Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 醡bito energ閠ico para el fomento de la movilidad el閏trica, el autoconsumo y el despliegue de energ韆s renovables

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Sumario

V閍se la Res. 25 enero 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 醡bito energ閠ico para el fomento de la movilidad el閏trica, el autoconsumo y el despliegue de energ韆s renovables (獴.O.E.� 29 enero).LE0000718020_20220129

I

La descarbonizaci髇 de la econom韆, adem醩 de una necesidad imperiosa para limitar el cambio clim醫ico y sus efectos sobre el planeta, representa una oportunidad desde el punto de vista econ髆ico, tal y como ha identificado el Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia (PRTR), de forma de que los fondos destinados por Europa a reparar los da駉s provocados por la crisis del COVID-19 sirvan, a trav閟 de reformas e inversiones, para construir una recuperaci髇 econ髆ica, social y ambientalmente sostenible.

El desarrollo e implementaci髇 del PRTR ha puesto de manifiesto la necesidad de acelerar el despliegue de nuevos modelos de negocio relacionados con la energ韆, como la movilidad el閏trica, el autoconsumo o las renovables innovadoras, para los cuales el marco normativo vigente en la actualidad presenta indefiniciones y barreras que dificultan enormemente, en algunas ocasiones llegando incluso a imposibilitar, su desarrollo.

Mediante este real decreto-ley se adoptan medidas urgentes en el 醡bito energ閠ico tendentes a eliminar las barreras normativas que impiden o dificultan un despliegue acelerado de la movilidad el閏trica, el autoconsumo o las energ韆s renovables innovadoras, lo que permitir� la ejecuci髇 eficaz y diligente de los fondos del PRTR y la consecuci髇 de los objetivos fijados en el marco estrat間ico de energ韆 y clima, movilizando inversiones, creando empleo y anticipando los beneficios de la transici髇 hacia un modelo econ髆ico y social m醩 sostenible.

En particular, este real decreto-ley facilitar� la aplicaci髇 y despliegue de las l韓eas de actuaci髇 incluidas en el 玃royecto Estrat間ico para la Recuperaci髇 y Transformaci髇 Econ髆ica (PERTE) de Energ韆s Renovables, Hidr骻eno Renovable y Almacenamiento� aprobado por el Consejo de Ministros con fecha 14 de diciembre de 2021.

II

En relaci髇 con la movilidad el閏trica, se act鷄 sobre uno de los aspectos m醩 cr韙icos para su despliegue: el desarrollo de la infraestructura de recarga p鷅lica, en particular aquella de alta capacidad, que evite la sensaci髇 de 玜nsiedad de autonom韆�, que detrae a muchos compradores de la decisi髇 de adquirir y usar los veh韈ulos el閏tricos en desplazamientos interurbanos de larga distancia.

El art韈ulo 14 de la de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio clim醫ico y transici髇 energ閠ica, establece en su apartado 1 la obligaci髇 de las Administraciones, en el marco de sus respectivas competencias, de adoptar medidas para alcanzar en el a駉 2050 un parque de turismos y veh韈ulos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO₂, de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria. A estos efectos, el Plan Nacional Integrado de Energ韆 y Clima fijar韆 para el a駉 2030 objetivos de penetraci髇 de veh韈ulos matriculados con nulas o bajas emisiones directas de CO₂, seg鷑 sus diferentes categor韆s. En el citado plan, se considera que se alcanzar� un parque de veh韈ulos de 5.000.000 en 2030.

El apartado 2 del art韈ulo 15 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio clim醫ico y transici髇 energ閠ica establece la obligaci髇 de que los titulares de los de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a veh韈ulos cuyo volumen anual agregado de ventas de gasolina y gas髄eo A en 2019 sea superior o igual a 10 millones de litros de instalar, al menos una infraestructura de recarga el閏trica de potencia igual o superior a 150 kW en corriente continua, que deber� prestar servicio en un plazo de veintiuno meses desde la entrada en vigor de la ley.

Asimismo, el apartado 3 establece la obligaci髇 de instalar al menos una infraestructura de recarga el閏trica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua a los titulares cuyo volumen anual agregado de ventas de gasolina y gas髄eo A en 2019 sea superior o igual a 5 millones de litros y menor a 10 millones de litros, que deber� prestar servicio en un plazo de veintisiete meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Actualmente, se est� negociando en la UE la propuesta de Reglamento de Combustibles Alternativos. En 閟te se contempla una potencia acumulada a nivel nacional en funci髇 de parque de veh韈ulos el閏tricos e h韇ridos, as� como una cobertura m韓ima de puntos de recarga en la RTE-T (cada 60 km y unas potencias m韓imas por estaci髇 de 300 kW en 2026 y de 600 kW en 2031 para veh韈ulos ligeros y de 1.400 kW en 2026 y de 3.500 kW en 2031 para pesados).

Es por tanto necesario promover con urgencia medidas que faciliten el despliegue de puntos de recarga en el entorno de las principales v韆s de comunicaci髇 incluyendo las carreteras del Estado. Para ello, como primera medida, se facilita el r間imen de autorizaciones de estos puntos en los terrenos colindantes a dichas carreteras, en unas determinadas condiciones y siempre que se garantice la seguridad vial, lo que se lleva a cabo mediante una modificaci髇 del art韈ulo 28 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

Dicha modificaci髇, a su vez, abre paso al establecimiento de las obligaciones concretas y los plazos para la instalaci髇 de puntos de recarga de alta capacidad, previstas en el referido art韈ulo 15 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio clim醫ico y transici髇 energ閠ica, para el caso de las personas concesionarias de carreteras estatales con contratos en ejecuci髇 a la entrada en vigor de dicha ley en los que se incluyan instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a veh韈ulos.

En tercer lugar, con el objetivo de reducir las cargas y barreras administrativas para el despliegue de la infraestructura de recarga, se modifica el art韈ulo 48 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector El閏trico, para incluir un nuevo apartado 5 que establece que, para la instalaci髇 de puntos de recarga, no podr� exigirse por parte de las administraciones p鷅licas competentes la obtenci髇 de licencia o autorizaci髇 previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, de car醕ter medioambiental ni otras de clase similar o an醠ogas, que ser醤 sustituidas por declaraciones responsables, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. Este nuevo apartado tiene car醕ter b醩ico, al amparo de lo dispuesto por el art韈ulo 149.1, 13.� y 25.� de la Constituci髇, en la medida en que, como ha se馻lado la doctrina del Tribunal Constitucional (por todas, STC 79/2017, FJ 7), se fija una determinada modalidad de intervenci髇 administrativa que remueve obst醕ulos sin menoscabo del cumplimiento de la normativa vigente, con la finalidad de dinamizar la instalaci髇 de puntos de recarga y, con ello, impulsar decididamente la transici髇 hacia un modelo econ髆ico m醩 sostenible.

En cuarto lugar, siguiendo con el fomento del despliegue de la infraestructura de recarga, se incorporan al ordenamiento jur韉ico nuevas exigencias para los edificios existentes de uso distinto al residencial privado y que cuenten con una zona de uso aparcamiento con m醩 de veinte plazas, que deber醤 contar, antes del 1 de enero de 2023, con dotaciones m韓imas de infraestructura de recarga de veh韈ulos el閏tricos proporcionales al n鷐ero total de plazas de aparcamiento. Los requisitos ser醤 m醩 exigentes para el caso de edificios de titularidad de la Administraci髇 General del Estado o de los organismos p鷅licos vinculados a ella o dependientes de la misma, en l韓ea con el necesario papel ejemplarizante del sector p鷅lico. Asimismo, se incluyen obligaciones para fijar las dotaciones m韓imas de recarga de veh韈ulos el閏tricos en estacionamientos existentes no adscritos ni ubicados en edificios. Estas exigencias se ver醤 complementadas por las establecidas en el C骴igo T閏nico de la Edificaci髇 y el Reglamento electrot閏nico de baja tensi髇 para estacionamientos adscritos o no a edificios de nueva construcci髇 o sujetos a reformas en el propio estacionamiento o en el edificio al que est閚 adscritos. Estas disposiciones son una transposici髇 parcial de la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energ閠ica de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa la eficiencia energ閠ica. Con el establecimiento de estas exigencias se da asimismo cumplimiento a la exigencia establecida para el 1 de enero de 2023 por el art韈ulo 15.10 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio clim醫ico y transici髇 energ閠ica. Asimismo, se da cumplimiento al componente 1 del PRTR sobre 玃lan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos� y, en concreto, al hito 2 dentro de la reforma C1.R1. denominada 玃lan de despliegue de la infraestructura de recarga y de impulso del veh韈ulo el閏trico�.

En el 醡bito fiscal, para contribuir al despliegue de los puntos de recarga de veh韈ulos el閏tricos, se crean bonificaciones en los tributos locales, mediante la reforma del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En este sentido, se prev� la posibilidad de que las ordenanzas fiscales puedan regular una bonificaci髇 de hasta el 50 por ciento de la cuota 韓tegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles en los que se hayan instalado puntos de recarga para veh韈ulos el閏tricos, condicionada a que las instalaciones dispongan de la correspondiente homologaci髇 por la Administraci髇 competente. Asimismo, se prev� la posibilidad de que las ordenanzas locales bonifiquen hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente del impuesto sobre actividades econ髆icas para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan instalado puntos de recarga para veh韈ulos el閏tricos en los locales afectos a la actividad econ髆ica y, por 鷏timo, una bonificaci髇 de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instalaci髇 de puntos de recarga para veh韈ulos el閏tricos.

Por otro lado, en distintas ocasiones se ha puesto en conocimiento del Ministerio para la Transici髇 Ecol骻ica y el Reto Demogr醘ico el posible incumplimiento por parte de las empresas distribuidoras de energ韆 el閏trica de los diferentes plazos a los que se refiere la normativa, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 13 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexi髇 a las redes de transporte y distribuci髇 de energ韆 el閏trica, para comunicar y dar traslado al promotor de una infraestructura el閏trica de puntos de recarga del resultado del an醠isis de las solicitudes realizadas por estos. Solicitudes que van acompa馻das de las condiciones t閏nico-econ髆icas asociadas a dicha instalaci髇.

Por ello, al objeto de garantizar el cumplimiento de dichos plazos y reforzar el car醕ter estrat間ico de dichas infraestructuras, se incorpora en el marco legal un r間imen sancionador, generalizado para el posible incumplimiento de plazos por parte de la distribuidora, y particularizado para el caso de que la instalaci髇 de consumo corresponda con una infraestructura de puntos de recarga.

Este r間imen sancionador est� integrado por tres nuevos tipos infractores: infracci髇 muy grave (ante incumplimiento reiterado que cause grave da駉 a los intereses generales), infracci髇 grave (ante incumplimiento reiterado que cause grave perjuicio a los consumidores finales), e infracci髇 leve (cuando cause perjuicio a los consumidores).

Tambi閚 en el 醡bito sancionador, con objeto de reforzar el necesario y urgente cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art韈ulo 15 de la Ley 7/2021, de Cambio Clim醫ico y Transici髇 Energ閠ica, y en este real decreto-ley, se introduce en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos un nuevo tipo sancionador en virtud del cual se considera infracci髇 grave el incumplimiento por parte de los titulares de estaciones de servicio de instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a veh韈ulos de sus obligaciones de instalaci髇 de puntos de recarga el閏trica.

La introducci髇 de estos nuevos tipos infractores, cuya aplicaci髇 a cada caso concreto se har� con gradualidad y atendiendo al perjuicio producido, la intencionalidad y reiteraci髇 en la comisi髇 de la infracci髇, contribuir� al necesario despliegue de la movilidad el閏trica.

III

En lo que se refiere al autoconsumo, el Gobierno ha desarrollado una Hoja de Ruta que identifica el potencial y las medidas necesarias para un despliegue efectivo que maximice las oportunidades para el conjunto de los consumidores, as� como toda la cadena de valor, algunas de las cuales se han revelado como especialmente urgentes para evitar retrasos en el despliegue de esta modalidad.

En primer lugar, la modalidad a trav閟 de la red es un camino para lograr la optimizaci髇 de instalaciones de producci髇 asociadas al autoconsumo al vincularla no solo a los consumidores conectados en la red interior sino tambi閚 a otros consumidores que, sin estar directamente conectados a la red interior, se encuentran pr髕imos a dicha instalaci髇 y conectados a trav閟 de las redes de transporte y distribuci髇.

Estas instalaciones son catalogadas como 玦nstalaciones pr髕imas a trav閟 de la red�. No obstante, debe de tenerse en cuenta que el autoconsumo por definici髇 y tal y como recoge el art韈ulo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, es 玡l consumo por parte de uno o varios consumidores de energ韆 el閏trica proveniente de instalaciones de producci髇 pr髕imas a las de consumo y asociadas a los mismos�. Es precisamente esta proximidad la que hace que su impacto en t閞minos de menores p閞didas, mayor eficiencia y menores necesidad de redes, y con todo ello de menores impactos ambientales, deba de realizarse con entre instalaciones que disten una peque馻 distancia. Por este motivo, se tom� como distancia m醲ima admisible de los consumidores a la generaci髇, 500 metros, tomando a tal efecto la distancia entre los equipos de medida en su proyecci髇 ortogonal.

No obstante, la redacci髇 del art韈ulo 3.g).iii del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, en su dicci髇 original, hace que, aun respetando la distancia de 500 metros, se exija que los consumidores deban de estar conectados en baja tensi髇 a las redes de transporte y distribuci髇 para poder realizar autoconsumo a trav閟 de la red salvo que estuvieran ubicados en la misma referencia catastral. Esta redacci髇 impide en la mayor parte de los casos la implantaci髇 del autoconsumo a trav閟 de la red para consumidores conectados en alta tensi髇.

Por este motivo, se refuerza el actual marco de impulso del autoconsumo con una nueva medida, mediante la modificaci髇 del apartado 3.g).iii del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, se permite la realizaci髇 de autoconsumo colectivo a trav閟 de la red para en aquellos casos en que la generaci髇 y los consumos se encuentren conectados a una distancia inferior a 500 metros, con independencia del nivel de tensi髇 a que se conecten.

En segundo lugar, con el fin de reducir las cargas administrativas y los costes asociados al autoconsumo de peque馻 potencia, se modifica el art韈ulo 23 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexi髇 a las redes de transporte y distribuci髇 de energ韆 el閏trica, para eximir de la obligaci髇 de presentar garant韆s econ髆icas a las instalaciones de generaci髇 de electricidad de menos de 100 kW asociadas a cualquiera de las modalidades de autoconsumo con excedentes. Esta exenci髇, que no tiene impacto econ髆ico para el sistema, permitir� reducir las cargas administrativas para estas instalaciones de peque馻 potencia, contribuyendo con ello a su despliegue.

Finalmente, teniendo en cuenta el papel relevante de los gestores de las redes en la tramitaci髇 y autorizaci髇 de las instalaciones de autoconsumo que se realiza al amparo del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector El閏trico para introducir una nueva obligaci髇 de dichos gestores consistente en disponer de canales de informaci髇 abiertos para presentar quejas, atender consultas y obtener informaci髇 relativas a los expedientes de acceso a la red de instalaciones de autoconsumo. As�, la posibilidad de realizar un seguimiento pr髕imo de los expedientes y de interponer las correspondientes quejas se configura como un elemento que pretender contribuir al impulso del autoconsumo y a la aceleraci髇 de su implantaci髇 en el territorio.

Ante el despliegue realizado, en la pr醕tica, se ha constatado que pueden darse ciertas irregularidades en el cumplimiento de los plazos por parte de las empresas distribuidoras y comercializadoras.

Con el fin de aumentar la protecci髇 de los consumidores y seguir avanzando en la implantaci髇 de instalaciones y en la penetraci髇 del autoconsumo en los distintos 醡bitos, resulta necesario actualizar el actual r間imen sancionador aplicable al autoconsumo creando tipos espec韋icos para atajar los problemas existentes, entre los que cabe destacar el alargamiento artificial del proceso de tramitaci髇 y alta de las instalaciones de autoconsumo, as� como la posible existencia de problemas en la gesti髇 y comunicaci髇 de excedentes.

Se trata de incorporar tipos espec韋icos relacionados con el autoconsumo completando de esta manera el r間imen sancionador espec韋ico contra los incumplimientos de las empresas comercializadoras y distribuidoras.

Es necesario ponderar los tipos infractores en funci髇 del mayor o menor da駉 producido. As�, se la regulaci髇 de nuevas infracciones se modula en funci髇 de la gravedad de las mismas.

IV

Por otra parte, este real decreto-ley introduce tambi閚 otro conjunto de medidas que contribuyen a la reducci髇 de los costes de la factura final el閏trica y de gas natural.

En primer lugar, se procede a prorrogar la vigencia de determinadas medidas tributarias en el sector el閏trico.

En primer t閞mino, se prorroga durante el primer trimestre de 2022 la suspensi髇 temporal del Impuesto sobre el valor de la producci髇 de energ韆 el閏trica.

Mediante el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 醡bito de la fiscalidad energ閠ica y en materia de generaci髇 de energ韆, y sobre gesti髇 del canon de regulaci髇 y de la tarifa de utilizaci髇 del agua, se estableci� la suspensi髇 temporal, para el tercer trimestre de 2021, del impuesto sobre el valor de la producci髇 de la energ韆 el閏trica, puesto que la evoluci髇 de precios de la electricidad ya observada en aquel momento permit韆 articular aquella medida sin menoscabo de la sostenibilidad econ髆ica y financiera del sistema el閏trico.

Posteriormente, mediante el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, se prolong� dicha medida durante el segundo semestre completo del ejercicio 2021.

Dado que la situaci髇 en relaci髇 con los precios mayoristas de la electricidad inusualmente elevados va a extenderse durante el primer trimestre de 2022 se considera oportuno prolongar tal medida durante dicho periodo, de manera que, en suma, el referido Impuesto sobre el valor de la producci髇 de la energ韆 el閏trica quedar� suspendido durante el primer trimestre del ejercicio 2022.

De esta forma, mediante la exoneraci髇 del impuesto, los productores de electricidad, en tanto que sujetos obligados de dicho tributo, podr醤 volver a ofertar precios m醩 competitivos que redunden favorablemente en los consumidores al verse reducido uno de sus costes operativos. Con el fin de garantizar el equilibrio del sistema, se compensar� al sistema el閏trico por el importe equivalente a la reducci髇 de recaudaci髇 consecuencia de esta medida.

Por otra parte, de forma excepcional y transitoria, se mantiene hasta el 30 de abril de 2022 la aplicaci髇 del tipo reducido del 10 por ciento del Impuesto sobre el Valor A馻dido, en adelante IVA, que recae sobre todos los componentes de la factura el閏trica para los contratos cuyo t閞mino fijo de potencia no supere los 10 kW cuando el precio medio mensual del mercado mayorista en el mes anterior al de la facturaci髇 haya superado los 45 €/MWh.

Tambi閚 se prorroga la aplicaci髇 del tipo impositivo del 10 por ciento del IVA para los suministros efectuados a favor de los titulares de contratos de suministro de electricidad que sean perceptores del bono social y, adem醩, tengan reconocida la condici髇 de vulnerable severo o vulnerable severo en riesgo de exclusi髇 social, durante el periodo de vigencia de este real decreto-ley, con independencia del precio de la electricidad del mercado mayorista.

Estas medidas han sido comunicadas mediante procedimiento escrito al Comit� del IVA para dar cumplimiento a la normativa comunitaria con fecha de 16 de diciembre de 2021.

Igualmente, se considera oportuno seguir aplicando durante el primer cuatrimestre de 2022 los tipos impositivos m韓imos exigidos por la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el r間imen comunitario de imposici髇 de los productos energ閠icos y de la electricidad, en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Esta misma medida ya fue recogida en el aludido Real Decreto-ley 17/2021 de 14 de septiembre, por el que se estableci� de forma excepcional y transitoria, hasta el 31 de diciembre de 2021, una reducci髇 del tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad, regulado en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, del 5,11269632 por ciento al 0,5 por ciento.

Dicho impuesto indirecto, que recae sobre el consumo de la electricidad, est� armonizado a nivel comunitario seg鷑 los preceptos de la mencionada Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, conforme a la cual los niveles m韓imos de imposici髇 no pueden ser inferiores a 0,5 euros por megavatio-hora si dicha electricidad se utiliza con fines profesionales, o a 1 euro por megavatio-hora en el resto de los casos.

Por consiguiente, si, como resultado de aplicar el tipo impositivo del 0,5 por ciento sobre la base imponible del Impuesto Especial sobre la Electricidad, la tributaci髇 efectiva era inferior a 1 euro por megavatio-hora suministrado o consumido, el importe a satisfacer por dicho Impuesto no podr� ser inferior a esa cuant韆.

En el supuesto de la electricidad suministrada o consumida en usos industriales, tienen dicha consideraci髇 los efectuados en alta tensi髇 o en plantas e instalaciones industriales, as� como los efectuados en baja tensi髇 con destino a riegos agr韈olas, o en el supuesto de la electricidad suministrada o consumida en embarcaciones atracadas en puerto que no tengan la condici髇 de embarcaciones privadas de recreo o en el transporte por ferrocarril, el resultado de aplicar el tipo impositivo del 0,5 por ciento sobre la base imponible del Impuesto Especial sobre la Electricidad no podr� ser inferior a 0,5 euros por megavatio-hora suministrado o consumido.

En coherencia con las medidas anteriores, se hace lo propio con los descuentos del bono social establecidos en el art韈ulo 1 del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energ韆 para la protecci髇 de los consumidores y la introducci髇 de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural, cuya vigencia se prorroga hasta el 30 de abril de 2022.

En el 醡bito del gas natural, los altos precios del gas natural en los mercados internaciones, situados en niveles m醲imos hist髍icos, tienen una repercusi髇 directa en los costes de producci髇 de muchos sectores industriales, obligando en muchos casos a reajustes en el propio funcionamiento de estas empresas, reduciendo incluso sus niveles producci髇. En consecuencia, para tratar de limitar el impacto de esta subida inesperada de costes de producci髇 derivados de las altas cotizaciones del gas natural, y al igual que se hizo durante el periodo de duraci髇 del estado de alarma declarado con motivo de contener la expansi髇 de la pandemia de la COVID-19, resulta conveniente aplicar medidas de flexibilizaci髇 de la contrataci髇 del gas natural hasta el 31 de marzo de 2022, con el objetivo de que las empresas que se vean forzadas a reducir su producci髇 no tengan que soportar costes adicionales derivados de las limitaciones que la normativa vigente impone a los cambios de caudal contratado de gas natural. Adem醩, estas medidas no supondr醤 un coste para los consumidores ni implicar醤 cargos adicionales al absorberse su impacto econ髆ico para el sistema con el esperado super醰it por unos ingresos superiores a los esperados.

Por otra parte, se mantiene, hasta el 30 de junio de 2022, la aplicaci髇 del 4 por ciento del tipo impositivo del IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de mascarillas quir鷕gicas desechables, habida cuenta del uso generalizado que de estas se est� viendo obligado a hacer la poblaci髇 como consecuencia de la prolongaci髇 de la pandemia, medida en cuya adopci髇 se considera que concurre el presupuesto habilitante para el recurso al instrumento jur韉ico del Real Decreto-ley, por cuanto se estima precisa la aprobaci髇 de su pr髍roga de manera inmediata, dado que el art韈ulo 7 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energ閠ico, y en materia tributaria, limita su aplicaci髇 hasta el 31 de diciembre de 2021.

A su vez, se mantiene hasta el 30 de junio de 2022 la aplicaci髇 de un tipo del cero por ciento del Impuesto sobre el Valor A馻dido a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades p鷅licas, sin 醤imo de lucro y centros hospitalarios, que, hasta el 31 de diciembre de 2021, est� regulada en la disposici髇 adicional primera del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposici髇 de directivas de la Uni髇 Europea en las materias de competencia, prevenci髇 del blanqueo de capitales, entidades de cr閐ito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevenci髇 y reparaci髇 de da駉s medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestaci髇 de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.

De esta forma, se extiende su plazo de vigencia para garantizar la continuidad en la respuesta del sistema sanitario en el control de la pandemia y de las nuevas variantes de la COVID-19.

Con base en la Decisi髇 (UE) 2020/491 de la Comisi髇 de 3 de abril de 2020 relativa a la concesi髇 de una franquicia de derechos de importaci髇 y de una exenci髇 del IVA respecto de la importaci髇 de las mercanc韆s necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el a駉 2020, el art韈ulo 8 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la econom韆 y el empleo, ante la necesidad de combatir la pandemia ocasionada por el COVID-19 y facilitar de forma prioritaria que el suministro de material sanitario se realizase de forma r醦ida y efectiva, estableci� hasta el 31 de julio de 2020 la aplicaci髇 de un tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor A馻dido del cero por ciento a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de este tipo de bienes cuyos destinatarios sean entidades p鷅licas, sin 醤imo de lucro y centros hospitalarios.

Posteriormente, al aprobarse la Decisi髇 (UE) 2020/1101 de la Comisi髇, de 23 de julio de 2020, por la que se modifica la Decisi髇 (UE) 2020/491, relativa a la concesi髇 de una franquicia de derechos de importaci髇 y de una exenci髇 del IVA respecto de la importaci髇 de las mercanc韆s necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el a駉 2020, prorrogando la aplicaci髇 de dicho tipo impositivo hasta el 31 de octubre, se procedi�, mediante el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, a extender hasta la citada fecha la aplicaci髇 de la medida. M醩 tarde, la aprobaci髇 de la Decisi髇 (UE) 2020/1573 de la Comisi髇, de 28 de octubre de 2020, por la que se modifica la Decisi髇 (UE) 2020/491, relativa a la concesi髇 de una franquicia de derechos de importaci髇 y de una exenci髇 del IVA respecto de la importaci髇 de las mercanc韆s necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el a駉 2020, conllev�, mediante el art韈ulo 6 del citado Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, la ampliaci髇 temporal de los efectos de dicha medida hasta el 30 de abril de 2021.

Con posterioridad, se aprob� la Decisi髇 (UE) 2021/660 de la Comisi髇, de 19 de abril de 2021, por la que se modifica la Decisi髇 (UE) 2020/491, relativa a la concesi髇 de una franquicia de derechos de importaci髇 y de una exenci髇 del IVA respecto de la importaci髇 de las mercanc韆s necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el a駉 2020, con efectos hasta 31 de diciembre de 2021; al amparo de la norma comunitaria, mediante la citada disposici髇 adicional primera del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, se procedi� a extender la aplicaci髇 de la medida con igual vigencia.

Habi閚dose aprobado una nueva Decisi髇 por la Comisi髇 Europea, con efectos hasta el 30 de junio de 2022, y constatada la eficacia de la medida, se juzga conveniente ampliar su aplicaci髇 durante el primer semestre de 2022.

V

Espa馻 se ha convertido en uno de los principales focos de atracci髇 de inversiones en energ韆 renovable del mundo. Ello es consecuencia de la apuesta decidida del Gobierno por la descarbonizaci髇, acompa馻da por las estrategias de las empresas energ閠icas, la abundancia del recurso renovable, la existencia de un sector industrial consolidado en toda la cadena de valor y el impulso de un marco regulatorio favorable y con bajo riesgo.

Debido a la reducci髇 de costes de las tecnolog韆s renovables, que permite que las instalaciones puedan competir en el mercado sin necesidad de 玴rimas�, a la referida abundancia del recurso y a la gran oferta de capital en los mercados, los principales factores limitantes para la instalaci髇 de nuevos proyectos renovables vienen determinados por el acceso a la red de transporte y distribuci髇, la capacidad de las Administraciones P鷅licas para tramitar el contingente de proyectos, tanto sustantiva como ambientalmente, as� como la necesidad de ponderar adecuadamente, de una parte, las exigencias econ髆icas y ambientales asociadas con el despliegue de las energ韆s renovables y, de otra, las asociadas con la cohesi髇 social y territorial, particularmente en lo que afecta a las l韓eas de evacuaci髇 y conexi髇 a la red.

Pese a estos factores limitantes, desde el a駉 2018 se viene observando un crecimiento exponencial de proyectos renovables, en muchos casos desarrollados por empresas especializadas en las primeras fases de obtenci髇 de los permisos de acceso y autorizaciones administrativas, vendiendo los proyectos justo antes de la fase de construcci髇 a fondos de inversi髇 o empresas energ閠icas, que son los que los construir醤 y operar醤 durante su vida 鷗il.

Los cuantiosos importes que se pagan en el mercado por estos proyectos han generado unos incentivos poderos韘imos para acaparar permisos de acceso a la red y tramitar carteras de proyectos de un tama駉 muy superior al que el sistema el閏trico espa駉l puede asimilar. As�, actualmente hay proyectos por cerca de 150 GW con permiso de acceso y conexi髇 concedido (sumando los de tramitaci髇 estatal y auton髆ica), mientras que el Plan Nacional Integrado de Energia y Clima 2021-2030 recoge un incremento en torno a 35 GW de potencia hasta el a駉 2025 y pr髕imo a los 60 GW para el a駉 2030.

Para poner orden en este proceso, el Gobierno viene actuando normativamente desde 2018. As�, en primer lugar, el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transici髇 energ閠ica y la protecci髇 de los consumidores, ya estableci� algunas medidas anti-especulaci髇, como el incremento de las garant韆s exigibles (que se duplicaron) o la exigencia de pagos y presentaci髇 por parte del promotor del proyecto de conexi髇 al gestor de la red.

Posteriormente, a la vista de la evoluci髇 de la situaci髇, el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energ韆 y en otros 醡bitos para la reactivaci髇 econ髆ica, estableci� una serie de hitos administrativos que han de cumplir los promotores de plantas de generaci髇. Entre otros hitos, se establecen plazos temporales para la obtenci髇 de la declaraci髇 de impacto ambiental (DIA) favorable del proyecto, para la obtenci髇 de la autorizaci髇 administrativa previa (AAP), de construcci髇 (AAC) y de explotaci髇 (AAE). El incumplimiento de estos hitos supondr� la caducidad autom醫ica de los permisos de acceso y conexi髇.

Esta norma ha contribuido a impulsar la tramitaci髇 y autorizaci髇 de gran cantidad de los proyectos de generaci髇 que hab韆n obtenido permisos de acceso y conexi髇. No obstante, debido al elevado volumen de proyectos que en la actualidad se encuentran en tramitaci髇, podr韆 suceder que proyectos potencialmente viables y que han demostrado su voluntad de construir las plantas de generaci髇 proyectadas no puedan llevar a cabo sus inversiones.

Esta situaci髇 ha sido puesta de manifiesto por los sujetos y administraciones afectadas, que vienen solicitando una extensi髇 de los plazos asociados a los hitos intermedios que permita la tramitaci髇 administrativa de forma ordenada del contingente de proyectos pendientes de acreditar el siguiente hito, realizar una evaluaci髇 ambiental garantista y que pueda tener en consideraci髇 los efectos acumulativos sobre el territorio de los diversos proyectos que concurren en una misma zona, as� como evitar la caducidad de permisos de acceso por causas no imputables a los promotores.

En este sentido, en la Conferencia Sectorial de Energ韆 celebrada el 9 de diciembre de 2021, las Comunidades Aut髇omas solicitaron de manera un醤ime la flexibilizaci髇 de los plazos correspondientes a los hitos intermedios, ante la constataci髇 de la imposibilidad generalizada de poder tramitar en tiempo y forma la totalidad de proyectos de generaci髇 en el plazo establecido en la actualidad por la normativa en vigor, en particular el pr髕imo vencimiento del segundo hito, la obtenci髇 de DIA favorable, para todos los proyectos con permiso de acceso anterior a 2018, el pr髕imo 25 de diciembre de 2021.

Por las razones expuestas, este real decreto-ley extiende por un plazo adicional de nueve meses las fechas previstas en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, para los hitos intermedios relativos a la declaraci髇 de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas previa y de construcci髇, sin extender el plazo total de cinco a駉s para el hito final de obtenci髇 de la AAE.

Complementariamente, mediante la disposici髇 transitoria primera, se da la oportunidad a que los titulares o solicitantes de permisos de acceso y, en su caso, conexi髇 puedan renunciar a los mismos en el plazo de un mes, procedi閚dose a la devoluci髇 de las garant韆s econ髆icas presentadas. Esta medida permitir� liberar capacidad de acceso a la red y recursos administrativos para la tramitaci髇 de proyectos con mayor madurez y viabilidad.

VI

La Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE ha introducido el concepto de 玞omponentes de red plenamente integrados�, estableciendo que son aquellos componentes de red integrados en la red de transporte o distribuci髇, incluidas las instalaciones de almacenamiento, que se utilizan al 鷑ico efecto de garantizar un funcionamiento seguro y fiable de la red de transporte o distribuci髇, y no a efectos de balance o de gesti髇 de congestiones.

Entre los 玞omponentes de red plenamente integrados�, la propia definici髇 explicita la inclusi髇, no exclusiva, de las instalaciones de almacenamiento en esta tipolog韆 de elementos, si bien tambi閚 podr韆 ser de otros como por ejemplo los compensadores s韓cronos u otros dispositivos electr髇icos, todo ello siempre que no se utilicen para el balance o para la gesti髇 de congestiones.

Adem醩 de ser necesaria la transposici髇 de esta directiva al ordenamiento jur韉ico nacional, la propuesta de Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energ韆 El閏trica Horizonte 2026 que se encuentra en sus etapas finales de aprobaci髇 incorpora activos que son susceptibles de catalogarse como elementos plenamente integrados, por lo que resulta necesaria la introducci髇 de esta figura en la normativa sectorial.

Por 鷏timo, en la parte final de la norma se incluyen dos disposiciones que tienen como objetivo permitir el desarrollo de proyectos con un elevado componente experimental y de innovaci髇, algo especialmente necesario para la ejecuci髇 de las l韓eas de apoyo a los nuevos modelos de negocio y proyectos de renovables innovadoras previstas en el Proyecto Estrat間ico para la Recuperaci髇 y Transformaci髇 Econ髆ica (PERTE) de Energ韆s Renovables, Hidr骻eno Renovable y Almacenamiento (ERHA), aprobado por el Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2021.

En primer lugar, es necesario acelerar la mejora de las capacidades de investigaci髇 y desarrollo en tecnolog韆s marinas, en l韓ea la 獺oja de Ruta para el desarrollo de la E髄ica Marina y de las Energ韆s del Mar en Espa馻� aprobada por el Consejo de Ministros de 10 de diciembre de 2021. Esta hoja de ruta fija entre sus objetivos principales convertir a nuestro pa韘 en polo de referencia europeo para el desarrollo tecnol骻ico y de I+D para el dise駉, escalado y demostraci髇 de nuevas tecnolog韆s en este 醡bito. Por ello, para permitir la instalaci髇 de prototipos experimentales hasta la aprobaci髇 por el Gobierno de un nuevo marco normativo en desarrollo de lo previsto en la citada Hoja de Ruta, se except鷄 de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposici髇 adicional tercera del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 醡bito de la fiscalidad energ閠ica y en materia de generaci髇 de energ韆, y sobre gesti髇 del canon de regulaci髇 y de la tarifa de utilizaci髇 del agua, a las nuevas solicitudes de autorizaci髇 administrativa para aquellas instalaciones de generaci髇 e髄icas marinas que ya cuenten con autorizaci髇 administrativa previa o que se refieran a la infraestructura destinada a la investigaci髇 y el desarrollo, incluida las infraestructuras necesarias de evacuaci髇 el閏trica.

En segundo lugar, se modifica la legislaci髇 de los bancos de prueba regulatorios para dotar a su regulaci髇 y procedimiento de convocatoria de la flexibilidad requerida por este tipo de iniciativas.

VII

La apuesta del Gobierno por el impulso de la pol韙ica de empleo requiere, de manera urgente, que el Servicio P鷅lico de Empleo Estatal (SEPE) como responsable, dentro del Ministerio de Trabajo y Econom韆 Social, de la ordenaci髇, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la pol韙ica de empleo, cuente con unos recursos humanos suficientes y adecuados para hacer frente a los retos planteados en el marco de las reformas estructurales de nuestro pa韘.

El Servicio P鷅lico de Empleo Estatal ejerce funciones esenciales y prioritarias para nuestra sociedad. Esto se ha hecho especialmente evidente durante la pandemia de la COVID-19, en la que este Organismo ha sido uno de los pilares principales para el mantenimiento de las empresas y de las personas que se han visto afectadas por las restricciones que ha sido necesario adoptar para proteger la salud de la ciudadan韆.

El sobreesfuerzo de las empleadas y empleados del SEPE durante este periodo ha posibilitado hacer frente al ingente n鷐ero de Expedientes de Regulaci髇 Temporal de Empleo, que se han tramitado desde el comienzo de la pandemia. Por ello, como servicio p鷅lico fundamental, debe contar, de manera urgente, con los medios suficientes y necesarios que le permitan prestar un servicio p鷅lico de calidad.

Adem醩, en los 鷏timos a駉s, la plantilla del personal funcionario en el SEPE se ha visto reducida como consecuencia de jubilaciones y de cambios de destino, que en el seno del organismo dan un saldo negativo. Desde diciembre de 2010 a diciembre de 2020 se ha pasado de 7.002 efectivos a 4.913, en lo referente al personal funcionario de carrera, con una p閞dida total en dicho periodo de 2.089 efectivos estructurales. Por su parte, en el periodo 2018-2020 han salido del Organismo por cambio de destino, excedencias o renuncias 321 personas, y se han incorporad, por cambio de destino, 101 personas.

Esta situaci髇 ha provocado una escasez de personal que est� teniendo un impacto en la capacidad del Organismo para ofrecer los servicios que le corresponden.

Adem醩, la carencia de personal ha llevado a un incremento de la carga de trabajo constante en los 鷏timos a駉s, acrecentado por el incremento extraordinario de procedimientos como consecuencia de la pandemia desde abril de 2020.

Ante tal situaci髇 de necesidad, el refuerzo de la atenci髇 a las personas demandantes de empleo, trabajadores y del tejido empresarial as� como del seguimiento, evaluaci髇 y control de los diferentes servicios, programas y prestaciones por desempleo, el Ministerio de Hacienda y Funci髇 P鷅lica ha propuesto la aprobaci髇 de una convocatoria extraordinaria de plazas adicionales a las que prev� la Oferta de Empleo P鷅lico para 2021, con un total de 926 nuevas plazas, que faciliten una soluci髇 estructural para el funcionamiento del Organismo y que se enmarcan en las necesarias reformas para la transformaci髇 de la Administraci髇 P鷅lica que se est醤 abordando desde dicho departamento ministerial.

VIII

Las disposiciones finales abordan asimismo modificaciones en otros 醡bitos.

Se modifica el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposici髇 de directivas de la Uni髇 Europea en las materias de bonos garantizados, distribuci髇 transfronteriza de organismos de inversi髇 colectiva, datos abiertos y reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en l韓ea y a las retransmisiones de programas de radio y televisi髇, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoci髇 de veh韈ulos de transporte por carretera limpios y energ閠icamente eficientes. En primer lugar, se aclara uno de los requisitos que exige el art韈ulo 34 del libro primero de dicho Real Decreto-ley. Se trata de la exigencia de remisi髇 del folleto de emisi髇 de los bonos garantizados o del folleto de base del programa correspondiente, que se har� en el caso de que la emisi髇 est� sujeta a dichos requisitos conforme a la normativa europea de folletos. En segundo lugar, se ajusta la disposici髇 transitoria primera y segunda para aclarar que los instrumentos emitidos antes de la publicaci髇 del Real decreto-ley se regir醤 por la Ley 2/1981 y su normativa de desarrollo. En todo caso, estas emisiones y las que se realicen entre la publicaci髇 del Real decreto-ley y el 8 de julio de 2022, deber醤 estar plenamente adaptadas al libro primero de dicho Real decreto ley a 8 de julio de 2022. Por 鷏timo, se coordina la entrada en vigor del libro primero del Real decreto-ley y otras disposiciones complementarias con la disposici髇 derogatoria, evitando en todo momento vac韔s legales.

De igual manera, se procede mediante este real decreto-ley a modificar dos aspectos puntuales de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnolog韆 y la Innovaci髇, con el fin de habilitar la posibilidad, ya contemplada de manera gen閞ica en la ley, de que la evaluaci髇 obtenida por el personal contratado mediante el contrato de acceso al Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇 o que haya participado en programas postdoctorales an醠ogos, se tenga en cuenta a los efectos de su valoraci髇 en los procesos selectivos para el acceso al empleo p鷅lico fijo, de forma que tendr� efectos de exenci髇 o compensaci髇 de parte de las pruebas o fases de evaluaci髇 curricular o equivalentes; estableci閚dose, adem醩, una reserva para el acceso de dichas personas a las Escalas de personal investigador de los Organismos P鷅licos de Investigaci髇, as� como a los cuerpos docentes universitarios y al profesorado permanente laboral.

Esta medida permite, por un lado, dar adecuado cumplimiento al apartado 3 del art韈ulo 103 de la Constituci髇 Espa駉la, que prescribe el acceso al empleo p鷅lico en condiciones de igualdad, m閞ito y capacidad, as� como a lo previsto en el apartado 2 del art韈ulo 23 de la citada Norma Fundamental, que garantiza a los ciudadanos el derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones y cargos p鷅licos; este personal posee las notas caracterizadoras de m閞ito y capacidad que, junto con la necesaria igualdad, ameritan su acceso a las pruebas selectivas, de manera modulada al garantizar la adecuada valoraci髇 de los m閞itos y de la evaluaci髇 alcanzada, de forma que su participaci髇 en las pruebas d� adecuado cumplimiento a las previsiones constitucionales en materia de empleo p鷅lico, con plena garant韆 y en cumplimiento de sus derechos fundamentales; por otro lado, dar cumplida cuenta de los compromisos contenidos en el Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, cuyo componente 17, relativo a la reforma del sistema nacional de ciencia, tecnolog韆 e innovaci髇, prev� la creaci髇 de una carrera cient韋ica atractiva y estable, estableciendo las bases de un nuevo itinerario postdoctoral al que los investigadores puedan acceder de forma competitiva y en el que, tras la finalizaci髇 del programa y una evaluaci髇 favorable, opten a un puesto de trabajo estable. Este modelo aportar�, en definitiva, un horizonte de estabilidad, y redundar� en mayor atracci髇 de talento y en el retorno de investigadores del extranjero.

IX

El art韈ulo 86 de la Constituci髇 permite al Gobierno dictar decretos-leyes 玡n caso de extraordinaria y urgente necesidad�, siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el t韙ulo I de la Constituci髇, al r間imen de las Comunidades Aut髇omas ni al Derecho electoral general.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, y 189/2005, de 7 julio, FJ 3; 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7), el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia sea subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, m醲ime cuando la determinaci髇 de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Debe quedar, por tanto, acreditada 玪a existencia de una necesaria conexi髇 entre la situaci髇 de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4)�.

Con el fin de dar cumplimientos al objetivo de penetraci髇 de veh韈ulos con cero emisiones y la necesidad de infraestructuras de recarga asociada en el PNIEC 2021-2030, es necesario promover con urgencia medidas que faciliten el despliegue de puntos de recarga en el entorno de las principales v韆s de comunicaci髇 incluyendo las carreteras del Estado.

As�, en relaci髇 con las medidas orientadas al fomento de la movilidad el閏trica mediante el despliegue de una infraestructura de estaciones de puntos de recarga de veh韈ulos el閏tricos, estas encuentran su justificaci髇 en la necesidad de configurar un marco normativo flexible, 醙il e incentivador que facilite su despliegue, habida cuenta del papel esencial que dichas infraestructuras desempe馻n en el proceso de electrificaci髇 del parque de veh韈ulos que deber� producirse en los pr髕imos a駉s.

Esta electrificaci髇 del sector del transporte (que se engloba dentro del m醩 ambicioso proceso de electrificaci髇 de la econom韆 y que afectar� a todos los 醡bitos de la sociedad: 醡bito residencial, sector servicios, industria, etc.) se constituye como una palanca imprescindible para lograr los objetivos de descarbonizaci髇 a los que se ha comprometido el Reino de Espa馻, dado el protagonismo actual del sector como uno de los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas a nivel nacional. Por ello, resulta crucial abordar de manera omnicomprensiva todos aquellos elementos regulatorios que directa o indirectamente pueden estar frenando dicha transformaci髇, siendo el despliegue de una red de infraestructuras de puntos de recarga uno de los factores cr韙icos que permitir醤 lograr dicha reconversi髇.

En el 醡bito europeo, el paquete legislativo 玣it for 55� aprobado por la Comisi髇 Europea en julio de 2021 ha situado la transici髇 energ閠ica en el centro del proceso de recuperaci髇 que deber� producirse tras la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19, y en 閘 pueden destacarse aquellas medidas orientadas al despliegue de una red de puntos de recarga suficiente que incentive la adopci髇 del veh韈ulo el閏trico. Ejemplo de ello es la propuesta de Reglamento de Combustibles Alternativos, que revisa la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 relativa a la implantaci髇 de una infraestructura para los combustibles alternativos, y que aspira a reforzar los objetivos de los Estados miembro relativos al despliegue de la infraestructura de puntos de recarga. Es por ello que se revela como imprescindible que la normativa nacional se encuentre ya adaptada a los retos que supondr� la asunci髇 de dichos objetivos que, si bien se encuentran pendientes de aprobaci髇 definitiva, no cabe ninguna duda, ser醤 muy ambiciosos.

Tambi閚, debe destacarse el esfuerzo realizado por los Estados miembro para articular instrumentos que permitan llevar a cabo la ejecuci髇 de los fondos europeos provenientes del Next Generation EU� y que en el caso espa駉l se engloban dentro del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia (PRTR).

En concreto, en materia de electromovilidad, cabe destacar el Proyecto Estrat間ico para la Recuperaci髇 y Transformaci髇 Econ髆ica (PERTE) para el desarrollo del veh韈ulo el閏trico y conectado. Dicho PERTE, aprobado en Consejo de Ministros el 13 de julio de 2021 y que prev� una inversi髇 total de m醩 de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una contribuci髇 del sector p鷅lico de 4.300 millones de euros y una inversi髇 privada de 19.700 millones de euros, buscar facilitar la transformaci髇 del sector de la automoci髇 promoviendo una cadena de valor asociada a la producci髇 un veh韈ulo el閏trico y conectado. En este contexto de fuerte inversi髇 p鷅lica-privada orientada a la penetraci髇 del veh韈ulo el閏trico, se justifica la extraordinaria y urgente necesidad de abordar todas aquellas reformas normativas que permitan mejorar o facilitar uno de los elementos clave asociados a dicha transformaci髇, como es el necesario despliegue de una infraestructura de puntos de recarga acorde a las previsiones de penetraci髇 del veh韈ulo el閏trico, que a su vez permita cumplir con los objetivos de reducci髇 de emisiones comprometidos por el Reino de Espa馻.

Asimismo, para este refuerzo de la electromovilidad se establece una autorizaci髇 de las operaciones no presupuestarias para el pago de las ayudas directas a las empresas distribuidoras de energ韆 el閏trica para la realizaci髇 de inversiones de digitalizaci髇 de redes de distribuci髇 de energ韆 el閏trica y en infraestructuras para la recarga del veh韈ulo el閏trico con cargo a los fondos del Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia.

Adicionalmente y a este respecto la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio clim醫ico introdujo una serie de obligaciones de instalaci髇 de puntos de recarga a los titulares de las instalaciones de suministro de carburante que cumplieran una serie de condicionantes, a efectos de garantizar la existencia de infraestructura de recarga el閏trica suficiente, debiendo estar operativos a m醩 tardar entre febrero y agosto de 2023. Con objeto de reforzar el necesario y urgente cumplimiento de estas obligaciones este real decreto-ley introduce en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos un nuevo tipo sancionador en virtud del cual se considera infracci髇 grave el incumplimiento por parte de los titulares de estaciones de servicio instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a veh韈ulos de sus obligaciones de instalaci髇 de puntos de recarga el閏trica.

En cuanto a las medidas relativas al autoconsumo, los elevados precios unidos a las ayudas al amparo del PRTR est醤 produciendo un fuerte despegue de las inversiones, ya que este escenario hace que los costes de inversi髇 se reduzcan v韆 ayudas y que el ahorro frente a los precios actuales de la energ韆 sea mayor. Ante esta situaci髇 y una vez detectados ciertos problemas tanto en las tramitaciones como en determinados consumidores conectados a alta tensi髇 y que desean realizar autoconsumo a trav閟 de la red resulta urgente tomar medidas tanto para habilitar este consumo a trav閟 de la red en alta tensi髇, como agilizar las tramitaciones. As�, para evitar bloqueos en la tramitaci髇 resulta imprescindible ayudar al consumidor a conocer el estado en que se encuentra su expediente y dotar de instrumentos a las administraciones para instruir expedientes sancionadores a las empresas distribuidoras y comercializadoras que incurran en retrasos injustificados en sus actuaciones. La urgencia en este 醡bito viene motivada por varias causas: la necesidad de ejecutar los fondos del PRTR, impulsar el autoconsumo en alta tensi髇 y evitar que los retrasos de algunos sujetos en las tramitaciones actuales desincentiven a los consumidores a ejecutar las inversiones en autoconsumo.

Por lo que respecta a los hitos administrativos, y una vez motivada la decisi髇 tomada en los apartados precedentes, la urgencia que motiva la modificaci髇 del plazo de los hitos intermedios de obtenci髇 de la declaraci髇 de impacto ambiental y de las autorizaciones administrativas previa y de construcci髇 es consecuencia de que la modificaci髇 de estos requiere de una norma de rango legal que deber韆 aprobarse antes de diciembre del a駉 2021 fecha en la que vence el segundo hito (obtenci髇 de DIA) para el primer contingente de instalaciones que obtuvieron los permisos de acceso con anterioridad al a駉 2018, por lo que no habr韆 plazo para la tramitaci髇 mediante ley ordinaria.

Con respecto a la introducci髇 de la definici髇 de elemento plenamente integrados en la red de transporte, la urgencia de introducir estas medidas mediante real decreto-ley viene motivada la pr髕ima aprobaci髇 de la nueva planificaci髇 de horizonte 2026 en la que resulta necesario que se puedan recoger este tipo de dispositivos y se ofrezca una alternativa a esos promotores de proyectos renovables. No cabe la tramitaci髇 de esta medida mediante ley ordinaria puesto que no se puede retrasar la aprobaci髇 de la planificaci髇 de horizonte 2026, ya que por una parte es fundamental para la evacuaci髇 hacia los grandes centros de consumo de energ韆s renovables y por otra porque la actualmente en vigor debi� de ser prorrogada el pasado a駉 una vez vencido su plazo de vigencia.

Como se ha se馻lado, este real decreto-ley contiene una pr髍roga de diversas medidas tributarias, en concreto, de la suspensi髇 temporal del Impuesto sobre el valor de la producci髇 de energ韆 el閏trica, de la aplicaci髇 del tipo impositivo del 0,5 por ciento en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, as� como de la aplicaci髇 del tipo reducido del 10 por ciento del Impuesto sobre el Valor A馻dido, en adelante IVA, para determinados suministros de electricidad, del tipo reducido del 4 por ciento del IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de mascarillas quir鷕gicas desechables, y del tipo del 0 por ciento del IVA a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades p鷅licas, sin 醤imo de lucro y centros hospitalarios, medidas todas ellas cuya vigencia concluye el pr髕imo 31 de diciembre.

Habida cuenta de la persistencia de las razones que justificaron la adopci髇 de las medidas cuya pr髍roga ahora se establece, esto es, en unos casos, la reducci髇 de los costes de la factura final el閏trica, por cuanto la situaci髇 de precios mayoristas de la electricidad inusualmente elevados va a extenderse durante el primer trimestre de 2022, con los efectos negativos que ello ocasiona en los consumidores de electricidad, y, en otros, garantizar una adecuada respuesta del sistema sanitario a la pandemia ocasionada por la COVID-19, se considera pertinente dar continuidad a dichas medidas, que fueron introducidas de forma excepcional y transitoria.

La inmediatez del t閞mino final de tales medidas hace ineludible el recurso a la figura del real decreto-ley, pues, de otro modo, esto es, su pr髍roga mediante una ley ordinaria, en ning鷑 caso podr韆 aprobarse, como consecuencia de los plazos de tramitaci髇 de aquellas, antes de la conclusi髇 de su vigencia.

Los mismos argumentos son aplicables a la pr髍roga de los descuentos del bono social el閏trico establecidos en el Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, hasta el 30 de abril de 2022.

En consecuencia, se entiende que en la pr髍roga de tales medidas concurre la extraordinaria y urgente necesidad que el art韈ulo 86.1 de la Constituci髇 espa駉la establece como presupuesto habilitante para el recurso a la figura del real decreto-ley.

En relaci髇 con la medida de flexibilizaci髇 de los contratos de gas natural, considerando la elevada carga econ髆ica que est� suponiendo para la industria de nuestro pa韘 afrontar la subida de precios de las cotizaciones de gas natural, resulta necesario tomar medidas desde el punto de vista regulatorio para eliminar con car醕ter de urgencia todas las barreras que impiden ajustar la capacidad contratada de los puntos de suministro de gas natural. De esta manera, hasta el 31 de marzo de 2022, se consigue no penalizar a los consumidores industriales que deseen ajustar su capacidad contratada a una situaci髇 de menor demanda derivada de los ajustes en su producci髇, generados con motivo del alza de las cotizaciones de gas natural. Permitir a estas industrias, de manera urgente y limitada en el tiempo, ajustar el escal髇 del peaje de acceso, modificar el caudal diario contratado o suspender temporalmente los contratos de suministro es imprescindible para no mermar la competitividad de las empresas espa駉las.

Los argumentos expuestos en el apartado VII justifican de manera adecuada y suficiente la urgente y extraordinaria necesidad de la adopci髇 de la medida de refuerzo del empleo p鷅lico en las oficinas de prestaciones y atenci髇 a demandantes de empleo, ya que como ha se馻lado en diversas ocasiones el Tribunal Constitucional, corresponde al Gobierno apreciar cu醠 es el momento o la coyuntura econ髆ica m醩 apropiada para adoptar medidas de pol韙ica econ髆ica general, pudiendo adoptarse las mismas, cuando as� sea preciso, mediante la aprobaci髇 de disposiciones legislativas provisionales y de eficacia inmediata como las contenidas en un real decreto-ley. Por tanto, en la medida que se adopta, relativa a la aprobaci髇 de una Oferta de Empleo P鷅lico extraordinaria para reforzar el SEPE, concurre, por su naturaleza y finalidad, la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la como presupuesto habilitante para la aprobaci髇 de un real decreto-ley.

Una vez aprobadas por la Comisi髇 Europea las ayudas destinadas al proyecto estrat間ico para la Recuperaci髇 y Transformaci髇 Econ髆ica (PERTE) del veh韈ulo el閏trico y conectado, que ser� financiado por el mecanismo de Recuperaci髇 y Resiliencia (RRF), se hace necesario llevar a cabo acciones que permitan el correcto y r醦ido desarrollo de todos los elementos que impulsen un avance en la descarbonizaci髇 de la movilidad y la sustituci髇 de una parte sustancial de la actual flota por veh韈ulos el閏tricos. Uno de dichos elementos son los puntos de recarga para veh韈ulos el閏tricos, as� con el fin de facilitar su despliegue se incorporan a la normativa un conjunto de bonificaciones voluntarias o potestativas en impuestos municipales tales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Econ髆icas y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

La modificaci髇 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposici髇 de directivas de la Uni髇 Europea en las materias de bonos garantizados, distribuci髇 transfronteriza de organismos de inversi髇 colectiva, datos abiertos y reutilizaci髇 de la informaci髇 del sector p鷅lico, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en l韓ea y a las retransmisiones de programas de radio y televisi髇, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoci髇 de veh韈ulos de transporte por carretera limpios y energ閠icamente eficientes, se efect鷄 con el objetivo de realizar mejoras t閏nicas que garanticen su adecuada entrada en vigor y aplicaci髇, favoreciendo la 髉tima adaptaci髇 del sector. Concurren razones de extraordinaria y urgente necesidad, ya que la exigencia del requisito de autorizaci髇 en los t閞minos en que est� planteada, as� como la derogaci髇 del r間imen actual de bonos garantizados junto con la entrada en vigor diferida del nuevo r間imen, paralizar韆 la emisi髇 de estos instrumentos financieros, y con ello una fuente fundamental de financiaci髇 de las entidades de cr閐ito, que est� desempe馻ndo un importante papel en la financiaci髇 de la recuperaci髇 econ髆ica.

La modificaci髇 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas, en sus art韈ulos 25 y 36, para contemplar la posibilidad de que en los Estatutos de dichas sociedades se prevea la asistencia y participaci髇, a distancia, de sus miembros, en la Asamblea General y en el Consejo Rector, resulta imprescindible que sea establecida de forma urgente, con el fin de dar estabilidad a una medida que, como consecuencia de la pandemia, tuvo que ser adoptada de manera urgente y con car醕ter temporal, para su aplicaci髇 durante estos dos 鷏timos a駉s, a trav閟 de sendos reales decretos-leyes (Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ髆ico y social del COVID-19, y del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energ閠ico, y en materia tributaria), y cuya vigencia finaliza el pr髕imo 31 de diciembre; se trata, por tanto, de una medida circunscrita al funcionamiento, por medios digitales, de dichos 髍ganos sociales, con la que se garantiza el ejercicio de los derechos de sus miembros y cuyo mantenimiento es esencial, m醲ime, en estos momentos, en los que la crisis sanitaria todav韆 no se ha superado.

La modificaci髇 del apartado 2 de la disposici髇 adicional vig閟ima tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, permitir� la aplicaci髇 de un beneficio clave para el mantenimiento del empleo, por parte de las empresas de transporte con aeronaves de ala rotativa (helic髉teros), respecto de los trabajadores que presten servicios en los centros de trabajo situados en el territorio de las ciudades de Ceuta y Melilla; resulta, por tanto, urgente aplicar al citado sector las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social previstas en dicho precepto, teniendo en cuenta, adem醩, que se trata de un medio esencial para la conectividad con la pen韓sula, cuyo mantenimiento es imprescindible, desde el punto de vista del mercado de trabajo y para la gesti髇 de otros 醡bitos de car醕ter social (sanitario, de seguridad, entre otros).

El art韈ulo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnolog韆 y la Innovaci髇, regula el denominado contrato de acceso al Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇, estableciendo un contrato laboral espec韋ico para el acceso del personal investigador a dicho sistema, de manera que el personal investigador contratado por Universidades p鷅licas, Organismos P鷅licos de Investigaci髇 de la Administraci髇 General del Estado u Organismos de investigaci髇 de otras Administraciones P鷅licas pueda someter a evaluaci髇 la actividad investigadora desarrollada, que de ser superada se tendr� en cuenta en los procesos selectivos de personal funcionario de carrera y personal laboral fijo.

Mediante la modificaci髇 normativa propuesta, y de acuerdo con los presupuestos de extraordinaria y urgente necesidad que se expondr醤 m醩 abajo y que justifican el recurso a la figura constitucional del Real Decreto-ley, se pretende alcanzar un triple objetivo.

En primer lugar, que esta evaluaci髇 se proyecte sobre las pruebas o fases de valoraci髇 del curr韈ulo del personal investigador que formen parte de esos procesos selectivos, de forma que tendr� efectos de exenci髇 o compensaci髇 de parte de las pruebas o fases de evaluaci髇 curricular o equivalentes, para todas las Administraciones p鷅licas.

En segundo t閞mino, que esa proyecci髇 alcance tambi閚 a los investigadores que, de manera paralela a la regulaci髇 de los contratos de acceso, hayan superado una evaluaci髇 similar a la misma, o espec韋ica para investigadores consolidados realizada por la Agencia Estatal de Investigaci髇, o equivalente a la del Programa de Incentivaci髇 de la Incorporaci髇 e Intensificaci髇 de la Actividad Investigadora (I3) o la que la pueda sustituir.

Por 鷏timo, establecer, en una norma con rango legal, que en las ofertas de empleo p鷅lico, y para el acceso a las escalas de personal investigador de los Organismos P鷅licos de Investigaci髇, se reserven un 25 % de dichas plazas al personal se馻lado; para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y al profesorado permanente laboral, la reserva ser� de un 15 %.

De acuerdo con consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, iniciada en la STC 29/1982, el control del presupuesto habilitante del art韈ulo 86.1 CE exige, primero, que el Gobierno haga una definici髇 玡xpl韈ita y razonada� de la situaci髇 concurrente.

Mediante esta medida normativa, por tanto, el Gobierno desea subvenir lo que a todas luces supone una indefinici髇 normativa que, hasta la fecha, ha roto cualquier posibilidad de valoraci髇 de m閞itos obtenidos por el personal contratado a trav閟 de la modalidad laboral de contrato de acceso (o evaluado en t閞minos similares, desde otras modalidades contractuales), que pese a la experiencia habida durante la vigencia de los mismos en las Administraciones p鷅licas contratantes, ning鷑 m閞ito pod韆n aducir, en concreto, a efectos del acceso a los distintos procesos selectivos que posteriormente se convocaran para adquirir la condici髇 de personal funcionario de carrera o laboral fijo en dichas Administraciones p鷅licas: se trata, por tanto, de corregir una situaci髇 de patente desigualdad, ya que a mayores m閞itos laborales, profesionales y de experiencia, ninguna diferencia ten韆n, en lo que se refiere al acceso a dichas posiciones de car醕ter estable, con cualesquiera otras personas que, sin haber ejercido tales experiencias, pudieran desear acceder a tales posiciones, lo que provocaba una quiebra manifiesta de los principios de m閞ito y capacidad en estos candidatos.

En segundo lugar, exige el m醲imo int閞prete de la Constituci髇 Espa駉la que exista adem醩 una 玞onexi髇 de sentido� entre la situaci髇 definida y las medidas que en el decreto-ley se adopten (STC 29/1982, FJ 3; STC 189/2005, FJ 3), de manera que estas 鷏timas guarden una relaci髇 directa o de congruencia con la situaci髇 que se trata de afrontar (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3).

En este supuesto, queda claro que lo que se efect鷄 sobre el apartado 3 del art韈ulo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, supone la m韓ima intervenci髇 normativa posible en el texto de la ley, al se馻lar expresamente que la evaluaci髇 del personal investigador contratado mediante el contrato laboral de acceso al Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇 se proyecte sobre las pruebas o fases de valoraci髇 del curr韈ulo del personal investigador que formen parte de los procesos selectivos ulteriores, de forma que tendr� efectos de exenci髇 o compensaci髇 de parte de las pruebas o fases de evaluaci髇 curricular o equivalentes, para todas las Administraciones p鷅licas.

Ser醤, posteriormente, las distintas convocatorias que se aprueben por cada uno de los agentes p鷅licos que conforman el Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇 las que desarrollen esta premisa m韓ima legal, habilitando las herramientas precisas para dar lugar al pleno cumplimiento de lo establecido en dicho art韈ulo y, en definitiva, para asegurar el acceso de todo este personal en condiciones de igualdad, m閞ito y capacidad al empleo p鷅lico.

Por tanto, se considera adecuadamente acreditada la existencia de una conexi髇 de sentido entre la situaci髇 f醕tica, que supone la concurrencia de un hecho claro y manifiesto (la imposibilidad de dar lugar al acceso, en condiciones de igualdad, m閞ito y capacidad, al empleo p鷅lico por parte de las personas sujetas a la relaci髇 laboral del contrato de acceso regulado en el art韈ulo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio o similares, siempre que cuenten con una evaluaci髇 adecuada de sus m閞itos profesionales, investigadores y curriculares), y la regulaci髇 normativa contemplada en el presente real decreto-ley, que permitir� evitar la frustraci髇 de leg韙imas expectativas de dicho colectivo de personal investigador, que tiene derecho al reconocimiento de sus m閞itos investigadores de cara a su ulterior acceso, en condiciones de igualdad, m閞ito y capacidad, a los empleos p鷅licos en el 醡bito cient韋ico, tecnol骻ico e investigador, tanto en el Sistema Espa駉l de Ciencia, Tecnolog韆 e Innovaci髇 como en el 醡bito universitario, en ejercicio leg韙imo de sus derechos fundamentales y en garant韆 de su adecuado acceso al empleo p鷅lico.

Junto a lo anterior, existe tambi閚 la necesidad de dar adecuado cumplimiento, en tiempo, a los requerimientos normativos y de desarrollo administrativo previstos en el Plan de Recuperaci髇, Transformaci髇 y Resiliencia, y concretamente en su componente 17, relativo a la reforma del sistema nacional de ciencia, tecnolog韆 e innovaci髇, lo que abunda en la extraordinaria y urgente necesidad de las medidas contempladas en este real decreto-ley.

El presente real decreto-ley consta de un pre醡bulo y una parte dispositiva, estructurada en seis art韈ulos, siete disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, y trece disposiciones finales. Tiene car醕ter b醩ico y se dicta al amparo de la competencia que las reglas 7.�, 13.�, 14.�, 17.�, y 25.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇 Espa駉la atribuyen al Estado en materia de legislaci髇 laboral, bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica, Hacienda general, legislaci髇 b醩ica y r間imen econ髆ico de la Seguridad Social, y bases del r間imen minero y energ閠ico, respectivamente.

Asimismo, se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los Ministerios de Hacienda y Funci髇 P鷅lica, de Trabajo y Econom韆 Social, para la Transici髇 Ecol骻ica y el Reto Demogr醘ico, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y de Ciencia e Innovaci髇, para dictar, en el 醡bito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones y adoptar medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecuci髇 de lo dispuesto en este real decreto-ley, ya que es posible que por razones t閏nicas puedan ser necesarias algunas concreciones de lo previsto en este real decreto-ley por parte del Consejo de Ministros o por el titular del departamento ministerial competente.

Finalmente, el real decreto-ley atiende al cumplimiento y respeto de los principios de buena regulaci髇, exigibles en todo texto normativo, y que se contemplan en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas.

En primer t閞mino, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, en virtud del inter閟 general en el que se fundamentan las medidas, siendo el real decreto-ley el instrumento m醩 inmediato para garantizar su consecuci髇. El principio de proporcionalidad se respeta, puesto que este real decreto-ley incluye la regulaci髇 imprescindible para la consecuci髇 de los objetivos previamente mencionados.

Asimismo, la norma guarda coherencia con el ordenamiento jur韉ico vigente, respetando el principio de seguridad jur韉ica. Y, por 鷏timo, en cuanto al principio de transparencia, esta norma, si bien est� exenta de los tr醡ites de consulta p鷅lica, audiencia e informaci髇 p鷅lica por tratarse de un decreto-ley, tal y como autoriza el art韈ulo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, define claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la memoria que lo acompa馻. Por 鷏timo, en relaci髇 con el principio de eficiencia, en este real decreto-ley se la norma tiene como uno de sus objetivos la reducci髇 de cargas administrativas para los ciudadanos.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, a propuesta de las Ministras para la Transici髇 Ecol骻ica y el Reto Demogr醘ico, de Hacienda y Funci髇 P鷅lica, de Trabajo y Econom韆 Social, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Asuntos Econ髆icos y Transformaci髇 Digital y de Ciencia e Innovaci髇, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 21 de diciembre de 2021,

DISPONGO:

T蚑ULO I
Fomento de la movilidad el閏trica mediante el despliegue de la infraestructura de recarga

Art韈ulo 1 Instalaci髇 de puntos de recarga en zonas de protecci髇 de las carreteras

Se modifica el art韈ulo 28.2 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, relativo a las zonas de protecci髇 de la carretera, que queda redactado como sigue:

�2. En estas zonas no podr醤 realizarse obras o instalaciones ni se permitir醤 m醩 usos o servicios que aqu閘los que sean compatibles con la seguridad viaria y con las previsiones y la adecuada explotaci髇 de la carretera.

La realizaci髇 de cualquier actividad que pueda afectar al r間imen de las zonas de protecci髇 requiere autorizaci髇 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podr� autorizar la colocaci髇 de instalaciones f醕ilmente desmontables entre el borde exterior de la zona de dominio p鷅lico y el de la zona de limitaci髇 a la edificabilidad, siempre que no resulten menoscabadas la seguridad viaria o la adecuada explotaci髇 de la carretera y no se comprometa la utilizaci髇 de la zona de servidumbre para los fines previstos en esta ley.

Lo establecido en el p醨rafo anterior ser� especialmente aplicable a los puntos de recarga de veh韈ulos y a las marquesinas e instalaciones que estos precisen para su correcto funcionamiento, siempre que puedan considerarse f醕ilmente desmontables.

En caso de que las instalaciones antes citadas tuvieran que ser desmontadas por cualquier causa, el coste de su desmontaje correr� en todo caso a cargo del titular de la instalaci髇. Entre tales causas se incluyen las necesidades de ampliaci髇, mejora, o explotaci髇 de la carretera afectada, as� como los condicionantes de seguridad, en especial de seguridad vial.�

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Art韈ulo 3 Licencias o autorizaciones previas para la instalaci髇 de puntos de recarga

Se a馻de un apartado 5 al art韈ulo 48 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector El閏trico, con la siguiente redacci髇:

�5. Para la instalaci髇 de puntos de recarga no podr� exigirse por parte de las administraciones p鷅licas competentes la obtenci髇 de licencia o autorizaci髇 previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, de car醕ter medioambiental ni otras de clase similar o an醠ogas, excepto en edificaciones del patrimonio hist髍ico-art韘tico con la categor韆 de bien de inter閟 cultural.

Las licencias o autorizaciones previas ser醤 sustituidas por declaraciones responsables, de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deber� estar en posesi髇 del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo. La declaraci髇 responsable deber� contener una manifestaci髇 expl韈ita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesi髇 de la documentaci髇 que as� lo acredite.

La declaraci髇 responsable permitir� realizar la instalaci髇 del punto de recarga e iniciar el servicio de recarga energ閠ica desde el d韆 de su presentaci髇, sin perjuicio de las facultades de comprobaci髇, control e inspecci髇 de las administraciones p鷅licas competentes.

La inexactitud, falsedad u omisi髇, de car醕ter esencial, en cualquier dato, manifestaci髇 o documento que se acompa馿 o incorpore a una declaraci髇 responsable, o la no presentaci髇 de la declaraci髇 responsable determinar� la imposibilidad de explotar la instalaci髇 y, en su caso, la obligaci髇 de retirarla desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Las administraciones p鷅licas competentes establecer醤 los elementos de la declaraci髇 responsable que tendr醤 dicho car醕ter esencial

Lo previsto en este apartado se entender� sin perjuicio del r間imen de autorizaciones previsto en el art韈ulo 53.�

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T蚑ULO II
Impulso al autoconsumo

Art韈ulo 5 Modificaci髇 del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, t閏nicas y econ髆icas del autoconsumo de energ韆 el閏trica

Uno. Se modifica la redacci髇 del apartado iii de la letra g) del art韈ulo 3 del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, t閏nicas y econ髆icas del autoconsumo de energ韆 el閏trica, que queda redactado como sigue:

• 玦ii. Se encuentren conectados a una distancia inferior a 500 metros de los consumidores asociados. A tal efecto se tomar� la distancia entre los equipos de medida en su proyecci髇 ortogonal en planta.�

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Dos. Se modifica la redacci髇 del apartado 3 del art韈ulo 20 del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, que queda redactado como sigue:

�3. La Direcci髇 General de Pol韙ica Energ閠ica y Minas facilitar� el acceso electr髇ico al registro administrativo de autoconsumo de energ韆 el閏trica del Ministerio para la Transici髇 Ecol骻ica y el Reto Demogr醘ico a los 髍ganos competentes de las comunidades aut髇omas y ciudades de Ceuta y Melilla de las inscripciones que afecten a su 醡bito territorial, as� como a la Comisi髇 Nacional de los Mercados y la Competencia, al Instituto para Diversificaci髇 y Ahorro de la Energ韆 (IDAE), al operador del sistema y a las empresas distribuidoras para las instalaciones conectadas a sus redes, de forma que estos puedan tener conocimiento de las inscripciones y modificaciones realizadas en el registro.

Asimismo, el Ministerio para la Transici髇 Ecol骻ica y el Reto Demogr醘ico facilitar� el acceso p鷅lico y gratuito en su p醙ina web a datos agregados del registro de autoconsumo.�

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Art韈ulo 6 Modificaci髇 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexi髇 a las redes de transporte y distribuci髇 de energ韆 el閏trica

Se modifica el apartado segundo del art韈ulo 23 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexi髇 a las redes de transporte y distribuci髇 de energ韆 el閏trica, que queda redactado como sigue:

�2. Quedar醤 exentas de la presentaci髇 de la garant韆 a la que se refiere el apartado anterior, las siguientes instalaciones:

• a) Las que, de acuerdo con el art韈ulo 17 de este real decreto, est醤 exentas de obtener permisos de acceso y conexi髇.
• b) Las asociadas a una modalidad de autoconsumo con excedentes de potencia instalada no superior a 100 kW, salvo que formen parte de una agrupaci髇 cuya potencia sea superior a 1 MW, de acuerdo con la definici髇 de agrupaci髇 establecida en el art韈ulo 7 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.�

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DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici髇 adicional primera Pr髍roga de medidas tributarias

1. La aplicaci髇 del tipo impositivo del 0,5 por ciento del Impuesto Especial sobre la Electricidad establecida en la disposici髇 adicional sexta del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023.

2. La aplicaci髇 del tipo impositivo del 4 por ciento del Impuesto sobre el Valor A馻dido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de las mascarillas quir鷕gicas desechables referidas en el Acuerdo de la Comisi髇 Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 12 de noviembre de 2020, prevista en el art韈ulo 7 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energ閠ico, y en materia tributaria, se prorroga hasta el 30 de junio de 2023.

3. La aplicaci髇 del tipo impositivo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor A馻dido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes y prestaciones de servicios necesarios para combatir los efectos del SARS-CoV-2, as� como a efectos del r間imen especial del recargo de equivalencia, prevista en la disposici髇 final s閜tima del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector tur韘tico, la hosteler韆 y el comercio y en materia tributaria, se prorroga hasta el 30 de junio de 2023.

LE0000744650_20221228Disposici髇 adicional primera redactada, con efectos desde el 1 de enero de 2023,爌or el art韈ulo 2 del R.D.-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias econ髆icas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucci髇 de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad (獴.O.E.� 28 diciembre).Vigencia: 1 enero 2023Efectos / Aplicaci髇: 1 enero 2023

Disposici髇 adicional segunda Determinaci髇 de la base imponible y del importe de los pagos fraccionados del Impuesto sobre el valor de la producci髇 de la energ韆 el閏trica durante el ejercicio 2022

1. Para el ejercicio 2022 la base imponible del Impuesto sobre el valor de la producci髇 de la energ韆 el閏trica estar� constituida por el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producci髇 e incorporaci髇 al sistema el閏trico de energ韆 el閏trica, medida en barras de central, por cada instalaci髇, en el per韔do impositivo minorada en las retribuciones correspondientes a la electricidad incorporada al sistema durante el ejercicio.

A efectos de calcular los pagos fraccionados correspondientes a los cuatro trimestres de 2022, el valor de la producci髇 de la energ韆 el閏trica, medida en barras de central, e incorporada al sistema el閏trico durante dicho periodo ser� de cero euros.

2. Con el fin de garantizar el equilibrio del sistema, se compensar� al sistema el閏trico por el importe equivalente a la reducci髇 de recaudaci髇 consecuencia de la medida prevista en el apartado 1 anterior.

LE0000732097_20221228 Disposici髇 adicional segunda redactada por el apartado dos del art韈ulo 17 del R.D.-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias econ髆icas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y econ髆ica, y para la recuperaci髇 econ髆ica y social de la isla de La Palma (獴.O.E.� 26 junio).Vigencia: 27 junio 2022

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES FINALES

Disposici髇 final primera Modificaci髇 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos

Se introduce una nueva letra ap) en el art韈ulo 110 de Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos con el siguiente literal:

玜p) El incumplimiento por parte de los titulares de instalaciones de suministro de combustibles y carburantes a veh韈ulos de sus obligaciones de instalaci髇 de puntos de recarga el閏trica.�

LE0000011421_20221020

Disposici髇 final tercera Modificaci髇 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energ韆 y en otros 醡bitos para la reactivaci髇 econ髆ica

Uno. Se modifica la redacci髇 de los apartados a) y b) del art韈ulo 1.1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energ韆 y en otros 醡bitos para la reactivaci髇 econ髆ica, que quedan redactados como sigue:

玜) Si el permiso de acceso se obtuvo en una fecha comprendida entre el 28 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive:

• 1.� Solicitud presentada y admitida de la autorizaci髇 administrativa previa: 3 meses.
• 2.� Obtenci髇 de la declaraci髇 de impacto ambiental favorable: 27 meses.
• 3.� Obtenci髇 de la autorizaci髇 administrativa previa: 30 meses.
• 4.� Obtenci髇 de la autorizaci髇 administrativa de construcci髇: 33 meses.
• 5.� Obtenci髇 de la autorizaci髇 administrativa de explotaci髇 definitiva: 5 a駉s.

b) Si el permiso de acceso se obtuvo con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley:

• 1.� Solicitud presentada y admitida de la autorizaci髇 administrativa previa: 6 meses.
• 2.� Obtenci髇 de la declaraci髇 de impacto ambiental favorable: 31 meses.
• 3.� Obtenci髇 de la autorizaci髇 administrativa previa: 34 meses.
• 4.� Obtenci髇 de la autorizaci髇 administrativa de construcci髇: 37 meses.
• 5.� Obtenci髇 de la autorizaci髇 administrativa de explotaci髇 definitiva: 5 a駉s.�

LE0000668887_20211223

Dos. Se modifica la redacci髇 del p醨rafo siguiente a los apartados a) y b) del art韈ulo 1.1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que queda redactado como sigue:

玊odos los plazos se馻lados en los apartados a) y b) ser醤 computados desde el 25 de junio de 2020.�

LE0000668887_20211223

Disposici髇 final cuarta Modificaci髇 del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 醡bito de la fiscalidad energ閠ica y en materia de generaci髇 de energ韆, y sobre gesti髇 del canon de regulaci髇 y de la tarifa de utilizaci髇 del agua

Se a馻de un nuevo apartado en la disposici髇 adicional tercera del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 醡bito de la fiscalidad energ閠ica y en materia de generaci髇 de energ韆, y sobre gesti髇 del canon de regulaci髇 y de la tarifa de utilizaci髇 del agua, que queda redactado como sigue:

�3. Se except鷄 de lo dispuesto en el apartado 2 a las nuevas solicitudes de autorizaci髇 administrativa para aquellas instalaciones de generaci髇 e髄icas marinas que ya cuenten con autorizaci髇 administrativa previa o asociadas a la creaci髇 o ampliaci髇 de infraestructura para la prueba, demostraci髇 o validaci髇 de prototipos y nuevas tecnolog韆s asociadas a la energ韆 e髄ica marina, incluidas las infraestructuras necesarias de evacuaci髇 el閏trica, en su caso. A estos efectos, para acreditar que la actividad sea considerada de investigaci髇 y desarrollo o de innovaci髇 tecnol骻ica, deber� contar con informes que as� lo acrediten del Ministerio de Ciencia e Innovaci髇 y del Instituto para la Diversificaci髇 y Ahorro de la Energ韆 (IDAE), M.P.�

LE0000701411_20211223

Disposici髇 final octava Modificaci髇 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre

El apartado 2 de la disposici髇 adicional vig閟ima tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, queda redactado en los siguientes t閞minos:

�2. Los empresarios, excluida la Administraci髇 P鷅lica y las entidades, organismos y empresas del sector p鷅lico, dedicados a actividades encuadradas en los Sectores de Agricultura, Pesca y Acuicultura; Industria, excepto Energ韆 y Agua; Comercio; Turismo; Hosteler韆 y resto de servicios, excepto el Transporte A閞eo de ala fija, Construcci髇 de Edificios, Actividades Financieras y de Seguros y Actividades Inmobiliarias en las Ciudades de Ceuta y Melilla, con cuentas de cotizaci髇 asignadas a dichas empresas en las que tengan trabajadores que presten actividad en las referidas ciudades, tendr醤 derecho a una bonificaci髇 del 50 por ciento en sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes, as� como por los conceptos de recaudaci髇 conjunta de desempleo, formaci髇 profesional y Fondo de Garant韆 Salarial.�

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