• 

  Los recursos civiles y penales tras la reforma de eficiencia procesal

  Libros
  Desde 42,48 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  La tributación en el Impuesto sobre Sociedades

  Libros
  Desde 126,46 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  TODO Renta (Suscripción)

  Obras Actualizables
  Desde 152,15 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.
• 

  TODO Fiscal (Suscripción)

  Obras Actualizables
  Desde 240,08 €
  
  (IVA Inc.)
  Más info.

Sumario

V閍se la Res. de 3 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de autorizaci髇 de la pr髍roga del estado de alarma declarado por el R.D. 463/2020, de 14 de marzo (獴.O.E.� 6 junio).LE0000667229_20200607

I

El 11 de marzo de 2020 la Organizaci髇 Mundial de la Salud declar� pandemia internacional la situaci髇 de emergencia ocasionada por el brote epid閙ico de COVID-19. El Gobierno, en la reuni髇 extraordinaria del Consejo de Ministros de 14 de marzo de 2020, aprob� el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti髇 de la situaci髇 de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El art韈ulo 3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estableci�, en el marco de lo dispuesto por el art韈ulo sexto.dos de la Ley Org醤ica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepci髇 y sitio, que la duraci髇 del estado de alarma ser韆 de quince d韆s naturales.

Con base en los datos disponibles y en los informes de evaluaci髇 elaborados por las autoridades competentes delegadas durante ese periodo, el Gobierno concluy� que la situaci髇 de emergencia sanitaria generada por el brote epid閙ico de COVID-19 no se superar韆 en el plazo previsto inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

A fin de garantizar la eficaz gesti髇 de dicha emergencia sanitaria y contener la propagaci髇 de la enfermedad, mediante los Acuerdos del Consejo de Ministros de 24 de marzo, 7 de abril, 21 de abril, 5 de mayo y 19 de mayo de 2020, el Gobierno solicit� del Congreso de los Diputados autorizaci髇 para prorrogar en cinco ocasiones el estado de alarma declarado por el citado real decreto, as� como la vigencia de las medidas en 閘 contenidas. El Pleno del Congreso de los Diputados, en las sesiones celebradas el 25 de marzo, 9 de abril, 22 de abril, 6 de mayo y 20 de mayo de 2020 acord� conceder las mencionadas autorizaciones en los t閞minos recogidos en los respectivos acuerdos de autorizaci髇 de las pr髍rogas.

De este modo, mediante el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la pr髍roga se extendi� hasta las 00:00 horas del 12 de abril de 2020; mediante el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, se dispuso la pr髍roga hasta las 00:00 horas del d韆 26 de abril de 2020; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, estableci� una nueva pr髍roga hasta las 00:00 horas del 10 de mayo de 2020; el Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, dispuso la pr髍roga del estado de alarma hasta las 00:00 horas del d韆 24 de mayo de 2020; y, finalmente, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, prorrog� el estado de alarma hasta las 00:00 horas del d韆 7 de junio de 2020.

El Gobierno ha remitido semanalmente al Congreso de los Diputados la informaci髇 requerida en cumplimiento de lo previsto en la disposici髇 adicional sexta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Junto a los informes aportados por el Centro de Coordinaci髇 de Alertas y Emergencias Sanitarias y la Red Nacional de Vigilancia Epidemiol骻ica, se ha dado cuenta al Congreso de los Diputados del conjunto de disposiciones, 髍denes, instrucciones y resoluciones adoptadas por las autoridades competentes delegadas y por el Consejo de Ministros. Asimismo, el Gobierno ha comparecido semanalmente para valorar la evoluci髇 de la situaci髇.

La citada informaci髇 ha permitido realizar un seguimiento de la adecuaci髇 y eficacia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma y sus pr髍rogas. Durante el periodo de la primera pr髍roga, los datos proporcionados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiol骻ica pusieron de manifiesto que las medidas aplicadas hab韆n conseguido alcanzar gradualmente el objetivo de disminuir la transmisi髇 de la enfermedad y reducir al m醲imo el riesgo de colapso en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios (en adelante, UCI).

Esos datos indicaron, durante el periodo de la segunda pr髍roga, que el n鷐ero de contagios hab韆 disminuido por debajo del umbral que producir韆 la saturaci髇 de las UCI, al tiempo que se hab韆 fortalecido la capacidad del sistema sanitario para dar respuesta a la misma. Adem醩, el n鷐ero de altas se fue incrementando en este periodo y con ello se produjo una descarga progresiva de las unidades asistenciales ampliadas.

Los datos evidenciaron durante el periodo de la tercera pr髍roga la consolidaci髇 de la tendencia decreciente de los diferentes indicadores (casos confirmados diarios por PCR, fallecimientos confirmados, ingresos hospitalarios y en UCI), as� como la reducci髇 a la mitad de los incrementos diarios, a excepci髇 de los casos que requirieron hospitalizaci髇.

Durante la vigencia de la cuarta pr髍roga se establecieron los mecanismos necesarios para avanzar en la detecci髇 precoz y el r醦ido control de cualquier brote de la forma m醩 localizada posible. Este elemento resulta crucial para evitar el riesgo de una nueva onda epid閙ica que afecte a todo el territorio nacional. Adem醩, los resultados del estudio nacional de seroprevalencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 permiten valorar la situaci髇 observada hasta la fecha con el n鷐ero de casos estimado por el estudio para Espa馻 y para cada una de las provincias, mejorando el entendimiento de la capacidad de los sistemas sanitarios para detectar y controlar los casos durante toda la epidemia.

Finalmente, cabe destacar la favorable evoluci髇 de la situaci髇 durante la quinta pr髍roga. En este sentido, con datos a fecha 1 de junio, la incidencia acumulada de casos diagnosticados en los 鷏timos 14 d韆s es de 13,87 por 100.000 habitantes y de 5,87 en los 鷏timos 7 d韆s. Teniendo en cuenta la fecha de inicio de s韓tomas, la incidencia en los 鷏timos 14 d韆s es de 2,03 y, en los 鷏timos 7 d韆s, de 0,57.

Los resultados descritos en la evoluci髇 favorable de la epidemia en nuestro pa韘 se han logrado, en buena medida, gracias al esfuerzo encomiable de toda la poblaci髇.

Dicha evoluci髇, si bien es positiva en todas las comunidades aut髇omas, sigue presentando diferencias entre estas, requiri閚dose un periodo de tiempo adicional para asegurar que el riesgo de que se produzca un repunte de casos o la aparici髇 de nuevos brotes sea m韓imo y controlado.

II

Las dos 鷏timas pr髍rogas autorizadas por el Congreso de los Diputados se han enmarcado en el proceso de desescalada que, en el contexto propuesto por la Comunicaci髇 �Hoja de ruta com鷑 europea para el levantamiento de las medidas de contenci髇 de la COVID-19�, presentada el pasado 15 de abril por la Presidenta de la Comisi髇 Europea y el Presidente del Consejo Europeo, inici� el Gobierno de Espa馻, al igual que distintos Estados miembros, con la aprobaci髇, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

El citado Plan, remitido al Congreso de los Diputados el 29 de abril de 2020 en cumplimiento de lo previsto por la disposici髇 adicional sexta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, concibe el levantamiento de las medidas de contenci髇 de modo gradual, asim閠rico, coordinado con las comunidades aut髇omas y adaptable a los cambios de orientaci髇 necesarios en funci髇 de la evoluci髇 de los datos epidemiol骻icos y del impacto de las medidas adoptadas.

El Plan establece una fase cero o preliminar y tres fases de desescalada diferenciadas en funci髇 de las actividades permitidas en cada una de ellas, por las que podr醤 transitar los diferentes territorios en funci髇 de diversos par醡etros, criterios e indicadores en 閘 contemplados, hasta llegar a la fase III, tras la cual se pondr� fin a las medidas de contenci髇, pero se mantendr� la vigilancia epidemiol骻ica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y las medidas de autoprotecci髇 de la ciudadan韆.

Actualmente, todo el territorio nacional se encuentra, como m韓imo, en fase I, y el 70 % de la poblaci髇 espa駉la ya est� en fase II. Adem醩, hay cuatro islas –El Hierro, La Graciosa, La Gomera y Formentera– que han pasado a fase III.

Dada la naturaleza imprevisible y din醡ica de la evoluci髇 de la enfermedad, se requiere un enfoque prudente, con hitos que se puedan ir alcanzando sucesivamente y que puedan ser reajustados en caso de resultar necesario. De ah� que, al igual que en el Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, as� como en el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, se prevea la posibilidad de ir levantando y modulando las limitaciones impuestas en virtud del estado de alarma, siempre y cuando lo permitan los par醡etros e indicadores previstos en el Plan para cada uno de los territorios.

Durante la vigencia de esta nueva pr髍roga se pretende culminar esta progresiva desescalada, partiendo de un escenario abierto y flexible, tanto para el levantamiento y definitiva p閞dida de eficacia de las medidas, como para el 醡bito geogr醘ico en el que van a proyectarse, por lo que se tratar韆 de la 鷏tima pr髍roga del estado de alarma. Se refuerza asimismo la cooperaci髇 con las comunidades aut髇omas, que no solo disponen de capacidad para modular la aplicaci髇 de las medidas en su territorio, sino que adem醩 pueden pasar a ser durante la vigencia de esta pr髍roga autoridades competentes delegadas para la adopci髇, supresi髇, modulaci髇 y ejecuci髇 de las medidas correspondientes a la fase III del Plan de desescalada, en ejercicio de sus competencias.

III

De acuerdo con lo previsto por el art韈ulo primero.dos de la Ley Org醤ica 4/1981, de 1 de junio, las medidas que se adopten durante la vigencia del estado de alarma, as� como la duraci髇 del mismo, ser醤 en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad y su aplicaci髇 se realizar� de forma proporcionada a las circunstancias.

Como se ha se馻lado en los anteriores reales decretos de pr髍roga, la jurisprudencia constitucional exige desarrollar tal an醠isis atendiendo a la identificaci髇 de la finalidad constitucionalmente leg韙ima pretendida y al cumplimiento de los requisitos del juicio de proporcionalidad mediante el cumplimiento de la triple condici髇 de adecuaci髇, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto (entre otras, SSTC 64/2019, de 9 de mayo, FJ 5; 99/2019, de 18 de julio, FJ 6).

En cuanto a la finalidad leg韙ima, de acuerdo con lo expresado por el Tribunal Constitucional en su Auto de 30 de abril de 2020 (FJ 4), el objetivo de las medidas contenidas en la presente pr髍roga encuentra 玔…] cobertura constitucional bastante en los art韈ulos 15 CE (garant韆 de la integridad f韘ica de las personas) y 43 CE (protecci髇 de la salud), ambos tan intensamente conectados que es dif韈il imaginarlos por separado, m醲ime en las actuales circunstancias�, puesto que se trata de 玔…] limitar el impacto que en la salud de los seres humanos, en su integridad f韘ica y en su derecho a la vida pueda tener la propagaci髇 del COVID-19�.

Se trata de medidas adecuadas para alcanzar tal finalidad. Los indicadores disponibles, tanto en nuestro pa韘 como en otros de nuestro entorno, han puesto de manifiesto de forma sostenida que la limitaci髇 de la libertad deambulatoria, junto con las medidas dirigidas a evitar aglomeraciones o el contacto interpersonal, son altamente eficaces para contener la propagaci髇 de la enfermedad, y, por tanto, resulta previsible que sigan siendo adecuadas durante la vigencia de esta nueva pr髍roga.

Como se馻la el alto tribunal en el auto antes citado, �(a)nte esta incertidumbre tan acentuada y dif韈il de calibrar desde par醡etros jur韉icos que acostumbran a basarse en la seguridad jur韉ica que recoge el art韈ulo 9.3 de la Constituci髇, las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitaci髇 extrema de los contactos y actividades grupales, son las 鷑icas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articul� la declaraci髇 de los estados excepcionales en el a駉 1981�.

En efecto, en Espa馻 se ha detectado un gran descenso en los casos nuevos notificados. Desde el 11 hasta el 31 de mayo se han diagnosticado alrededor de 500 casos diarios, lo cual supone un promedio de m醩 de 3.000 casos diagnosticados cada semana en este per韔do, la mayor韆 de los cuales son casos leves o asintom醫icos. La disminuci髇 se aprecia claramente cuando se compara con cifras de finales de marzo, donde por ejemplo la semana del 23 al 29 de marzo se diagnosticaron m醩 de 55.000 casos, y en una amplia proporci髇 fueron casos que requirieron hospitalizaci髇.

Si se examina el n鷐ero de decesos, puede asimismo observarse la dr醩tica reducci髇 que se ha producido desde el pico de la epidemia con un n鷐ero m醲imo alcanzado de m醩 de 900 defunciones notificadas en un d韆, hasta las 384 que se han notificado entre los casos diagnosticados desde el 11 al 31 de mayo, y que se registran de forma individualizada con base en la nueva estrategia de vigilancia.

Estas medidas, provistas de una justificaci髇 leg韙ima y adecuadas para la consecuci髇 del fin perseguido, siguen resultando necesarias en la actualidad.

De acuerdo con los datos disponibles, en la actual fase de evoluci髇 de la pandemia, la p閞dida de vigencia autom醫ica de dichas medidas, sin un levantamiento gradual y coordinado de las mismas, tal y como se prev� en el Plan para la desescalada, no solo podr韆 comprometer el logro de los objetivos de contenci髇 de la pandemia antes descritos, sino que podr韆 generar el riesgo de aparici髇 de nuevas cadenas de transmisi髇 no identificadas.

En concreto, atendiendo al principio de precauci髇 que debe guiar la actuaci髇 de los poderes p鷅licos en la gesti髇 del riesgo sanitario, resulta indispensable mantener la limitaci髇 a la libertad de circulaci髇 de las personas en los t閞minos previstos en el vigente Real Decreto 463/2020, 14 de marzo, si bien modulados conforme a lo previsto en este real decreto de pr髍roga, y por las 髍denes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas dictadas al amparo de las habilitaciones contenidas en el citado real decreto.

Solo manteniendo la limitaci髇 a la libertad deambulatoria entre las distintas provincias, islas y unidades territoriales ser� posible culminar el plan para controlar la pandemia y esta limitaci髇, de alcance general para toda la poblaci髇 y aplicable en todo el territorio, 鷑icamente puede establecerse en el marco del estado de alarma. No existe en estos momentos alternativa jur韉ica que permita limitar en todo el territorio nacional el derecho fundamental contenido en el art韈ulo 19 de la Constituci髇 Espa駉la, toda vez que la legislaci髇 ordinaria resulta insuficiente por s� sola para restringir este derecho fundamental. La aplicaci髇 del r間imen jur韉ico ordinario previsto, entre otras, fundamentalmente en la Ley Org醤ica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P鷅lica, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud P鷅lica, tan solo permitir韆 establecer medidas de 醡bito subjetivo y territorial mucho m醩 restringido e inadecuadas para contener de forma eficaz la propagaci髇 de la enfermedad en atenci髇 a ese car醕ter.

Ahora bien, la pr髍roga que se establece en este real decreto solamente contempla el mantenimiento de las restricciones a la libre circulaci髇 de las personas estrictamente indispensables para alcanzar el fin perseguido, en atenci髇 a la distinta situaci髇 en que se encuentren las distintas unidades territoriales.

Dado que todo el territorio nacional se encuentra al menos en fase I debido a la mejora de los indicadores, se permite la libre movilidad en el interior de la unidad territorial de referencia. La limitaci髇, salvo causas justificadas, se circunscribe a los movimientos fuera de aquella, a fin de poder contener eficazmente la enfermedad y evaluar adecuadamente el impacto de las medidas de desescalada en cada uno de esos 醡bitos territoriales.

La pr髍roga establecida en este real decreto contempla, al igual que ya lo hizo la anterior, la p閞dida de eficacia de las limitaciones a la libre circulaci髇 de las personas para aquellas unidades territoriales que hayan completado todas las fases de desescalada, de modo que ser� posible para las personas que se encuentren en ellas desplazarse a cualquier parte del territorio nacional, sin perjuicio de las limitaciones que pudieran afectarles cuando se desplacen a aquellos territorios que aun no hubieran completado el proceso de desescalada.

En cuanto al resto de las medidas de contenci髇, durante la vigencia de la nueva pr髍roga se mantiene la posibilidad de adaptar y levantar las limitaciones de forma progresiva y gradual, siempre y cuando lo permitan los indicadores. De manera complementaria, la pr髍roga establecida en este real decreto, al igual que las anteriores, contempla la posibilidad de modular la aplicaci髇 de las medidas por parte de las comunidades aut髇omas, de modo que pueda asegurarse un constante ajuste de las mismas a la evoluci髇 de las distintas unidades territoriales.

Finalmente, las medidas previstas para esta nueva pr髍roga no s髄o disponen de justificaci髇 constitucional y cumplen con los requisitos de adecuaci髇 y de necesidad, sino que tambi閚 se ajustan a la proporcionalidad en sentido estricto.

En cuanto a los beneficios, resulta previsible que las medidas que se prorrogan, convenientemente adaptadas a la evoluci髇 territorial de los distintos indicadores de car醕ter sanitario y epidemiol骻ico, sigan resultando eficaces para contener la propagaci髇 de la enfermedad.

Pero, como se ha se馻lado en anteriores ocasiones, las decisiones sobre la pr髍roga del estado de alarma no pueden 鷑icamente sustentarse en la evaluaci髇 del riesgo sanitario, ya que en la gesti髇 de este riesgo intervienen asimismo otros factores pertinentes de car醕ter socioecon髆ico que deben ser convenientemente sopesados.

En este sentido, la pandemia y las medidas de contenci髇 han afectado al normal desenvolvimiento de las relaciones familiares, sociales y laborales, con especial incidencia en colectivos vulnerables, y han impactado asimismo en la actividad de numerosos sectores productivos, con importantes p閞didas de rentas para hogares, aut髇omos y empresas.

Debe, por tanto, alcanzarse un adecuado equilibrio entre costes y beneficios. Y este equilibrio es el que conforma el Plan de desescalada al proponer que la reactivaci髇 progresiva de la actividad econ髆ica, social y cultural requiere afianzar nuevos comportamientos por parte de las personas y las empresas, como la autoprotecci髇 y la separaci髇 f韘ica, con el fin de que la recuperaci髇 se produzca en condiciones que aseguren la m醲ima seguridad sanitaria, partiendo de la experiencia adquirida.

En definitiva, atendiendo al car醕ter basilar del derecho a la vida, a la integridad f韘ica y a la salud que se pretende salvaguardar de manera adecuada y necesaria por la nueva pr髍roga, cabe concluir que los beneficios derivados de ella, consistentes en contener la propagaci髇 de la enfermedad, fortalecer la capacidad asistencial de los sistemas sanitarios, y afianzar comportamientos de prevenci髇 en el conjunto de la poblaci髇, son mayores que los costes que ocasiona, que por otra parte est醤 tratando de ser atenuados mediante la progresiva recuperaci髇 de la libre circulaci髇 y de las actividades econ髆icas, sociales y culturales a medida que la evoluci髇 de los indicadores lo hace posible.

IV

En atenci髇 a lo anteriormente expuesto, se mantiene la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y de las medidas que lo modifican, aplican y desarrollan, hasta las 00:00 horas del d韆 21 de junio de 2020.

No obstante, y de acuerdo con el marco previsto en el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, mediante el presente real decreto se contin鷄 habilitando al Ministro de Sanidad, en su condici髇 de autoridad competente delegada, con arreglo al principio de cooperaci髇 con las comunidades aut髇omas y las ciudades de Ceuta y Melilla, a concretar las medidas que deban aplicarse en el proceso de desescalada, en un marco de cogobernanza.

La progresi髇 de las medidas, o su eventual regresi髇, se determinar� en funci髇 de la evoluci髇 de diversos indicadores, tanto sanitarios y epidemiol骻icos, como sociales, econ髆icos y de movilidad. Adem醩, estas medidas podr醤 aplicarse en 醡bitos territoriales concretos, ya sea la provincia, isla o unidad territorial de referencia en el proceso de desescalada.

En este sentido, la habilitaci髇 al Ministro de Sanidad que se contiene en el art韈ulo 3.1 de este real decreto como autoridad competente delegada, a propuesta, en su caso, de las comunidades aut髇omas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se refiere a las medidas de desescalada en todos los 醡bitos de actividad afectados por las restricciones establecidas en la declaraci髇 del estado de alarma y sus sucesivas pr髍rogas, con arreglo al principio de cooperaci髇 con las comunidades aut髇omas.

En cuanto a la libertad deambulatoria, esta pr髍roga determina que, en el marco de las decisiones que se adopten sobre la progresi髇 de las medidas de desescalada, las personas podr醤 desplazarse por la provincia, la isla o la unidad territorial de referencia en que se encuentren. Todo ello sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situaci髇 de necesidad o cualquier otra de an醠oga naturaleza.

Al igual que en la pr髍roga anterior, se prev� que el Gobierno pueda acordar conjuntamente con cada comunidad aut髇oma la modificaci髇, ampliaci髇 o restricci髇 de las unidades de actuaci髇 y de las limitaciones respecto a la libertad de circulaci髇 de las personas, de las medidas de contenci髇 y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evoluci髇 de la emergencia sanitaria en cada una de ellas. En caso de acuerdo, estas medidas ser醤 aplicadas por quien ostente la Presidencia de la comunidad aut髇oma, como representante ordinario del Estado en el territorio. Se mantiene asimismo la espec韋ica previsi髇 contemplada el art韈ulo 4.2 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, respecto de los enclaves.

Asimismo, en el art韈ulo 5 se mantiene la previsi髇 de que la superaci髇 de todas las fases previstas en el Plan para la desescalada determinar� que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaraci髇 del estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales, a fin de mantener las medidas limitativas y de contenci髇 鷑icamente en las unidades territoriales en que resulten indispensables.

Pero, adem醩, durante la vigencia de la nueva pr髍roga se prev� una mayor participaci髇 de las comunidades aut髇omas en el proceso de desescalada y en la adopci髇 de medidas, adem醩 de ahondar en la progresiva recuperaci髇 de sus competencias ya iniciada en anteriores pr髍rogas.

En este sentido, cobra especial relevancia el contenido del art韈ulo 6, en virtud del cual, la autoridad competente delegada para el ejercicio de las funciones derivadas del estado de alarma, adem醩 del Ministro de Sanidad, bajo la superior direcci髇 del Presidente del Gobierno y con arreglo al principio de cooperaci髇 con las comunidades aut髇omas, ser� quien ostente la Presidencia de la comunidad aut髇oma. Este ultimo ser� la autoridad competente delegada, con car醕ter exclusivo, para la adopci髇, supresi髇, modulaci髇 y ejecuci髇 de las medidas correspondientes a la fase III del Plan de desescalada, en ejercicio de sus competencias, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulaci髇 que excedan el 醡bito de la unidad territorial determinada para cada comunidad aut髇oma a los efectos del proceso de desescalada.

Adem醩, se prev� que sean las propias comunidades aut髇omas las que puedan decidir, con arreglo a criterios sanitarios y epidemiol骻icos, la superaci髇 de la fase III en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad, a los efectos de lo previsto en el art韈ulo 5 de este real decreto.

Asimismo, corresponder� durante ese periodo a las administraciones p鷅licas competentes el ejercicio de las funciones contempladas en el art韈ulo 5 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Tambi閚 se mantiene la previsi髇 del art韈ulo 7, conforme a la cual, las administraciones educativas competentes podr醤 disponer la flexibilizaci髇 de las medidas de contenci髇 y la reanudaci髇 de las actividades presenciales en el 醡bito educativo no universitario y de la formaci髇, siempre que se acuerde la progresi髇 a fase II o posterior en un determinado 醡bito territorial con arreglo a las previsiones de este real decreto. En todo caso, durante este periodo, las actividades educativas podr醤 mantenerse a trav閟 de las modalidades a distancia y 玱n line�, siempre que resulte posible.

Por 鷏timo, en el art韈ulo 8, se mantiene la vigencia de las 髍denes, resoluciones, disposiciones e instrucciones dictadas por las autoridades competentes delegadas previstas en el art韈ulo 4.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en otras posteriores, ni a lo establecido en este real decreto, o, en su caso, a lo que dispongan las autoridades competentes delegadas a las que se refiere el art韈ulo 6 en ejercicio de sus competencias.

En definitiva, se prev� que, durante la vigencia de la nueva pr髍roga del estado de alarma, culmine el gradual levantamiento de las medidas de contenci髇 previstas en el Plan para la desescalada y se contempla asimismo que puedan quedar sin efecto las medidas en aquellos 醡bitos territoriales que superen todas las fases del citado Plan.

Por todo ello, a la luz de los datos disponibles y de los informes de evaluaci髇 elaborados por la autoridad competente delegada, se estima imprescindible prorrogar de nuevo el estado de alarma declarado inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, as� como la vigencia de las medidas en 閘 contenidas, en los t閞minos contemplados en este real decreto, hasta las 00:00 horas del d韆 21 de junio de 2020.

La Ley Org醤ica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepci髇 y sitio, dispone que el estado de alarma requiere, para ser prorrogado, de la autorizaci髇 expresa del Congreso de los Diputados, que podr� establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la pr髍roga.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2020, el Gobierno solicit� del Congreso de los Diputados autorizaci髇 para prorrogar el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el fin de garantizar la eficaz gesti髇 de la emergencia sanitaria y contener la propagaci髇 de la enfermedad.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesi髇 del d韆 3 de junio de 2020, acord� conceder la autorizaci髇 requerida, en los t閞minos solicitados por el Gobierno.

En su virtud, al amparo de lo previsto por el art韈ulo 116.2 de la Constituci髇 Espa駉la, y de conformidad con lo dispuesto en el art韈ulo sexto.dos de la Ley Org醤ica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepci髇 y sitio, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democr醫ica y del Ministro de Sanidad, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 5 de junio de 2020,

DISPONGO: