Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal

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Sumario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNI覰 EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea, y en particular su art韈ulo 83, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisi髇 Europea,

Previa transmisi髇 del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (1) ,

Considerando lo siguiente:

• (1) El blanqueo de capitales, as� como la financiaci髇 del terrorismo y la delincuencia organizada relacionadas con el mismo siguen siendo problemas importantes a escala de la Uni髇, por lo que perjudican la integridad, estabilidad y reputaci髇 del sector financiero y constituyen una amenaza para el mercado interior y la seguridad interior de la Uni髇. Para afrontar estos problemas y completar y reforzar tambi閚 la aplicaci髇 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) , el prop髎ito de la presente Directiva es luchar contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, permitiendo una cooperaci髇 transfronteriza m醩 eficaz y r醦ida entre las autoridades competentes.
• (2) Las medidas adoptadas 鷑icamente en el 醡bito nacional o incluso en el de la Uni髇, sin tener en cuenta la coordinaci髇 ni la cooperaci髇 internacionales, tendr韆n efectos muy limitados. Las medidas adoptadas por la Uni髇 para luchar contra el blanqueo de capitales deben, por tanto, ser compatibles con las que se emprendan en los foros internacionales y deben ser, como m韓imo, igual de rigurosas.
• (3) En su actuaci髇, la Uni髇 debe seguir teniendo especialmente en cuenta las Recomendaciones del Grupo de Acci髇 Financiera Internacional (GAFI) y los instrumentos de otras organizaciones y organismos internacionales que se ocupan de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo. Los actos jur韉icos de la Uni髇 en la materia deben adaptarse, cuando proceda, a las Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci髇 del terrorismo y la proliferaci髇, adoptadas por el GAFI en febrero de 2012 (en lo sucesivo, 玆ecomendaciones revisadas del GAFI�). En su calidad de signataria del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiaci髇 del terrorismo, la Uni髇 debe incorporar los requisitos de dicho Convenio a su ordenamiento jur韉ico.
• (4) La Decisi髇 marco 2001/500/JAI del Consejo (3) establece requisitos en lo relativo a la tipificaci髇 de los delitos de blanqueo de capitales. No obstante, dicha Decisi髇 marco no es suficientemente exhaustiva y la actual tipificaci髇 del blanqueo de capitales carece de la suficiente coherencia para luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales en toda la Uni髇 y da lugar a la existencia de lagunas en materia de ejecuci髇 y obst醕ulos en la cooperaci髇 entre las autoridades competentes de los distintos Estados miembros.
• (5) La definici髇 de las actividades delictivas que constituyen los delitos antecedentes a efectos del blanqueo de capitales debe ser suficientemente uniforme en todos los Estados miembros. Los Estados miembros deben garantizar que todos los delitos castigados con una pena de prisi髇 conforme a lo establecido en la presente Directiva sean considerados delitos antecedentes al blanqueo de capitales. Adem醩, los Estados miembros deben incluir, si no lo estuvieran ya por raz髇 del umbral de pena que lleven aparejada, un cat醠ogo de delitos dentro de cada una de las categor韆s de delitos enumeradas en la presente Directiva. En ese caso, los Estados miembros deben poder decidir la forma de delimitar el conjunto de delitos dentro de cada categor韆. Cuando una categor韆 de delitos, como el terrorismo o los delitos contra el medio ambiente, incluye delitos previstos en actos jur韉icos de la Uni髇, la presente Directiva debe remitir a dichos actos jur韉icos. Los Estados miembros deben, no obstante, considerar cualquier delito establecido en estos actos jur韉icos de la Uni髇 como constituyente de un delito antecedente al de blanqueo de capitales. Cualquier tipo de participaci髇 punible en la comisi髇 de un delito antecedente, tipificado de conformidad con el Derecho nacional, debe considerarse tambi閚 como actividad delictiva a efectos de la presente Directiva. En los casos en que el Derecho de la Uni髇 permita a los Estados miembros establecer sanciones distintas de las sanciones penales, la presente Directiva no debe obligar a los Estados miembros a clasificar los delitos en tales supuestos como delito antecedente a efectos de la presente Directiva.
