• 玝) Subvenciones en sus diferentes modalidades financiadas, seg鷑 los casos, con cargo a los presupuestos auton髆icos y estatales.
  
  Las subvenciones previstas para financiar el Plan de Vivienda se regir醤, adem醩 de por lo dispuesto en este Decreto, por lo previsto en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda P鷅lica Canaria, el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el r間imen general de subvenciones de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, as� como por los preceptos de la legislaci髇 b醩ica sobre subvenciones y sus disposiciones de desarrollo en lo que resulten de aplicaci髇.
  
  A los efectos de lo previsto en el art韈ulo 6 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y en el art韈ulo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o normas que los sustituyan, el Plan de Vivienda de Canarias tendr� la consideraci髇 de plan estrat間ico de subvenciones y ser醤 otorgadas por el procedimiento de concurrencia competitiva previsto en el art韈ulo 23 de la Ley General de Subvenciones y art韈ulos 14 y siguientes del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, que establece el r間imen general de subvenciones de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, las actuaciones relativas al apoyo econ髆ico a los inquilinos y la ayuda al alquiler destinada a j髒enes canarios, de acuerdo con los presupuestos de gastos de cada ejercicio, constituyendo este decreto, junto con las bases de la convocatoria, la norma reguladora de las mismas. El resto de ayudas se otorgar醤, de acuerdo con los art韈ulos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante el procedimiento de concesi髇 directa.�

�3. Salvo en los supuestos de colectivos con derecho a protecci髇 preferente a los que se refiere el art韈ulo 7.2 de este Decreto, las solicitudes de reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiaci髇 previstas para las actuaciones que integran el Plan de Vivienda de Canarias se resolver醤 por orden de presentaci髇, en los casos de ayudas que se concedan directamente, y de acuerdo con las bases de las convocatorias, en el resto, hasta el l韒ite del cr閐ito presupuestario previsto para la correspondiente actuaci髇, conforme al marco financiero del Plan de Vivienda de Canarias y a lo que, en su caso, se disponga en el correspondiente convenio entre la Comunidad Aut髇oma de Canarias y el Ministerio de Fomento.

4. En las resoluciones en las que se proceda a la declaraci髇 o calificaci髇 como protegidas de las actuaciones de promoci髇 de viviendas de nueva construcci髇, autoconstrucci髇 colectiva de viviendas, rehabilitaci髇 de 醨eas y de centros hist髍icos, rehabilitaci髇 aislada de edificios y 醨eas de renovaci髇 urbana, se consignar� expresamente la obligaci髇 del promotor de las obras de incluir, en la forma que se determine mediante resoluci髇 del Director del Instituto Canario de la Vivienda, el logotipo del Plan de Vivienda de Canarias, as� como el de las Administraciones que, en su caso, participen en la financiaci髇 de la actuaci髇.

Esta misma obligaci髇 regir� respecto a toda la informaci髇 que se difunda en relaci髇 con las citadas actuaciones as� como en los correspondientes carteles exteriores descriptivos de las obras, y en el caso de establecimiento de ventanillas 鷑icas de vivienda y suelo.�

�2. A los efectos de la obtenci髇 de las ayudas a las que se refiere este Decreto, son beneficiarios con derecho a protecci髇 preferente, las unidades familiares con ingresos que no excedan de 1,5 veces el Indicador P鷅lico de Renta de Efectos M鷏tiples (IPREM), cuando se trate de acceso en alquiler a la vivienda y de 2,5 veces el mismo indicador cuando el acceso lo sea en propiedad.

3. Tambi閚 se entender醤 que son beneficiarios con derecho a protecci髇 preferente, los que, contando con los requisitos se馻lados en el p醨rafo anterior, se encuadren en alguno o algunos de los siguientes colectivos, definidos por la legislaci髇 espec韋ica que, en cada caso, resulte de aplicaci髇:

• a) Personas que accedan por primera vez a la vivienda.
• b) J髒enes, de hasta 35 a駉s.
• c) Personas mayores de 65 a駉s.
• d) Mujeres v韈timas de la violencia de g閚ero.
• e) Personas afectadas por situaciones catastr骹icas.
• f) Familias numerosas.
• g) Familias monoparentales con hijos.
• h) Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y las familias que las tengan a su cargo.
• i) Personas separadas o divorciadas, al corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso.
• j) Personas sin hogar, personas que han sufrido un desahucio o procedentes de operaciones de erradicaci髇 del chabolismo.
• k) V韈timas del terrorismo.
• l) Personas afectadas por situaciones de car醕ter excepcional y de inter閟 p鷅lico, que conlleven medidas tales como la demolici髇 o inutilizaci髇 de viviendas y el realojo de sus ocupantes u otras de an醠oga naturaleza.�

