Sumario

Conforme establece el n鷐ero 1 de la Disposici髇 Final 1.� de la Ley [CASTILLA Y LE覰] 13/2005, 27 diciembre, de Medidas Financieras (獴.O.C.L.� 29 diciembre), se modifica la denominaci髇 del ente p鷅lico Agencia de Desarrollo Econ髆ico de Castilla y Le髇, que pasar� a ser Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y Le髇.Vigencia: 1 enero 2006 Ley [CASTILLA Y LE覰] 21/1994, 15 diciembre, derogada por la disposici髇 derogatoria 鷑ica de Ley [CASTILLA Y LE覰] 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creaci髇 del Ente P鷅lico Agencia de Innovaci髇 y Financiaci髇 Empresarial de Castilla y Le髇 (獴.O.C.L.� 23 diciembre) el 1 de enero de 2011. V閍se D [CASTILLA Y LE覰] 23/2007, 8 marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y Le髇 (獴.O.C.L.� 12 marzo).

Exposici髇 de Motivos

La Comunidad de Castilla y Le髇 tiene competencias exclusivas en materia de fomento del desarrollo econ髆ico, atribuidas por el art韈ulo 26.1.20 de su Estatuto de Autonom韆, cuyo art韈ulo 42 la faculta adem醩 para constituir instituciones que fomenten la plena ocupaci髇 y para crear y mantener su propio sector p鷅lico, en coordinaci髇 con el sector p鷅lico estatal, a fin de impulsar el desarrollo econ髆ico y social.

Para ejercer efectiva y eficazmente sus competencias, la Comunidad debe disponer de una organizaci髇 u organizaciones adecuadas, para lo cual pueden barajarse y conjugarse varias opciones. Entre ellas est醤 las entidades institucionales previstas en el t韙ulo primero de la Ley 7/1986, de 23 de diciembre, de la Hacienda de la Comunidad. Es decir, constituir una organizaci髇, dotada de personalidad jur韉ica, a la que se encomiendan algunas de las funciones competencia de la Comunidad para que las ejerza de forma descentralizada y aut髇oma.

Constituir una de estas entidades para encomendarle una serie de funciones relativas al fomento del desarrollo econ髆ico ofrece una serie de ventajas:

-Se tratar韆 de una organizaci髇 especializada en un campo de actuaci髇 y que podr韆 mantener un contacto directo y constante con las realidades sobre las que se trata de incidir, lo que favorecer韆 un conocimiento profundo de las mismas que redundar韆 en la eficacia de las actuaciones.

-Constituir韆 un n鷆leo desde el que podr韆n impulsarse diversos programas y actuaciones coordinados y desde el que puede resultar m醩 f醕il dar una direcci髇 de conjunto a diversas sociedades instrumentales.

-Situar韆 a la Comunidad de Castilla y Le髇 en iguales condiciones de competencia con buen n鷐ero de regiones europeas y con gran parte de las Comunidades Aut髇omas espa駉las que cuentan con un ente de promoci髇.

-Una entidad de la Comunidad de Castilla y Le髇 puede servir de interlocutor con esos otros entes de promoci髇 y favorecer actuaciones conjuntas.

En el Acuerdo para el Desarrollo Industrial de Castilla y Le髇, suscrito el 28 de abril de 1993 entre la Junta de Castilla y Le髇, las Organizaciones Sindicales Uni髇 General de Trabajadores y Comisiones Obreras, y la Confederaci髇 de Organizaciones Empresariales de Castilla y Le髇, se ha valorado la importancia de la constituci髇 de una entidad para dinamizar el tejido industrial. Este consenso sobre su importancia es en s� mismo otro aspecto positivo que tiene su creaci髇.

Por otra parte se ha considerado la conveniencia de solicitar la forma de intervenci髇 financiera de los Fondos Estructurales de la Uni髇 Europea conocida como 玸ubvenci髇 global�. El art韈ulo 6.� del Reglamento (UE) n鷐ero 4254/88 del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, que aprueba disposiciones para la aplicaci髇 del Reglamento (UE) n鷐ero 2052/88 en lo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, prev� que la gesti髇 de subvenciones globales podr� confiarse a intermediarios investidos de una misi髇 de car醕ter p鷅lico, incluidos organismos de desarrollo regional. Por lo tanto, s髄o puede solicitarse una subvenci髇 global si est� constituida una entidad que pueda actuar como intermediario a quien la Comisi髇 conf韊 su gesti髇 y suscriba el convenio previsto en el citado art韈ulo 6.�

Todo ello justifica la oportunidad de crear una entidad institucional.

