Atenci髇 norma derogada, ver regulaci髇 posterior

Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Uni髇 Europea

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Sumario

Directiva CE 2014/42/UE, 3 abril rectificada por Correcci髇 de errores (獶.O.U.E.L.� 13 mayo). LE0000529271_20140519

LE0000843900_20240522Directiva�2014/42/UE, 3 abril,爏ustituida por el art韈ulo 36 de la Directiva (UE) 2024/1260 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, sobre recuperaci髇 y decomiso de activos (獶.O.U.E.L.� 2 mayo) el 22 de mayo de 2024, por lo que respecta a los Estados miembros vinculados por la citada Directiva

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea y, en particular, su art韈ulo 82, apartado 2, y su art韈ulo 83, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comit� Econ髆ico y Social Europeo (1) ,

Visto el dictamen del Comit� de las Regiones (2) ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) La motivaci髇 principal de la delincuencia organizada transfronteriza, incluida la de car醕ter mafioso, es la obtenci髇 de beneficios financieros. Por consiguiente, es necesario dotar a las autoridades competentes de los medios para localizar, embargar, administrar y decomisar el producto del delito. Sin embargo, la prevenci髇 y la lucha eficaces contra la delincuencia organizada deben alcanzarse neutralizando el producto del delito, y ampliarse, en ciertos casos, a cualquier bien que proceda de actividades de car醕ter delictivo.
• (2) Los grupos de delincuencia organizada no conocen fronteras y cada vez adquieren m醩 activos en Estados miembros distintos de aquellos en los que est醤 basados y en terceros pa韘es. Existe una necesidad cada vez mayor de cooperaci髇 internacional eficaz en materia de recuperaci髇 de activos y de asistencia jur韉ica mutua.
• (3) Entre los medios m醩 eficaces en la lucha contra la delincuencia organizada se encuentran el establecimiento de consecuencias jur韉icas graves por la comisi髇 de tales delitos, as� como la detecci髇 eficaz y el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito.
• (4) Aunque las estad韘ticas existentes son escasas, las cantidades producto del delito recuperadas en la Uni髇 parecen insuficientes en comparaci髇 con las estimaciones de ese producto. Existen estudios que indican que, a pesar de estar regulados en el Derecho de la Uni髇 y el Derecho nacional, los procedimientos de decomiso siguen estando infrautilizados.
• (5) La adopci髇 de normas m韓imas aproximar� los reg韒enes de embargo y decomiso de los Estados miembros, facilitando as� la confianza mutua y la cooperaci髇 transfronteriza eficaz.
• (6) El Programa de Estocolmo y las conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior sobre el decomiso y la recuperaci髇 de activos adoptadas en junio de 2010 destacan la importancia de una mayor eficacia en la identificaci髇, decomiso y reutilizaci髇 de los bienes de origen delictivo.
• (7) El vigente marco jur韉ico de la Uni髇 en relaci髇 con el embargo, la incautaci髇 y el decomiso de activos est� compuesto por la Acci髇 Com鷑 98/699/JAI (4) , la Decisi髇 Marco 2001/500/JAI del Consejo (5) , la Decisi髇 Marco 2003/577/JAI del Consejo (6) , la Decisi髇 Marco 2005/212/JAI del Consejo (7) , y la Decisi髇 Marco 2006/783/JAI del Consejo (8) .
• (8) Los informes de la Comisi髇 sobre la aplicaci髇 de las Decisiones Marco 2003/577/JAI, 2005/212/JAI y 2006/783/JAI indican que los reg韒enes vigentes en relaci髇 con el decomiso ampliado y el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso no son plenamente eficaces. El decomiso se ve obstaculizado como consecuencia de las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros.
• (9) La presente Directiva pretende modificar y ampliar las disposiciones de las Decisiones Marco 2001/500/JAI y 2005/212/JAI. Estas Decisiones Marco deben sustituirse parcialmente para los Estados miembros obligados por la presente Directiva.
• (10) Los Estados miembros tienen la facultad de iniciar ante cualquier tribunal competente procedimientos de decomiso en relaci髇 con procedimientos penales.
• (11) Es necesario aclarar el actual concepto de producto del delito, con objeto de que incluya el producto directo de la actividad delictiva y todas las ventajas econ髆icas indirectas, incluida la posterior reinversi髇 o transformaci髇 del producto directo. Por consiguiente, producto puede ser cualquier bien, aunque haya sido transformado o convertido, total o parcialmente, en otro bien, y el que haya sido entremezclado con otro bien adquirido leg韙imamente, hasta el valor estimado del producto entremezclado. Tambi閚 puede incluir los ingresos u otras ventajas econ髆icas derivadas del producto del delito o de bienes procedentes de la transformaci髇, conversi髇 o mezcla de dicho producto.
• (12) La presente Directiva establece una definici髇 amplia de los bienes que pueden ser objeto de embargo y decomiso. Esa definici髇 incluye documentos o actos jur韉icos que acrediten la titularidad u otros derechos sobre tales bienes. Tales documentos o actos pueden ser, por ejemplo, instrumentos financieros o documentos que puedan considerarse t韙ulos de cr閐ito y que obran normalmente en posesi髇 de la persona afectada por el procedimiento de que se trate. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los procedimientos nacionales vigentes en materia de posesi髇 de documentos o actos jur韉icos que acrediten titularidad u otros derechos sobre bienes, aplicados por las autoridades nacionales competentes o los organismos p鷅licos de conformidad con el Derecho nacional.
• (13) Embargo y decomiso son en virtud de la presente Directiva dos conceptos independientes, que no deben impedir a los Estados miembros aplicar lo dispuesto en la presente Directiva con instrumentos que, con arreglo al Derecho nacional, sean considerados como sanciones u otro tipo de medidas.
• (14) Para el decomiso en virtud de resoluci髇 firme de un 髍gano jurisdiccional, de los instrumentos y productos del delito y de bienes de valor equivalente a esos instrumentos y productos, se debe aplicar la concepci髇 amplia de infracciones penales de la presente Directiva. La Decisi髇 Marco 2001/500/JAI obliga a los Estados miembros a permitir el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en virtud de resoluci髇 condenatoria firme, y a permitir el decomiso de bienes de valor equivalente al de dichos instrumentos y producto. Ambas obligaciones deben mantenerse para las infracciones penales no cubiertas por la presente Directiva, y el concepto de 玴roducto� definido en la presente Directiva debe interpretarse de manera similar en lo que se refiere a las infracciones penales no reguladas por la presente Directiva. Los Estados miembros tienen la facultad de establecer el decomiso de bienes de valor equivalente, con car醕ter subsidiario o como alternativa al decomiso directo, seg鷑 proceda de conformidad con el Derecho nacional.
• (15) Debe existir la posibilidad, previa resoluci髇 penal firme condenatoria, de decomisar los instrumentos y el producto del delito o bienes cuyo valor corresponda a tales instrumentos o producto. Dicha resoluci髇 penal firme condenatoria tambi閚 podr韆 derivarse de procedimientos en ausencia del acusado. Cuando no sea posible el decomiso basado en una resoluci髇 judicial firme, deber韆 no obstante seguir siendo posible, en determinadas circunstancias, decomisar esos instrumentos y producto, al menos en los casos de enfermedad o fuga del sospechoso o acusado. Sin embargo, en esos casos de enfermedad o fuga, la existencia en los Estados miembros de procedimientos en ausencia del acusado ser韆 suficiente para respetar esta obligaci髇. Cuando el sospechoso o acusado se haya fugado, los Estados miembros deben adoptar todas las medidas oportunas y pueden exigir que se convoque a la persona de que se trate o que se ponga en su conocimiento el procedimiento de decomiso.
