 versar� sobre los riesgos o irregularidades existentes, el bien o servicio afectado y, en su caso, las medidas adoptadas, as� como sobre las precauciones procedentes, tanto para protegerse del riesgo como para conseguir su colaboraci髇 en la eliminaci髇 de sus causas.
• b) Prohibir temporalmente que se suministre o se exponga un producto o un lote de productos cuando existan indicios claros de su peligrosidad.
• c) Prohibir la comercializaci髇 de un producto o de un lote de productos cuya peligrosidad se haya comprobado y determinar las medidas de acompa馻miento necesarias para garantizar el cumplimiento de esta prohibici髇.
• d) Organizar de manera eficaz e inmediata la retirada de un producto o de un lote de productos peligrosos ya puestos en el mercado y, si fuera necesario, su destrucci髇 en condiciones adecuadas.
• e) Clausurar temporalmente establecimientos.
• f) Informar a las asociaciones de personas consumidoras y personas usuarias desde la p醙ina web del Instituto de Consumo de Extremadura u 髍gano competente en esta materia.
• g) Tomar medidas en v韆 administrativa contra las empresas que han cometido estas posibles irregularidades.

3. La consejer韆 competente en materia de consumo colaborar� con otras Administraciones p鷅licas competentes en el sistema de intercambio r醦ido de informaci髇 para la detecci髇 de riesgos graves e inminentes de los bienes y servicios, conforme a lo dispuesto en la legislaci髇 b醩ica del Estado.

4. Para adoptar las medidas previstas en las letras b), c), d) y e) del anterior apartado 2 de este mismo art韈ulo, ser� necesario instruir de oficio el correspondiente procedimiento conforme a lo previsto en la normativa sectorial que resulte de aplicaci髇. En defecto de norma sectorial aplicable, se seguir� el previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, en cuyo caso el procedimiento deber� resolverse y notificarse en el plazo m醲imo de seis meses

LE0000742482_20221130Apartado 4 del art韈ulo 10 introducido por el n鷐ero 1 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022

Art韈ulo 11 Red de Alerta Extreme馻 de Bienes y Servicios de Consumo

1. Se crea la Red de Alerta Extreme馻 de Bienes y Servicios de Consumo, adscrita a la autoridad auton髆ica competente en materia de consumo, como estructura de coordinaci髇, intercambio r醦ido de informaci髇 y reacci髇 ante situaciones de riesgo para la salud o seguridad de las personas consumidoras.

2. La estructura y funcionamiento de la Red de Alerta Extreme馻 de Bienes y servicios de Consumo se desarrollar� reglamentariamente.

3. Tambi閚 se desarrollar� reglamentariamente la obligaci髇 que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad, las organizaciones de personas consumidoras, los servicios m閐icos y otros agentes, tanto p鷅licos como privados, de poner en conocimiento de la autoridad competente en materia de consumo los datos sobre accidentes sobre los que tengan conocimiento en esta materia.

Art韈ulo 12 Principio general

Las distintas Administraciones p鷅licas de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, en el 醡bito de sus respectivas competencias, velar醤 por el respeto a los leg韙imos intereses econ髆icos y sociales de las personas consumidoras en los t閞minos establecidos en esta ley, en la normativa b醩ica estatal y dem醩 normas de aplicaci髇.

Art韈ulo 13 Documento justificativo de la contrataci髇 realizada

Las personas consumidoras tienen derecho a recibir un documento justificativo de la contrataci髇 realizada, que puede revestir la forma de factura, recibo, justificante o cualquier otro formato siempre que re鷑a las siguientes caracter韘ticas:

• a) Debe estar redactado de manera clara, sencilla, comprensible y como m韓imo en castellano.
• b) Los datos m韓imos que debe contener son la identificaci髇 de la empresa responsable, haciendo constar su raz髇 social y NIF, los conceptos que formen el objeto del contrato, la fecha de formalizaci髇 y el precio, que ir� desglosado para cada bien o servicio cuando el documento incluya varios.
• c) La primera y sucesivas copias de la factura o documento justificativo deber醤 extenderse de forma gratuita.
• d) El documento justificativo puede estar en papel o en cualquier otro soporte, siempre que est� a disposici髇 de la persona consumidora durante la totalidad del plazo legal de garant韆.El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 10 de diciembre de 2019, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 6835-2019, contra los art韈ulos 13, letra d); 17.2; 28.6 y 29 (獴.O.E.� 18 diciembre).LE0000655832_20191218
  Arts. 13 d), el primer p醨rafo del art. 17.2, el inciso "y debe comunicarles que esta cl醬sula dejar� de aplicarse en los t閞minos establecidos por la resoluci髇 o sentencia judicial", del art. 28.6 y los arts. 29 y 76.41 declarados inconstitucionales y nulos por sentencia TC (sala pleno) de 18 de marzo de 2021, n.� rec. 6835/2019.JU0006893966

V閍se el n鷐ero 1.� del anexo de la Res. 21爉ayo 2019, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Extremadura en relaci髇 con la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura (獴.O.E.� 29 mayo).LE0000645796_20190530

Art韈ulo 14 Caracter韘ticas esenciales de los bienes y servicios contratados

Las personas consumidoras tienen derecho a recibir informaci髇 completa y comprensible de las caracter韘ticas esenciales de los bienes y servicios puestos a su disposici髇 en el mercado con la finalidad de que pueda determinar con car醕ter previo a la contrataci髇, de modo claro e inequ韛oco, cu醠 es el bien o servicio objeto de venta o prestaci髇.

Art韈ulo 15 Precio

1. Las personas consumidoras tienen derecho a conocer con antelaci髇 el precio del bien o servicio contratado, no pudiendo repercutirle ning鷑 gasto que previamente no haya

sido aceptado o no haya tenido oportunidad real de rechazar. Del mismo modo, no podr� deducirse el consentimiento de pagos adicionales utilizando opciones por defecto que la persona consumidora deba rechazar para evitar un incremento en el precio.

Todos los bienes y productos puestos a disposici髇 de las personas consumidoras deber醤 ofrecer informaci髇 f醕ilmente identificable y legible sobre el precio total que est醤 obligados a satisfacer para su adquisici髇, con inclusi髇 de toda carga, tributo o gravamen, as� como los descuentos aplicables en su caso y los suplementos o incrementos eventuales. Si los gastos adicionales no pueden ser calculados previamente, debe indicarse su existencia y el m閠odo de c醠culo. Los bienes y productos expuestos deber醤 incorporar de forma visible el precio de tal manera que la persona consumidora no necesite aclaraci髇 del vendedor para conocerlo.

2. Cuando se oferten productos, bienes y servicios con aplazamiento de pago o cualquier f髍mula de financiaci髇 se informar� por escrito, como m韓imo:

• a) Del precio total de adquisici髇, tanto al contado como con aplazamiento de pago.
• b) Del n鷐ero total de plazos, su importe y su periodicidad.
• c) Del tipo de inter閟 a aplicar.
• d) En su caso, las cantidades parciales o totales a satisfacer por gastos de apertura, cancelaci髇 u otros que se pudieran generar.
• e) De las garant韆s exigidas para asegurar el cobro de las cantidades aplazadas.

3. Los productos, bienes o servicios ofertados como rebajados deber醤 incluir en sus lugares de exhibici髇 tanto el precio anterior como el rebajado.

Art韈ulo 16 Oferta, promoci髇 y publicidad

1. Las personas consumidoras tienen derecho a que la oferta, promoci髇 y publicidad de los bienes y servicios ofertados se ajusten a la naturaleza, caracter韘ticas, utilidad o finalidad y a las condiciones jur韉icas y econ髆icas de la contrataci髇, no pudiendo, sea cual sea el soporte empleado, inducir a error o falsas expectativas en sus destinatarios.

2. Las distintas Administraciones p鷅licas de Extremadura adoptar醤, dentro del marco de sus competencias, las medidas precisas para vigilar que la actividad publicitaria se desarrolle de conformidad con los principios de veracidad, objetividad y autenticidad, persiguiendo cualquier manifestaci髇 publicitaria enga駉sa o il韈ita que atente contra los leg韙imos intereses de las personas consumidoras. En este sentido, fomentar醤 la participaci髇 de las asociaciones de personas consumidoras en los procedimientos tendentes a cesar las campa馻s publicitarias que no respeten los principios citados.

Art韈ulo 17 Clausulado de los contratos

1. Las cl醬sulas generales, u otras no negociadas individualmente, con las personas consumidoras que se incorporen a un contrato, deber醤 estar redactadas con concreci髇, claridad y sencillez y con respeto a los principios de buena fe y justo equilibrio entre derechos y obligaciones de las partes, lo que excluye la utilizaci髇 de cl醬sulas abusivas, ilegibles o incomprensibles. Las transacciones realizadas en el contexto de la sociedad de la informaci髇 se entender醤 llevadas a cabo en t閞minos de condiciones generales de contrataci髇.

En ning鷑 caso se entender� cumplido el requisito de legibilidad si el tama駉 de la letra del contrato fuese inferior al mil韒etro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura.

2. Se considerar�, en todo caso, cl醬sula abusiva la renuncia al derecho de comunicaci髇 de cesi髇 de cr閐itos, as� como a los derechos de retracto y tanteo en contratos de cr閐itos o pr閟tamos de cualquier 韓dole.Arts. 13 d), el primer p醨rafo del art. 17.2, el inciso "y debe comunicarles que esta cl醬sula dejar� de aplicarse en los t閞minos establecidos por la resoluci髇 o sentencia judicial", del art. 28.6 y los arts. 29 y 76.41 declarados inconstitucionales y nulos por sentencia TC (sala pleno) de 18 de marzo de 2021, n.� rec. 6835/2019.JU0006893966

Por su parte, las personas consumidoras tienen derecho a solicitar la eliminaci髇 y el cese de las cl醬sulas y pr醕ticas abusivas o desleales. En el caso de los cr閐itos hipotecarios puede preverse la opci髇 de la daci髇 en pago.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 10 de diciembre de 2019, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 6835-2019, contra los art韈ulos 13, letra d); 17.2; 28.6 y 29 (獴.O.E.� 18 diciembre).LE0000655832_20191218

V閍se el n鷐ero 1.� del anexo de la Res. 21 mayo 2019, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Extremadura en relaci髇 con la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura (獴.O.E.� 29 mayo).LE0000645796_20190530

Art韈ulo 18 Informaci髇 precontractual

...

Art韈ulo 19 Informaci髇 contractual

En la documentaci髇 contractual deben constar las condiciones generales y, si procede, el derecho de desistimiento y las condiciones y el plazo de su ejercicio, la existencia de garant韆s adicionales y la adhesi髇 de la empresa a c骴igos de conducta o medios alternativos de resoluci髇 de conflictos.

Art韈ulo 20 Constancia de las condiciones de las ofertas

1. Las personas consumidoras tienen derecho a que quede constancia del contenido de la oferta, contrataci髇, modificaci髇 contractual o condici髇 realizada verbalmente por una empresa en la venta de bienes o la prestaci髇 de servicios en el momento en que se formule. Esta constataci髇 podr� realizarse por cualquier medio o soporte siempre que sea duradero.

2. En el caso de utilizar un soporte sonoro, las empresas han de advertir a las personas consumidoras que la conversaci髇 se est� grabando. Estas grabaciones ser醤 facilitadas de modo gratuito a la persona consumidora en el plazo m醲imo de quince d韆s desde su solicitud, en el formato elegido por esta.

3. Igualmente, las personas consumidoras tienen derecho a grabar las ofertas contractuales de las empresas y las conversaciones que mantengan con las empresas en las negociaciones contractuales, aunque deben advertir a la empresa de esta circunstancia cuando se haga la grabaci髇.

4. El personal de las empresas que se comunique telef髇ica o telem醫icamente con las personas consumidoras para ofrecer nuevos bienes y servicios o para modificar condiciones contractuales, estar� obligado a identificarse de manera inequ韛oca, indicando como m韓imo su nombre y apellidos, o el c骴igo de identificaci髇 asignado por la empresa.

Art韈ulo 21 Pr醕ticas comerciales agresivas y desleales

1. Las personas consumidoras tienen derecho a no ser sometidas a pr醕ticas comerciales agresivas y desleales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

2. No se pueden ofrecer ni vender bienes o servicios a trav閟 de llamadas o mensajes telef髇icos, tanto fijos como m髒iles, y con independencia del lugar desde donde se realiza la llamada, o mediante visitas a domicilio que no hayan sido aceptadas por los destinatarios. La persona o entidad responsable de la comunicaci髇 publicitaria o el vendedor o proveedor del producto o servicio est醤 obligadas a acreditar dicha aceptaci髇.

3. Se incluye en la limitaci髇 del apartado 2 el ofrecimiento mediante visitas a domicilio de servicios inherentes a un bien previamente adquirido y tambi閚 de modificaciones y variaciones de un servicio previamente contratado.

4. Quedan excluidas de la limitaci髇 del apartado 2 las visitas relacionadas con el suministro de servicios b醩icos considerados legalmente como actividades de inter閟 econ髆ico general y que tengan por objeto, 鷑icamente, garantizar a los titulares o a los residentes el acceso a la red de distribuci髇 del suministro del servicio b醩ico de que se trate. Esta exclusi髇 no es aplicable a las empresas que comercializan estos servicios b醩icos.

5. No se pueden ofrecer ni vender bienes y servicios a trav閟 de comunicaciones publicitarias distribuidas en buzones de las personas consumidoras si estos han manifestado su oposici髇 a recibirlas. Asimismo, en cada env韔, las personas consumidoras deben ser informadas de los medios, sencillos y gratuitos, que deben tener a su disposici髇 para poder oponerse a seguir recibi閚dolas.

6. No se pueden ofrecer ni vender bienes y servicios a trav閟 de visitas a los domicilios o de llamadas o mensajes telef髇icos, tanto fijos como m髒iles, si han sido previamente rechazados. A tal efecto, deben crearse los ficheros comunes de exclusi髇 en que se pueden inscribir las personas que no desean recibir ofertas de productos o servicios mediante llamadas a tel閒onos fijos y m髒iles o visitas a domicilio. La creaci髇 y el mantenimiento de estos ficheros deben adecuarse a la legislaci髇 en materia de protecci髇 de datos de car醕ter personal.

7. No se considera venta a domicilio, y por lo tanto no est醤 sujetos a lo establecido en el presente art韈ulo, el reparto de productos o la prestaci髇 de servicios solicitados o adquiridos previamente, mediante cualquiera de las modalidades de distribuci髇 comercial o de prestaci髇 de servicios. La acreditaci髇 de la solicitud o adquisici髇 previa corresponde, en su caso, al vendedor o al proveedor del producto o servicio.

8. La carga de probar que la persona consumidora ha dado su consentimiento para que se le oferten bienes y servicios corresponde a la empresa. Asimismo, el consentimiento de la persona consumidora a pagar por bienes o servicios no puede presumirse, especialmente cuando se le ofrece gratuitamente, y su silencio no puede considerarse como consentimiento adelantado a un futuro cobro de esas prestaciones que, en el momento de contratar, se le ofrecen sin coste.

Art韈ulo 22 Presupuesto

1. Las personas consumidoras tienen derecho, salvo renuncia expresa y fehaciente, a la elaboraci髇 y entrega de un presupuesto previo en la adquisici髇 de bienes y servicios en los que el precio no pueda ser determinado de forma directa o cuando as� est� establecido en virtud de una normativa espec韋ica. En estos supuestos no podr� exigirse contraprestaci髇 alguna por su elaboraci髇, sin m醩 excepciones que las establecidas reglamentariamente.

2. Cuando se elabore un presupuesto, este deber� formalizarse por escrito o por cualquier otro soporte duradero, e indicar necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en otras normas sectoriales, los siguientes elementos:

• a) Identificaci髇 de la empresa, indicando su nombre y n鷐ero de identificaci髇 fiscal.
• b) Periodo de validez del presupuesto, que no ser� inferior a un mes.
• c) Descripci髇 de los servicios que se ofertan.
• d) Identificaci髇 de los bienes que se entregan y el coste de los mismos.
• e) Coste de la mano de obra, cuando proceda.
• f) Otros conceptos, recargos e impuestos aplicables, debidamente desglosados.

3. No podr醤 recaer sobre las personas consumidoras errores de c醠culo o de cualquier otro tipo cometidos en la elaboraci髇 del presupuesto, salvo que sea un error manifiesto y haya mala fe por parte de la persona consumidora.

4. Los presupuestos y sus modificaciones ser醤 vinculantes, siempre y cuando hayan sido aceptados por escrito por las personas consumidoras.

Art韈ulo 23 Resguardo de dep髎ito

1. Las personas consumidoras tienen derecho a recibir un resguardo de dep髎ito de los bienes entregados a una empresa para su verificaci髇, comprobaci髇, reparaci髇, sustituci髇 o cualquier otra intervenci髇.

2. En el resguardo de dep髎ito debe figurar la identificaci髇 del depositante y del depositario, el objeto depositado, una descripci髇 de su estado, la fecha de entrega, el motivo del dep髎ito y la fecha prevista de realizaci髇 del servicio. El bien se devolver� a la persona consumidora en el mismo lugar en el que se entreg�.

3. Se considerar� que el bien se entrega en buenas condiciones, salvo que as� se indique de forma detallada en el resguardo de dep髎ito o sea incompatible con el motivo del dep髎ito, sin que sean posibles declaraciones gen閞icas. Asimismo, ser� de aplicaci髇 lo recogido en el art韈ulo 24.5.

Art韈ulo 24 Garant韆

1. La parte vendedora est� obligada a entregar a la persona consumidora bienes que sean conforme con el contrato, respondiendo frente a ella de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los t閞minos previstos en la legislaci髇 b醩ica.

2. La parte vendedora no puede exonerarse de la responsabilidad del cumplimiento de la garant韆 mediante la remisi髇 al servicio de atenci髇 al cliente, o al servicio t閏nico correspondiente.

3. La persona consumidora dentro de los t閞minos de los art韈ulos 120 y 121 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, podr� exigir la devoluci髇 del importe abonado o la sustituci髇 de un bien que haya sido reparado en garant韆 sin 閤ito dos veces en un plazo de seis meses.

4. La exoneraci髇 de la garant韆 debe motivarse mediante informe suscrito por personal t閏nico competente.

5. Cuando la empresa opte por recoger el bien mediante mensajer韆 o transporte, se presupone que el bien presenta 鷑icamente la deficiencia manifestada por la persona consumidora. En este caso, la empresa deber� articular alg鷑 sistema que proporcione a la persona consumidora un instrumento equivalente al resguardo de dep髎ito.

Art韈ulo 25 Servicio t閏nico y suministro de repuesto

1. La empresa responsable de la primera puesta en el mercado de los bienes de naturaleza duradera garantizar�, de acuerdo con la legislaci髇 vigente, la existencia de un adecuado servicio t閏nico y el suministro de piezas de repuesto, incluidas las consumibles.

2. En los bienes de naturaleza duradera la persona consumidora tendr� derecho a un adecuado servicio t閏nico y a la existencia de repuestos durante el plazo m韓imo de cinco a駉s a partir de la fecha en que el producto deje de fabricarse.

3. La acci髇 o derecho de recuperaci髇 de los bienes entregados por la persona consumidora al empresario para su reparaci髇 prescribir� a los tres a駉s a partir del momento de la entrega.

Art韈ulo 26 Obsolescencia programada

Se proh韇en las pr醕ticas de obsolescencia programada, entendida como tales el conjunto de t閏nicas que introduzcan defectos, debilidades, paradas programadas, obst醕ulos para su reparaci髇 y limitaciones t閏nicas mediante las cuales un fabricante reduce de forma deliberada la durabilidad de la producci髇 con el objeto de aumentar la tasa de reemplazo o sustituci髇.

A tal efecto, la vida 鷗il estimada de los bienes de naturaleza duradera se considerar� una caracter韘tica esencial del producto. La informaci髇 sobre la duraci髇 estimada de estos bienes en ning鷑 caso puede entenderse como un aumento del plazo de la garant韆 legal.

Adicionalmente, se impulsar醤 medidas:

• a) Para que las empresas faciliten la reparaci髇 de sus productos.
• b) Para que las empresas mejoren la calidad y la sostenibilidad de los productos manufacturados.
• c) Para establecer un sistema que garantice una duraci髇 de vida m韓ima de los productos adquiridos.
• d) Para el fomento, sobre todo en fase de educaci髇, del consumo responsable, con el objetivo que las personas consumidoras tengan en cuenta el impacto sobre el medioambiente, la huella ecol骻ica y la calidad de los productos.
• e) Para fomentar la realizaci髇 de proyectos I+D+i basados en el dise駉 ecol骻ico de los productos, la econom韆 circular, el residuo m韓imo y la econom韆 de la funcionalidad.
• f) Para fomentar una etiqueta voluntaria que incluya, en particular, la durabilidad del producto, el dise駉 ecol骻ico, la capacidad de modulaci髇 de conformidad con el progreso t閏nico y la posibilidad de reparaci髇.

Art韈ulo 27 Morosidad de las personas consumidoras

Las empresas solo podr醤 manifestar que una persona consumidora se encuentra en mora cuando exista un reconocimiento de deuda de la persona consumidora o un t韙ulo ejecutivo que as� lo declare, sin perjuicio del derecho a la exigencia de las obligaciones por parte de aquellas.

Para incluir a las personas consumidoras en ficheros de impagados es preciso que exista previamente una deuda cierta, vencida y exigible, debi閚dose comunicar fehacientemente a la persona consumidora su inclusi髇 en tales ficheros en el plazo m醲imo de quince d韆s.

Cuando la deuda haya sido satisfecha, la empresa acreedora deber� realizar, en el plazo de quince d韆s, las gestiones oportunas para la exclusi髇 de la persona consumidora de los ficheros de impagados en los que se hubiese incluido a consecuencia de la existencia de la referida deuda.

Art韈ulo 28 Contratos de tracto continuado

1. El procedimiento para darse de baja de un servicio de tracto continuado no puede contener m醩 requisitos o presentar m醩 dificultad que el procedimiento para darse de alta. En ning鷑 caso se podr醤 utilizar intermediarios o interlocutores autom醫icos para dificultar o alargar el procedimiento de baja.

Adem醩, en servicios de inter閟 general, como energ韆, telecomunicaciones o suministro de agua, si tras solicitar la persona usuaria la baja o un cambio sustancial de las condiciones contractuales estos no se llevaran a efecto en el plazo m醲imo de veinticuatro horas o superior, si es la persona usuaria quien as� lo solicita, esta tiene derecho a que no se le facture el servicio a partir de la solicitud de dicha baja o modificaci髇 sustancial del contrato. El plazo m醲imo mencionado en este p醨rafo se aplicar� en defecto de otro establecido en la normativa estatal sectorial aplicable.

2. En el momento de la contrataci髇 de un servicio de tracto continuado, debe informarse del procedimiento de baja y de las indemnizaciones, las penalizaciones o los pagos que debe efectuar la persona consumidora si se da de baja del servicio.

En cualquier momento la persona consumidora puede solicitar que se le proporcione por escrito la certificaci髇 de su baja en dicho servicio, as� como las condiciones de la baja, que ser醤 remitidas en el plazo m醩 breve posible, preferentemente v韆 correo electr髇ico y, en todo caso, en un plazo no superior a cinco d韆s laborables.

3. La empresa debe garantizar la continuidad y calidad en la prestaci髇, de acuerdo con la informaci髇 que se ha suministrado o la publicidad que se ha realizado.

4. La empresa prestadora de un servicio de tracto continuado debe garantizar una atenci髇 adecuada a la persona consumidora, sin demoras ni esperas. Esta atenci髇 debe ser personal, siempre y cuando la persona consumidora lo desee, sin procedimientos o mecanismos autom醫icos que dificulten la conversaci髇 con la persona consumidora.

5. No puede dejarse de prestar el servicio de tracto continuado por falta de pago de alg鷑 recibo o factura si la persona consumidora ha presentado alguna reclamaci髇 con relaci髇 al recibo o factura ante la empresa o por medio de los mecanismos judiciales o extrajudiciales de resoluci髇 de conflictos, salvo en los supuestos en que la normativa estatal sectorial prevea otra cosa. Ser� imprescindible en todo caso, como requisito previo a la posibilidad de efectuar el corte del servicio, la constancia de una deuda cierta, vencida y exigible, no entendiendo como tal cualquier deuda con una reclamaci髇 no resuelta.

6. Si alguna de las cl醬sulas de un contrato de prestaci髇 de servicios de tracto continuado es declarada abusiva, la empresa debe informar de ello a las/os clientes con contratos vigentes que la incluyan y debe comunicarles que esta cl醬sula dejar� de aplicarse en los t閞minos establecidos por la resoluci髇 o sentencia judicial. Esta comunicaci髇 debe hacerse constar, al menos, en la factura o liquidaci髇 inmediatamente posterior a la declaraci髇 de abusividad.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 10 de diciembre de 2019, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 6835-2019, contra los art韈ulos 13, letra d); 17.2; 28.6 y 29 (獴.O.E.� 18 diciembre).LE0000655832_20191218

V閍se el n鷐ero 1.� del anexo de la Res. 21 mayo 2019, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Extremadura en relaci髇 con la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura (獴.O.E.� 29 mayo).LE0000645796_20190530

Arts. 13 d), el primer p醨rafo del art. 17.2, el inciso "y debe comunicarles que esta cl醬sula dejar� de aplicarse en los t閞minos establecidos por la resoluci髇 o sentencia judicial", del art. 28.6 y los arts. 29 y 76.41 declarados inconstitucionales y nulos por sentencia TC (sala pleno) de 18 de marzo de 2021, n.� rec. 6835/2019.JU0006893966

7. En caso de incumplimiento de la ejecuci髇 del contrato por parte de la empresa la persona consumidora deber� interponer la correspondiente reclamaci髇 que ser� contestada en el plazo recogido en el art韈ulo 32.3, trascurrido el cual, si se mantiene el incumplimiento, la persona consumidora podr� desvincularse del contrato en su totalidad.

Art韈ulo 29Titulizaci髇 de cr閐itos

1. Se consideran cr閐itos titulizados aquellos pr閟tamos hipotecarios concertados por personas consumidoras, dentro del territorio de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, con una entidad financiera que se halle sujeta a la supervisi髇 del Banco de Espa馻, que con posterioridad hayan sido cedidos por cualquier t韙ulo a un fondo de titulizaci髇 de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1981 de 25 de marzo, de Regulaci髇 del Mercado Hipotecario y en la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre r間imen de sociedades y fondo de inversi髇 inmobiliaria y sobre fondos de titulizaci髇 hipotecaria, as� como la normativa que la desarrolla.

2. Las entidades financieras descritas en el apartado anterior que pretendan realizar una cesi髇 a un fondo de titulizaci髇 deber醤 informar con car醕ter previo, por escrito y de manera fehaciente a la persona deudora del cr閐ito hipotecario.

3. La notificaci髇 de esta informaci髇 contendr� todos los datos que permitan la identificaci髇 de manera sencilla y comprensible:

• a) De la cesi髇, transmisi髇 o titulizaci髇 del cr閐ito.
• b) De los datos de la entidad cesionaria.
• c) De la fecha prevista para dicha constituci髇.
• d) De cuando los datos figuren en un documento en el que se haga referencia a m醩 de un cr閐ito, identificar el documento, p醙ina o anexo donde figuren concretamente los datos que afectan a la persona consumidora.
• e) Del precio de la transmisi髇, incluyendo las costas que le hubiera ocasionado y los intereses del precio de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 1.535 del C骴igo Civil.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 10 de diciembre de 2019, ha acordado admitir a tr醡ite el recurso de inconstitucionalidad n鷐. 6835-2019, contra los art韈ulos 13, letra d); 17.2; 28.6 y 29 (獴.O.E.� 18 diciembre).LE0000655832_20191218

V閍se el n鷐ero 1.� del anexo de la Res. 21 mayo 2019, de la Secretar韆 General de Coordinaci髇 Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisi髇 Bilateral de Cooperaci髇 Administraci髇 General del Estado-Comunidad Aut髇oma de Extremadura en relaci髇 con la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura (獴.O.E.� 29 mayo).LE0000645796_20190530

Arts. 13 d), el primer p醨rafo del art. 17.2, el inciso "y debe comunicarles que esta cl醬sula dejar� de aplicarse en los t閞minos establecidos por la resoluci髇 o sentencia judicial", del art. 28.6 y los arts. 29 y 76.41 declarados inconstitucionales y nulos por sentencia TC (sala pleno) de 18 de marzo de 2021, n.� rec. 6835/2019.JU0006893966

Art韈ulo 30 Principio general

1. Las personas consumidoras, en el marco de la legislaci髇 estatal, tienen derecho a ser indemnizados por los da駉s y perjuicios que el consumo de bienes o la prestaci髇 de servicios les irroguen, salvo que aquellos da駉s y perjuicios est閚 causados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deban responder civilmente.

2. Las autoridades competentes en materia de consumo deben adoptar las medidas adecuadas para propiciar que las empresas procedan a la reparaci髇 e indemnizaci髇 de da駉s y perjuicios ocasionados a las personas consumidoras, facilit醤doles la presentaci髇, tramitaci髇 y, si procede, resoluci髇 de sus quejas, reclamaciones y denuncias a trav閟 de mecanismos telem醫icos y electr髇icos, sin perjuicio de la utilizaci髇 de las v韆s judiciales que se consideren oportunas.

3. La empresa deber� asignar un n鷐ero a cada queja, reclamaci髇 o denuncia presentada y acusar recibo de la misma de modo que la persona consumidora tenga constancia de su interposici髇 en el momento de su presentaci髇, salvo que reglamentariamente se establezca un procedimiento espec韋ico con esta finalidad.

Art韈ulo 31 Quejas

Se entiende por queja la exposici髇 que realiza una persona consumidora sobre unos hechos que han impedido o dificultado formalizar la relaci髇 de consumo para la adquisici髇, utilizaci髇 o disfrute de los bienes y servicios frente a la que el ordenamiento jur韉ico no prev� ninguna reacci髇 inmediata en el 醡bito del consumo.

Art韈ulo 32 Reclamaciones

1. Se entiende por reclamaci髇 la exposici髇 de un conflicto surgido en la relaci髇 de consumo mediante la que se solicita una soluci髇 o una compensaci髇.

2. Para poder presentar una reclamaci髇 ante los organismos de consumo, ser� requisito necesario haber reclamado previamente ante la empresa, sin perjuicio de la obligaci髇 por parte de estos organismos de atender a consultas y ayudar a la tramitaci髇 de las reclamaciones.

3. Con independencia de la forma de presentaci髇 de las reclamaciones, las empresas deber醤 dar respuesta adecuada a las mismas en el plazo m醩 breve posible y, en todo caso, en el plazo de un mes desde su presentaci髇.

4. En los servicios de tracto continuado, para los supuestos relativos a las incidencias de continuidad del servicio la respuesta habr� de darse en el plazo m醲imo de dos horas, aplic醤dose el plazo general de un mes para el resto de los supuestos.

5. No podr� suspenderse un servicio con posterioridad a la presentaci髇 de una reclamaci髇 hasta que la empresa d� respuesta a la misma, salvo que la suspensi髇 no est� relacionada con el motivo de la reclamaci髇.

6. En el caso de bienes ofertados o servicios prestados de forma no presencial por empresas sin establecimiento abierto al p鷅lico, estas deber醤 informar suficientemente de los procedimientos de reclamaci髇, haciendo constar, al menos, una direcci髇 postal y electr髇ica a las que las personas consumidoras podr醤 dirigir sus quejas y reclamaciones, en los t閞minos descritos en el art韈ulo 35.

Art韈ulo 33 Denuncias

1. Las personas consumidoras, de forma individual o por medio de las organizaciones que las representan, tienen el derecho de formular y presentar denuncias a los organismos administrativos competentes en materia de consumo. A efectos de esta ley se entiende por denuncia aquella comunicaci髇 dirigida a la Administraci髇 competente en materia de consumo que informe de la existencia de unos hechos, circunstancias o acontecimientos que pueden vulnerar la normativa de consumo.

2. Las denuncias presentadas ser醤 examinadas por la autoridad de consumo, dando inicio a un expediente de control e inspecci髇, y a la posterior incoaci髇 de un procedimiento sancionador en el caso de que se apreciaran indicios de infracci髇 administrativa, as� como a la adopci髇 de las medidas cautelares que fueran precisas.

3. La Administraci髇 p鷅lica competente debe comunicar a la persona o asociaci髇 de personas consumidoras y usuarias denunciante el inicio de oficio de las actuaciones pertinentes y debe indicarle los posibles efectos de la denuncia y su posici髇 jur韉ica respecto a las presuntas infracciones.

4. Si en la denuncia faltan requisitos formales y la persona denunciante puede enmendar esta carencia, la Administraci髇 competente que la recibe debe darle un plazo no inferior a diez d韆s para que lo haga.

Si el 髍gano al que se ha dirigido la denuncia no es el competente por raz髇 de la materia o del territorio, este 髍gano debe enviarla al 髍gano que tiene atribuida la competencia material o territorial y debe comunicarlo a la persona denunciante.

5. La Administraci髇 competente, si no aprecia infracciones con relaci髇 a la denuncia presentada, debe adoptar un acuerdo motivado de archivo, indic醤dole a la persona denunciante los recursos pertinentes a interponer mediante comunicaci髇 expresa.

Art韈ulo 34 Hojas de reclamaciones

1. Las empresas que comercialicen bienes o servicios en Extremadura tendr醤 a disposici髇 de las personas consumidoras hojas de reclamaciones para la formulaci髇 de quejas, reclamaciones y denuncias en los t閞minos y con los requisitos exigidos en su norma reguladora.

2. Reglamentariamente se regular醤 las hojas de reclamaciones y los supuestos concretos de su entrega, los requisitos y los procedimientos que se exijan para la presentaci髇 y tramitaci髇.

3. La utilizaci髇 de las hojas reclamaciones es compatible con la formulaci髇 de reclamaciones por cualquier otro medio admitido en derecho, incluidos los medios telem醫icos.

4. Estas hojas podr醤 utilizarse tanto para presentar una reclamaci髇 frente al titular del establecimiento como respecto a otras empresas en los t閞minos establecidos en el art韈ulo 35.3.

5. La existencia de hojas de reclamaciones deber� ser anunciada en lugar visible, mediante cartel elaborado que siga las pautas de lectura f醕il y en los t閞minos en los que reglamentariamente se determine.

6. Todas las quejas y reclamaciones que se presenten por escrito deber醤 ser contestadas a las personas interesadas por las Administraciones competentes y por los sujetos responsables en el m醩 breve plazo posible mediante escrito razonado.

Art韈ulo 35 Servicio de atenci髇 a la persona consumidora

1. Las empresas deber醤 poner a disposici髇 de las personas consumidoras un servicio de atenci髇 que, como m韓imo, atender� la presentaci髇, tramitaci髇 y resoluci髇 de sus quejas y reclamaciones a trav閟 de medios r醦idos y eficaces.

2. Por regla general, el servicio ser� prestado de forma personal y, en todo caso, gratuita y con un horario equivalente al de apertura de establecimientos comerciales.

En los supuestos de servicios de tracto continuado, las empresas prestadoras de los mismos deber醤 disponer de un tel閒ono de atenci髇 a la persona consumidora, totalmente gratuito para ella, que habr� de estar en funcionamiento durante las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco d韆s del a駉.

3. Las empresas que sean intermediarias o distribuidoras oficiales de alg鷑 bien o servicio de otra empresa, o bien ostente su marca en un lugar visible para la persona usuaria, deber醤 aceptar y tramitar las reclamaciones que la persona consumidora interponga contra aquellas.

4. Los tel閒onos de atenci髇 a la persona consumidora, que en todo caso ser醤 gratuitos, deber醤 disponer de atenci髇 personalizada sin reenv韔s a otros sistemas de atenci髇 a la persona consumidora y con un tiempo de espera no superior a un minuto.

5. Los servicios de atenci髇 a la persona consumidora, especialmente la no presencial, deber醤 dejar constancia de las quejas y reclamaciones planteadas por las personas consumidoras, teniendo derecho estas a recibir alguna referencia, recibo o indicaci髇, que acredite su presentaci髇.

Art韈ulo 36 C骴igos de buenas pr醕ticas

1. La Administraci髇 de consumo debe fomentar la adopci髇 de c骴igos de conducta como instrumentos de autorregulaci髇 y corregulaci髇 para mejorar la defensa de las personas consumidoras, dando adecuada respuesta a sus demandas, y asimismo, debe promover que estos c骴igos se adecuen a los principios del consumo responsable e incluir la perspectiva de g閚ero.

2. Los c骴igos ser醤 elaborados por representantes de las asociaciones de personas consumidoras, as� como por las organizaciones empresariales y profesionales m醩 representativas de los sectores afectados y la Administraci髇.

3. La Administraci髇 de consumo puede crear y otorgar, si procede, distintivos de calidad avalados por el Consejo de Consumo de Extremadura y determinar por reglamento los compromisos y obligaciones que deben asumir las entidades que se adhieran a ellos y su r間imen de otorgamiento, retirada y publicidad.

Art韈ulo 37 Principios generales

1. La resoluci髇 extrajudicial de los conflictos derivados de una relaci髇 de consumo se canaliza principalmente por la mediaci髇 y el arbitraje de consumo, sin perjuicio de las materias o los sectores que tengan sistemas p鷅licos extrajudiciales de resoluci髇 de conflictos.

2. La resoluci髇 extrajudicial de conflictos de consumo atiende las reclamaciones de las personas consumidoras y tiene car醕ter vinculante para las partes que se hayan sometido voluntariamente a ella, en los t閞minos que establezca la legislaci髇 aplicable, sin perjuicio de la protecci髇 administrativa y judicial que proceda.

3. Pueden someterse a mediaci髇 y arbitraje los conflictos sobre materias de libre disposici髇, de acuerdo con las leyes aplicables.

4. La Administraci髇 de consumo impulsar� y promover� entre el sector empresarial la necesidad de introducir la perspectiva g閚ero y la de discapacidad en sus productos y servicios.

Art韈ulo 38 Fomento de los sistemas voluntarios de resoluci髇 de conflictos

1. La Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura debe impulsar, en colaboraci髇 con otras Administraciones y con las asociaciones de personas consumidoras y empresarios, la disponibilidad para las personas consumidoras y para las empresas de sistemas operativos de resoluci髇 voluntaria de conflictos y de reclamaciones en materia de consumo.

2. La Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, en el 醡bito de sus competencias, ejercer� las funciones de fomento, gesti髇 y desarrollo de la mediaci髇 y del arbitraje de consumo que la legislaci髇 les atribuya, incluyendo a las empresas que operen por v韆 telem醫ica o inform醫ica.

Art韈ulo 39 Derecho a la informaci髇

1. Las personas consumidoras tienen derecho a recibir una informaci髇 veraz, completa, objetiva y eficaz de las caracter韘ticas esenciales de los diferentes bienes y servicios que el mercado pone a su disposici髇, con el objeto de que puedan realizar una elecci髇 consciente, racional y ajustada a sus necesidades, as� como una utilizaci髇 segura y satisfactoria.

2. La informaci髇 sobre los bienes y servicios comercializados en Extremadura que sea facilitada en los establecimientos mercantiles o difundida mediante anuncios publicitarios, deber� ser f醕ilmente accesible, debiendo estar redactada en castellano sin que induzca a error o falsas expectativas en sus destinatarios.

3. Las empresas deben estar en disposici髇 de facilitar la informaci髇 complementaria que les sean requeridas por las personas consumidoras.

4. Salvo en aquellos casos en los que se encuentre expresamente regulado, el secreto de fabricaci髇 no podr� ser invocado para incumplir la obligaci髇 de informar en los t閞minos expuestos en este art韈ulo.

5. Los bienes y servicios han de tener en un lugar visible, en su caso, las instrucciones para su montaje, uso, mantenimiento y efectos que puede producir sobre otros productos o sobre el medio natural, as� como el tipo de embalaje. Se ha de procurar que los envases y embalajes de los productos, en lo posible, sean recuperables, tengan un tama駉 reducido y no afecten negativamente al medioambiente.

Art韈ulo 40 Derecho a la educaci髇

Las personas consumidoras tienen derecho recibir educaci髇 en materia de consumo con el objetivo:

• a) De contribuir a la formaci髇 integral de la persona, atendiendo al desarrollo de la conciencia individual y colectiva de los ni駉s y j髒enes en los h醔itos del consumo responsable, cr韙ico y activo, con el objeto de conseguir la informaci髇, reflexi髇, solidaridad y sostenibilidad en el consumo de bienes y servicios.
• b) De desarrollar la capacidad de ejercer una elecci髇 libre, racional, cr韙ica y saludable de los bienes y servicios ofrecidos, as� como de hacer un uso correcto y responsable de ellos, incluida la fase de eliminaci髇 de los mismos.
• c) De conocer sus derechos y deberes y la forma de ejercerlos individual y colectivamente con responsabilidad.

Art韈ulo 41 Medidas en materia de educaci髇

1. La Junta de Extremadura incorporar� la perspectiva de g閚ero en todas las medidas que se adopten en educaci髇 a la persona consumidora.

2. Para garantizar los objetivos del art韈ulo anterior, la Junta de Extremadura debe adoptar las siguientes medidas:

• a) Desarrollar curricularmente la educaci髇 en consumo en los diferentes niveles de la ense馻nza reglada en que se considere m醩 eficaz.
• b) Impulsar la formaci髇 permanente del personal de los centros educativos, de las asociaciones de padres y madres de alumnos y dem醩 miembros de la comunidad educativa.
• c) Fomentar la elaboraci髇 y publicaci髇 de material did醕tico de apoyo a la educaci髇 en consumo, incluyendo publicaciones especiales para personas con discapacidad.
• d) Establecer colaboraciones con los organismos o entidades p鷅licos con competencias en materia de consumo, con las instituciones competentes en materia de educaci髇 y con las asociaciones de personas consumidoras para el desarrollo de la educaci髇 en consumo.
• e) Promover el empleo de las nuevas tecnolog韆s de la informaci髇 al servicio de la educaci髇 en materia de consumo.
• f) Fomentar el establecimiento de centros permanentes de educaci髇 en consumo.

3. La educaci髇 de la persona consumidora estar� orientada a la adecuaci髇 de las pautas de consumo hacia la utilizaci髇 racional de los recursos, a la prevenci髇 del sobreendeudamiento, a la incorporaci髇 de valores ecol骻icos en las decisiones individuales de compra, uso, disfrute y eliminaci髇 de los productos de consumo y a la corresponsabilizaci髇 y participaci髇 de las personas consumidoras en la conservaci髇 del medioambiente y en la consecuci髇 del desarrollo sostenible.

Art韈ulo 42 Derecho a la formaci髇

La Junta de Extremadura promover� la formaci髇 continua y permanente de las personas consumidoras en los siguientes 醡bitos:

• a) La formaci髇 permanente de las personas como personas consumidoras, con especial atenci髇 a los colectivos especialmente protegidos y aquellos con necesidades espec韋icas.
• b) Fomentar la formaci髇 continuada del personal al servicio de las organizaciones p鷅licas que tuviera relaci髇 con materias de consumo, en concreto de quienes desarrollen funciones de ordenaci髇, inspecci髇, control de calidad e informaci髇 y, especialmente, por razones de proximidad al ciudadano, de los miembros de los cuerpos de polic韆 local.
• c) Promover la formaci髇 en materia de consumo del personal al servicio de las asociaciones de personas consumidoras y personas usuarias, para lo cual ser醤 o韉as sus demandas y sugerencias.
• d) Promover la formaci髇 en materia de consumo de las empresas, para lo cual se procurar� colaborar con las c醡aras de comercio, los colegios profesionales y las asociaciones empresariales que desarrollen su actividad en la Comunidad Aut髇oma de Extremadura.
• e) La formaci髇 de las personas que act鷈n como 醨bitros o mediadores de consumo en Extremadura.
• f) Formaci髇 en el cooperativismo de consumo.
• g) Fomentar la formaci髇 continuada dirigida al personal que, por sus competencias laborales, tenga relaci髇 directa con el cliente, en el conocimiento de pautas, reglas y recomendaciones a la hora de atender a personas con discapacidad intelectual.

Art韈ulo 43 Medidas en materia de formaci髇

1. La Junta de Extremadura elaborar� un plan anual, con la colaboraci髇 de las asociaciones de personas consumidoras y personas usuarias, con las medidas concretas de formaci髇 que tenga previsto desarrollar en la siguiente anualidad. En la elaboraci髇 de este plan se escuchar� a las Administraciones p鷅licas y a los agentes econ髆icos de los sectores implicados.

2. Adem醩 de las actuaciones que se recojan anualmente en el plan anterior, la Junta de Extremadura debe adoptar las siguientes medidas:

• a) Favorecer en las organizaciones y movimientos juveniles, de protecci髇 a la infancia, de personas mayores y de apoyo a personas con discapacidad, las acciones dirigidas a la formaci髇 y defensa de las personas consumidoras.
• b) Impulsar la investigaci髇 y los estudios avanzados en materia de consumo, especialmente en los bienes y servicios novedosos y en las formas de contrataci髇.
• c) Fomentar el asociacionismo de las personas consumidoras como medio eficaz para la defensa de sus derechos.
• d) Fomentar que los agentes econ髆icos que ponen en el mercado bienes y servicios conozcan los requisitos de su actividad relacionados con los derechos y obligaciones de las personas consumidoras.
• e) Impulsar y garantizar la formaci髇 en materia de consumo del personal de las asociaciones de personas consumidoras y personas usuarias y de las organizaciones empresariales.

Art韈ulo 44 Utilizaci髇 de medios de comunicaci髇 social

La Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo llevar� a cabo actuaciones de divulgaci髇 en materia de protecci髇 de los derechos e intereses econ髆icos de las personas consumidoras. Igualmente, realizar� e impulsar� la difusi髇 de la informaci髇 a las personas consumidoras en colaboraci髇 con entidades p鷅licas y privadas y, de manera especial, con las asociaciones de personas consumidoras.

Art韈ulo 45 Actuaciones administrativas en materia de divulgaci髇

1. Las Administraciones p鷅licas llevar醤 a cabo las siguientes actuaciones en materia de divulgaci髇 de informaci髇 en materia de consumo:

• a) Instituir concursos y premios para fomentar las actividades publicitarias destacables por su contenido informativo y su contribuci髇 al desarrollo de una libre elecci髇 por las personas consumidoras.
• b) La difusi髇 de estudios sobre la calidad de bienes y servicios, las formas de producci髇 y comercializaci髇 y los h醔itos de consumo.
• c) Fomentar la utilizaci髇 de etiquetas voluntarias: velar por el cumplimiento de los requisitos de informaci髇 que deben incorporar los bienes y servicios, especialmente en el caso de productos modificados gen閠icamente, as� como fomentar la utilizaci髇 de etiquetas voluntarias informativas, entre ellas una espec韋ica de 玴roducto no modificado gen閠icamente�.
• d) Promover entre las empresas regionales el fomento de etiquetado 玝raille� a favor de las personas consumidoras afectadas por deficiencias visuales, y otros sistemas como el de lectura f醕il.
• e) Fomentar la publicidad dirigida a conocer los bienes y productos elaborados o fabricados en Extremadura.
• f) La formaci髇 de los agentes econ髆icos que ponen en el mercado los bienes y servicios y de sus asociaciones empresariales y profesionales y sus gremios sobre los requisitos de su actividad relacionados con los derechos y deberes de las personas consumidoras, con especial incidencia en las afectaciones sobre las personas con discapacidad y dem醩 colectivos vulnerables.
• g) Se fomentar� el material formativo en formato accesible.

2. Los 髍ganos competentes en materia de defensa de la persona consumidora no podr醤 realizar publicidad directa ni indirecta de bienes y servicios o entidades con 醤imo de lucro.

3. La Junta de Extremadura, a trav閟 de la consejer韆 competente en materia de consumo, editar� anualmente una memoria de las actuaciones realizadas en defensa de las personas consumidoras que ser� publicada en la web correspondiente de consumo de la Junta de Extremadura.

4. La Junta de Extremadura debe promover e impulsar la elaboraci髇 de estudios t閏nicos y encuestas sobre las din醡icas y los h醔itos de consumo en Extremadura con los objetivos de planificar las pol韙icas de consumo m醩 adecuadas y de fijar los instrumentos que permitan a las personas consumidoras escoger mejor los bienes y servicios m醩 adaptados a sus necesidades y exigencias. Estos estudios y encuestas, siempre y cuando sea t閏nica y jur韉icamente viable, deben presentarse con datos desagregados por sexos y deben incorporar el estudio sobre el impacto por raz髇 de g閚ero, as� como su publicaci髇 en la correspondiente web de consumo de la Junta de Extremadura.

Art韈ulo 46 La informaci髇 a la persona consumidora a trav閟 de las nuevas tecnolog韆s

Las Administraciones p鷅licas de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura dispondr醤 de mecanismos de informaci髇 a la persona consumidora en soporte digital o electr髇ico, a trav閟 de Internet o de otros medios del 醡bito de la sociedad de la informaci髇, en los t閞minos que reglamentariamente se determinen y en el marco de lo dispuesto en los art韈ulos siguientes.

Art韈ulo 47 Colaboraci髇 y cooperaci髇

Los 髍ganos competentes en materia de consumo, a trav閟 del Consejo de Consumo de Extremadura y dem醩 instrumentos de colaboraci髇 y cooperaci髇 que se estimen necesarios, establecer醤 la colaboraci髇 con las entidades p鷅licas y privadas auton髆icas, estatales, comunitarias e internacionales, a la hora de llevar a cabo los diferentes planes y programas formativos y educativos en materia de consumo.

Art韈ulo 48 Oficinas de informaci髇 y atenci髇 a las personas consumidoras

1. La Junta de Extremadura promover� la creaci髇 de oficinas de informaci髇 y atenci髇 a las personas consumidoras, de car醕ter p鷅lico o privado atendiendo a los criterios de eficacia y eficiencia, cuyo 醡bito podr� ser auton髆ico, municipal o supramunicipal.

2. Las oficinas de informaci髇 a las personas consumidoras podr醤 desempe馻r funciones en materia de prevenci髇, protecci髇, promoci髇 y participaci髇. Reglamentariamente se establecer醤 las funciones que deben realizar y los requisitos que deben cumplir para poder ser acreditadas por la Junta de Extremadura.

En todo caso, las oficinas de informaci髇 a las personas consumidoras han de tener las siguientes funciones:

• a) Informar, ayudar y orientar a las personas consumidoras para el adecuado ejercicio de sus derechos, as� como ejercer la actividad de mediaci髇, en su caso.
• b) Recibir y acusar recibo de denuncias y reclamaciones de las personas consumidoras y de las asociaciones de personas consumidoras y traslado de las mismas, en su caso, al 髍gano administrativo competente para su resoluci髇.
• c) Realizar tareas de educaci髇 y formaci髇 en materia de consumo.
• d) Realizar campa馻s informativas tendentes a conseguir un mejor conocimiento por parte de las personas consumidoras en relaci髇 con sus derechos y obligaciones, as� como desarrollar programas dirigidos a mejorar el nivel de educaci髇 espec韋ica y formaci髇 de las mismas. Para el desarrollo de las campa馻s y programas, se contar� con las propuestas y la colaboraci髇 de las asociaciones de personas consumidoras existentes dentro del 醡bito de su actuaci髇.
• e) Disponer de documentaci髇 t閏nica y jur韉ica sobre temas de consumo, as� como potenciar su investigaci髇 y estudio.
• f) Recibir sugerencias o peticiones concretas, elevando estas a las autoridades competentes, a fin de modificar algunos de los servicios que prestan o bien establecer otros nuevos si se consideran necesarios.
• g) Elevar consultas al Consejo de Consumo de Extremadura.
• h) Colaborar, en su caso, con el Servicio de Control de Mercado del Instituto de Consumo de Extremadura o departamento equivalente.
• i) Facilitar datos referentes al registro y autorizaci髇 de bienes y servicios, y los de aquellos que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su riesgo y peligrosidad.

3. Las oficinas de informaci髇 a las personas consumidoras de car醕ter privado solo pueden ser asumidas por una asociaci髇 o por un conjunto de asociaciones de personas consumidoras que se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Personas Usuarias de Extremadura o en el Registro Estatal de Asociaciones de Personas Consumidoras y Personas Usuarias.

4. Toda comarca contar� con, al menos, una oficina comarcal de informaci髇 a las personas consumidoras de car醕ter p鷅lico.

La Administraci髇 de la comunidad aut髇oma o, en su caso, las comarcas, una vez hayan asumido estas competencias en materia de protecci髇 a las personas consumidoras, financiar醤 o subvencionar醤 las oficinas comarcales de informaci髇.

5. La Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, a trav閟 del departamento competente en materia de consumo, coordinar� la labor de las oficinas de informaci髇 a las personas consumidoras de titularidad p鷅lica, prestando a las mismas el apoyo t閏nico necesario para su implantaci髇 y funcionamiento, en los t閞minos que reglamentariamente se determinen, y, en su caso, suscribir con las Administraciones locales convenios de colaboraci髇 para compartir la dotaci髇 de los medios t閏nicos y materiales adecuados para el cumplimiento de sus finalidades.

6. Las oficinas de informaci髇 a las personas consumidoras procurar醤 tener servicios de interpretaci髇 de forma gratuita a las personas consumidoras con discapacidad.

Art韈ulo 49 Ejercicio del derecho

El derecho a la representaci髇, consulta y participaci髇 de las personas consumidoras en los asuntos que les puedan afectar ser� ejercido por las asociaciones de personas consumidoras y por el Consejo de Consumo de Extremadura.

Art韈ulo 50 Asociaciones de personas consumidoras

1. A efectos de esta ley, se consideran asociaciones de personas consumidoras y personas usuarias las asociaciones sin 醤imo de lucro que, constituidas conforme a lo previsto en la legislaci髇 sobre asociaciones y reuniendo los requisitos espec韋icos exigidos en la legislaci髇 estatal y sus normas de desarrollo y en la legislaci髇 auton髆ica aplicable, tengan como finalidad la defensa de los derechos o intereses leg韙imos de las personas consumidoras, incluyendo su informaci髇, formaci髇 y educaci髇, bien sea con car醕ter general, bien en relaci髇 con bienes y servicios determinados.

2. Tambi閚 son asociaciones de personas consumidoras y personas usuarias las entidades constituidas con arreglo a la legislaci髇 de cooperativas que respeten los requisitos b醩icos exigidos en la legislaci髇 estatal y entre cuyos fines figure, necesariamente, la educaci髇 y formaci髇 de sus socios en materia de consumo y est閚 obligadas a constituir un fondo con tal objeto, seg鷑 su legislaci髇 espec韋ica.

3. Las asociaciones de personas consumidoras y personas usuarias podr醤 integrarse en uniones, federaciones o confederaciones que tengan id閚ticos fines y cumplan con los requisitos espec韋icos exigidos por esta norma.

4. Se ha de fomentar la participaci髇 e integraci髇 de las mujeres en las asociaciones de personas consumidoras y personas usuarias, y en la composici髇 de sus 髍ganos directivos se tender� a la paridad.

Art韈ulo 51 Fomento de las asociaciones de personas consumidoras y personas usuarias

1. La Junta de Extremadura promover� y fomentar� el fortalecimiento del movimiento asociativo en el 醡bito de la protecci髇 y defensa de las personas consumidoras. Adem醩, deber� impulsarse la participaci髇 de la ciudadan韆 en estas asociaciones.

2. La Junta de Extremadura, en el 醡bito de sus competencias, establecer� un marco de cooperaci髇 y colaboraci髇 con las asociaciones de personas consumidoras y personas usuarias, a los efectos de desarrollar programas conjuntos de protecci髇 de las personas consumidoras.

3. Las asociaciones de personas consumidoras podr醤 acceder a los instrumentos de colaboraci髇 previstos en el apartado anterior y a las subvenciones y ayudas que para la consecuci髇 de sus fines concedan las Administraciones p鷅licas de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, cuando est閚 inscritas en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Personas Usuarias de Extremadura y cumplan con las condiciones o requisitos que en cada caso se establezcan.

Art韈ulo 52 Funciones y derechos de las asociaciones de personas consumidoras

Son funciones y derechos de las asociaciones de personas consumidoras y personas usuarias, entre otros:

• a) Informar, formar y educar a sus socios, pudiendo hacerlo extensible al conjunto de los ciudadanos en su calidad de personas consumidoras.
• b) Asesorar y, en su caso, prestar asistencia jur韉ica a sus socios en el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses, pudiendo hacerlo extensible al conjunto de los ciudadanos en su calidad de personas consumidoras.
• c) Propiciar y participar en la resoluci髇 extrajudicial de conflictos entre personas consumidoras y empresarios y profesionales, de conformidad con lo previsto por la normativa aplicable.
• d) Ejercer las correspondientes acciones judiciales o extrajudiciales en defensa de sus socios, de la asociaci髇 y, en general, de los intereses y derechos de las personas consumidoras de forma individual y colectiva.
• e) Ser o韉as preceptivamente en consulta en el procedimiento de elaboraci髇 de proyectos de ley y de disposiciones administrativas de car醕ter general que afecten a los intereses que representan; en el procedimiento de fijaci髇 de precios y tarifas sujetos a control de las administraciones p鷅licas de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, en cuanto afecten directamente a las personas consumidoras; y en el procedimiento de elaboraci髇 de condiciones generales de contrataci髇 de servicios prestados por las administraciones p鷅licas de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, bien directamente o a trav閟 de empresas de capital mayoritariamente p鷅lico. Se entender� cumplido dicho tr醡ite preceptivo de audiencia cuando las asociaciones citadas se encuentren representadas en los 髍ganos colegiados que participen en la elaboraci髇 de la disposici髇 o cuando en dicha elaboraci髇 se haya dado audiencia al Consejo de Consumo de Extremadura.
• f) Tener presencia en los 髍ganos de consulta y participaci髇 donde se conozcan asuntos que afecten directamente a los derechos e intereses de las personas consumidoras, de conformidad con las reglamentaciones espec韋icas de los 髍ganos de consulta y con las reglas de reparto que determine el Consejo de Consumo de Extremadura.
• g) Intercambiar informaci髇 y datos de las Administraciones p鷅licas de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura sobre los asuntos que afecten directamente a los derechos e intereses de las personas consumidoras, en el marco de la regulaci髇 estatal sobre el derecho de acceso a los registros y archivos administrativos y la protecci髇 de datos de car醕ter personal.
• h) Ser declaradas de utilidad p鷅lica.
• i) Integrarse en agrupaciones y federaciones de id閚ticos fines y, en su caso, de 醡bito territorial m醩 amplio.
• j) Participar en sociedades mercantiles de acuerdo con los requisitos previstos en el art韈ulo 28 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
• k) Ser consideradas parte interesada en los procedimientos administrativos que hayan promovido, o a los que acudan en calidad de representante de las personas que lo promuevan, siempre y cuando hayan comparecido y los procedimientos afecten a la protecci髇 general de los intereses colectivos de las personas consumidoras. En todo caso, la asociaci髇 que sea considerada parte interesada en el procedimiento tendr� acceso a todos los datos y a la documentaci髇 de dicho expediente, respetando el resto de la normativa vigente aplicable.
• l) La legitimaci髇 para ejercer las acciones declarativas, de cesaci髇, de remoci髇, de rectificaci髇, de resarcimiento y de enriquecimiento injusto de conformidad con lo previsto en la legislaci髇 estatal.
• m) Solicitar y obtener informaci髇 de las Administraciones p鷅licas de Extremadura.

Art韈ulo 53 Registro de las Asociaciones de Personas Consumidoras y Personas Usuarias

1. Para el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley y las disposiciones espec韋icas que la complementen, las asociaciones de personas consumidoras y personas usuarias deber醤 estar inscritas en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Personas Usuarias de Extremadura, que ser� gestionado en el Instituto de Consumo de Extremadura o en el Registro Estatal de Asociaciones de Personas Consumidoras y Personas Usuarias, siempre que la asociaci髇 cuente con delegaci髇 o actividad en Extremadura.

2. El procedimiento y los requisitos de inscripci髇 en este registro se determinar醤 reglamentariamente. No obstante, no podr醤 inscribirse aquellas asociaciones que incluyan entre sus miembros a personas jur韉icas con finalidad de lucro, aquellas que participen o reciban ayudas de empresas suministradoras de bienes y servicios, sin perjuicio de las excepciones previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y las que efect鷈n publicidad comercial o meramente informativa de bienes y servicios.

Art韈ulo 54 Consejo de Consumo de Extremadura

1. El Consejo de Consumo de Extremadura es el principal 髍gano consultivo, asesor y de participaci髇 en materia de consumo. Se configura como un 髍gano colegiado de representaci髇 en materia de consumo, integrado como m韓imo por representantes de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de 醡bito regional o de 醡bito estatal, pero con representaci髇 en Extremadura, as� como de organizaciones empresariales y de aut髇omos, de cooperativas de consumo, de colectivos de especial protecci髇 y de representantes de las Administraciones p鷅licas de Extremadura.

En todo caso, en la representaci髇 de los miembros del Consejo de Consumo de Extremadura se tender� a la paridad de sus miembros y la representaci髇 de la Administraci髇 no podr� superar el l韒ite del 40 % total de sus integrantes. Asimismo, se garantizar� una participaci髇 significativa de las asociaciones de personas consumidoras y personas usuarias.

En la representaci髇 de colectivos de especial protecci髇 habr�, al menos, integrantes de las organizaciones de personas con discapacidad, de las personas mayores, de las organizaciones de protecci髇 de los derechos de ni馻s y ni駉s y de los municipios extreme駉s, sin perjuicio de incluir a otros colectivos que se encuentren en situaci髇 de inferioridad, subordinaci髇, indefensi髇 o desprotecci髇.

2. El Consejo de Consumo de Extremadura debe ser escuchado preceptivamente en tr醡ite de audiencia en los siguientes procedimientos:

• a) Elaboraci髇 de las leyes y disposiciones administrativas de car醕ter general que afecten directamente a los derechos e intereses de las personas consumidoras.
• b) Cooperaci髇 interadministrativa para evitar que las quejas, reclamaciones y denuncias presentadas por las personas consumidoras y sus asociaciones queden sin la correspondiente atenci髇 por parte de las distintas administraciones competentes en cada caso.
• c) Los procedimientos en que una disposici髇 administrativa lo establezca.

3. Se atribuye, asimismo, al Consejo de Consumo de Extremadura el ejercicio de funciones de consulta, coordinaci髇, informaci髇, asesoramiento e interlocuci髇 en materia de consumo en Extremadura, atribuy閚doles, entre otras, las siguientes funciones:

• a) Emitir informes y dict醡enes en materia de consumo en el 醡bito de la comunidad aut髇oma, que ser醤 publicados en la correspondiente web de consumo de la Junta de Extremadura.
• b) Actuar como foro de discusi髇 y debate permanente entre los distintos agentes intervinientes en el 醡bito del consumo y entre estos y las distintas Administraciones p鷅licas.
• c) Participar en el seguimiento y control de las actividades realizadas por los 髍ganos del departamento responsable en materia de consumo.
• d) Realizar un balance anual sobre la problem醫ica extreme馻 en materia de consumo y proponer las medidas que, a la vista del mismo, resulten pertinentes, que ser� publicado en la correspondiente web de consumo de la Junta de Extremadura.
• e) Potenciar las acciones formativas en estas materias.
• f) Formular cuantas propuestas deban ser consideradas de inter閟 en materia de protecci髇 de las personas consumidoras.
• g) Solicitar informaci髇 a las Administraciones p鷅licas competentes sobre materias de inter閟 general o sectorial que afecten a las personas consumidoras.
• h) Fomentar pr醕ticas de un consumo 閠ico, justo, respetuoso con los derechos laborales y ecol骻icamente sostenible.

4. El Consejo de Consumo de Extremadura dispone de autonom韆 funcional y actuar� con plena independencia y objetividad. El Consejo podr� constituir comisiones territoriales, comisiones sectoriales o comisiones de trabajo, cuyas propuestas y conclusiones habr醤 de ser sometidas a la ratificaci髇 del pleno del Consejo.

5. Reglamentariamente, se desarrollar醤 sus funciones, organizaci髇 y funcionamiento.

Art韈ulo 55 Inspecci髇 general

1. Las Administraciones p鷅licas de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura con competencias en materia de consumo desarrollar醤 actuaciones de investigaci髇, la vigilancia, el control y la inspecci髇 de los bienes y servicios con el fin de garantizar los derechos de las personas consumidoras.

2. Las actuaciones de vigilancia del mercado podr醤 recaer sobre todos los bienes y servicios ofertados o puestos a disposici髇 de las personas consumidoras, as� como tambi閚 sobre los elementos, condiciones e instalaciones utilizados para su producci髇, distribuci髇 y comercializaci髇.

3. Para su realizaci髇, los 髍ganos de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura y las entidades locales actuar醤 coordinadamente, aunando sus recursos de inspecci髇 y control. Reglamentariamente se determinar� el procedimiento de la inspecci髇 y las formas que adoptar� esta coordinaci髇.

4. Las actuaciones de la Inspecci髇 de Consumo se llevar醤 a cabo en cualquier lugar del territorio de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura. Cuando una actuaci髇 de la Inspecci髇 haya de producir efectos fuera de Extremadura, y sin perjuicio de la posibilidad de realizar requerimientos de forma directa al inspeccionado, la Inspecci髇 podr� solicitar la colaboraci髇 de las autoridades competentes en dicho territorio cuando sea necesario para el esclarecimiento o comprobaci髇 de los hechos, e incluso acompa馻r presencialmente al personal de otras Administraciones en las actuaciones que tengan que llevar a cabo.

Art韈ulo 56 Plan anual de vigilancia del mercado

1. La Administraci髇 auton髆ica competente en materia de consumo elaborar� un plan anual de vigilancia del mercado, en el cual se incluir醤 actuaciones de control e inspecci髇 sobre los bienes y servicios que hayan sido puestos a disposici髇 de la persona consumidora, sin perjuicio de otras medidas que pudieran resultar oportunas. Del contenido y de los resultados de este plan se informar� a las entidades u 髍ganos representativos de los intereses de las personas consumidoras y de los empresarios.

2. Para la mejora de los sectores afectados y de los intereses generales de las personas consumidoras se podr� hacer publicidad del resultado de estas actividades.

Art韈ulo 57 Personal de la Inspecci髇 de Consumo

1. La actividad inspectora en materia de consumo ser� realizada por el funcionariado de la inspecci髇 de consumo, que se estructura en los siguientes grupos:

• a) Inspectores e inspectoras de consumo, pertenecientes al grupo A, previa creaci髇 del correspondiente cuerpo, escala o especialidad.
• b) Agentes de inspecci髇 de consumo, pertenecientes al grupo C.

2. Corresponde a los inspectores de consumo la direcci髇 y ejecuci髇 de las acciones dirigidas al cumplimiento de las funciones establecidas en el art韈ulo siguiente.

3. Corresponde a los agentes de inspecci髇 de consumo la prestaci髇 de apoyo a las labores encomendadas a los inspectores de consumo y la ejecuci髇 de las acciones dirigidas al cumplimiento de las funciones establecidas en el art韈ulo siguiente.

4. Los inspectores y agentes de inspecci髇 de consumo se regir醤 por su regulaci髇 espec韋ica, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley y disposiciones que la desarrollen

LE0000742482_20221130Art韈ulo 57 redactado por el n鷐ero�2 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022

Art韈ulo 58 Funciones de la inspecci髇 de consumo

1. Al personal al servicio de la inspecci髇 de consumo le corresponder�, adem醩 de las funciones generales, aquellas que se establezcan reglamentariamente, y en todo caso las de vigilar, verificar y constatar el cumplimiento de la normativa que pueda afectar, directa o indirectamente, a los derechos de las personas consumidoras respecto a bienes y servicios que tengan como destinatarios finales a las personas consumidoras.

2. Las actuaciones de la inspecci髇 de consumo se planificar醤 y se ejecutar醤 observando los principios de legalidad, objetividad, proporcionalidad, coordinaci髇 y eficacia. El personal de la Inspecci髇 de Consumo est� obligado a cumplir de modo estricto el deber de sigilo profesional sobre los asuntos que conozca en raz髇 de su cargo.

3. Los inspectores y agentes de inspecci髇 de consumo tendr醤, en el desarrollo de su actuaci髇 inspectora, la condici髇 de autoridad a todos los efectos, particularmente respecto de la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o cometan atentados o desacato contra ellos, de hecho, o de palabra, en actos de servicio o con motivo del mismo.

4. Los inspectores y agentes de inspecci髇 actuar醤 siempre acreditados, debiendo identificarse antes de ejercer las potestades derivadas de sus funciones, salvo que la identificaci髇 pueda frustrar la finalidad de la inspecci髇.

5. Para el desarrollo de sus actuaciones inspectoras, el personal con funciones de inspecci髇 actuante o la autoridad competente en materia de consumo podr醤 solicitar el apoyo, concurso, auxilio y protecci髇 que les resulten precisos de cualquier otra autoridad.

6. Cuando inspeccionen servicios o empresas dependientes de las Administraciones p鷅licas, actuar醤 con independencia funcional de los 髍ganos y autoridades de las mismas, debiendo proporcion醨seles la informaci髇 que soliciten.

7. Reglamentariamente podr� establecerse el r間imen de disponibilidad del personal adscrito a la Inspecci髇 de Consumo, a efectos de garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Art韈ulo 59 Obligaciones de los inspeccionados

1. Las personas f韘icas y jur韉icas, a requerimiento del personal con funciones de inspecci髇 actuante o de los 髍ganos competentes, tendr醤 la obligaci髇 de consentir y facilitar las visitas inspectoras, as� como las de:

• a) Suministrar toda clase de informaci髇 sobre instalaciones, bienes y servicios, permitiendo que el personal con funciones de inspecci髇 compruebe directamente los datos aportados.
• b) Exhibir la documentaci髇 que sirva de justificaci髇 de las transacciones efectuadas, de los precios y m醨genes aplicados y de los conceptos en los que se descomponen los mismos y dem醩 documentos exigidos legalmente, as� como aquellos que sean necesarios para determinar las responsabilidades pertinentes.
• c) Facilitar la obtenci髇 de copia o reproducci髇 de la documentaci髇 citada en el punto anterior.
• d) Permitir que se practique la toma de muestras o que se efect鷈 cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los bienes en cualquier fase de su comercializaci髇. La Administraci髇 indemnizar� por el valor de coste de los productos utilizados como muestra, o inutilizados durante los controles, con posterioridad a su realizaci髇. Si se detecta infracci髇, junto a la sanci髇 que se imponga, podr� exigirse del responsable el pago de los gastos ocasionados

2. Las personas f韘icas o jur韉icas y, en su caso, sus representantes, titulares de las empresas, est醤 obligadas a informar o presentar la documentaci髇 que les sea requerida en cualquier momento por los 髍ganos competentes en materia de consumo, a efectos del control de bienes y servicios. De no aportarlos en el momento de la inspecci髇, el inspector requerir� su entrega en el plazo de diez d韆s h醔iles.

3. Las Administraciones p鷅licas de la Comunidad Aut髇oma de Extremadura, y en particular las consejer韆s con competencias en materia de consumo, sanidad y comercio, desarrollar醤 coordinadamente actuaciones de inspecci髇 y control sobre los bienes y servicios puestos a disposici髇 de la persona consumidora, de forma que se arbitre un sistema de cooperaci髇 que permita el control y la posterior remisi髇 de actuaciones entre ambas.

Art韈ulo 60 Citaciones

1. El personal de inspecci髇 de consumo podr� efectuar citaciones a fin de que las personas titulares de empresas, actividades o establecimientos, sus representantes legales o cualquier persona vinculada con estas, comparezcan en el lugar indicado por el personal de inspecci髇, a los efectos de facilitar el desarrollo de la labor inspectora y para aportar la documentaci髇 precisa y toda la informaci髇 o los datos que sean necesarios, incluida aquella con datos de car醕ter personal. La falta de comparecencia sin justa causa apreciada se entender� como obstrucci髇 a la inspecci髇.

2. Estas citaciones podr醤 realizarse igualmente a cualquier persona consumidora, siempre que sea absolutamente imprescindible para la actividad inspectora.

3. En las citaciones se har� constar el lugar, la fecha, la hora y el objeto de la comparecencia, procurando la m韓ima perturbaci髇 de las obligaciones laborales y profesionales de las personas citadas, que podr醤 acudir acompa馻das de asesores identificados.

Art韈ulo 61 Documentaci髇 de inspecciones

1. Los inspectores y agentes de inspecci髇 documentar醤 sus actuaciones mediante actas, comunicaciones e informes.

2. Las actas son documentos p鷅licos cuyo procedimiento de elaboraci髇 y tramitaci髇 se regular� reglamentariamente. Los hechos constatados en las actas formalizadas por el personal con funciones de inspecci髇 en materia de consumo, observando los requisitos legales pertinentes, tendr醤 valor probatorio y presunci髇 de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan se馻lar o aportar los propios interesados.

3. Las actas tendr醤 que ser firmadas por el inspector actuante y por el compareciente. Si este se negara a firmar, el inspector har� constar esta circunstancia, as� como los motivos manifestados, si los hubiera, mediante la oportuna diligencia en el acta.

4. Los inspectores y agentes de inspecci髇 tendr醤 la obligaci髇 de emitir informes para el esclarecimiento de los hechos investigados y si resulta imposible o innecesario extender un acta de inspecci髇. Los informes deben ir firmados.

5. Los hechos recogidos en los informes de la inspecci髇 tienen el mismo valor probatorio que los hechos constatados, contenidos o recogidos en las actas de inspecci髇.

Art韈ulo 62 Otras actividades de control. Estudios y prospecci髇 de mercado

1. Las Administraciones competentes en materia de consumo pueden hacer directamente estudios, controles, ensayos, an醠isis y comprobaciones sobre los bienes, servicios y establecimientos donde se comercializan y se prestan, para establecer estrategias de actuaci髇 administrativa que aumenten la eficacia de la protecci髇 de las personas consumidoras.

2. El personal encargado de la actividad de estudio y prospecci髇 de mercado, para obtener la informaci髇 necesaria para el cumplimiento de sus funciones, puede quedar eximido de la obligaci髇 de identificarse.

3. Las irregularidades que se detecten durante las actividades de estudio y prospecci髇 de mercado deben comunicarse inmediatamente a los responsables para que adopten las medidas adecuadas para corregirlas, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que puedan derivarse.

4. Puede hacerse publicidad de las actividades de estudio y prospecci髇 de mercado.

5. Las entidades colaboradoras y las organizaciones de personas consumidoras pueden realizar actividades de estudio y prospecci髇 de mercado por encargo de la Administraci髇.

Art韈ulo 63 Car醕ter de las infracciones en materia de consumo

1. Constituyen infracciones administrativas en materia de consumo las acciones y omisiones contrarias a la legislaci髇 vigente en esta materia.

2. Las infracciones en materia de consumo se califican como leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo establecido en esta ley y en la normativa b醩ica estatal.

3. Las infracciones en materia de consumo se considerar醤, en todo caso, infracciones en materia de disciplina de mercado.

Art韈ulo 64 Atribuci髇 de la potestad sancionadora

Corresponde a la Comunidad Aut髇oma de Extremadura la potestad para sancionar las conductas tipificadas como infracciones en materia de consumo, incluso aquellas que afecten a empresas que operen en sectores con regulaci髇 espec韋ica, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otra 韓dole en que pueda incurrirse.

Art韈ulo 65 Administraci髇 competente

1. La Comunidad Aut髇oma de Extremadura sancionar� las infracciones en materia de defensa de las personas consumidoras cometidas en su territorio o a consecuencia de ofertas, comunicaciones comerciales o cualquier otro tipo de propuestas dirigidas a las personas consumidoras de la Autonom韆, cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio de quien los realice e independientemente del lugar en que se ubiquen sus establecimientos.

2. Las infracciones se entender醤 cometidas en cualquiera de los lugares en que se desarrollen las acciones u omisiones constitutivas de las mismas y, adem醩, salvo en el caso de infracciones relativas a los requisitos de los establecimientos e instalaciones o del personal, en todos aquellos en que se manifieste la lesi髇 o riesgo para los intereses de las personas consumidoras protegidos por la norma sancionadora.

3. En el caso de la publicidad y de las distintas modalidades de contrataci髇 a distancia y de comercio electr髇ico, la infracci髇 se entender� cometida en el lugar donde radique el domicilio de la persona consumidora o persona usuaria.

4. Las autoridades competentes en materia de consumo sancionar醤, asimismo, las conductas tipificadas como infracciones en materia de consumo, cometidas por empresas de sectores que cuenten con regulaci髇 espec韋ica, y las pr醕ticas comerciales desleales con las personas consumidoras.

Art韈ulo 66 Actuaciones u omisiones infractoras

1. Cada hecho infractor, ya sea una actuaci髇 u omisi髇, ser� sancionado independientemente aplicando la sanci髇 correspondiente, salvo en el supuesto de concurrencia de infracciones, es decir, que un hecho constituya dos o m醩 infracciones o cuando una sea el medio necesario para cometer otra, caso en que se aplicar� la sanci髇 prevista para la infracci髇 m醩 grave en su grado superior. No obstante, esta cantidad no exceder� de la suma que le corresponder韆 aplicar si se sanciona por separado.

2. Se considera que un hecho infractor es independiente de otro cuando la comisi髇 de uno pueda realizarse sin la realizaci髇 del otro y viceversa. En este supuesto se impondr醤 tantas sanciones como hechos realizados.

3. Tendr� la consideraci髇 de una sola infracci髇 administrativa continuada la realizaci髇 de una pluralidad de acciones u omisiones tipificadas en esta ley que infrinjan un mismo o semejante precepto, en ejecuci髇 de un plan preconcebido o aprovechando id閚tica ocasi髇.

Art韈ulo 67 Non bis in idem

En ning鷑 caso se producir� una doble sanci髇 por los mismos hechos, siempre que se aprecie identidad de sujeto y fundamento en funci髇 de los mismos intereses p鷅licos protegidos, todo ello sin perjuicio de que puedan exigirse las dem醩 responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

En este supuesto, el 髍gano competente resolver� la no exigibilidad de responsabilidad administrativa en cualquier momento de la instrucci髇 del procedimiento en que queden acreditadas estas circunstancias, realizando, en cambio, las actuaciones necesarias de coordinaci髇 con la Administraci髇 competente.

Art韈ulo 68 Concurrencia de procedimientos

1. Si iniciado un procedimiento sancionador se considera que los hechos pudieran ser constitutivos de il韈ito penal, se comunicar� al Ministerio Fiscal, suspendi閚dose el procedimiento y los plazos de prescripci髇 y caducidad hasta que recaiga resoluci髇 judicial y esta sea comunicada a la administraci髇 competente en materia de consumo.

2. El 髍gano competente suspender� igualmente la resoluci髇 del procedimiento y los plazos de prescripci髇 y caducidad cuando, por los mismos hechos, se est� instruyendo una causa penal ante los tribunales de justicia hasta que recaiga resoluci髇 judicial. Las medidas administrativas que hubiesen sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantendr醤 en tanto la autoridad judicial no se pronuncie sobre las mismas.

3. En todo caso, los hechos declarados probados por resoluci髇 judicial penal firme vinculan a los 髍ganos administrativos respecto a los procedimientos sancionadores que tramiten.

4. Si se acreditara que se est� siguiendo un procedimiento por los mismos hechos ante los 髍ganos de la Uni髇 Europea, se aplazar� la resoluci髇 del procedimiento suspendiendo el mismo, as� como los plazos de prescripci髇 y caducidad. La suspensi髇 se levantar� una vez que aquellos dicten resoluci髇 firme.

5. En caso de que los 髍ganos comunitarios hubiesen impuesto una sanci髇, el 髍gano competente para resolver habr� de tenerla en cuenta a efectos de graduar la sanci髇 que, en su caso, deba imponer, y podr� compensarla, sin perjuicio de declarar la comisi髇 de la infracci髇.

Art韈ulo 69 Actuaciones previas

1. Con anterioridad a la iniciaci髇 del procedimiento podr醤 realizarse actuaciones previas, al objeto de determinar con car醕ter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciaci髇. En especial, estas actuaciones se orientar醤 a determinar, con la mayor precisi髇 posible, los hechos susceptibles de motivar la incoaci髇 del procedimiento, la identificaci髇 de la persona o personas que pudiesen resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

2. Las actuaciones previas ser醤 realizadas por los 髍ganos que tengan atribuidas funciones de investigaci髇, indagaci髇 e inspecci髇 en la materia o por la persona u 髍gano administrativo que determine el 髍gano competente para la iniciaci髇 o resoluci髇 del procedimiento.

Art韈ulo 70 Medidas provisionales

1. Sin perjuicio de lo establecido en el art韈ulo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, el personal inspector puede adoptar las medidas provisionales establecidas por dicha ley por razones de urgencia y extendiendo un acta de inspecci髇 motivada.

Entre las medidas que motivadamente podr醤 acordarse, con el fin de proteger los derechos de las personas consumidoras y en supuestos de riesgos para la seguridad y

la salud, figurar醤 las de publicidad de las que se adopten para la salvaguarda de dichos derechos, especialmente los que pudieran afectar a una pluralidad indeterminada de personas o a colectivos de protecci髇 especial enumerados en el art韈ulo 5 de esta ley.

2. Las medidas provisionales que se adopten deben ser confirmadas, modificadas o levantadas por medio de un acuerdo del 髍gano competente en el plazo m醩 breve posible y, en ning鷑 caso, en un plazo superior a quince d韆s a partir del d韆 siguiente al d韆 en que se hayan adoptado. Este acuerdo debe notificarse a la persona inspeccionada.

En todo caso, dichas medidas quedar醤 sin efecto si no se inicia el correspondiente procedimiento sancionador en dicho plazo, o cuando el acuerdo de inicio no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

Art韈ulo 71 Prescripci髇 de infracciones y sanciones

1. Las infracciones muy graves prescribir醤 a los cuatro a駉s, las graves a los tres a駉s y las leves a los dos a駉s; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribir醤 a los cuatro a駉s, las impuestas por falta graves a los tres a駉s y las impuestas por faltas leves a los dos a駉s.

2. El plazo de prescripci髇 de las infracciones comenzar� a contarse desde el d韆 en que la infracci髇 se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzar� a correr desde que finaliz� la conducta infractora.

Interrumpir� la prescripci髇 la iniciaci髇, con conocimiento del interesado, del un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reinici醤dose el plazo de prescripci髇 si el expediente sancionador estuviera paralizado durante m醩 de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

3. El plazo de prescripci髇 de las sanciones comenzar� a contarse desde el d韆 siguiente a aquel en que sea ejecutable la resoluci髇 por la que se impone la sanci髇 o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

Interrumpir� la prescripci髇 la iniciaci髇, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecuci髇, volviendo a transcurrir el plazo si aqu閘 est� paralizado durante m醩 de un mes por causa no imputable al infractor.

En el caso de desestimaci髇 presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resoluci髇 por la que se impone la sanci髇, el plazo de prescripci髇 de la sanci髇 comenzar� a contarse desde el d韆 siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resoluci髇 de dicho recurso.

Art韈ulo 72 Infracciones leves

Son infracciones leves:

• 1. El incumplimiento de las normas reguladoras de la informaci髇 y publicidad de precios de bienes y servicios, la imposici髇 injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades m韓imas o cualquier otro tipo de intervenci髇 o actuaci髇 il韈ita que suponga un incremento de los precios.
• 2. Elaborar, distribuir, suministrar u ofertar bienes y servicios sin cumplir correctamente los deberes de informaci髇 que impongan o regulen las leyes y los reglamentos en relaci髇 con cualquiera de los datos o menciones obligatorias y por cualquiera de los medios previstos para tal informaci髇.
• 3. Salvo que suponga la comisi髇 de una infracci髇 grave, el incumplimiento de las normas relativas a registro, presentaci髇, normalizaci髇 o tipificaci髇, marcado, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios.
  LE0000742482_20221130Apartado 3 del art韈ulo 72 redactado por el n鷐ero�3 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022
• 4. El incumplimiento de las normas relativas a instalaciones, informaci髇 de horarios, accesibilidad, documentaci髇, informaci髇, libros o registros establecidos obligatoriamente para el adecuado r間imen y funcionamiento de la empresa, instalaci髇 o servicio, para el control de la trazabilidad de los productos y como garant韆 para la protecci髇 de los intereses econ髆icos de las personas consumidoras.
  LE0000742482_20221130Apartado�4 del art韈ulo 72 redactado por el n鷐ero 3 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022
• 5. No disponer de hojas de reclamaciones oficiales, as� como negarse a suministrarlos a las personas consumidoras que lo soliciten, aun no existiendo relaci髇 o negocio contractual efectivo, o entregarlas con incumplimiento de los requisitos preceptivos.
  LE0000742482_20221130Apartado�5 del art韈ulo 72 redactado por el n鷐ero 3 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022
• 6. Suministrar libros de hojas de quejas y reclamaciones que no sean oficiales a las personas consumidoras que muestren su voluntad de presentar una reclamaci髇.
• 7. No responder en el plazo previsto en esta norma de manera motivada y congruente a las quejas y reclamaciones que presenten las personas consumidoras.
• 8. No tener expuesto al p鷅lico, en las condiciones establecidas reglamentariamente, el cartel anunciador de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones.
• 9. Imponer injustificadamente a las personas consumidoras el deber de comparecer personalmente para ejercer sus derechos o realizar cobros, pagos o tr醡ites similares, o exigir de forma abusiva la cumplimentaci髇 de impresos y la aportaci髇 de datos que impongan molestias desproporcionadas, as� como obstaculizar, impedir o dificultar que las personas consumidoras puedan ejercer sus derechos.
• 10. No entregar recibo justificante, factura o documento acreditativo de las transacciones realizadas o servicios prestados cuando sea obligatorio o lo solicite la persona consumidora, as� como realizarlo con incumplimiento de los requisitos preceptivos.
  LE0000742482_20221130Apartado�10 del art韈ulo 72 redactado por el n鷐ero 3 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022
• 11. Cobrar o intentar cobrar a las personas consumidoras precios superiores a los anunciados, expuestos, o a los autorizados o impuestos por la Administraci髇 o comunicados a esta.
• 12. La ocultaci髇 a la persona consumidora de parte del precio mediante formas de pago, prestaci髇 no manifiestas o mediante rebajas en la calidad o cantidad reales respecto a las prestaciones aparentemente convenidas, as� como la no aceptaci髇 de los medios de pago admitidos legalmente y ofertados.
• 13. El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, incluidas las referentes a marcado y exhibici髇 de los mismos.
• 14. Repercutir a la persona consumidora un pago adicional al precio en los t閞minos del art韈ulo 15 de esta ley.
• 15. El incumplimiento del plazo o los plazos acordados para la entrega de los bienes comprados o del plazo m醲imo fijado normativamente.
• 16. El retraso injustificado en la devoluci髇 de las cantidades abonadas por la persona consumidora en caso de resoluci髇 del contrato por incumplimiento de las obligaciones del empresario previstas legalmente o establecidas en el contrato.
• 17. La negativa a satisfacer demandas de la persona consumidora cuando est醤 dentro de las expectativas que razonablemente pueda esperar y su satisfacci髇 est� disponible para la empresa.
• 18. El incumplimiento de la obligaci髇 de entregar un resguardo de dep髎ito a las personas consumidoras cuando se deposite un bien para cualquier tipo de intervenci髇 u operaci髇, as� como su emisi髇 con incumplimiento de los requisitos preceptivos.
• 19. Realizar trabajos de reparaci髇, instalaci髇 o similares 鷗iles a la persona consumidora cuando no hayan sido solicitados o autorizados por este.
• 20. No dejar constancia de las reparaciones realizadas en garant韆 o sin contraprestaci髇 econ髆ica.
• 21. No entregar a las personas consumidoras las instrucciones de uso y mantenimiento o cualquier otro documento exigido por la normativa correspondiente, a los efectos de poder utilizar, ocupar, mantener y conservar un bien.
• 22. El incumplimiento de las disposiciones en materia de garant韆s y del r間imen sobre conformidad de los bienes y servicios de consumo con el contrato y, en especial las obligaciones recogidas en el art韈ulo 24 de esta ley. As� como la inadecuaci髇 de la asistencia t閏nica con relaci髇 a la ofrecida o exigible por la persona consumidora en la adquisici髇 de tales bienes.
• 23. El incumplimiento de los t閞minos recogidos en la garant韆 comercial, la falta de entrega del documento de garant韆 comercial en los casos previstos legalmente, o su emisi髇 con incumplimiento de los requisitos establecidos.
• 24. Resistirse u obstruir las actuaciones de la inspecci髇, tanto por el inspeccionado como por terceros.
• 25. No suministrar la informaci髇 y documentaci髇 requerida por las autoridades competentes o sus agentes; suministrar informaci髇 inexacta o incompleta o documentaci髇 falsa; impedir o dificultar el acceso del personal inspector a los locales y dependencias para hacer visitas de inspecci髇 y control, y hacer actuaciones que comporten negativa u obstrucci髇 a los servicios de inspecci髇.
• 26. En general, el incumplimiento de los requisitos, de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente ley, en la legislaci髇 sectorial y estatal que afecta a la materia y en las disposiciones que las desarrollan.
• 27. Cualquier acci髇 dirigida a la obtenci髇 de la renuncia de los derechos reconocidos en esta ley y la realizaci髇 de actos en fraude de ley, de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo 4.
• 28. El incumplimiento de los preceptos, prohibiciones y limitaciones de esta ley y sus normas de desarrollo, salvo que est� tipificado de otro modo.
• 29. El incumplimiento del derecho de desistimiento cuando as� se reconozca en la oferta, promoci髇, publicidad o el propio contrato.
  LE0000742482_20221130Apartado 29 del art韈ulo 72 introducido por el n鷐ero 3 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022
• 30. La no aceptaci髇 de los medios de pago admitidos legalmente.
  LE0000742482_20221130Apartado 30 del art韈ulo 72 introducido por el n鷐ero 3 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022
• 31. No entregar presupuesto, as� como realizarlo con incumplimiento de los requisitos preceptivos.
  LE0000742482_20221130Apartado�31 del art韈ulo 72 introducido por el n鷐ero 3 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022
• 32. Salvo que suponga la comisi髇 de una infracci髇 grave, el incumplimiento del deber de facilitar al consumidor la informaci髇 previa al contrato legalmente exigible.
  LE0000742482_20221130Apartado�32 del art韈ulo 72 introducido por el n鷐ero 3 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022
• 33. Salvo que suponga la comisi髇 de una infracci髇 grave, la elaboraci髇, distribuci髇, suministro o venta de bienes y prestaci髇 de servicios, cuando su composici髇, cantidad, peso, medida, calidad o caracter韘ticas difieran de las declaradas u ofertadas por el empresario
  LE0000742482_20221130Apartado�33 del art韈ulo 72 introducido por el n鷐ero 3 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022

Art韈ulo 73 Infracciones graves

Son infracciones graves:

• 1. La reincidencia en infracciones leves. Se entiende que existe reincidencia si el empresario que comete una infracci髇 tipificada por esta ley ya ha sido sancionado por una infracci髇 de la misma naturaleza por medio de una resoluci髇 ejecutiva reca韉a dentro de los dos a駉s anteriores a la comisi髇 de la nueva infracci髇.
• 2. Las infracciones calificadas como leves cuando la cuant韆 del beneficio obtenido por la empresa o el da駉 causado a la persona consumidora sea igual o superior a 3.000 euros.
• 3. La alteraci髇, adulteraci髇 o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adici髇 o sustracci髇 de cualquier sustancia o elemento, alteraci髇 de su composici髇 o calidad, incumplimiento de las condiciones que correspondan a su naturaleza o la garant韆, arreglo o reparaci髇 de productos de naturaleza duradera y en general cualquier situaci髇 que induzca a enga駉 o confusi髇 o que impida reconocer la verdadera naturaleza del bien o servicio.
  LE0000742482_20221130Apartado 3 del art韈ulo 73 redactado por el n鷐ero 4 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022
• 4. Elaborar, distribuir u ofertar al p鷅lico bienes prohibidos o con componentes o envases no permitidos o sin contar con las autorizaciones preceptivas u otros controles administrativos impuestos para la protecci髇 de las personas consumidoras.
• 5. Desviar para consumo humano y poner a disposici髇 de las personas consumidoras bienes no aptos para ello o destinados espec韋icamente para otros usos.
• 6. Vender o poner a disposici髇 de las personas consumidoras bienes destinados exclusivamente a un uso empresarial o profesional, siempre que ello sea susceptible de perjudicar los intereses o la salud o seguridad de las personas consumidoras.
• 7. Ofertar o prestar servicios al p鷅lico que est閚 prohibidos o que no se hayan sometido a los controles administrativos previos o peri骴icos impuestos para la protecci髇 de aquellos.
• 8. Incumplir las exigencias de personal cualificado o de los deberes impuestos al personal o a la empresa en relaci髇 con el personal cuando sea susceptible de perjudicar a las personas consumidoras.
• 9. Las acciones u omisiones que provoquen riesgos o produzcan da駉s efectivos para la salud o seguridad de las personas consumidoras, as� como el incumplimiento de las obligaciones espec韋icas que normativamente se impone a los empresarios para la protecci髇 de la salud y seguridad de las personas consumidoras.
• 10. Incumplir las disposiciones o resoluciones administrativas sobre la prohibici髇 de venta, comercializaci髇 o distribuci髇 de determinados bienes o la prestaci髇 de servicios a determinados establecimientos o a tipos espec韋icos de personas consumidoras.
• 11. El incumplimiento o transgresi髇 de los requerimientos previos que concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones espec韋icas, al objeto de evitar contaminaciones, circunstancias o conductas nocivas de otro tipo que puedan resultar perjudiciales para la salud o seguridad de las personas consumidoras.
• 12. Realizar otras acciones u omisiones que, incluso sin infracci髇 de normas de obligado cumplimiento, produzcan riesgo o da駉 efectivo para la salud o seguridad de las personas consumidoras, si se realizan por falta de las precauciones exigibles en la actividad de que se trate.
• 13. La no constituci髇 de avales, seguros o garant韆s a favor de las personas consumidoras establecidos reglamentariamente.
• 14. Causar cualquier perjuicio, directo o indirecto, a una persona consumidora, a consecuencia de la presentaci髇 por parte de este de una reclamaci髇.
• 15. La no satisfacci髇 a las personas consumidoras de las indemnizaciones, compensaciones o reparaciones establecidas reglamentariamente.
• 16. La resistencia, represalia o cualquier otra forma de presi髇 a personas consumidoras, organismos p鷅licos u organizaciones de personas consumidoras que hayan promovido o pretendan promover cualquier clase de acci髇 legal, denuncia, reclamaci髇 o participaci髇 en procedimientos ya iniciados, as� como la tentativa de ejercitar tales actos.
• 17. Realizar transacciones en las que se imponga injustificadamente a la persona consumidora comprar una cantidad m韓ima o bienes no solicitados o aceptar servicios no pedidos, as� como la negativa a efectuar la transacci髇 si no se aceptan esas condiciones.
• 18. La facturaci髇 por el uso de determinados medios de pago, de cargos que superen el coste soportado por el empresario por el uso de tales medios o los costes prohibidos por la legislaci髇 vigente.
• 19. Acaparar y retirar del mercado bienes con el fin de incrementar los precios o esperar las elevaciones previsibles de los mismos con perjuicio de las personas consumidoras.
• 20. El incumplimiento de lo dispuesto en el art韈ulo 18.3 de la Ley 3/2002 de Comercio de Extremadura, respecto a los vales de reserva de las ofertas tanto en el 醡bito del comercio cl醩ico como en el de la sociedad de la informaci髇 en los t閞minos recogidos en el art韈ulo 2. b de la presente ley.
• 21. La realizaci髇 de actos y pr醕ticas comerciales desleales, enga駉sas y agresivas que por acci髇 u omisi髇 puedan afectar al comportamiento econ髆ico de las personas consumidoras.
  LE0000742482_20221130Apartado�21 del art韈ulo 73 redactado por el n鷐ero 4 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022
• 22. Incluir en los contratos con personas consumidoras reenv韔s a condiciones generales o caracter韘ticas contenidas en textos o documentos que no se faciliten previa o simult醤eamente a la conclusi髇 del contrato o sin permitir al adherente una posibilidad efectiva de conocer su existencia, alcance y contenido en el momento de la celebraci髇 de aqu閘.
• 23. La introducci髇 de cl醬sulas abusivas en los contratos, contratos-tipo establecidos de forma unilateral o en las condiciones generales de contrataci髇. Asimismo, la falta de informaci髇 por la empresa a los clientes sobre la declaraci髇 de abusiva de cl醬sulas incluidas en contratos vigentes de prestaci髇 de servicios de tracto continuado.
  LE0000742482_20221130Apartado 23 del art韈ulo 73 redactado por el n鷐ero 4 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022
• 24. Realizar ventas a domicilio prohibidas, as� como incumplir las condiciones y requisitos de cualquier contrataci髇 a distancia, as� como de contrataci髇 fuera de establecimientos mercantiles, cuando tales incumplimientos perjudiquen a los intereses de las personas consumidoras.
• 25. No remitir las grabaciones de las conversaciones con las personas consumidoras, en el plazo establecido o hacerlo sin cumplir con los requisitos exigidos para ello, impidiendo as� la constancia de lo ofertado y contratado con las personas consumidoras.
• 26. No dejar constancia, en la forma prevista en la presente ley, del contenido de la oferta, contrataci髇, modificaci髇 contractual o condici髇 realizada verbalmente por una empresa en la venta de bienes o la prestaci髇 de servicios en el momento en que se formule.
  LE0000742482_20221130Apartado�26 del art韈ulo 73 redactado por el n鷐ero 4 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022
• 27. Salvo que suponga la comisi髇 de una infracci髇 muy grave, el incumplimiento del r間imen establecido en materia de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles o el de contrataci髇 a distancia, en especial, en el supuesto de pago mediante tarjeta, la no anulaci髇 inmediata del cargo exigido por la persona consumidora con las correspondientes anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del empresario y de la persona consumidora titular de la tarjeta.
• 28. El incumplimiento, por parte de las empresas proveedoras de servicios de acceso a redes de telecomunicaciones y titulares de medios de pago utilizados en las transacciones electr髇icas, de las obligaciones impuestas en la presente ley o leyes sectoriales relevantes en materia de consumo.
• 29. Realizar pr醕ticas que permitan o propicien la transacci髇 comercial a distancia con menores y tutelados sin asegurarse la autorizaci髇 de sus tutores.
• 30. Las limitaciones o exigencias injustificadas al derecho de la persona consumidora de poner fin a los contratos de prestaci髇 de servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, la obstaculizaci髇 al ejercicio de tal derecho de la persona consumidora a trav閟 del procedimiento pactado, la falta de previsi髇 de 閟te o la falta de comunicaci髇 a la persona usuaria del procedimiento para darse de baja en el servicio.
• 31. Obstaculizar, impedir o dificultar la desvinculaci髇 del contrato por parte de la persona consumidora, en caso de incumplimiento de la ejecuci髇 del contrato por parte de la empresa, sin haber dado respuesta a la reclamaci髇 en el plazo de un mes. En particular, para los contratos que contemplen un conjunto de bienes y servicios, si se dieron de alta simult醤eamente, deber� darse de baja de la misma forma, si as� lo solicita la persona consumidora.
• 32. El incremento de los precios previstos en el presupuesto sin la conformidad de la persona consumidora.
  LE0000742482_20221130Apartado 32 del art韈ulo 73 redactado por el n鷐ero 4 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022
• 33. El incremento de los precios de los recambios o de las piezas que se utilizan en las reparaciones o instalaciones de bienes, as� como no tener a disposici髇 de la persona consumidora el precio de los repuestos, o el retraso injustificado en el suministro de los mismos a talleres y servicios t閏nicos que no sean de la marca.
• 34. Poner a disposici髇 de las personas consumidoras bienes de uso duradero sin existir piezas de repuesto en la forma obligada, o en las condiciones ofrecidas a la persona consumidora en el momento de adquisici髇 de tales bienes si fueran m醩 favorables, as� como el incumplimiento por quien en cada caso est� obligado del deber de fabricar o garantizar la existencia de repuestos en las condiciones establecidas por las leyes y reglamentos.
• 35. Poner a disposici髇 de las personas consumidoras bienes de uso duradero sin servicios de asistencia t閏nica para su reparaci髇 o siendo 閟tos manifiestamente inadecuados, as� como incumplir la obligaci髇 de mantener tales servicios.
• 36. Las pr醕ticas de obsolescencia programada.
• 37. Defraudar en la prestaci髇 de servicios de instalaci髇 o reparaci髇 de bienes y de asistencia en el hogar por:
  • a) La sustituci髇 de piezas para conseguir un aumento del precio, aunque la persona consumidora haya prestado su consentimiento por las falsas indicaciones del infractor.
  • b) La facturaci髇 de trabajos no realizados o de reparaciones que se encuentren en garant韆.
  • c) La facturaci髇 de trabajos ejecutados con accesorios de peor calidad que los indicados a la persona consumidora.
  • d) Cargar injustificadamente por mano de obra, traslado o visita cantidades muy superiores a los costes medios estimados de cada sector.
• 38. La manifestaci髇 unilateral de la morosidad de la persona consumidora por la empresa en contra de lo establecido en el art韈ulo 27 de la presente ley.
• 39. El corte de suministro de servicios de inter閟 general de tracto sucesivo o continuado, sin constancia efectiva de recepci髇 previa por la persona consumidora de una notificaci髇 concediendo plazo suficiente para alegar el motivo que pueda esgrimirse como fundamento del corte.
• 40. La renuncia al derecho de comunicaci髇 de cesi髇 de cr閐itos y del derecho de retracto y tanteo.
• 41. La no notificaci髇 en plazo por las entidades que hayan cedido un cr閐ito a un fondo de titulizaci髇 previsto en el art韈ulo 29 de la presente ley.
  Arts. 13 d), el primer p醨rafo del art. 17.2, el inciso "y debe comunicarles que esta cl醬sula dejar� de aplicarse en los t閞minos establecidos por la resoluci髇 o sentencia judicial", del art. 28.6 y los arts. 29 y 73.41 declarados inconstitucionales y nulos por sentencia TC (sala pleno) de 18 de marzo de 2021, n.� rec. 6835/2019.JU0006893966
• 42. El incumplimiento de las obligaciones del r間imen de comprobaci髇 y servicios de atenci髇 al cliente, previsto en el art韈ulo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, as� como en el art韈ulo 35 de esta ley.
• 43. No disponer de oficinas f韘icas de atenci髇 personal a la persona consumidora cuando as� sea obligatorio o incumplir los requisitos exigidos para su funcionamiento.
• 44. No disponer de un n鷐ero de tel閒ono totalmente gratuito de atenci髇 a la persona consumidora o de un correo electr髇ico cuando sea preceptivo, o incumplir los requisitos reglamentariamente establecidos para su funcionamiento.
• 45. El incumplimiento por el empresario de la aceptaci髇 total o parcial de la reclamaci髇 planteada por una persona consumidora o de cualquier acuerdo alcanzado sobre el contenido de dicha reclamaci髇, as� como el incumplimiento de un laudo arbitral o de cualquier acuerdo o resoluci髇 vinculante, que ponga fin a un procedimiento seguido ante cualquier entidad de resoluci髇 alternativa de conflictos de consumo.
• 46. La negativa a someterse al Sistema Arbitral de Consumo o cualquier otro sistema para la resoluci髇 extrajudicial de conflictos cuando la empresa haya dado publicidad al distintivo de adhesi髇 al mismo o se encuentre adherido al mismo con car醕ter gen閞ico.
• 47. La informaci髇 no veraz, incluida en cualquier comunicaci髇, acerca de la adhesi髇 al sistema arbitral de consumo o a cualquier entidad de resoluci髇 alternativa de conflictos de consumo, as� como la exhibici髇 de un distintivo de adhesi髇 sin que exista una adhesi髇 v醠ida, o que, existiendo, no indique la inclusi髇 de limitaciones en la adhesi髇.
• 48. El incumplimiento por parte de las empresas de la obligaci髇 de informaci髇 establecida en el art韈ulo 40 de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jur韉ico espa駉l la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resoluci髇 alternativa de litigios en materia de consumo.
• 49. La exhibici髇 de un sello de confianza o calidad o de un distintivo equivalente, o la exhibici髇 de distintivos o menciones que evoquen directa o indirectamente un sello de confianza, de calidad o un distintivo equivalente que es objeto de regulaci髇, sin haber obtenido la necesaria autorizaci髇.
• 50. El incumplimiento de las recomendaciones de los organismos p鷅licos reguladores y otras recogidas en los c骴igos de buenas pr醕ticas, sin justificaci髇 aparente, en cuanto que causen perjuicio a las personas consumidoras.
• 51. La obstrucci髇 o negativa reiterada a suministrar datos o a facilitar las funciones de informaci髇, vigilancia o inspecci髇. En todo caso, se entender� que existe reiteraci髇 cuando, despu閟 de haber realizado dos requerimientos por parte de la inspecci髇, no se diera cumplimento a lo requerido en los mismos.
• 52. El incumplimiento de las citaciones, requerimientos, o medidas adoptadas por la Administraci髇, incluidas las de car醕ter cautelar, en especial manipular, trasladar o disponer sin autorizaci髇 de bienes inmovilizados o muestras depositadas reglamentariamente, as� como actuar con falta de diligencia respecto a la obligaci髇 de custodia de la mercanc韆 inmovilizada.
• 53. El incumplimiento de las normas relativas a registro, presentaci髇, normalizaci髇 o tipificaci髇, marcado, etiquetado, envasado y publicidad de bienes y servicios, cuando induzca a enga駉 o confusi髇 o enmascaren la naturaleza del producto, bien o servicio.
  LE0000742482_20221130Apartado 53 del art韈ulo 73 introducido por el n鷐ero 4 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022
• 54. Las conductas discriminatorias por raz髇 de raza, lugar de procedencia, sexo, capacidad, orientaci髇 sexual, religi髇, opini髇 o cualquier otra circunstancia personal o social que impidan, restrinjan o condicionen el acceso a los bienes y la prestaci髇 de los servicios
  LE0000742482_20221130Apartado 54 del art韈ulo 73 introducido por el n鷐ero 4 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022

Art韈ulo 74 Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves:

• 1. Aquellas que, siendo calificadas como leves o graves, ocasionen un beneficio para la empresa o causen un perjuicio a la persona consumidora superior a 15.000 euros.
• 2. La reincidencia en infracciones graves. Se entiende que existe reincidencia si el empresario que comete una infracci髇 tipificada por esta ley ya ha sido sancionado por una infracci髇 de la misma naturaleza por medio de una resoluci髇 ejecutiva reca韉a dentro los dos a駉s anteriores a la comisi髇 de la nueva infracci髇.
• 3. Las acciones u omisiones que produzcan da駉s graves para la salud o seguridad de las personas consumidoras.
• 4. Las conductas descritas como graves que produzcan una alteraci髇 social que origine alarma o desconfianza en las personas consumidoras o que les perjudique con car醕ter general con relaci髇 a un sector econ髆ico.
• 5. Ejercer represalias o cualquier otra forma de presi髇 al personal funcionario encargado de las funciones establecidas por la presente ley.
• 6. La no notificaci髇 en plazo por las entidades que hayan cedido un cr閐ito a un fondo de titulizaci髇 previsto en el art韈ulo 29 de la presente ley cuando la omisi髇 de informar sobre la cesi髇 del mismo afecta a la capacidad de la persona consumidora para defenderse en un procedimiento de ejecuci髇.

Art韈ulo 75 Sanciones

1. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente ley ser醤 las siguientes:

Las infracciones leves ser醤 sancionadas con multa de 150 a 3.000 euros y podr醤 sobrepasar esta cantidad, hasta alcanzar el triple del valor de los bienes y servicios objeto de infracci髇, o del coste de la campa馻 publicitaria o comunicaciones comerciales, siempre que la infracci髇 se cometa a trav閟 de estos medios.

Las infracciones graves ser醤 sancionadas con multa de 3.001 a 15.000 euros y podr醤 sobrepasar esta cantidad, hasta alcanzar el qu韓tuplo del valor de los bienes y servicios objeto de infracci髇, o del coste de la campa馻 publicitaria o comunicaciones comerciales, siempre que la infracci髇 se cometa a trav閟 de estos medios.

Las infracciones muy graves ser醤 sancionadas con multa de 15.001 a 600.000 euros y podr醤 sobrepasar esta cantidad, hasta alcanzar el qu韓tuplo del valor de los bienes y servicios objeto de infracci髇, o del coste de la campa馻 publicitaria o comunicaciones comerciales, siempre que la infracci髇 se cometa a trav閟 de estos medios.

2. Aquellas empresas que hayan sido sancionadas por la comisi髇 de infracciones graves o muy graves incurrir醤, adem醩, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P鷅lico, en la prohibici髇 establecida en la misma para las empresas sancionadas en materia de disciplina del mercado. La resoluci髇 sancionadora se pronunciar� expresamente sobre el alcance y el plazo de duraci髇 de esta prohibici髇, que no podr� ser superior al plazo establecido para la prescripci髇 de la sanci髇.

LE0000742482_20221130Apartado�2 del art韈ulo 75 redactado por el n鷐ero�5 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022

3. Aquellas empresas que hayan sido sancionadas por la comisi髇 de infracciones graves o muy graves no podr醤 recibir ayudas de ninguna clase, en los t閞minos y durante los plazos establecidos por la normativa de subvenciones. La resoluci髇 sancionadora se pronunciar� expresamente sobre el alcance y el plazo de duraci髇 de esta prohibici髇, que no podr� ser superior al plazo establecido para la prescripci髇 de la sanci髇

LE0000742482_20221130Apartado�3 del art韈ulo 75 redactado por el n鷐ero 5 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022

4. No ser� de aplicaci髇 lo establecido en los apartados 2 y 3 de este precepto si, iniciado un procedimiento a consecuencia de una reclamaci髇, en el periodo de alegaciones al acuerdo de iniciaci髇 del procedimiento se dio satisfacci髇 a todas las personas reclamantes y as� consta acreditado en el expediente, o la empresa somete la resoluci髇 de la controversia al arbitraje de consumo o a cualquier otro institucional.

Art韈ulo 76 Graduaci髇 de las sanciones

1. La cuant韆 de las sanciones se graduar醤 de conformidad:

• a) Con el volumen de ventas en relaci髇 con los hechos y la capacidad econ髆ica de la empresa.
• b) Con la cuant韆 del beneficio il韈ito obtenido.
• c) Con los da駉s y perjuicios causados a las personas consumidoras.
• d) Con el n鷐ero de personas consumidoras afectadas.
• e) Con el dolo, la culpa y la reincidencia.
• f) Con el destino del bien cuando est� destinado al consumo infantil o a otros colectivos de protecci髇 especial.
• g) Con la posici髇 relevante del infractor en el mercado.
• h) Con la existencia de advertencias o requerimientos previos formulados por la Administraci髇.

2. Son circunstancias atenuantes:

• a) La reparaci髇 o enmienda total o parcial de modo diligente de las irregularidades o los perjuicios que han originado la incoaci髇 del procedimiento.
• b) El sometimiento de los hechos a cualquiera de los sistemas de resoluci髇 extrajudicial de conflictos.

3. Las circunstancias agravantes o atenuantes no deben tenerse en cuenta si la presente ley las ha incluido en el tipo infractor o si han sido tenidas en cuenta para calificar la gravedad de la infracci髇.

4. En la imposici髇 de las sanciones se podr醤 compensar las circunstancias agravantes con las atenuantes, salvo que se acredite algunas de las siguientes, lo que supondr� la imposici髇 de la sanci髇 en su grado m醲imo:

• a) Que hayan sido cometidas conscientemente, deliberadamente o sin cumplir los m醩 elementales deberes de diligencia exigibles.
• b) Que se trate de una infracci髇 continuada o de una pr醕tica habitual.
• c) Que comporten riesgo para la salud o la seguridad de las personas consumidoras, salvo que el riesgo forme parte del tipo infractor.
• d) Que se utilicen fraudulentamente marcas o distintivos oficiales o la adhesi髇 y el sometimiento de los hechos a cualquiera de los sistemas de resoluci髇 extrajudicial de conflictos.
• e) La existencia de dolo.
• f) Existencia de intencionalidad o reiteraci髇.