�1. La calificaci髇 como protegida de las viviendas de nueva construcci髇 o procedentes de rehabilitaci髇, incluyendo aquellas en las que se transmita 鷑icamente el derecho de superficie, cuyo destino sea la venta o el uso propio, se realizar�, seg鷑 sean los ingresos de los adquirentes y el precio m醲imo de venta de las mismas, en alguno de los siguientes reg韒enes:

• a) R間imen especial: cuando las viviendas vayan destinadas a adquirentes con ingresos familiares que no excedan de 2,5 veces el IPREM. El precio m醲imo de venta por metro cuadrado de superficie 鷗il computable de estas viviendas, a efectos de financiaci髇, ser� de 1,25 veces el M骴ulo B醩ico Canario.
• b) R間imen general b醩ico: cuando las viviendas vayan destinadas a adquirentes con ingresos familiares que no excedan de 4,5 veces el IPREM. El precio m醲imo de venta por metro cuadrado de superficie 鷗il computable de estas viviendas, a efectos de financiaci髇, ser� de 1,45 veces el M骴ulo B醩ico Canario.
• c) R間imen general medio: cuando las viviendas vayan destinadas a adquirentes con ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces el IPREM. El precio m醲imo de venta por metro cuadrado de superficie 鷗il computable de estas viviendas, a efectos de financiaci髇, ser� de 1,65 veces el M骴ulo B醩ico Canario.
• d) En el caso de adquisici髇 del derecho de superficie de viviendas protegidas para venta, el precio m醲imo por metro cuadrado 鷗il no podr� superar un porcentaje del precio m醲imo establecido para la venta de una vivienda protegida del mismo r間imen. Dicho porcentaje ser� del 80%, cuando el derecho de superficie tenga un per韔do de duraci髇 de 75 a駉s, por estar la vivienda construida sobre suelo p鷅lico; o de 99 a駉s, en otros casos. Para la determinaci髇 del precio m醲imo, tanto en primeras como en segundas y posteriores transmisiones, estos porcentajes se reducir醤 en proporci髇 a los a駉s que resten hasta la extinci髇 de ese derecho de superficie, y se aplicar醤 sobre el mencionado precio m醲imo, actualizado en funci髇 de la evoluci髇 del IPC desde la fecha de la calificaci髇 definitiva de la vivienda.

2. Por su parte, la calificaci髇 como protegidas de las viviendas de nueva construcci髇 o procedentes de rehabilitaci髇 cuyo destino sea el arrendamiento, se realizar�, seg鷑 sean los ingresos de los inquilinos y el precio m醲imo de referencia de las mismas, en alguno de los siguientes reg韒enes:

• a) R間imen especial: cuando se trate de viviendas destinadas a inquilinos con ingresos familiares que no excedan de 2,5 veces el IPREM. En estos casos, el precio m醲imo de referencia, por metro cuadrado de superficie 鷗il computable a efectos de financiaci髇, ser� de 1,25 veces el M骴ulo B醩ico Canario.
• b) R間imen general de renta b醩ica: cuando se trate de viviendas destinadas a inquilinos con ingresos familiares que no excedan de 4,5 veces el IPREM. En estos casos, el precio m醲imo de referencia, por metro cuadrado de superficie 鷗il computable a efectos de financiaci髇, ser� de 1,45 veces el M骴ulo B醩ico Canario.
• c) R間imen general de renta media: cuando se trate de viviendas destinadas a inquilinos con ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces el IPREM. En estos casos, el precio m醲imo de referencia, por metro cuadrado de superficie 鷗il computable a efectos de financiaci髇, ser� de 1,65 veces el M骴ulo B醩ico Canario.

3. En los 醡bitos territoriales de precio m醲imo superior del grupo C, los precios m醲imos de venta y de referencia para alquiler se aumentar醤 en un 5% para los reg韒enes especial y general b醩ico y en un 7% para el r間imen general de renta media y para la adquisici髇 de vivienda usada.�

�2. A estos efectos se entiende por vivienda usada, las siguientes:

• a) Viviendas libres y protegidas que sean adquiridas por t韙ulo oneroso en segunda o posteriores transmisiones.
• b) Viviendas sujetas a reg韒enes de protecci髇 p鷅lica, adquiridas en segunda o posteriores transmisiones.
• c) Viviendas libres de nueva construcci髇, adquiridas cuando haya transcurrido un plazo de un a駉 como m韓imo entre la expedici髇 de la licencia de primera ocupaci髇, el certificado final de obra o la c閐ula de habitabilidad, seg鷑 proceda, y la fecha del contrato de compra o de compraventa.
• d) Viviendas rurales usadas.
• e) Viviendas libres a las que se refiere la disposici髇 transitoria primera 1, letra C) del presente Decreto.�

�4. Esta ayuda ser� incompatible con la prevista en el cap韙ulo IX de este Decreto, para el alquiler de viviendas libres a trav閟 de la Bolsa de Vivienda Joven.�

�2. Excepcionalmente, el Instituto Canario de la Vivienda podr� conceder subvenciones por el procedimiento de concesi髇 directa a personas que cuenten con expediente de desahucio incoado y como consecuencia de ello demanden una inmediata intervenci髇 p鷅lica con la finalidad de proporcionarles una vivienda.�

�1. El abono de la subvenci髇 se har� una vez dictada la correspondiente resoluci髇 de reconocimiento de actuaci髇 protegida.�

Constituyen actuaciones protegibles del Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012, en materia de rehabilitaci髇 y reposici髇 en los t閞minos, condiciones y requisitos establecidos en este Decreto, las siguientes:

• a) La rehabilitaci髇 integral de centros hist髍icos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales.
• b) La renovaci髇 de 醨eas urbanas, incluida la erradicaci髇 del chabolismo.
• c) La rehabilitaci髇, y reposici髇 de edificios y viviendas.
• d) La rehabilitaci髇 del parque p鷅lico de viviendas.�

獵) Subvenci髇 con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Aut髇oma de Canarias a favor de promotores de hasta un 30% del coste total de las actuaciones. Dicho porcentaje comprende la ejecuci髇 del conjunto de las actuaciones, que incluyen la demolici髇, reurbanizaci髇 del 醡bito, construcci髇 de las nuevas viviendas protegidas, posibles realojos, as� como gesti髇 del equipo t閏nico adscrito a esta actuaci髇 que comprende la ventanilla 鷑ica.�

• 玠) La rehabilitaci髇 de vivienda en el medio rural.�

�5. Se entiende por vivienda en el medio rural la que se halle enclavada en municipios con una poblaci髇 inferior a 10.000 habitantes, o la que, perteneciendo a t閞minos municipales de poblaci髇 superior a la indicada, se encuentre separada del casco urbano y en una zona donde predomine la econom韆 del sector primario.

6. En virtud de lo dispuesto en el art韈ulo 19 del presente Decreto, el Instituto Canario de la Vivienda, suscribir� un convenio con la Federaci髇 Canaria de Municipios para gestionar la presente ayuda.�

�2. El acceso a dichos servicios, y en consecuencia, a las garant韆s previstas para las partes intervinientes, que se realizar� sin coste alguno para sus destinatarios, ser醤 financiadas con cargo a los presupuestos de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, a trav閟 de las oficinas habilitadas por la misma, siendo requisito indispensable para acceder a estos servicios que el precio de renta de la vivienda no supere los 600 euros mensuales, incluyendo garaje, trastero y anejos, si los hubiere.�

• 玝) La p髄iza de este seguro ser� contratada por los servicios de la Bolsa al momento de formalizar el contrato de arrendamiento.
  
  El tiempo de cobertura de la p髄iza ser� por un plazo m醲imo de los dos primeros a駉s de vigencia del contrato de arrendamiento, siempre que la vivienda permanezca alquilada a trav閟 de la Bolsa.�

• 玝) La cuant韆 mensual de la renta no podr� ser superior a 450 euros en aquellos 醡bitos territoriales declarados como de precio m醲imo superior y a 400 euros en el resto de 醡bitos territoriales, incluyendo, en su caso, el precio del garaje y trastero, si los hubiera.�

1. El importe de la ayuda se calcular� en funci髇 de los ingresos del solicitante de acuerdo a la siguiente baremaci髇.

2. Los inquilinos con ingresos familiares ponderados no superiores a 1,5 veces el IPREM deber醤 asumir, al menos, el 30% del importe de la renta del alquiler y en todo caso, como m韓imo, 90 euros de la misma.

Los inquilinos con ingresos familiares ponderados superiores a 1,5 veces y que no superen 2,5 veces el IPREM, deber醤 asumir el 30% del importe de la renta del alquiler, y en todo caso, como m韓imo 120 euros de la misma.�

1. Estas ayudas al alquiler ser醤 incompatibles con otras que con el mismo objeto puedan ser otorgadas por cualquiera de las Administraciones P鷅licas.

2. Estas ayudas se otorgar醤 por un per韔do m醲imo de dos a駉s y m韓imo de un a駉, y en todo caso por el per韔do de tiempo que, al momento de la celebraci髇 del contrato de arrendamiento, le reste al solicitante por ostentar la condici髇 de joven. No se podr� obtener de nuevo esta subvenci髇 hasta transcurridos, al menos, cinco a駉s desde la fecha de su reconocimiento.

El beneficiario que a partir del primer a駉 abandonara la vivienda objeto de la subvenci髇, perder� el derecho a obtener la misma para la siguiente anualidad y deber� reintegrar la parte proporcional de la subvenci髇 que en su caso hubiera recibido siempre y cuando no se den las circunstancias establecidas en el art韈ulo 141. Tampoco perder� el derecho a obtener nuevamente la subvenci髇 ni deber� reintegrar la parte proporcional de la ya recibida si se dan las siguientes circunstancias y el alquiler de la nueva vivienda arrendada se lleve a cabo a trav閟 de la Bolsa de Vivienda Joven:

• a) Cuando el importe del alquiler de la nueva vivienda a arrendar sea inferior a la actual.
• b) En caso de p閞dida del uso de la vivienda habitual, declarada por resoluci髇 firme de separaci髇 o divorcio o como consecuencia de la ruptura de la pareja de hecho.
• c) Cuando por motivos del incremento o disminuci髇 de los miembros de la unidad familiar, los beneficiarios arrienden una vivienda de mayor o menor superficie respectivamente.
• d) Cuando las condiciones de habitabilidad de vivienda determinen la imposibilidad de dedicarla a morada humana.�

�2. El acceso a dichos servicios, y en consecuencia, a las garant韆s previstas para las partes intervinientes, que se realizar� sin coste alguno para sus destinatarios, ser醤 financiadas con cargo a los presupuestos de la Comunidad Aut髇oma de Canarias, a trav閟 de las oficinas habilitadas por la misma, siendo requisito indispensable para acceder a estos servicios que el precio de renta de la vivienda no supere los 600 euros mensuales, incluyendo garaje, trastero y anejos, si los hubiere.�

• 玝) La p髄iza de este seguro ser� contratada por los servicios de la Bolsa al momento de formalizar el contrato de arrendamiento.
  
  El tiempo de cobertura de la p髄iza ser� por el plazo m醲imo de los dos primeros a駉s de vigencia del contrato de arrendamiento, siempre que la vivienda permanezca alquilada a trav閟 de la Bolsa de Vivienda Vac韆.�

�3. La convocatoria y cuantos actos se deriven de la ordenaci髇, instrucci髇, modificaci髇 y notificaci髇, corresponde a la Direcci髇 del Instituto Canario de la Vivienda. Corresponde a la Presidencia del citado Organismo Aut髇omo dictar los actos de concesi髇 de la subvenci髇 y la resoluci髇 de los recursos administrativos que se puedan interponer.�

Segunda o posteriores transmisiones de viviendas protegidas de promoci髇 privada en r間imen de venta y primeras o posteriores transmisiones de viviendas protegidas para uso propio y autoconstruidas.�

�6. La transmisi髇 de viviendas protegidas para venta entre personas jur韉icas queda sometida exclusivamente al precio m醲imo fijado en el apartado 1. Cuando la persona jur韉ica transmita la vivienda a una persona f韘ica, adem醩 de quedar sometida al precio m醲imo fijado en el apartado 1, deber� cumplir el adquirente los requisitos y condiciones se馻lados en esta disposici髇.�

Para ser adjudicatario de una vivienda protegida de promoci髇 p鷅lica de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda ser� necesario acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos generales:

• a) Que se ostente la mayor韆 de edad.
• b) Que, a la fecha de la publicaci髇 del anuncio al que se refiere el art韈ulo 14 de este Decreto, se encuentra inscrito en el Registro P鷅lico de Demandantes de Viviendas Protegidas de Canarias, con la salvedad de lo dispuesto en el art韈ulo 9.3.b), relativo al cupo para situaciones excepcionales.
• c) Que con ingresos ponderados de la unidad familiar, se hallen comprendidos en los siguientes intervalos de renta:
  • - Hasta 1,5 veces el IPREM para viviendas en r間imen de alquiler.
  • - Hasta 2,5 veces el IPREM para viviendas en r間imen de venta.
• d) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea beneficiario de una vivienda protegida, salvo que, apreci醤dose alguno de los supuestos relacionados en los puntos 1 al 5 siguientes, previamente a la formalizaci髇 de la adjudicaci髇 se efect鷈 renuncia y la efectiva devoluci髇 de aquella.
• e) Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea propietario o arrendatario de una vivienda libre, ni titular de un derecho real de uso y disfrute, o de opci髇 de compra sobre la misma, en este 鷏timo caso solo cuando este derecho se configure con car醕ter real y se halle inscrito en el registro correspondiente.
  
  Los requisitos previstos en los anteriores apartados d) y e) no ser醤 exigibles, sin embargo, cuando se aprecie la concurrencia de alguno de los siguientes supuestos:
  • 1. P閞dida del derecho al uso de la vivienda habitual, declarada por resoluci髇 judicial firme, como consecuencia de disoluci髇 matrimonial o de la pareja de hecho.
  • 2. Habitar en una vivienda o en una cueva que no re鷑a las condiciones m韓imas de habitabilidad establecidas en el anexo II del Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtenci髇 de la c閐ula de habitabilidad, o en la norma que lo sustituya.
  • 3. Habitar una vivienda cuya superficie resulte inadecuada en raz髇 de la composici髇 de la unidad familiar. Se presumir� que se da esta circunstancia cuando la superficie 鷗il del inmueble sea inferior a la m韓ima que, en funci髇 del n鷐ero de miembros de la unidad familiar, se consigna a continuaci髇:

    N鷐ero de miembros	1-2	3	4	5	6	7	8 � m醩
    Superficie 鷗il en m 2	25	35	45	55	65	75	85

  • 4. Ocupar una vivienda en alquiler cuya renta anual sea igual o superior al 12% de los ingresos anuales de la unidad familiar.
  • 5. Habitar una vivienda sobre la que haya reca韉o declaraci髇 de ruina.
  • 6. Habitar un alojamiento provisional promovido y/o tutelado por la Administraci髇 P鷅lica.
• f) Que el valor del patrimonio de la unidad familiar, salvo que constituya la 鷑ica fuente de ingresos de la misma, no supere el 50% del precio m醲imo de venta en primera transmisi髇 de una vivienda protegida de promoci髇 p鷅lica con una superficie 鷗il de 68 m².
  
  La valoraci髇 del patrimonio se realizar�, por los servicios t閏nicos correspondientes, de acuerdo a los valores del mercado. Para la determinaci髇 del precio m醲imo de venta se tomar� como referencia el mismo momento en el que, conforme a lo que disponga el anuncio al que se refiere el art韈ulo 14, hayan de venir referidos el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Decreto.
• g) Haber residido ininterrumpidamente en la Comunidad Aut髇oma de Canarias con, al menos, siete a駉s de antelaci髇 a la fecha de publicaci髇 del anuncio al que se refiere el art韈ulo 14 de este Decreto, o bien quince a駉s cuando dicha residencia hubiese sido de forma interrumpida. Este requisito no ser� de aplicaci髇 a los emigrantes retornados, en cuyo caso se estar� a lo dispuesto en el art韈ulo 9.2.b) de este Decreto.
• h) Que el titular de la unidad familiar resida o trabaje ininterrumpidamente en el municipio donde radica la vivienda protegida con, al menos, dos a駉s de antelaci髇 a la fecha a la que, conforme a lo que disponga el anuncio al que se refiere el art韈ulo 14 de este Decreto, se exija el cumplimiento de los requisitos.

A efectos de constatar el cumplimiento de este requisito, podr� computarse, con los mismos efectos, el tiempo de residencia o de trabajo en un municipio lim韙rofe, siempre que, a la fecha de publicaci髇 del anuncio al que se refiere el art韈ulo 14 de este Decreto, se resida o trabaje en el municipio en el que radica la vivienda, con una antelaci髇 de al menos seis meses.

El per韔do m韓imo de residencia o trabajo al que se refiere el presente apartado se puede alcanzar, en su caso, mediante la suma de ambos.

No ser� de aplicaci髇 este requisito cuando estemos ante demandantes de vivienda que, por motivos laborales, se hubiesen trasladado a un municipio no lim韙rofe a aquel en el que radique la vivienda protegida. En estos casos ser� necesario acreditar haber residido en el municipio donde radique la promoci髇 durante al menos los tres a駉s anteriores al traslado, as� como que una vez producido el retorno a este, se halle residiendo en el mismo durante al menos seis meses antes a la fecha en la que, conforme a lo previsto en el art韈ulo 14 de este Decreto, se exija el cumplimiento de los requisitos.

La ponderaci髇 de los ingresos y el valor m醲imo de venta de una vivienda protegida a las que se refieren respectivamente, los apartados c y f, se determinar醤 de conformidad con lo establecido en la normativa auton髆ica que resulte de aplicaci髇 en el momento de la inscripci髇.�

• 玡) Cupo para mujeres v韈timas de malos tratos: previsto para aquellas solicitantes de vivienda protegida que hayan presentado demanda por violencia de g閚ero y esta haya sido admitida a tr醡ite y se hallen, como consecuencia de ello, sujetas a un programa de acogida.�

Los cesionarios de viviendas y locales adjudicados en r間imen de acceso diferido a la propiedad traspasados por el Instituto para la Promoci髇 P鷅lica de la Vivienda a la Comunidad Aut髇oma de Canarias en virtud del Real Decreto 1626/1984, de 1 de agosto, en los que no se hubiese otorgado escritura p鷅lica de compraventa, estar醤 obligados al pago de los gastos de administraci髇, conservaci髇, servicios comunes, impuestos, arbitrios, tasas y derechos que graven la propiedad y el uso de las viviendas y locales, con la excepci髇 de que las Juntas Administradoras constituidas por todos los cesionarios de locales y viviendas de los edificios en que se ubiquen tales inmuebles, hubiesen ya procedido al abono de los mismos.�

�1. Es objeto del presente Decreto regular la ayuda al alquiler de las viviendas protegidas promovidas por la Administraci髇 P鷅lica de la Comunidad Aut髇oma de Canarias o por otros promotores con los que aquella haya suscrito el correspondiente convenio y hayan sido adjudicadas en r間imen de alquiler.�

�3. La cantidad mensual que se abone en concepto de renta por el alquiler de la vivienda no ser� superior al 12% de los ingresos netos mensuales de la unidad familiar, a la que, en su caso, se le a馻dir� la renta por el alquiler correspondiente al anejo vinculado una vez deducida la ayuda mencionada en el apartado anterior para los mismos. Los gastos e impuestos que pudieran ser repercutidos por el arrendador conforme a la legislaci髇 vigente en ning鷑 caso ser醤 computables a los efectos de cuantificar la ayuda prevista en el presente Decreto, la cual se calcular� sobre la renta m醲ima inicial prevista en la calificaci髇 definitiva y las actualizaciones que de la misma se realicen.�

�5. Acreditar haber satisfecho, al menos, el 35% de las cuotas de alquiler facturadas por la vivienda o el 50% del precio de venta de la misma.�

�2. El Instituto Canario de la Vivienda practicar� la liquidaci髇 correspondiente que ser� notificada al adjudicatario, quien en el plazo de un mes contado a partir de la recepci髇 de la notificaci髇, deber� prestar su conformidad con dicha liquidaci髇, y, asimismo, determinar la forma de pago de las cantidades pendientes, mediante escrito dirigido a dicho Instituto. En ning鷑 caso el importe de la cuota mensual determinada por el adquirente podr� resultar superior al 30% de la cuant韆 mensual del IPREM vigente en el a駉 de practicarse la liquidaci髇, dentro de los plazos de financiaci髇 que se se馻lan en el apartado b) del punto anterior.