Atenci髇 norma derogada, ver regulaci髇 posterior

Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentaci髇

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  Seguridad y salud laboral en sectores con elevado riesgo de siniestralidad

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Sumario

LE0000683495_20201218R.D.-Ley 5/2020, 25 febrero, derogado por la disposici髇 derogatoria 鷑ica de la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentaci髇 (獴.O.E.� 17 diciembre), el 18 de diciembre de 2020.

V閍se la Res. de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci髇 del Acuerdo de convalidaci髇 del R.D.-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentaci髇 (獴.O.E.� 30 marzo).LE0000662799_20200330

I. Antecedentes

La confluencia de factores de diversa 韓dole, como la ca韉a sostenida de precios percibidos por los agricultores; el aumento de la frecuencia de los da駉s por fen髆enos clim醫icos extremos, en particular en los 鷏timos meses, en que se han sucedido, pr醕ticamente sin interrupci髇, fen髆enos tan adversos como las encadenadas depresiones aisladas en niveles altos (DANAs) y la borrasca Gloria; las tensiones comerciales, la volatilidad de las cotizaciones de las materias primas, el incremento de los costes de los insumos agrarios y ganaderos, como la energ韆, el creciente impulso de exigencias en la producci髇, y la falta de equilibrio en la fijaci髇 de precios en la cadena alimentaria, han conducido a una situaci髇 de crisis sin precedentes del sector agrario que obliga a los poderes p鷅licos a intervenir de manera urgente.

Por otra parte, el sector agrario es vulnerable por sus propias caracter韘ticas, pues se trata de un sector muy atomizado, estacionario y con una elevada rigidez de la demanda, por la propia naturaleza perecedera de la producci髇, de manera paulatina ha tendido hacia un desequilibrio estructural del mercado, alcanzando en la actualidad cotas sin precedentes, con la consiguiente p閞dida de tejido productivo y de empleo en el campo.

Ese fen髆eno, que es com鷑 en pa韘es de nuestro entorno, ha propiciado que la Comisi髇 Europea y el Parlamento Europeo mediante distintas comunicaciones hayan ido profundizando en el an醠isis y en la identificaci髇 de los problemas reales. A todas estas iniciativas se han sumado otras instituciones europeas, como el Consejo de Ministros de Competitividad y Agricultura o el Comit� Econ髆ico y Social, que han evidenciado la gravedad y extensi髇 global de este problema, subrayando la necesidad de que los Estados adopten medidas, ampliando el marco normativo significativamente en tiempos recientes, con una apuesta esencial en favor del reequilibrio de la cadena y ampliando notablemente el margen de acci髇 para los Estados miembros. Debe tenerse en cuenta que el n鷐ero y el tama駉 de los agentes var韆n en las distintas etapas de la cadena de suministro agr韈ola y alimentario. Las diferencias en el poder de negociaci髇, que se corresponden con la dependencia econ髆ica del proveedor respecto del comprador, y es probable que conduzcan a que los agentes m醩 grandes impongan pr醕ticas comerciales desleales a los agentes m醩 peque駉s.

As�, en el marco de la cadena de suministro agr韈ola y alimentario, se producen con frecuencia desequilibrios importantes en cuanto a poder de negociaci髇 entre proveedores y compradores de productos agr韈olas y alimentarios. Estos desequilibrios en el poder de negociaci髇 es probable que conduzcan a pr醕ticas comerciales desleales, si los socios comerciales de mayor tama駉 y poder tratan de imponer determinadas pr醕ticas o disposiciones contractuales que les benefician en relaci髇 con una transacci髇 de venta. Estas pr醕ticas pueden, por ejemplo, apartarse en gran medida de las buenas conductas comerciales, ser contrarias a la buena fe y a un trato justo e imponerse de manera unilateral por una de las partes a la otra; o imponer una transferencia desproporcionada e injustificada de riesgo econ髆ico de una de las partes a la otra; o imponer un desequilibrio importante de derechos y obligaciones a una de las partes.

II. Contenido

Las circunstancias descritas obligan a los poderes p鷅licos a adoptar medidas enfocadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Cabe destacar por su inmediatez aqu閘las que mitiguen las dificultades extremas en que se sit鷄 una buena parte del sector dedicado a la producci髇 primaria. Se trata de actuaciones de car醕ter urgente y de todo punto inaplazable, que tienen como finalidad evitar el abandono de las explotaciones agrarias y asegurar en la medida de lo posible un reparto equitativo de los costes sociales, ambientales, de competitividad y de sostenibilidad, que se residencian de modo agravado en los operadores que dedican sus esfuerzos al sector primario y, muy especialmente, a los eslabones menos protegidos y m醩 vulnerables, que permitan el mantenimiento y doten de estabilidad a las explotaciones agrarias.

Por ese motivo, el presente real decreto-ley incorpora un conjunto sistem醫ico de medidas concretas y con efectos tangibles, que reduzcan los factores perjudiciales y garanticen el nivel de vida, destinadas a mejorar la posici髇 negociadora, la equidad de las relaciones y el justo reparto de los costes generales del sector primario.

Como elemento primordial, se introducen 鷑icamente medidas regulatorias puntuales en el 醡bito de la cadena alimentaria cuya adopci髇 se considera inaplazable, por los motivos se馻lados, anticip醤dose a la futura reforma en profundidad, que est� previsto acometer m醩 adelante, de la Ley 12/2013, de 1 de agosto, de medidas para la mejora de la cadena alimentaria, en aras de incorporar en ese momento en dicha regulaci髇 lo dispuesto en la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las pr醕ticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agr韈ola y alimentario, la cual se emprender� sin demora, asegurando la participaci髇 p鷅lica, en especial, de todos los agentes sociales que intervienen en la cadena alimentaria as� como de instituciones p鷅licas y privadas. A pesar de que la ley ha funcionado, existen elementos que ahora requieren de medidas urgentes para asegurar su plena eficacia.

La actividad de los poderes p鷅licos ha de partir de un enfoque diferenciado con respecto de otros subsectores econ髆icos, de modo que se asegure un correcto funcionamiento que parta de la necesaria garant韆 de la cadena de valor, que pueda ser sostenible para todos los operadores, mejorando tambi閚 la posici髇 de los consumidores y usuarios.

La principal novedad en el 醡bito de la cadena alimentaria consiste en obligar a que cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producci髇 de tal producto en que haya incurrido dicho operador, de modo que se preserve ese valor agregado creciente que fundamenta uno de los ejes vertebradores de la acci髇 p鷅lica en este sector, que contribuya a aumentar su competitividad global a trav閟 del valor a馻dido y que, en 鷏timo t閞mino, revierta en beneficio de toda la sociedad. Asimismo, se previene que el operador que realice la venta final del producto al consumidor pueda repercutir a ninguno de los operadores anteriores el riesgo empresarial derivado de su pol韙ica comercial en materia de precios ofertados al p鷅lico.

Tambi閚 se prev� como novedad destacada la inclusi髇 del coste de producci髇 en el precio como elemento m韓imo de los contratos. En el texto originario de la ley se tiene en cuenta, en la composici髇 del precio, el conjunto de factores objetivos, verificables, y no manipulables que deben ser expresamente establecidos en el contrato, si bien no incluye expresamente un factor que se considera esencial para su determinaci髇 como es el coste de producci髇.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de esas premisas, la norma incorpora una lista ejemplificativa de elementos que considerar para las explotaciones agrarias, tales como semillas, fertilizantes, pesticidas, energ韆 o maquinaria, e 韓dices que, entre otros, puedan emplearse para asegurar esa objetividad en su determinaci髇, como los publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇. Esta medida resulta de capital importancia, pues permite cerrar el c韗culo de la cadena de valor, ya que su libre determinaci髇 conforme a las reglas de mercado permite cohonestar la libre formaci髇 de la voluntad y la autorregulaci髇 de oferta y demanda con el aseguramiento de que esos costes efectivos de producci髇 –que adem醩 deber醤 cubrirse con el precio y aparecer as� en el contrato– no se destruyen en estadios sucesivos de la cadena.

En este punto, se introducen precisiones con el fin de impedir que en dicha determinaci髇 del coste se introduzcan factores que lo distorsionen, como las referencias circulares, es decir, las que se obtienen de precios participados por otros operadores o por el propio operador.

Por otro lado, cabe destacar la novedosa exigencia de que las actividades promocionales que se realicen en el 醡bito de aplicaci髇 de la ley de la cadena se desplieguen en un marco equitativo de obligaciones y derechos, entre los que cabe destacar que se base en el acuerdo y libertad de pactos, para los cuales se establecen unos contenidos m韓imos; el inter閟 mutuo; y la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias particulares de los distintos operadores, sin que puedan realizarse actividades promocionales entre los mismos que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos, con el fin de evitar que se perjudique a percepci髇 en la cadena sobre la calidad o valor de los productos, banalizando una actividad esencial para la econom韆 y sociedad.

Debe destacarse, a efectos de ajustar su correcto encaje en el ordenamiento, que se trata de una medida sectorial encaminada a la protecci髇 desde otra perspectiva de la cadena de valor en el sector agroalimentario y que no se dirige a los consumidores, a efectos de su clara diferenciaci髇 con otras normas sectoriales, que se aplicar醤 sin perjuicio de esta novedosa previsi髇 normativa que, por lo dem醩, ya se encontraba recogida como soft law en el C骴igo de Buenas Pr醕ticas Mercantiles en la Contrataci髇 Alimentaria.