5. La imposici髇 de sanciones pecuniarias se har� de manera que la comisi髇 de las infracciones no resulte m醩 beneficiosa para la parte infractora que el incumplimiento de las normas infringidas, siempre con respeto del principio de proporcionalidad y guard醤dose la debida adecuaci髇 entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracci髇 y la sanci髇 impuesta.

Art韈ulo 77 Reducci髇 de las sanciones

1. Las sanciones pecuniarias solo podr醤 ser objeto de reducci髇 de un cincuenta por ciento en los supuestos de conformidad con el contenido del acuerdo de iniciaci髇 del expediente sancionador, siempre que se justifique haber rectificado las circunstancias de la infracci髇 cometida y en su caso se hubiera procedido a satisfacer a las personas consumidoras perjudicadas por la infracci髇.

2. Para poder acogerse a tal reducci髇, deber� manifestarse dicha conformidad y justificarse, adem醩 de las circunstancias que en su caso procedan de las establecidas en el apartado 1 de este art韈ulo, el ingreso de la sanci髇 con la reducci髇 en cualquier momento anterior a la resoluci髇.

El cumplimiento de los requisitos anteriores para acogerse a la reducci髇 pondr� fin al procedimiento, salvo en lo relativo a las sanciones accesorias acordadas.

LE0000742482_20221130Apartado 2 del art韈ulo 77 redactado por el n鷐ero�6 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022

3. La interposici髇 de recursos administrativos supondr� la p閞dida de las reducciones determinadas en el n鷐ero anterior

LE0000742482_20221130Apartado�3 del art韈ulo 77 redactado por el n鷐ero 6 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022

Art韈ulo 78 Ejecutividad de la sanci髇

1. La resoluci髇 que ponga fin al procedimiento sancionador ser� ejecutiva cuando no quepa contra ella ning鷑 recurso ordinario en v韆 administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podr醤 consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Cuando la resoluci髇 sea ejecutiva, se podr� suspender cautelarmente, si la persona interesada manifiesta a la Administraci髇 su intenci髇 de interponer recurso contenciosoadministrativo contra la resoluci髇 firme en v韆 administrativa. Dicha suspensi髇 cautelar finalizar� cuando:

• a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo.
• b) Habiendo la persona interesada interpuesto recurso contencioso-administrativo:
  • 1.� No se haya solicitado en el mismo tr醡ite la suspensi髇 cautelar de la resoluci髇 impugnada.
  • 2.� El 髍gano judicial se pronuncie sobre la suspensi髇 cautelar solicitada, en los t閞minos previstos en ella.

2. Desde la ejecutividad de las resoluciones sancionadoras, la cuant韆 de las sanciones pecuniarias generar� a favor de la administraci髇 los intereses de demora correspondientes.

Art韈ulo 79 Sanciones accesorias

La resoluci髇 por la que se imponga la sanci髇 podr� acordar adem醩 alguna o algunas de las siguientes medidas:

• a) Exigir al infractor la reposici髇 de la situaci髇 alterada por la infracci髇 a su estado original y, si procede, la indemnizaci髇 por da駉s y perjuicios probados causados a la persona consumidora, que deben ser determinados por el 髍gano competente para imponer la sanci髇.
• b) La exigencia al infractor de la obligaci髇 de restituir la cantidad percibida indebidamente, en los casos de aplicaci髇 de precios superiores a los autorizados, comunicados, presupuestados o anunciados.
• c) El decomiso y, en su caso destrucci髇, de la mercanc韆 adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entra馻r riesgo para la persona consumidora.

  Los gastos derivados de las medidas adoptadas en el p醨rafo anterior, incluidas, entre otras, las derivadas del transporte, distribuci髇 y destrucci髇, ser醤 por cuenta de la persona infractora.

• d) En el caso de infracciones calificadas como muy graves, cierre de la empresa, establecimiento o industria infractores, o el cese de su actividad, por un periodo m醲imo de cinco a駉s.
• e) En el caso de infracciones en materia de publicidad, la exigencia al infractor de que publique un comunicado de rectificaci髇 en las mismas condiciones o en condiciones similares a las especificadas en la resoluci髇 sancionadora.

Art韈ulo 79 bis Multas coercitivas

1. Las administraciones competentes en materia de consumo pueden imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, que garanticen la ejecuci髇 de los actos y resoluciones administrativas destinadas al cumplimiento de las siguientes obligaciones que tienen como finalidad la:

• a) Rectificaci髇 de los incumplimientos identificados en la resoluci髇 sancionadora;
• b) Reposici髇 de la situaci髇 alterada por la infracci髇 a su estado original y, si procede, la indemnizaci髇 por da駉s y perjuicios probados causados a la persona consumidora;
• c) Satisfacci髇 de las pretensiones de las personas consumidoras perjudicadas por la infracci髇.

2. La multa coercitiva se impondr� por el 髍gano competente para dictar la resoluci髇 sancionadora, previo requerimiento de ejecuci髇 del acto, con la advertencia a la persona requerida del plazo para cumplirlo y de la cuant韆 de la multa que, en caso de incumplimiento, puede serle impuesta.

A estos efectos, el plazo debe ser suficiente para cumplir la obligaci髇 impuesta teniendo en cuenta su naturaleza y extensi髇, no pudiendo ser 閟te superior a treinta d韆s naturales ni inferior a quince d韆s naturales desde el d韆 siguiente a su notificaci髇.

Asimismo, y sin perjuicio de las cuant韆s resultantes de aplicar el criterio establecido en el apartado siguiente por motivo de necesidad de reiteraci髇, la cuant韆 de la multa coercitiva ser� de 1.500 euros en el requerimiento previo e inicial.

3. La Administraci髇, si comprueba el incumplimiento de lo que ha ordenado, puede reiterar las multas coercitivas por per韔dos de un mes, increment醤dose, en cada reiteraci髇 necesaria hasta su efectivo cumplimiento, en el doble de la cuant韆 previamente impuesta.

4. Estas multas son independientes de las que pueden imponerse en concepto de sanci髇, y son compatibles con ellas

LE0000742482_20221130Art韈ulo 79 bis. introducido por el n鷐ero�7 del art韈ulo 17 de la Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadan韆 y para la prestaci髇 鷗il de los servicios p鷅licos (獶.O.E.� 29 noviembre).Vigencia: 30 noviembre 2022

Art韈ulo 80 Publicidad de las sanciones

1. El 髍gano competente para imponer la sanci髇, cuando lo considere conveniente para asegurar la salud, seguridad e intereses econ髆icos y sociales de las personas consumidoras o su derecho a la informaci髇 y a la transparencia de la actuaci髇 administrativa, dar醤 difusi髇 a las resoluciones sancionadoras ejecutivas, que hayan sido impuestas en el plazo de tres a駉s, con el contenido y por los medios que se consideren apropiados para conseguir la finalidad perseguida. Esta difusi髇 no tendr� car醕ter sancionador, y proceder� especialmente cuando, por la actitud de la persona responsable u otras razones, haya motivos para pensar que subsisten los peligros para las personas consumidoras.

2. La publicidad de las sanciones debe hacer referencia a los nombres y apellidos de las personas f韘icas responsables o la denominaci髇 o la raz髇 social de las personas jur韉icas responsables, la clase y naturaleza de las infracciones, y la cuant韆 de las sanciones, y debe hacerse por medio del Portal de Transparencia y de la web del Instituto de Consumo de Extremadura u 髍gano equivalente. Tambi閚 deber� comunicarse al Consejo de Consumo de Extremadura. El coste de la publicaci髇, en su caso, de las resoluciones debe correr a cargo de la persona o empresa sancionada.

3. Se elaborar� un listado anual de empresas sobre las que haya reca韉o sanci髇 firme en materia de consumo para su difusi髇 a trav閟 de la p醙ina web del Instituto de Consumo de Extremadura o del organismo competente en esta materia.

4. Tambi閚 se notificar� la resoluci髇 de los expedientes sancionadores a los 髍ganos que ordenaron su incoaci髇 y a los que cursaron la petici髇 razonada de que se iniciasen. Si el procedimiento se inici� como consecuencia de denuncia, la resoluci髇 deber� ser notificada al firmante de la misma.

Art韈ulo 81 Sujetos responsables

1. Ser醤 responsables de las infracciones tipificadas en esta ley, las personas f韘icas o jur韉icas, as� como, las uniones y entidades sin personalidad jur韉ica, que resulten responsables de los mismos a t韙ulo de dolo o culpa, que participen o incurran en las mismas tanto por acci髇 como por omisi髇.

2. De las infracciones cometidas en los bienes envasados, etiquetados o cerrados con cierre 韓tegro, ser� responsable la firma o raz髇 social, incluido el distribuidor, que figure en la etiqueta. Se except鷄n los casos en que se demuestre falsificaci髇 o mala conservaci髇 del producto por el tenedor, siempre que las condiciones de conservaci髇 se especifiquen en el etiquetado.

Ser� responsable solidario el elaborador, fabricante o envasador y el distribuidor que no figure en la etiqueta si se prueba que conoc韆 la infracci髇 cometida y prest� su consentimiento.

En el caso de que se hayan falsificado las etiquetas, la responsabilidad corresponder� al falsificador y a las personas que comercialicen los bienes a sabiendas de la falsificaci髇.

3. De las infracciones cometidas en bienes a granel o envasados sin etiquetas o cuando en la etiqueta no figuren los datos necesarios para identificar al responsable, seg鷑 lo establecido en la normativa vigente, ser� responsable el tenedor de los mismos, excepto cuando pueda identificar de manera cierta la responsabilidad de un tenedor anterior, incluido el distribuidor.

4. De las infracciones cometidas en la prestaci髇 de servicios, la persona f韘ica o jur韉ica con la que contrat� la persona consumidora la prestaci髇 del servicio o la que resulte legalmente obligada.

5. De las infracciones cometidas en la publicidad, oferta y contrataci髇 de bienes y servicios realizadas a trav閟 de v韆 telem醫ica, el titular de la p醙ina.

6. De las infracciones relacionadas con la falta de conformidad de los bienes, el vendedor de los mismos y, en su caso, el fabricante en los t閞minos establecidos en la normativa de aplicaci髇.

7. Cuando una infracci髇 sea imputada a una persona jur韉ica, podr醤 ser considerados responsables las personas f韘icas que integren sus 髍ganos rectores o de direcci髇, as� como los t閏nicos responsables de la elaboraci髇 y control, de acuerdo con la legislaci髇 vigente en materia societaria.

En el supuesto de personas jur韉icas, cuando quede constancia de forma fehaciente de la negativa o voto en contra de alguno de sus miembros en relaci髇 con la realizaci髇 de la actuaci髇 tipificada como infracci髇, el mismo ser� exonerado de responsabilidad.

8. En el supuesto de infracciones cometidas en bienes de otros pa韘es de la Uni髇 Europea o de Estados que no formen parte de esta, se considerar� responsable la persona f韘ica o jur韉ica que en primer lugar introduzca o ponga en circulaci髇 el producto en el mercado espa駉l.

9. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en la legislaci髇 vigente en materia de consumo corresponda a varias personas conjuntamente, o si la infracci髇 fuera imputable a varias personas y no resulte posible determinar el grado de participaci髇 de cada una de ellas, responder醤 de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.

Art韈ulo 82 Otros responsables

1. Cuando se desconozca el domicilio de un responsable o este no disponga de ninguno en territorio espa駉l, las actuaciones que, en su caso, procedan podr醤 dirigirse a cualquier persona que act鷈 como representante o en nombre de dicho responsable en territorio espa駉l, de hecho o de derecho, o que haga ostentaci髇 p鷅lica de esta condici髇 o que actuase como si la tuviera, y tambi閚 podr� ser considerado responsable de las actividades de la empresa, sin perjuicio de su derecho de repetici髇 frente a esta.

2. Cuando una empresa o cualquier persona se presente en el mercado como representante o que act鷄 en nombre de otra empresa o que haga ostentaci髇 p鷅lica de esta condici髇 o actuase como si la tuviera, ser醤 responsables solidarios de las actividades de la empresa de la que aparece como representante tanto la empresa o persona representante como la representada, salvo que por parte de esta se acredite la ausencia de vinculaci髇 con ella y justifique la interposici髇 de acciones frente a la misma.

Se considerar� que existe vinculaci髇 si en cualquier comunicaci髇 comercial de la empresa representada se hace referencia a la representante como parte de la estructura empresarial de hecho o de derecho de la empresa representada.

Art韈ulo 83 Responsabilidad del receptor de la contraprestaci髇

Sin perjuicio de lo establecido en los preceptos anteriores, quien reciba una contraprestaci髇 de una persona consumidora derivada de una relaci髇 de consumo ser� responsable del cumplimiento de la normativa de defensa de la persona consumidora y de la sectorial de aplicaci髇 derivada de esa relaci髇 de consumo, sin perjuicio de su derecho de repetici髇 frente a quien considere responsable.

Disposici髇 adicional primera Instalaciones de venta al p鷅lico al por menor de gasolinas y gas髄eos de automoci髇

1. Como obligaci髇 espec韋ica de protecci髇 y prevenci髇 de riesgos de la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias, se establece que todas las instalaciones de suministro al por menor de combustibles y carburantes de venta al p鷅lico en general, al objeto de garantizar los derechos de las personas consumidoras reconocidos en la presente ley, mientras permanezcan abiertas y en servicio de horario diurno, deber醤 acreditar par醡etros de accesibilidad en los t閞minos previstos en la normativa UNE 170001-1 y 170001-2 – Accesibilidad Universal, o normativa de accesibilidad europea equivalente y contar con un dispositivo bidireccional de comunicaci髇 con un servicio de atenci髇 al cliente.

Subsidiariamente a lo establecido en el p醨rafo anterior, de no acreditar los par醡etros de accesibilidad antes indicados podr醤 sustituir tales medidas, por disponer en la propia instalaci髇, mientras permanezcan abiertas y en servicio de horario diurno, de al menos una persona responsable que pueda atender a las personas con dificultades de accesibilidad al servicio de suministro de combustible.

A los efectos de esta norma, se considera horario diurno la franja horaria comprendida entre las 7,00 y las 22,00 horas.

Igualmente, al objeto de garantizar los derechos de las personas consumidoras reconocidos en la presente ley, todas las instalaciones deber醤 contar con mecanismos que garanticen la posibilidad de presentaci髇 de hojas de reclamaciones por parte de las personas usuarias que lo deseen.

2. En el caso concreto de instalaciones cuya titularidad corresponda a una sociedad que por ley tenga limitada la realizaci髇 de operaciones con terceros no socios y que, conforme a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, se pueda dedicar a suministrar directamente gasolinas y gas髄eos de automoci髇 a 閟tos, se considerar� que se cumple con lo establecido en el apartado 1 de esta disposici髇 siempre que en el horario de apertura al p鷅lico cuente con una persona trabajadora de la sociedad que responda del servicio que se presta.

A tal efecto, las instalaciones deber醤 contar con un dispositivo de llamada a disposici髇 de las y los clientes, que les permita, requerir la atenci髇 inmediata del responsable de los servicios.

Disposici髇 adicional segunda Promoci髇 interna de agentes de inspecci髇 de consumo

...

Disposici髇 transitoria primera Procedimientos administrativos sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley

1. La presente ley no ser� de aplicaci髇 a los procedimientos administrativos sancionadores iniciados antes de su entrada en vigor.

2. Queda exento de lo previsto en el apartado anterior a los procedimientos sancionadores en todo aquello que la presente ley resulte m醩 favorable a los presuntos infractores.

Disposici髇 transitoria segunda R間imen transitorio

...

Disposici髇 derogatoria 鷑ica Derogaci髇 Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley, y en particular queda derogada la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura.

LE0000108747_20180224

Disposici髇 final 鷑ica Entrada en vigor

La presente ley entrar� en vigor el d韆 siguiente al de su publicaci髇 en el Diario Oficial de Extremadura.

En el plazo m醲imo de un a駉, desde la entrada en vigor de la presente ley, se deber醤 dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la misma.