Partiendo de esta oportunidad es preciso elegir, entre las cuatro posibilidades previstas en la Ley de la Hacienda, la clase de entidad m醩 adecuada. Organismos aut髇omos de car醕ter administrativo, organismos aut髇omos de car醕ter comercial, industrial, agrario, financiero o an醠ogo, entes p鷅licos de derecho privado y empresas p鷅licas son construcciones jur韉icas y como tales se diferencian entre s� por su r間imen jur韉ico. Por lo tanto ser� la m醩 adecuada aquella de esas cuatro clases cuyo r間imen jur韉ico se adapte mejor, como instrumento de la Comunidad Aut髇oma, a las finalidades y funciones que se pretende que cumpla y desempe馿.

Una diferencia importante entre esos cuatro tipos de entidades es la mayor o menor medida en que les resulta aplicable el derecho administrativo y el derecho privado.

Derecho administrativo y derecho privado responden a modos de actuar diferentes y a tipos de relaciones distintos. El derecho administrativo est� enfocado sobre todo a regular el ejercicio de una autoridad. Las Administraciones tienen en general, y por decirlo as�, el privilegio de decidir en una serie de relaciones con los ciudadanos, y el derecho administrativo regula c髆o deben tomarse esas decisiones (los actos administrativos) y establece unos l韒ites y unas garant韆s.

El desarrollo econ髆ico desborda esa clase de relaciones en las que la Administraci髇 tiene el privilegio de decidir. No es un campo sometido a las resoluciones de la Administraci髇. Es algo diferente.

El desarrollo econ髆ico es el resultado de muchos factores y de la actuaci髇 de diversos agentes. Los poderes p鷅licos son algunos de esos agentes. Como mucho, en ocasiones, podr醤 llegar a ser los de m醩 peso, y en circunstancias como las actuales su actuaci髇 puede tener considerable transcendencia, pero nunca ser醤 los 鷑icos.

El desarrollo econ髆ico en 鷏tima instancia es el resultado de la cooperaci髇 entre diversos agentes, y la cooperaci髇 dif韈ilmente puede ser el resultado de decisiones que se imponen.

Las resoluciones de las Administraciones pueden contribuir indudablemente, pero muchas actuaciones necesarias quedan fuera del puro ejercicio de la autoridad administrativa. El derecho administrativo configura y regula las actuaciones de las Administraciones sobre todo como declaraciones unilaterales de voluntad capaces de obligar a otros. Para promover el desarrollo econ髆ico de la Comunidad eficazmente es necesario conjugar y conjuntar voluntades, sincronizar esfuerzos, persuadir, estimular y favorecer las capacidades de otros. Son necesarios m鷏tiples acuerdos. Puede ser necesario renovar las ideas con que se enfocan algunas situaciones y en algunos casos es preciso buscar nuevos modos de actuar. Todo esto no puede ser producido por declaraciones unilaterales de voluntad. Todo ello requiere actuaciones que no son las t韕icamente reguladas por el derecho administrativo y que terminan en una resoluci髇. Constituir una entidad de promoci髇 puede resultar 鷗il para la Comunidad sobre todo si puede abordar precisamente esas actuaciones.

El derecho privado est� orientado fundamentalmente hacia relaciones configuradas por la confluencia de voluntades, por el acuerdo que hace nacer obligaciones rec韕rocas. Si en la mayor韆 de sus actividades la entidad ha de tratar de persuadir y convencer y no de imponer decisiones, un r間imen de derecho privado parece un marco adecuado.

De aquellas cuatro clases de entidades, dos se rigen fundamentalmente por el derecho privado: las empresas p鷅licas y los entes p鷅licos de derecho privado. El art韈ulo 23 de la Ley de Hacienda de la Comunidad define las empresas p鷅licas como 玪as sociedades mercantiles en cuyo capital la participaci髇 directa o indirecta de la Administraci髇 de la Comunidad Aut髇oma o de sus Entidades Institucionales sea superior al cincuenta por ciento�. Y el art韈ulo 20 de la misma ley define los Entes P鷅licos de Derecho Privado como 玜quellas Entidades Institucionales de la Comunidad de Castilla y Le髇, de naturaleza p鷅lica, cuyo objeto es la realizaci髇, en r間imen de descentralizaci髇, de actividades pertenecientes a la competencia de la misma, y que se rigen fundamentalmente por el derecho privado�.