Asimismo, adelant醤dose a la exigencia de la actual normativa europea en la materia, se prev� la publicidad de las infracciones graves y muy graves, con fines disuasorios pero tambi閚 punitivos, puesto que el elemento reputacional es esencial en el sector y es procedente, conforme indica el legislador europeo, que el p鷅lico tenga conocimiento de los operadores que han sido objeto de sanci髇 por las autoridades competentes. Con el fin de asegurar el pleno respeto a los derechos de los administrados y encontrar una soluci髇 ponderada, la norma restringe esta publicidad a las que hayan adquirido firmeza en v韆 administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo, en v韆 judicial. En el caso de las sanciones que imponga la Administraci髇 General del Estado, esta publicidad se dar� por medio de la p醙ina web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇.

Por otro lado, la norma incluye una modificaci髇 concreta que afecta a la fiscalidad de estas actividades en un elemento muy sensible y de una importancia capital para el sector.

Existe una generalizada preocupaci髇 por el actual tratamiento fiscal de las ayudas a la incorporaci髇 de j髒enes a la actividad agraria, una de las l韓eas esenciales de la pol韙ica de renovaci髇 del sector primario y uno de los ejes sobre los que versar� la nueva Pol韙ica Agr韈ola Com鷑 (PAC), en cuanto a su imputaci髇 temporal. El cambio de calificaci髇 fiscal de las subvenciones a la incorporaci髇 de j髒enes agricultores, derivadas del Marco Nacional de Desarrollo Rural, ha dificultado que puedan acceder a 閟tas una parte de los agricultores, desincentivando esta medidas, esencial en el proceso de renovaci髇 del proceso productivo. Mientras en el Marco Nacional del periodo 2007-2013 se contemplaban las ayudas a la instalaci髇 de j髒enes agricultores, como medidas destinadas a inversiones y gastos de instalaci髇, el Marco Nacional 2014-2020 las condiciona directamente al desarrollo de un plan empresarial. En consecuencia, fiscalmente han pasado de considerase subvenciones de capital a subvenciones corrientes como ayuda a la renta, lo que obliga al perceptor a tener que sufragar la totalidad del impuesto en el primer momento, sin posibilidad de fraccionamiento del pago a lo largo del per韔do cuatrienal de percepci髇.

Por consiguiente, en muchos casos se liquidan los impuestos de una ayuda a鷑 no percibida, lo que puede desincentivar precisamente la apuesta por el relevo generacional a trav閟 de esta medida. En consecuencia, se adapta la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas F韘icas (IRPF) para permitir en este supuesto, al igual que ya sucede en otros an醠ogos, tributar en varios ejercicios. Esta reforma es de gran importancia y responde a una demanda tradicional del sector, dado que la incorporaci髇 de j髒enes es una de las l韓eas esenciales de la pol韙ica de renovaci髇 del sector primario y uno de los ejes de la nueva PAC. Siendo sus efectos muy relevantes, no obstante, tiene coste cero para las arcas p鷅licas pues permite el pago del impuesto a lo largo de las anualidades de ejecuci髇 de las ayudas, sin disminuir el volumen final de ingresos p鷅licos pero acomod醤dolo al marco temporal en que se recibe la ayuda.

Asimismo, este real decreto-ley procede a introducir importantes medidas en materia de empleo en este 醡bito de actividad, de manera que se haga frente a las especiales circunstancias en que se desenvuelve el mercado de trabajo en el campo.

Se trata de establecer medidas de protecci髇 de los trabajadores eventuales afectados por el descenso de actividad, provocado por los cambios progresivamente acuciantes en la estructura productiva del pa韘 y, por otra parte, medidas de apoyo a los empresarios agrarios, con el fin de impedir que los efectos derivados de la p閞dida de rentabilidad puedan redundar en una p閞dida acelerada del empleo en la agricultura y de sostenibilidad financiera de las explotaciones.

En relaci髇 con la protecci髇 por desempleo, se regula en esta norma una medida de car醕ter social que tiene como destinatarios a los trabajadores eventuales agrarios residentes en las comunidades aut髇omas de Andaluc韆 y Extremadura afectados por el descenso de actividad provocado por diversas circunstancias, mediante la reducci髇 a veinte del n鷐ero de jornadas necesarias para el acceso al subsidio por desempleo contemplado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el R間imen Especial Agrario de la Seguridad Social, as� como a la renta agraria regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, paliando as� los efectos negativos de la situaci髇 descrita en la protecci髇 social de un colectivo vulnerable de personas trabajadoras.

La medida, de car醕ter excepcional, se justifica porque, adem醩 del conjunto de circunstancias que afectan al sector agrario, en el caso de las comunidades aut髇omas de Andaluc韆 y Extremadura, y de acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇, se ha constatado un importante descenso de la producci髇 del olivar, lo que, unido a las dificultades que han supuesto los aranceles impuestos por Estados Unidos a este sector, ha repercutido en una correlativa disminuci髇 del empleo de los trabajadores eventuales agrarios de dichas comunidades aut髇omas, por lo que se considera que se cumplen las condiciones para regular la reducci髇 del n鷐ero m韓imo de jornadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo contemplado en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, as� como a la renta agraria regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril.

Adem醩, se recupera para el a駉 2020 la medida de conversi髇 de contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos que incluye a los trabajadores fijos discontinuos, establecida en el art韈ulo 7 del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protecci髇 social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. De esta manera se posibilita a las empresas que transformen contratos temporales con trabajadores pertenecientes al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del R間imen General de la Seguridad Social, incluidos los fijos discontinuos, de manera inmediata el bonificarse la cuota empresarial por contingencias comunes, distingui閚dose su cuant韆 en funci髇 del encuadramiento del trabajador y de la modalidad de cotizaci髇 –mensual o por jornadas reales trabajadas–. Adem醩, con el objetivo de introducir medidas positivas para reducir la brecha de g閚ero, se establecen cuant韆s incrementadas en el caso de la conversi髇 de contratos de mujeres trabajadoras. Las caracter韘ticas del mercado laboral en el 醡bito del trabajo agrario, donde priman la temporalidad y, por tanto, la precariedad, exige la adopci髇 de medidas urgentes mediante una acci髇 normativa inmediata que justifican la recuperaci髇 de esta medida a trav閟 de un real decreto-ley. A trav閟 de este incentivo se busca promocionar la contrataci髇 estable en el sector, reduciendo un volumen de precariedad que ha alcanzado niveles insostenibles desde la perspectiva social y promoviendo la estabilidad en el empleo como principio rector de nuestro ordenamiento laboral.

Por 鷏timo, se procede a modificar el apartado a) art韈ulo 19.1 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social, que delimita el 醡bito de actuaci髇 de 閟ta. El tenor literal de dicho apartado determina la exclusi髇 del 醡bito de actuaci髇 de la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social respecto de los alojamientos y locales de descanso, ubicados fuera de los centros de trabajo o lugares donde se ejecuta la actividad laboral.

Independientemente del car醕ter obligatorio o no de la puesta a disposici髇 de dichos lugares por parte de las empresas (sea v韆 convencional, contractual o legal), una vez que los alojamientos son puestos a disposici髇 de las personas trabajadoras, 閟tos pasan a constituir un elemento de la relaci髇 laboral, resultando imprescindible que re鷑an las adecuadas condiciones de higiene, salubridad y habitabilidad, de acuerdo con el deber de protecci髇 que se atribuye al empresario por el art韈ulo 14.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci髇 de Riesgos Laborales.

Asimismo, la orden anual por la que se regula la gesti髇 colectiva de contrataciones en origen (para el a駉 2020 la Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre), incluye entre las obligaciones empresariales 玪a puesta a disposici髇 del trabajador de un alojamiento adecuado durante la vigencia del contrato de trabajo que re鷑a las condiciones previstas en la normativa en vigor, debiendo quedar garantizada, en todo caso, la habitabilidad e higiene adecuada del alojamiento�. Adem醩, la propia orden establece en su anexo IX, para el caso del sector agr韈ola, las condiciones m韓imas de los alojamientos de temporada y campa馻.

Por lo expuesto, correspondiendo a la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social, como servicio p鷅lico, la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la normativa legal y convencional del orden social, y dentro de ella la de seguridad y salud laboral y de conformidad con lo establecido en el art韈ulo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci髇 de Riesgos Laborales, as� como los art韈ulos 1.2 y 12 de la Ley Ordenadora del Sistema de Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social, resulta necesario incluir dentro de su 醡bito de actuaci髇 locales, viviendas, u otros lugares habilitados, aun cuando no se encuentren en las empresas, centros y lugares de trabajo en que se ejecute la prestaci髇 laboral, en los que residan, se alojen o puedan permanecer los trabajadores por raz髇 de su trabajo durante los per韔dos de descanso, y hayan sido puestos a disposici髇 por el empresario, en cumplimiento de una obligaci髇 prevista en una norma legal, convenio colectivo o contrato de trabajo. Por aplicaci髇 del art韈ulo 18.2 de la Constituci髇 Espa駉la y el art韈ulo 13.1 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, tambi閚 en estos nuevos 醡bitos de actuaci髇 sujetos a inspecci髇, cuando coincidan con el domicilio de los trabajadores, resultar� exigible la obtenci髇 del consentimiento expreso de los mismos, o, en su defecto, de la oportuna autorizaci髇 judicial.

III. Justificaci髇 de la extraordinaria y urgente necesidad

En relaci髇 con el empleo del real decreto-ley como instrumento para la introducci髇 de estas modificaciones en el ordenamiento, se deben tener en cuenta dos aspectos referidos a las materias vedadas a este instrumento normativo y a la concurrencia de los presupuestos habilitantes que justifican la utilizaci髇 de esta clase de norma. En relaci髇 con los primeros, como se馻la el art韈ulo 86.1 de nuestra Constituci髇, los reales decretos-leyes 玭o podr醤 afectar al ordenamiento de las instituciones b醩icas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T韙ulo I, al r間imen de las Comunidades Aut髇omas ni al Derecho electoral general�. En el caso del presente real decreto-ley no se realiza afectaci髇 alguna a cualquiera de estas materias.

En efecto, las regulaciones que se incorporan a la norma no suponen una afecci髇 del n鷆leo esencial de ninguno de los anteriores elementos, puesto que no se regula ninguna instituci髇 b醩ica del Estado, no se afecta a derechos y deberes de los ciudadanos, que no se ver醤 ni incrementados ni disminuidos, no se incorporan afecciones al r間imen de las comunidades aut髇omas puesto que no es objeto de ninguna de estas medidas, y tampoco tiene relaci髇 alguna con el r間imen electoral, de modo que nada hay en su contenido que obste a su aprobaci髇 en este punto.

Por lo que respecta a la concurrencia de los presupuestos habilitantes de extraordinaria y urgente necesidad, debe tenerse en cuenta la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, resumida en el Fundamento Jur韉ico IV de la Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018. Conforme a la misma, se requieren, por un lado, 玪a presentaci髇 expl韈ita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobaci髇�, es decir, lo que ha venido en denominarse, la situaci髇 de urgencia; y, por otro, 玪a existencia de una necesaria conexi髇 entre la situaci髇 de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella�. Como se馻la el Tribunal Constitucional, generalmente 玸e ha venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como 玞oyunturas econ髆icas problem醫icas�, para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente l韈ito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecuci髇 del fin que justifica la legislaci髇 de urgencia, que no es otro que subvenir a 玸ituaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones dif韈iles de prever requieran una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes� (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8). Finalmente, tambi閚 se debe advertir que el hecho de que se considere una reforma estructural no impide, por s� sola, la utilizaci髇 de la figura del decreto-ley, pues el posible car醕ter estructural del problema que se pretende atajar no excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobaci髇 de un decreto-ley, lo que deber� ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso (STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016, FJ 3)�.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente l韈ito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7) y concurre en el presente caso, el fin que justifica la legislaci髇 de urgencia sea subvenir a una situaci髇 concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones dif韈iles de prever requiere una acci髇 normativa inmediata en un plazo m醩 breve que el requerido por la v韆 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, m醲ime cuando la determinaci髇 de dicho procedimiento no depende del Gobierno. Como se expone pormenorizadamente a continuaci髇, ninguna de las medidas recogidas en la norma se puede considerar previsible con antelaci髇 pues ni la afecci髇 clim醫ica que se describe, ni las perturbaciones comerciales que se han expuesto ni las alteraciones en las condiciones productivas se pod韆n conocer con antelaci髇 si bien los Poderes p鷅licos no pueden permanecer ajenos a su existencia. El 鷑ico modo posible de hacerles frente ha de ser el del real decreto-ley, pues, ya que en cualquier otro mecanismo los plazos impedir韆n la correcta atenci髇 de las necesidades detectadas.

En consecuencia, se puede asegurar que existe una conexi髇 directa entre la urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella: ni las medidas laborales acordadas podr韆n esperar a una tramitaci髇 parlamentaria puesto que los efectos sobre los trabajadores ser韆n demasiado gravosos por el retraso ni las medidas en materia de reequilibrio de la cadena pueden acompasarse a la transposici髇 futura de la directiva, porque requieren de la decidida e inmediata intervenci髇 p鷅lica. La inmediatez de la entrada en vigor de este real decreto-ley resulta tambi閚 oportuna, puesto que otra alternativa requerir韆 de un plazo muy superior en el tiempo. Esta acci髇 normativa urgente asegura la puntual modificaci髇 legal descrita en un plazo m醩 breve que el requerido para la tramitaci髇 parlamentaria de las leyes, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia (SSTC 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7).

El paquete normativo que se acomete ahora constituye un conjunto sistem醫ico de medidas coordinadas que hace frente a las situaciones descritas desde diferentes perspectivas, compartiendo un objetivo com鷑. Se hace necesario, pues, intervenir en la actual coyuntura de modo inmediato y desde distintos 醡bitos materiales, por lo que se adopta este bloque de decisiones que mejoran la situaci髇 de partida desde la perspectiva de la cadena alimentaria, en el tratamiento fiscal de determinadas ayudas o las condiciones laborales de los empleados en el sector.

No puede olvidarse, a este respecto que la Renta Agraria de 2019 ha descendido un 8.4%, tras un a駉 de estancamiento en 2018 y varios r閏ord hist髍icos anteriores. La raz髇 principal ha sido la ca韉a de producci髇 vegetal pero, sobre todo, la ca韉a de los precios agr韈olas.

En cuanto a las medidas en materia de cadena alimentaria no puede demorarse, puesto que los perjuicios a que se podr韆 someter el correcto funcionamiento del mercado y el conjunto de la econom韆 ser韆n incalculables. Del mismo modo, la seguridad jur韉ica exige una pronta soluci髇 a estas circunstancias, dado que han de adicionarse medidas al ordenamiento sin demora, tanto por motivos coyunturales como estructurales. En cuanto a estos 鷏timos, llevar a cabo los cambios se馻lados es esencial para que existan reglas claras donde los operadores no s髄o puedan actuar en la leg韙ima confianza de que concurren los requisitos de validez de su marco regulador, sino la aspiraci髇 a la plena adecuaci髇 de dicha regulaci髇 a las concretas necesidades de su estructura. Como se ha indicado, concurren en este sector una serie de motivos que le hacen singular, a los que ya se ha hecho menci髇 en p醨rafos anteriores y que pueden resumirse, en apretada s韓tesis, en la atomizaci髇, el desequilibrio estructural existente y el car醕ter perecedero de los bienes, conjunto de causas que fuerzan una intervenci髇 adicional en el sector por parte de los poderes p鷅licos. Estas mismas causas justificaron en su momento la aprobaci髇 de la legislaci髇 de 2013, pero en este momento no es dable el retraso en la acometida de medidas adicionales de protecci髇 de los intereses generales, puesto que el presente real decreto-ley requiere de la inmediata aplicaci髇 de sus importantes novedades, dado el marco de incremento sostenido de las afecciones ambientales y climatol骻icas a los integrantes de la cadena, de incorporaci髇 de tensiones comerciales tanto en el circuito interno como en el internacional –por citar las m醩 destacadas, el abandono de Reino Unido de la Uni髇 Europea, los cambios en las tendencias de consumo que se aceleran en los 鷏timos a駉s o el creciente incremento arancelario en el marco de una reducci髇 sostenida del crecimiento medio global-, as� como factores de 韓dole productivo, como el elevado precio de insumos y auge de los costes estructurales que se han venido a sumar a factores de creciente importancia tales como la estructura territorial del pa韘 o los desequilibrios en la oferta y la demanda provocados por cambios ex骻enos y de condiciones productivas, cuyo auge se ha visto potenciado en los 鷏timos meses. Desde el lado coyuntural, asimismo, concurren elementos de magnitud clave tales como la imperiosa necesidad de articular sin dilaciones un instrumento normativo que dote de plena eficacia a las medidas que se han juzgado no demorables, en un mercado espec韋icamente afectado por patrones de desnivelaci髇 crecientes fruto de la concentraci髇 y de la agudizaci髇 de los comportamientos descritos, especialmente en el marco de un mercado interior europeo de capital importancia para el sector espa駉l.

En paralelo, y por id閚tica motivaci髇, es necesario acomodar la parte de los costes tributarios para lograr id閚ticos fines y sin que tampoco sea factible demorar su aprobaci髇, incluyendo la imprescindible necesidad de modificar una consecuencia jur韉ica no deseada en el sistema de tributaci髇 referido para los j髒enes agricultores, en que no s髄o concurren causas justificadas de justicia material, sino la necesidad impostergable de que se acometa este cambio de inmediato, con el fin de que para cuando el inminente Plan Estrat間ico de la PAC est� aprobado, tal circunstancia haya sido convenientemente corregida y se permita la adecuada articulaci髇 de sus prioridades con el marco regulatorio interno. La actividad por urgencia de los Poderes p鷅licos en este punto es imprescindible por cuanto se prev閚 efectos retroactivos de la medida, que si bien son favorables para el interesado, han de publicarse de forma inmediata de modo que puedan aplicarse al completo ejercicio presupuestario sin que se produzca una retroactividad en exceso acusada que afecte al conocimiento de los interesados sobre los efectos de la medida. El retraso que conllevar韆 su tramitaci髇 legislativa ordinaria o por urgencia impedir韆 su aplicaci髇 efectiva a este ejercicio fiscal, lo que causar韆 la pr醕tica inhabilidad de la medida para cumplir con los fines de fomento del relevo generacional que tiene encomendada y que pueden llegar incluso a impedir su correcto funcionamiento como pol韙ica p鷅lica, de modo que no puede lograrse su finalidad si no es por este medio.

Del mismo modo, la extraordinaria y urgente necesidad de estas medidas procede de la concurrencia de una pl閥ade de causas de fuerza mayor, derivadas de circunstancias ambientales crecientemente extremas, crisis agudizadas en el comercio internacional y alteraci髇 secuencial de los elementos constitutivos de la actividad. Dichas circunstancias obligan a adoptar medidas excepcionales y urgentes en materia de empleo para evitar situaciones de desprotecci髇 de los trabajadores como consecuencia de la disminuci髇 de la necesidad de mano de obra en las zonas afectadas. Se trata de una medida que sigue m鷏tiples precedentes, como los Reales Decretos-Leyes 10/2005, de 20 de junio; 2/2010, de 19 de marzo; 1/2013, de 25 de enero; 1/2015, de 27 de febrero; y 28/2018, de 28 de diciembre, que reconoc韆n la reducci髇 del n鷐ero m韓imo de jornadas realizadas para acceder a las prestaciones se馻ladas, que se complementa con otras igualmente perentorias en materia laboral. Por lo tanto, esta medida se ha venido realizando de manera frecuente en el tiempo sin que haya habido cuestionamiento constitucional alguno sobre la posibilidad de regularlo por medio de este instrumento.

Debe tenerse en cuenta, a este respecto, que adem醩 de los factores tanto estructurales como coyunturales que confluyen en este subsector de actividad y que ya se han expuesto, concurre como elemento esencial de agravamiento de esta situaci髇 la concatenaci髇 de fen髆enos climatol骻icos especialmente virulentos que han tenidos los ampliamente conocidos efectos adversos sobre la actividad del sector agrario. La sucesi髇 de acaecimientos como las encadenadas depresiones aisladas en niveles altos (DANAs) o las alteraciones en los patrones de temperaturas y precipitaciones habituales han generado evidentes perjuicios en las explotaciones agrarias. Estos perjuicios, que por s� mismos suponen un elemento adicional que considerar para la necesidad de atender de urgencia estas medidas, tienen un efecto espec韋ico en el 醡bito de esta concreta medida, pues la renta y el subsidio agrarios s髄o se verifican en las dos comunidades aut髇omas referidas. Los perjuicios en la actividad han tenido como consecuencia inmediata el descenso dr醩tico de la contrataci髇 de personal eventual en tales explotaciones, de modo que el n鷐ero de jornadas cotizadas, exigido como requisito para el acceso a tales mecanismos protectores, ha deca韉o tambi閚, lo que conlleva la imposibilidad de buena parte de los perceptores de cumplir con un requisito habilitante esencial. Esta circunstancia, sumada al evidente impacto que los aranceles internacionales y los problemas ambientales que han afectado a la cosecha de las actividades ole韈olas –predominantes precisamente en el territorio de ambas regiones–, justifica sobradamente la necesidad imperiosa e inaplazable de reducir el n鷐ero de jornadas exigidas para acceder a ambas figuras, en l韓ea con lo que en ocasiones similares se ha venido acordando en el pasado a trav閟 tambi閚 de la figura del real decreto-ley.

Las caracter韘ticas del mercado laboral en el 醡bito del trabajo agrario, adem醩, donde priman la temporalidad y, por tanto, la precariedad, hacen necesario adoptar medidas urgentes mediante una acci髇 normativa inmediata, lo que justifica la recuperaci髇 de esta medida a trav閟 de un real decreto-ley, de modo que se promocione la contrataci髇 estable en el sector, reduciendo un volumen de precariedad que ha alcanzado niveles insostenibles desde la perspectiva social, de modo inmediato.

Del mismo modo, en la modificaci髇 de del art韈ulo 19.1.a) de la Ley 23/2015, de 21 de julio, concurre el presupuesto material del art韈ulo 86.1 de la Constituci髇 Espa駉la, teniendo en cuenta la necesidad urgente de garantizar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores en los t閞minos previstos en el art韈ulo 14.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci髇 de Riesgos Laborales, y el ejercicio de las potestades de control que de acuerdo con los art韈ulos 1.1 y 1.2 del Estatuto de los Trabajadores corresponde al empresario sobre locales, viviendas y alojamientos en la medida en que 閟tos son proporcionados por aquel. La no previsi髇 de acceso por parte de la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social y la consiguiente falta de vigilancia de dichos lugares deja fuera una parte inescindible del deber de seguridad y cuidado del empresario en el que persisten riesgos (acoso, salubridad, derecho al descanso, etc.) vinculados con el trabajo que pueden poner en riesgo grave e inminente la salud y seguridad del trabajador y su integridad f韘ica. Asimismo, esta modificaci髇 que hace coincidir el 醡bito funcional de actuaci髇 de la Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social, art韈ulo 12 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, con su 醡bito material, art韈ulo 19 de la citada ley, no s髄o es conforme con los convenios internacionales de la Organizaci髇 Internacional del Trabajo (OIT), singularmente el Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso, sino que adem醩 permite garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores en situaciones y respecto de aquellos colectivos que presentan una mayor riesgo y vulnerabilidad (mujeres, migrantes, etc). Dicha modificaci髇, que es conforme con las facultades y atribuciones que de acuerdo con la Ley 23/2015, de 21 de julio, corresponde a dicho organismo, requiere su adopci髇 urgente para evitar situaciones que comprometan el derecho de los trabajadores al disfrute de condiciones adecuadas de salud y seguridad y a su integridad f韘ica.

Por lo dem醩, ha de tenerse en cuenta que este real decreto-ley se constri馿 a las medidas m醩 perentorias con el fin de dar una respuesta adecuada y suficiente dentro de los m醨genes de la necesaria inmediatez que acompa馻n a tal figura, pero que se ha de enmarcar necesariamente tanto en el conjunto de medidas que el Gobierno de la Naci髇 ya est� llevando a cabo en este 醡bito como en un futuro paquete normativo en que se d� una m醩 amplia respuesta a las necesidades detectadas, especialmente en el marco de la reciente aprobaci髇 de la normativa europea en esa materia.