• (16) A los efectos de la presente Directiva, la 玡nfermedad� debe entenderse en el sentido de imposibilidad del sospechoso o acusado de comparecer en el proceso penal durante un per韔do prolongado de tiempo, y ello conlleve como consecuencia que el procedimiento no pueda proseguir en condiciones normales. Se podr� exigir a los sospechosos o acusados que demuestren estar enfermos, por ejemplo mediante certificado m閐ico, del que el tribunal debe poder hacer caso omiso si lo juzga insuficiente. No debe menoscabarse el derecho de la persona a estar representada por un abogado en el proceso.
• (17) Al aplicar la presente Directiva respecto del decomiso de bienes cuyo valor corresponda a instrumentos del delito, podr醤 ser aplicables las disposiciones pertinentes cuando, a la vista de las circunstancias concretas del asunto en cuesti髇, la medida sea proporcionada, habida cuenta en particular del valor de los instrumentos de que se trate. Para imposibilitar el decomiso de los instrumentos, los Estados miembros pueden tener en cuenta asimismo el hecho de que la persona condenada sea responsable o no de la imposibilidad de proceder al decomiso de los instrumentos, as� como del alcance de esa responsabilidad.
• (18) En la aplicaci髇 de la presente Directiva, los Estados miembros pueden establecer, en circunstancias excepcionales, que no se proceda al decomiso en la medida en que, de conformidad con el Derecho nacional, la persona afectada pueda quedar en una situaci髇 de penuria injustificada, por lo que debe considerarse la situaci髇 espec韋ica en cada caso. Los Estados miembros deben hacer una aplicaci髇 muy restrictiva de esta posibilidad, y solo permitir que no se proceda al decomiso en los casos en que dicha medida ponga a la persona de que se trate en una situaci髇 en la que le resulte muy dif韈il la supervivencia.
• (19) Los grupos delictivos realizan una amplia gama de actividades delictivas. Con objeto de hacer frente de forma eficaz a las actividades de la delincuencia organizada, pueden darse situaciones en las que convenga que, tras la resoluci髇 penal condenatoria, se proceda al decomiso, no solo de los bienes asociados con un determinado delito, sino tambi閚 de los bienes adicionales que el 髍gano jurisdiccional determine que son producto de otros delitos. Esta medida se denomina 玠ecomiso ampliado�. La Decisi髇 Marco 2005/212/JAI dispon韆 tres conjuntos distintos de requisitos m韓imos que los Estados miembros pod韆n elegir a efectos de aplicar el decomiso ampliado. De resultas de ello, durante el proceso de transposici髇 de la citada Decisi髇 Marco, los Estados miembros han elegido opciones diferentes que han dado lugar a conceptos divergentes del decomiso ampliado en los ordenamientos jur韉icos nacionales. Esta divergencia constituye un obst醕ulo para la cooperaci髇 transfronteriza en casos de decomiso. Por consiguiente, es necesario armonizar en mayor medida las disposiciones sobre el decomiso ampliado, fijando un 鷑ico est醤dar m韓imo.
• (20) A la hora de determinar si una infracci髇 penal puede dar lugar a una ventaja econ髆ica, los Estados miembros podr醤 tener en cuenta el modus operandi, por ejemplo en caso de que una de las condiciones de la infracci髇 consista en que se haya cometido en el contexto de la delincuencia organizada o con la intenci髇 de generar beneficios peri骴icos procedentes de infracciones penales. No obstante, esto no deber韆, en general, menoscabar la posibilidad de recurrir al decomiso ampliado.
• (21) El decomiso ampliado debe ser posible en caso de que un 髍gano jurisdiccional haya resuelto que el bien en cuesti髇 procede de actividades delictivas. Esto no significa que deba probarse que el bien en cuesti髇 procede de actividades delictivas. Los Estados miembros pueden estipular que sea suficiente, por ejemplo, con que el 髍gano jurisdiccional considere, habida cuenta de las distintas probabilidades, o pueda presumir razonablemente, que es sustancialmente m醩 probable que el bien en cuesti髇 se haya obtenido merced a actividades delictivas que merced a otras actividades. En este contexto, el 髍gano jurisdiccional tiene que examinar las circunstancias espec韋icas del caso, incluidos los hechos y pruebas disponibles en los que pueda basarse la decisi髇 de decomiso ampliado. El hecho de que los bienes de la persona no guarden proporci髇 con sus ingresos l韈itos puede ser uno de los elementos que induzcan al 髍gano jurisdiccional a resolver que el bien procede de una actividad delictiva. Los Estados miembros tambi閚 pueden establecer un determinado plazo durante el cual pueda considerarse que el bien procede de una actividad delictiva.
• (22) La presente Directiva establece normas m韓imas. Ello no impedir� que los Estados miembros establezcan competencias m醩 amplias en su Derecho nacional, incluso, por ejemplo, en relaci髇 con sus normas en materia de prueba.
• (23) La presente Directiva se aplica a las infracciones penales que est閚 dentro del 醡bito de aplicaci髇 de los actos mencionados en ella. Dentro del 醡bito de aplicaci髇 de los citados actos, los Estados miembros deben poder aplicar el decomiso ampliado al menos en relaci髇 a determinadas infracciones penales definidas en la presente Directiva.
• (24) La pr醕tica de que un sospechoso o persona acusada transfiera activos delictivos a un tercero con su conocimiento con el fin de evitar el decomiso es com鷑 y est� cada vez m醩 extendida. El vigente marco jur韉ico de la Uni髇 no contiene normas vinculantes sobre el decomiso de bienes transferidos a terceros. Por lo tanto, resulta cada vez m醩 necesario permitir el decomiso de bienes transferidos a terceros o adquiridos por ellos. La adquisici髇 por un tercero se refiere a situaciones en las que, por ejemplo, el bien ha sido adquirido por el tercero, directa o indirectamente, por ejemplo mediante un intermediario, de un sospechoso o persona acusada, incluso cuando la infracci髇 penal haya sido cometida en su nombre o para su beneficio, en caso de que el acusado carezca de bienes que puedan decomisarse. Ese decomiso debe ser posible al menos en aquellos casos en que los terceros tuvieran o hubieran debido tener conocimiento de que el objetivo de la transferencia o adquisici髇 era evitar el decomiso, bas醤dose en hechos y circunstancias concretas, entre ellas la de que la transferencia se haya realizado gratuitamente o a cambio de un importe significativamente inferior al valor de mercado. Las normas sobre decomiso de bienes de terceros deben extenderse tanto a personas f韘icas como jur韉icas. En cualquier caso, no deber韆n verse perjudicados los derechos de los terceros que act鷈n de buena fe.
• (25) Los Estados miembros tienen la facultad de considerar el decomiso de los bienes de un tercero como medida subsidiaria o alternativa al decomiso directo, seg鷑 proceda de conformidad con el Derecho nacional.
• (26) El decomiso conduce a la privaci髇 definitiva delos bienes. No obstante, la conservaci髇 de la propiedad puede ser un requisito previo al decomiso y un factor de importancia para la ejecuci髇 de una resoluci髇 de decomiso. El bien se conserva mediante el embargo. Para evitar la desaparici髇 de los bienes antes de que se dicte la orden de embargo, las autoridades competentes de los Estados miembros deben estar facultadas para adoptar inmediatamente las medidas necesarias para asegurar esos bienes.
• (27) Dado que el bien se conserva a menudo a efectos de decomiso, el embargo y el decomiso est醤 estrechamente relacionados. En algunos sistemas jur韉icos, el embargo a efectos de decomiso se considera como una medida de procedimiento independiente de car醕ter provisional, que puede ir seguida de una resoluci髇 de decomiso. Sin perjuicio de los diversos sistemas jur韉icos nacionales y de la Decisi髇 Marco 2003/577/JAI sobre embargo, la presente Directiva debe aproximar algunos aspectos de los sistemas nacionales de embargo a efectos de decomiso.
• (28) Las medidas de embargo se entienden sin perjuicio de que un bien espec韋ico pueda ser considerado como un elemento de prueba a lo largo del procedimiento, en la medida en que est� finalmente disponible para la ejecuci髇 efectiva de la resoluci髇 de decomiso.
• (29) Puede realizarse el embargo de un bien en el contexto de un procedimiento penal con vistas a una posible restituci髇 ulterior o como garant韆 de una indemnizaci髇 por da駉s y perjuicios provocados por una infracci髇 penal.
• (30) Es frecuente que los acusados o sospechosos oculten bienes durante toda la duraci髇 del proceso penal. Como consecuencia de ello, no se pueden ejecutar las resoluciones de decomiso, de tal modo que los destinatarios de las mismas pueden disfrutar de esos bienes una vez cumplida su pena. Por consiguiente, es necesario posibilitar la determinaci髇 del alcance preciso del bien que se debe decomisar incluso despu閟 de una condena firme por una infracci髇 penal, con el fin de permitir la plena ejecuci髇 de las resoluciones de decomiso cuando no se haya descubierto inicialmente ning鷑 bien o este fuera insuficiente y la resoluci髇 de decomiso no se haya ejecutado.
• (31) Habida cuenta de que las 髍denes de embargo limitan el derecho a la propiedad, dichas medidas provisionales no deben mantenerse m醩 all� de lo necesario para preservar la disponibilidad de los bienes con vistas a su posible decomiso. Para ello puede ser necesario que el 髍gano jurisdiccional proceda a una revisi髇 con objeto de velar por que la finalidad de prevenci髇 de la desaparici髇 del bien siga siendo v醠ida.
• (32) Es esencial administrar adecuadamente los bienes embargados preventivamente con vistas a su posible decomiso con objeto de que su valor econ髆ico no se deteriore. Los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias, incluida la posibilidad de vender o transferir los bienes para minimizar el citado deterioro. Los Estados miembros deben adoptar las medidas pertinentes, tales como, por ejemplo, la creaci髇 de organismos nacionales centrales de gesti髇 de activos, de un conjunto de oficinas especializadas o de mecanismos equivalentes, con objeto de administrar efectivamente los activos embargados preventivamente antes del decomiso y conservar su valor, a la espera de que recaiga la resoluci髇 judicial.
• (33) La presente Directiva afecta sustancialmente a los derechos personales no solo de los sospechosos o acusados, sino tambi閚 de terceros no procesados. Por consiguiente, es necesario establecer garant韆s espec韋icas y recursos judiciales para garantizar la protecci髇 de sus derechos fundamentales al aplicar la presente Directiva. Esto incluye el derecho a ser o韉os de que gozan los terceros que reclamen la propiedad de los bienes de que se trate, o que reclamen otros derechos de propiedad (derechos reales o ius in re), como el derecho de usufructo. La orden de embargo debe ser comunicada a la persona afectada tan pronto como sea posible despu閟 de su ejecuci髇. No obstante, las autoridades competentes pueden posponer la comunicaci髇 de dicha orden a la persona afectada cuando lo requieran las necesidades de la investigaci髇.
• (34) El objetivo de comunicar la orden de embargo es, entre otros, permitir que la persona de que se trate impugne tal orden si lo desea. Por consiguiente, dicha comunicaci髇 debe indicar, al menos brevemente, la raz髇 o razones de la orden en cuesti髇, en el entendimiento de que tal indicaci髇 puede ser muy sucinta.
• (35) Los Estados miembros deben estudiar la posibilidad de tomar medidas que permitan que los bienes decomisados se utilicen con fines de inter閟 p鷅lico o con fines sociales. Dichas medidas podr醤 incluir, entre otras cosas, la posibilidad de destinar tales bienes a proyectos en materia de aplicaci髇 de la ley y prevenci髇 de la delincuencia, as� como a otros proyectos de inter閟 p鷅lico y utilidad social. La obligaci髇 de estudiar la posibilidad de adoptar medidas conlleva una obligaci髇 de procedimiento para los Estados miembros, como la realizaci髇 de un an醠isis jur韉ico o de un debate acerca de las ventajas e inconvenientes de la introducci髇 de medidas. Cuando administren bienes embargados preventivamente y cuando adopten medidas relativas a la utilizaci髇 de bienes decomisados, los Estados miembros deben velar adecuadamente por impedir la infiltraci髇 delictiva o ilegal.
• (36) Las fuentes de datos fiables sobre el embargo y decomiso del producto del delito son escasas. Para poder evaluar la presente Directiva, es necesario recopilar un conjunto m韓imo comparable de datos estad韘ticos adecuados sobre embargo y decomiso de bienes, rastreo de activos y medidas judiciales y de enajenaci髇 de bienes.
• (37) Los Estados miembros deben esforzarse por recopilar datos para determinadas estad韘ticas a nivel central, con vistas a enviarlos a la Comisi髇. Esto significa que los Estados miembros deben desplegar esfuerzos razonables para recopilar los datos en cuesti髇. Ello no quiere decir, no obstante, que recaiga en los Estados miembros la obligaci髇 de recopilar realmente dichos datos cuando ello suponga una carga administrativa desproporcionada o acarree elevados costes para el Estado miembro de que se trate.
• (38) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea (玪a Carta�) y en el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (玡l CEDH�), seg鷑 los interpreta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La presente Directiva debe aplicarse de conformidad con esos derechos y principios. La presente Directiva se entiende sin perjuicio del Derecho nacional en relaci髇 con la asistencia jur韉ica gratuita y no crea obligaciones en relaci髇 con los sistemas de asistencia jur韉ica gratuita de los Estados miembros, que deben aplicarse de conformidad con la Carta y con el CEDH.
• (39) Deber韆n establecerse salvaguardias espec韋icas para garantizar que, como regla general, las resoluciones de decomiso est閚 motivadas s, excepto en procedimientos penales simplificados para casos de escasa importancia en los que la persona afectada haya renunciado a su derecho a recibir una motivaci髇.
• (40) La presente Directiva debe aplicarse teniendo en cuenta las disposiciones de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) , de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) , y de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11) , relativas a los derechos procedimentales en los procesos penales.
• (41) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, facilitar el decomiso de bienes en asuntos penales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, puede lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del Tratado de la Uni髇 Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
• (42) De conformidad con el art韈ulo 3 y el art韈ulo 4, apartado 1, del Protocolo n� 21 sobre la posici髇 del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE), Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopci髇 y aplicaci髇 de la presente Directiva. De conformidad con dicho Protocolo, la presente Directiva ser� vinculante para Irlanda 鷑icamente con respecto a los delitos regulados por los instrumentos por los que est� vinculada.
• (43) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 y el art韈ulo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n� 21 sobre la posici髇 del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del art韈ulo 4 del citado Protocolo, el Reino Unido no participa en la adopci髇 de la presente Directiva, y no queda vinculado por la misma ni sujeto a su aplicaci髇. A reserva de la participaci髇 conforme al art韈ulo 4 de dicho Protocolo, la presente Directiva ser� vinculante para el Reino Unido 鷑icamente con respecto a los delitos regulados por los instrumentos por los que est� vinculado.
• (44) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n� 22 sobre la posici髇 de Dinamarca anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopci髇 de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicaci髇.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Art韈ulo 12 Transposici髇

1. Los Estados miembros pondr醤 en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a m醩 tardar el 4 de octubre de 2016. Transmitir醤 de inmediato a la Comisi髇 el texto de esas disposiciones.

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluir醤 una referencia a la presente Directiva o ir醤 acompa馻das de dicha referencia en el momento de su publicaci髇 oficial. Los Estados miembros establecer醤 las modalidades de la mencionada referencia.

3. Los Estados miembros comunicar醤 a la Comisi髇 el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el 醡bito regulado por la presente Directiva.

V閍se, respecto a la incorporaci髇 de Derecho de la Uni髇 Europea, la disposici髇 final tercera de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificaci髇 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilizaci髇 de la justicia penal y el fortalecimiento de las garant韆s procesales (獴.O.E.� 6 octubre).LE0000560106_20151206V閍se la letra f) de la disposici髇 final sexta de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del C骴igo Penal (獴.O.E.� 31 marzo).LE0000549720_20201218