El antecedente de estos dos tipos de entidad se encuentra en la legislaci髇 del Estado, en la Ley General Presupuestaria que los agrupa como dos clases de lo que denomina 玸ociedades estatales� y cuyo art韈ulo 6.� 2 establece que se regir醤 por las normas del derecho mercantil, civil o laboral.

De acuerdo con todo ello, la diferencia entre empresas p鷅licas y entes p鷅licos de derecho privado puede expresarse diciendo que estos 鷏timos son empresas p鷅licas que no tienen que ser sociedades mercantiles.

Esta diferencia puede resultar determinante para elegir la figura m醩 adecuada:

-Se considera preferible que la Comunidad sea el 鷑ico titular de la entidad. Por lo tanto, constituir una sociedad con un solo socio y tener que seguir reglas internas pensadas para entidades constituidas por varios socios, no tendr韆 utilidad.

-Si no es necesario seguir la organizaci髇 de las sociedades mercantiles, es m醩 factible crear 髍ganos de representaci髇 y participaci髇 de agentes sociales sin que tengan que ser socios.

-Si no tiene que constituirse como sociedad mercantil, la Comunidad tiene m醩 margen para su definici髇 y organizaci髇, graduando hasta donde se rige por el derecho p鷅lico y hasta donde por el derecho privado. Por lo tanto, puede configurar la entidad m醩 a la medida de la finalidad que pretende que cumpla.

-No debe tener fines de lucro, que caracterizan necesariamente a toda sociedad mercantil, seg鷑 el art韈ulo 116 del C骴igo de Comercio, sus rendimientos y beneficios deben medirse en efectos sobre el desarrollo econ髆ico.

As� pues, un ente p鷅lico de derecho privado resulta ser la entidad m醩 adecuada, y, en consecuencia, esta ley configura la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y Le髇 como tal ente. Conforme establece el n鷐ero 1 de la Disposici髇 Final 1.� de la Ley [CASTILLA Y LE覰] 13/2005, 27 diciembre, de Medidas Financieras (獴.O.C.L.� 29 diciembre), se modifica la denominaci髇 del ente p鷅lico Agencia de Desarrollo Econ髆ico de Castilla y Le髇, que pasar� a ser Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y Le髇.Vigencia: 1 enero 2006

El t韙ulo primero de la ley define la naturaleza y el r間imen jur韉ico de la Agencia y establece los fines y funciones que se le atribuyen. Prev� expresamente que los actos relativos a la concesi髇 de subvenciones se regir醤 por el derecho administrativo, ya que 閟te permite realizar un planteamiento jur韉icamente m醩 preciso como incentivos p鷅licos a la inversi髇.

El t韙ulo segundo establece las lineas fundamentales de su organizaci髇, previendo un Consejo Asesor como 髍gano de representaci髇 y participaci髇 de los agentes econ髆icos y sociales, un Consejo Rector como 髍gano de gobierno y los restantes 髍ganos directivos.

El t韙ulo tercero prev� los recursos de la Agencia, su r間imen patrimonial y su r間imen presupuestario. Este 鷏timo responde a lo previsto en la Ley de la Hacienda de la Comunidad, con algunas variaciones justificadas por la trascendencia de las actividades de la Entidad.

El t韙ulo cuarto se refiere a los controles sobre su funcionamiento y actividad: financiero, de eficacia y parlamentario.

El t韙ulo quinto prev� la necesaria colaboraci髇 entre la Agencia de Inversiones y Servicios y la Administraci髇 General de la Comunidad. Conforme establece el n鷐ero 1 de la Disposici髇 Final 1.� de la Ley [CASTILLA Y LE覰] 13/2005, 27 diciembre, de Medidas Financieras (獴.O.C.L.� 29 diciembre), se modifica la denominaci髇 del ente p鷅lico Agencia de Desarrollo Econ髆ico de Castilla y Le髇, que pasar� a ser Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y Le髇.Vigencia: 1 enero 2006