Por todo ello, por su finalidad y por el marco de exigencia temporal en el que se dicta, concurren en este real decreto-ley las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad requeridas por el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la.

IV. Principios de buena regulaci髇

Por todo lo anterior, el presente real decreto-ley se configura de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jur韉ica recogidos en el art韈ulo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com鷑 de las Administraciones P鷅licas. En este sentido, esta modificaci髇 es necesaria y eficaz por cuanto es preciso introducir en este momento los cambios m醩 acuciantes para subvenir a estas necesidades y no existe otro mecanismo m醩 que el de una norma con rango de ley. En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su tramitaci髇 se encuentra exenta de consulta p鷅lica previa y de los tr醡ites de audiencia e informaci髇 p鷅licas. Asimismo, resulta proporcional y transparente porque esta modificaci髇 es compatible con el contenido de la directiva que en el futuro haya de ser transpuesta en materia de cadena alimentaria y, siendo de m韓imos, introduce s髄o en los elementos necesarios el contenido adicional que se estima procedente para la salvaguarda del inter閟 p鷅lico, e igualmente se garantiza el principio de seguridad jur韉ica al asegurar un correcto encaje del conjunto de medidas. Finalmente, el principio de eficiencia se considera cumplido toda vez que no se imponen nuevas cargas administrativas que no sean imprescindibles frente a la regulaci髇 actual.

V. Habilitaci髇 competencial

En cuanto a los t韙ulos competenciales que lo amparan, el art韈ulo primero se dicta al amparo de lo dispuesto en el art韈ulo 149.1.13.� de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado competencia sobre bases y coordinaci髇 de la planificaci髇 general de la actividad econ髆ica. Se except鷄 de lo anterior los modificandos uno a tres, relativos al t韙ulo II, y la disposici髇 transitoria 鷑ica de este real decreto-ley, que se amparan en las reglas 6.� y 8.� del art韈ulo 149.1, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre legislaci髇 mercantil y legislaci髇 civil.

El art韈ulo segundo se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 14.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda General.

El art韈ulo tercero se dicta al amparo de la habilitaci髇 contenida en la regla 17.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇 Espa駉la, que atribuye al Estado la competencia sobre legislaci髇 b醩ica y r間imen econ髆ico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecuci髇 de sus servicios por las comunidades aut髇omas.

El art韈ulo cuarto se dicta al amparo de la habilitaci髇 contenida en la regla 7.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇 Espa駉la, por la que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislaci髇 laboral, sin perjuicio sin perjuicio de su ejecuci髇 por los 髍ganos de las comunidades aut髇omas.

El art韈ulo quinto se dicta conjuntamente al amparo de las reglas 7.� y 17.� del art韈ulo 149.1 de la Constituci髇 Espa駉la, por las que se atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislaci髇 laboral, sin perjuicio sin perjuicio de su ejecuci髇 por los 髍ganos de las comunidades aut髇omas, y la competencia sobre legislaci髇 b醩ica y r間imen econ髆ico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecuci髇 de sus servicios por las comunidades aut髇omas.

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci髇 contenida en el art韈ulo 86 de la Constituci髇 Espa駉la, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci髇, de la Ministra de Hacienda y de la Ministra de Trabajo y Econom韆 Social, y previa deliberaci髇 del Consejo de Ministros en su reuni髇 del d韆 25 de febrero de 2020,

DISPONGO:

Art韈ulo quinto Modificaci髇 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social

La letra a) del apartado 1 del art韈ulo 19 de la Ley 23/2015 de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspecci髇 de Trabajo y Seguridad Social, quedar� redactada de la siguiente manera:

• 玜) Las empresas, los centros de trabajo y, en general, los lugares de trabajo en que se ejecute la prestaci髇 laboral, aun cuando est閚 directamente regidos o gestionados por las Administraciones P鷅licas o por entidades de Derecho p鷅lico con personalidad jur韉ica propia vinculadas o dependientes de cualesquiera de ellas, con sujeci髇, en este 鷏timo caso, a lo previsto en la normativa que regula dicha actuaci髇 en las Administraciones P鷅licas. La actuaci髇 de la Inspecci髇 de Trabajo se podr� ejercer tambi閚 en locales, viviendas, u otros lugares habilitados, aun cuando no se encuentren en las empresas, centros y lugares de trabajo en que se ejecute la prestaci髇 laboral, en los que residan, se alojen o puedan permanecer los trabajadores por raz髇 de su trabajo durante los per韔dos de descanso, y hayan sido puestos a disposici髇 de los mismos por el empresario, en cumplimiento de una obligaci髇 prevista en una norma legal, convenio colectivo o contrato de trabajo.�

LE0000556938_20201218

DISPOSICIONES FINALES