• (6) El uso de monedas virtuales presenta nuevos riesgos y desaf韔s desde la perspectiva de la lucha contra el blanqueo de capitales. Los Estados miembros deben velar por que esos riesgos se aborden adecuadamente.
• (7) Debido al impacto que los delitos de blanqueo de capitales cometidos por quienes ostenten un cargo p鷅lico producen en la esfera p鷅lica y la integridad de las instituciones p鷅licas, los Estados miembros deben poder considerar la posibilidad de prever sanciones m醩 severas para los titulares de cargos p鷅licos seg鷑 sus respectivos marcos nacionales y de conformidad con sus tradiciones jur韉icas.
• (8) Los delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos deben estar incluidos en la definici髇 de 玜ctividad delictiva�, de acuerdo con las Recomendaciones revisadas del GAFI. Dado que, en cada Estado miembro, diferentes delitos fiscales pueden constituir una actividad delictiva castigada con las sanciones a que se refiere la presente Directiva, las definiciones de los delitos fiscales podr韆n diferir en el Derecho nacional. No obstante, el objetivo de la presente Directiva no es armonizar las definiciones de los delitos fiscales en el Derecho nacional.
• (9) En los procesos penales sobre blanqueo de capitales, los Estados miembros deben prestarse mutuamente asistencia de la forma m醩 amplia posible y garantizar que la informaci髇 se intercambie de manera eficaz y en el momento oportuno con arreglo al Derecho nacional y al marco jur韉ico de la Uni髇 vigente. Las diferencias entre las definiciones de los delitos antecedentes en los Derechos nacionales no deben obstaculizar la cooperaci髇 internacional en procesos penales relativos al blanqueo de capitales. La cooperaci髇 con terceros pa韘es debe intensificarse, en particular alentando y apoyando el establecimiento de medidas efectivas y de mecanismos para luchar contra el blanqueo de capitales y velando por una mejor cooperaci髇 internacional en este 醡bito.
• (10) La presente Directiva no se aplica al blanqueo de capitales en relaci髇 con bienes provenientes de los delitos que afectan a los intereses financieros de la Uni髇, el cual est� sujeto a normas espec韋icas establecidas en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) . Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de los Estados miembros de transponer la presente Directiva y la Directiva (UE) 2017/1371 por medio de un marco global 鷑ico a escala nacional. De conformidad con el art韈ulo 325, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Uni髇 Europea (TFUE), los Estados miembros deben adoptar, para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Uni髇, las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros.
• (11) Los Estados miembros deben garantizar que determinados tipos de actividades de blanqueo de capitales tambi閚 sean punibles cuando las cometa el autor de la actividad delictiva que haya generado los bienes (玜utoblanqueo�). En tales casos, cuando la actividad de blanqueo de capitales no consista simplemente en la mera posesi髇 o utilizaci髇 de bienes, sino que tambi閚 implique la transferencia, la conversi髇, la ocultaci髇 o el encubrimiento de bienes y d� lugar a da駉s adicionales a los ya causados por la actividad delictiva, por ejemplo, poniendo en circulaci髇 los bienes provenientes de la actividad delictiva y, con ello, ocultando su origen il韈ito, dicha actividad de blanqueo de capitales debe ser punible.
• (12) A fin de garantizar la eficacia de las medidas penales contra el blanqueo de capitales, debe resultar posible la condena por blanqueo sin que sea necesario determinar con precisi髇 qu� actividad delictiva gener� los bienes, ni exigir una condena previa o simult醤ea por dicha actividad delictiva, siempre que se tengan en cuenta todas las circunstancias y pruebas pertinentes. Los Estados miembros deben poder, de conformidad con sus ordenamientos jur韉icos nacionales, velar por ello mediante otros medios distintos de los legislativos. Asimismo, resulta oportuno que la investigaci髇 y el enjuiciamiento del blanqueo de capitales no se vean obstaculizados por el hecho de que la actividad delictiva se haya cometido en otro Estado miembro o en un tercer pa韘, con sujeci髇 a las condiciones establecidas en la presente Directiva.
• (13) La finalidad de la presente Directiva es tipificar como delito el blanqueo de capitales cuando se haya cometido intencionadamente y a sabiendas de que los bienes proven韆n de una actividad delictiva. En este contexto, la presente Directiva no debe distinguir entre situaciones en las que los bienes hayan sido obtenidos directamente de una actividad delictiva y situaciones en que hayan sido obtenidos indirectamente de una actividad delictiva, en consonancia con la definici髇 amplia del concepto de 玴roducto�, tal como se establece en la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) . En cada caso concreto, al examinar si los bienes provienen de una actividad delictiva y si la persona ten韆 conocimiento de ello, deben tenerse en cuenta las circunstancias espec韋icas del caso, como por ejemplo el hecho de que el valor de los bienes sea desproporcionado con respecto a los ingresos l韈itos de la persona acusada y de que la actividad delictiva y la adquisici髇 de bienes se hayan producido dentro del mismo per韔do de tiempo. La intenci髇 y el conocimiento pueden deducirse de circunstancias f醕ticas objetivas. Puesto que la presente Directiva establece normas m韓imas relativas a la definici髇 de los delitos y a las sanciones en el 醡bito del blanqueo de capitales, los Estados miembros tienen libertad para adoptar o mantener normas penales m醩 estrictas en la materia. Los Estados miembros deben poder, por ejemplo, establecer que el blanqueo de capitales cometido temerariamente o por negligencia grave sea constitutivo de delito. Las referencias de la presente Directiva al blanqueo de capitales cometido por negligencia deben considerarse como tales para los Estados miembros en los que dicha conducta sea punible.
• (14) A fin de prevenir el blanqueo de capitales en toda la Uni髇, los Estados miembros deben garantizar que sea punible con una pena m醲ima de privaci髇 de libertad de al menos cuatro a駉s. Esta obligaci髇 se entiende sin perjuicio de la determinaci髇 a t韙ulo individual y de la aplicaci髇 de sanciones y ejecuci髇 de condenas de conformidad con las circunstancias concretas de cada caso individual. Asimismo, los Estados miembros deben prever sanciones o medidas adicionales, como multas, exclusi髇 temporal o permanente del acceso a la financiaci髇 p鷅lica, incluidas las licitaciones, subvenciones y concesiones, inhabilitaci髇 temporal para ejercer actividades comerciales o la prohibici髇 temporal de ejercer cargos electos o p鷅licos. Dicha obligaci髇 se entiende sin perjuicio de la discreci髇 del juez o del tribunal para decidir si se imponen o no sanciones o medidas adicionales, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso de que se trate.
• (15) Si bien no hay obligaci髇 de aumentar las penas, los Estados miembros deben garantizar que el juez o el tribunal pueda tener en cuenta las circunstancias agravantes establecidas en la presente Directiva cuando condenen a los autores del delito. Queda a discreci髇 del juez o del tribunal determinar si aumenta la pena como consecuencia de las circunstancias agravantes espec韋icas, teniendo en cuenta todos los hechos del caso de que se trate. Los Estados miembros no deben estar obligados a prever circunstancias agravantes cuando su Derecho nacional disponga que los delitos establecidos en la Decisi髇 marco 2008/841/JAI del Consejo (6) , o los delitos cometidos por personas f韘icas que act鷄n como entidades obligadas en el ejercicio de sus actividades profesionales, sean punibles como delitos independientes y ello pueda dar lugar a la imposici髇 de penas m醩 graves.
• (16) El embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del delito eliminan los incentivos financieros que fomentan los actos delictivos. La Directiva 2014/42/UE establece normas m韓imas sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en materia penal. La citada Directiva exige asimismo que la Comisi髇 informe al Parlamento Europeo y al Consejo de su aplicaci髇 y presente propuestas adecuadas, si fuere necesario. Los Estados miembros deben, como m韓imo, asegurar el embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del delito en todos los casos previstos por la Directiva 2014/42/UE. Los Estados miembros deben, asimismo, plantearse seriamente permitir el decomiso en todos los casos en los que no se pueda incoar o concluir un proceso penal, incluso en los casos en los que el autor del delito ha fallecido. Tal como solicitaron el Parlamento Europeo y el Consejo en la declaraci髇 que acompa馻 a la Directiva 2014/42/UE, la Comisi髇 presentar� un informe en el que se analicen la viabilidad y las posibles ventajas de introducir nuevas normas comunes sobre el decomiso de bienes provenientes de actividades de car醕ter delictivo, incluso en ausencia de condena de una o m醩 personas concretas por tales actividades. Estos an醠isis tendr醤 en cuenta las diferencias entre las tradiciones jur韉icas y los sistemas jur韉icos de los Estados miembros.
• (17) Dada la movilidad de los autores y de los productos provenientes de las actividades delictivas, as� como la complejidad de las investigaciones transfronterizas que resultan necesarias para luchar contra el blanqueo de capitales, todos los Estados miembros deben establecer su jurisdicci髇, de modo que las autoridades competentes est閚 facultadas para investigar y perseguir dichas actividades. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que su jurisdicci髇 englobe las situaciones en las que el delito se cometa por medio de tecnolog韆s de la informaci髇 y la comunicaci髇 desde su territorio, con independencia de que dichas tecnolog韆s tengan o no su base en 閘.
• (18) En virtud de la Decisi髇 marco 2009/948/JAI del Consejo (7) y de la Decisi髇 2002/187/JAI del Consejo (8) , las autoridades competentes de dos o m醩 Estados miembros que tramiten procesos penales paralelos por los mismos hechos que impliquen a la misma persona deben, con la ayuda de Eurojust, entablar consultas directas entre ellas, en particular para garantizar la persecuci髇 penal de todos los delitos cubiertos por la presente Directiva.
• (19) Para garantizar el 閤ito de la investigaci髇 y el enjuiciamiento de los delitos de blanqueo de capitales, los responsables de investigar o perseguir tales delitos deben tener la posibilidad de utilizar herramientas de investigaci髇 eficaces, como las que se utilizan en la lucha contra la delincuencia organizada u otros delitos graves. Por ello debe garantizarse que se dispone de suficiente personal y formaci髇 espec韋ica, de recursos y de capacidades tecnol骻icas actualizadas. La utilizaci髇 de tales herramientas, de conformidad con el Derecho nacional, debe ser selectiva y tener en cuenta el principio de proporcionalidad y la naturaleza y gravedad de los delitos investigados, y respetar el derecho a la protecci髇 de los datos de car醕ter personal.
• (20) La presente Directiva sustituye, por lo que respecta a los Estados miembros vinculados por ella, determinadas disposiciones de la Decisi髇 marco 2001/500/JAI.
• (21) La presente Directiva respeta los principios reconocidos en el art韈ulo 2 del Tratado de la Uni髇 Europea, respeta los derechos y libertades fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni髇 Europea, incluidos los enunciados en sus t韙ulos II, III, V y VI que engloban, entre otros, el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protecci髇 de los datos de car醕ter personal, los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, que abarcan asimismo los requisitos de precisi髇, claridad y previsibilidad en el Derecho penal, la presunci髇 de inocencia, as� como los derechos de los sospechosos y acusados a tener acceso a un abogado, el derecho a no declararse culpable y el derecho a un juicio justo. La presente Directiva debe aplicarse de conformidad con los derechos y principios citados, teniendo tambi閚 en cuenta el Convenio Europeo para la Protecci髇 de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol韙icos y otras obligaciones en materia de derechos humanos establecidas en virtud del Derecho internacional.
• (22) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, someter el blanqueo de capitales en todos los Estados miembros a sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensi髇 y a los efectos de la presente Directiva, puede lograrse mejor a escala de la Uni髇, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art韈ulo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo art韈ulo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
• (23) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n.� 21 sobre la posici髇 del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del art韈ulo 4 del citado Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopci髇 de la presente Directiva y no quedan vinculados por ella ni sujetos a su aplicaci髇.
• (24) De conformidad con los art韈ulos 1 y 2 del Protocolo n.� 22 sobre la posici髇 de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopci髇 de la presente Directiva y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicaci髇. La Decisi髇 marco 2001/500/JAI sigue siendo vinculante y aplicable a Dinamarca.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: